J. Noé González Gómez
Expediente 766/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 766/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 14/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- J. Noé González Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: J. NOÉ GONZÁLEZ GÓMEZ. Estado de autos Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve , mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. Remisión del expediente al archivo En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un expediente en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN; y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas por la parte quejosa. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, así como en los cuadernos incidentales respectivos. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documentos Por otro lado, toda vez que las autoridades responsables allegaron a este juzgado cinco tomos de pruebas, se ordena enviárselos, con la atenta solicitud de acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibido a entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. Además, sin que haya lugar a devolver documentos a la parte quejosa, en virtud de que no fueron aportados, asimismo, sin que se haga pronunciamiento respecto de la garantía, toda vez que el quejoso no la exhibió a fin de que surtiera efectos las medidas cautelares otorgadas. Anotaciones Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: J. NOÉ GONZÁLEZ GÓMEZ. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve (foja 239), para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Auditor Especial de Normatividad y Control de Calidad y Encargado del Despacho de la Auditoría Superior de Michoacán por Ministerio de Ley, con residencia en esta ciudad, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El veinte de febrero de dos mil diecinueve (fojas 89 a 104), se dictó la sentencia en la que, por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por J. Noé González Gómez. Por auto de trece de marzo de dos mil diecinueve (fojas 116 a 118), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, el Auditor Especial de Normatividad y Control de Calidad y Encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán por Ministerio de Ley solicitó prórroga de diez días a efecto de estar en condiciones de dar cumplimiento al fallo protector; por ello, en auto de tres de mayo de dos mil diecinueve (foja 143), se concedió a la responsable la prórroga solicitada. Una vez que transcurrió el plazo otorgado a la responsable, en auto de veinte de junio de dos mil diecinueve (foja 146) se le requirió para que en el término de tres días, informara a esta potestad federal el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le haría efectiva la multa de cien unidades de medida y actualización. En atención a lo anterior, mediante oficio presentando el veinticinco siguiente ante este juzgado federal, la autoridad responsable remitió un legajo de copias certificadas relativas a la resolución administrativa dictada por la autoridad responsable el dieciocho de junio del año en curso (fojas 149 a 178). Así, con relación al pretendido cumplimiento del fallo protector, este órgano jurisdiccional en proveído de veintiséis de julio del año actual (foja 186), consideró que si bien se habían acatado algunas de las obligaciones impuestas a cargo de la responsable; lo cierto es que no cumplió de forma total con las mismas, es decir, que lo resuelto por la responsable hasta ese momento, constituía un cumplimiento defectuoso de la sentencia de amparo. Por ende, se requirió de nueva cuenta a la citada autoridad, para que colmara la totalidad de obligaciones impuestas en este juicio. En tales condiciones, el dieciséis de agosto del año que corre (foja 215) se recibió diversa comunicación oficial por parte del Auditor Especial de Normatividad y Control de Calidad y Encargado del Despacho de la Auditoría Superior de Michoacán por Ministerio de Ley, con residencia en esta ciudad, al que adjuntó la determinación emitida el trece de agosto de dos mil diecinueve (foja 216), en el recurso de revocación número R-018/2017 de donde emanan los actos reclamados, con la finalidad cumplir con la sentencia de amparo. Con lo anterior se dio vista a las partes en proveído del día diecinueve del mes y año en cita (foja 239), sin que hubiesen hecho uso de tal derecho, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Respecto el agravio quinto: Establecer cuál es la conducta especifica que se atribuye al quejoso y el fundamento legal que la contiene. Atender el argumento en relación a que fueron inobservados los artículos 14, 21, 22, 24 y 28 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y por tanto, considerar que los sujetos observados tenían a su cargo documentar las ampliaciones y deducciones líquidas del presupuesto, ya que los artículos precisados establecen que esa obligación esa cargo de los funcionarios públicos de la Secretaría de Finanzas y Administración. Atender el argumento en relación a que aplicó incorrectamente los artículos 1, 2, 9, 11, 13, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Michoacán, en relación a que dichos numerales no establecen las obligaciones para los servidores públicos sancionados. Atender el argumento en relación a que aplicó incorrectamente los artículos 1, 20, 21, 25, 28, 29, 31 y 71 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán, en relación a que dichos numerales no establecen las obligaciones para los servidores públicos sancionados. Respecto al agravio sexto Deberá realizar un razonamiento respecto a las documentales consistentes en los oficios de nueve de octubre de dos mil ocho, veinticuatro de septiembre y tres de noviembre, ambos de dos mil diez, así como tomar en consideración los argumentos referentes a que el quejoso no podía realizar gestiones para la devolución del pago indebido al haber sido relevado de su cargo el treinta de noviembre de dos mil ocho. Tomar en cuenta el argumento respecto a la temporalidad en que el quejoso ostentó el cargo de Delegado Administrativo. Atender el argumento respecto a la aplicación incorrecta de los artículos 1,2, 9,11,13,15,16,17,18, 46, fracción I y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Michoacán, en relación a que en dichos numerales no se precisa la obligaciones incumplidas de los servidores públicos sancionados. Atender el argumento respecto a que aplicó incorrectamente los artículos 5, 6 y 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michocán, al sancionar una conducta que no era relativa a la adquisición de bienes y servicios, máxime que en la resolución primigenia se estableció la inexistencia de contrato alguno. Respecto el agravio séptimo Tomar en consideración los argumentos relativos a que el monto de la sanción resarcitoria debe ser correspondiente a lo que se resuelva al atender los argumentos de los agravios quinto y sexto del recurso de revocación." (fojas 103 y 104). Al respecto, el Auditor Especial de Normatividad y Control de Calidad y Encargado del Despacho de la Auditoría Superior de Michoacán por Ministerio de Ley realizó lo siguiente: El trece de agosto de dos mil diecinueve dictó una resolución en la que: Efectos de la concesión de amparo. Resolución de cumplimiento. Agravio quinto. Establecer cuál es la conducta especifica que se atribuye al quejoso y el fundamento legal que la contiene. Al resultar fundados los demás argumentos de este agravio, no había conducta específica que se le atribuya al quejoso. Atender el argumento en relación a que fueron inobservados los artículos 14, 21, 22, 24 y 28 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y por tanto, considerar que los sujetos observados tenían a su cargo documentar las ampliaciones y deducciones líquidas del presupuesto, ya que los artículos precisados establecen que esa obligación esa cargo de los funcionarios públicos de la Secretaría de Finanzas y Administración. Que el quejoso en cuanto Delegado Administrativo de la Secretaría de Educación no tenía encomendadas las funciones relativas a documentar las ampliaciones y deducciones líquidas del presupuesto que se otorgó a la Secretaría de Educación, así como justificar la solicitud y su autorización, a merced de que ello, es una actividad propia de quien ejerce los recursos ecónomicos Atender el argumento en relación a que aplicó incorrectamente los artículos 1, 2, 9, 11, 13, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Michoacán, en relación a que dichos numerales no establecen las obligaciones para los servidores públicos sancionados. Precisó que los artículos 1, 2, 9, 11, 13, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Michoacán, sólo establecen la organización y funcionamiento de la Administración Pública Estatal y, por ende, de la Secretaría de Educación Pública en el Estado Atender el argumento en relación a que aplicó incorrectamente los artículos 1, 20, 21, 25, 28, 29, 31 y 71 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán, en relación a que dichos numerales no establecen las obligaciones para los servidores públicos sancionados. Se aplicaron indebidamente los artículos 1, 20, 21, 25, 28, 29, 31 y 71 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, ya que no establecen las obligaciones para el recurrente, pues sólo establecen la organización y funcionamiento de la Administración Pública Estatal y de la Secretaría de Educación Pública Agravio sexto Deberá realizar un razonamiento respecto a las documentales consistentes en los oficios de nueve de octubre de dos mil ocho, veinticuatro de septiembre y tres de noviembre, ambos de dos mil diez, así como tomar en consideración los argumentos referentes a que el quejoso no podía realizar gestiones para la devolución del pago indebido al haber sido relevado de su cargo el treinta de noviembre de dos mil ocho. Resultó innecesario su estudio, al no mejorar lo alcanzado con el estudio del agravio relativo a la temporalidad en el que el quejoso ostentó el cargo de Delegado Administrativo. Tomar en cuenta el argumento respecto a la temporalidad en que el quejoso ostentó el cargo de Delegado Administrativo. Atendiendo a la temporalidad del cargo ostentado por el recurrente, que lo fue hasta el treinta de noviembre de dos mil ocho, éste -aquí quejoso- no podía garantizar la continuidad del reembolso de los pagos efectuados por la contratación de "Seguros Inbursa", por lo que al carecer de personería para llevar a cabo las acciones legales para continuar con dichas gestiones de cobro, en consecuencia no contaba con la facultad de autoridad para dar seguimiento a la recuperación de adeudos, circunstancia que correspondía a las autoridades en turno de la Secretaría de Educación en el Estado de conformidad con lo previsto en los artículos 77, 78, 79, 80 y 81 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que no existía trasgresión a los artículos 1, 2, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 46 fracción I, y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, artículos 5, 6 y 11 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, toda vez que lo observado no se traducía en un desvío o malversación de recursos, sino a las temporalidades durante los cuales se pueden se podían ejercitar acciones administrativas y legales para el cobro como lo acreditó el recurrente para hacer exigible su cobro y seguimiento por la autoridad en funciones Atender el argumento respecto a la aplicación incorrecta de los artículos 1,2, 9,11,13,15,16,17,18, 46, fracción I y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Michoacán, en relación a que en dichos numerales no se precisa la obligaciones incumplidas de los servidores públicos sancionados. Resultó innecesario su estudio, al no mejorar lo alcanzado con el estudio del agravio relativo a la temporalidad en el que el quejoso ostentó el cargo de Delegado Administrativo. Atender el argumento respecto a que aplicó incorrectamente los artículos 5, 6 y 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michocán, al sancionar una conducta que no era relativa a la adquisición de bienes y servicios, máxime que en la resolución primigenia se estableció la inexistencia de contrato alguno. Resultó innecesario su estudio, al no mejorar lo alcanzado con el estudio del agravio relativo a la temporalidad en el que el quejoso ostentó el cargo de Delegado Administrativo. Agravio séptimo Tomar en consideración los argumentos relativos a que el monto de la sanción resarcitoria debe ser correspondiente a lo que se resuelva al atender los argumentos de los agravios quinto y sexto del recurso de revocación." Precisó que al resultar fundados los agravios expuestos por el quejoso y tomando en cuenta el desvanecimiento de las observaciones AEFE/DAE/DAEP/UPP-12/03/2008, AEFE/DAE/DAEP/UPP-12/06/2008, AEFE/DAE/DAEP/UPP-12/07/2008 y AEFE/DAE/DAEP/UPP-12/08/2008, procedía la revocación del considerando décimo segundo de la resolución combatida, para absolverlo de las sanciones por resarcimiento. Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho fundamental violentado, en razón de que dictó una resolución en la cual, atendiendo a los puntos precisados en la sentencia de amparo, declaró fundados los agravios planteados por el quejoso en el recurso de revocación y resolvió conforme a derecho. Del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable Auditor Especial de Normatividad y Control de Calidad y Encargado del Despacho de la Auditoría Superior de Michoacán por Ministerio de Ley, cumplió con el fallo protector, pues acató los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Esto es así, porque la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues dictó una resolución en la cual, atendiendo a los puntos precisados en la sentencia de amparo, declaró fundados los agravios planteados por el quejoso en el recurso de revocación y resolvió conforme a derecho; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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