J. Socorro Ugalde Baez
Expediente 345/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- J. Socorro Ugalde Baez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo VI-345/2019; y RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, residentes en esta ciudad y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, J. Socorro Ugalde Báez, por conducto de su apoderado jurídico, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra omisiones de la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y del actuario de su adscripción (fojas 2 a 4), que se precisará en la parte considerativa de esta resolución. Por considerarlos violatorios de los derechos humanos protegidos en los artículos 1°, 8, 14, 16, 17 y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, previo cumplimiento de la prevención formulada, se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 16 a 19), se pidió informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y, finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48, 55, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque las omisiones que se reclaman en esta vía, se atribuyen a autoridades laborales que residen dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención de los promoventes y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con el criterio resaltado, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar: De la autoridad ordenadora Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, se reclama: La omisión de realizar, en los plazos y términos legales, los trámites necesarios para desahogar la audiencia de remate en su primera almoneda ordenada en el expediente ordinario laboral 2A-2244/2013; y, Elaborar y entregar al actuario de su adscripción y a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, el edicto ordenado en el expediente laboral 2A-2244/2013, respecto del bien inmueble embargado en el juicio de origen, para que éstas realicen en el ámbito de sus atribuciones, los trámites inherentes a la notificación y publicación correspondiente. Del Actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, se reclama: La omisión de notificar a la parte demandada en el juicio en el expediente ordinario laboral 2A-2244/2013, la hora y fecha señalada para el verificativo de la audiencia de remate. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertas las omisiones que reclama el quejoso a la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y actuario de su adscripción, consistentes en no realizar los trámites necesarios para desahogar la audiencia de remate en su primer almoneda, ordenada en el expediente ordinario laboral 2A-2244/2013, específicamente la elaboración, entrega y publicación de los edictos correspondientes y la notificación a la parte demandada -Ambrocio de la Cruz Velázquez-, pues así lo manifestaron al rendir su informe de ley, en forma conjunta (foja 24). Ahora bien, por auto de once de junio del presente año, la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remitió en alcance a su informe de ley, copia certificada de la audiencia de remate en su primer almoneda, celebrada a las doce horas del seis de los actuales, en el expediente laboral de origen 2A-2244/2013 (fojas 37 a 39), esto es, dicha diligencia se celebró después de la presentación de la demanda de amparo (veintinueve de marzo de dos mil diecinueve). Documentales, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. Asimismo, apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. Establecida la existencia de las omisiones reclamadas, como se precisó en el considerando que precede, se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, de oficio, resulta pertinente analizar la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se advierte de las constancias que la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y el actuario de su adscripción, remitió en vía de alcance a su informe justificado. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad legal a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica de la parte quejosa y que la legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumasia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional el quejoso J. Socorro Ugalde Báez, reclama, en esencia, las omisiones de realizar los trámites necesarios para desahogar la audiencia de remate en su primer almoneda, ordenada en el expediente ordinario laboral 2A-2244/2013, específicamente la elaboración, entrega y publicación de los edictos correspondientes y la notificación a la parte demandada -Ambrocio de la Cruz Velázquez-, por parte de la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y del Actuario de su adscripción, respectivamente. En ese sentido, de las constancias remitidas por la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en vía de alcance a su informe justificado, se aprecia que a las doce horas del seis de junio del año en curso (foja 38), se celebró la audiencia de remate en su primer almoneda, relativa al expediente laboral de origen 2A-2244/2013. Es verdad, conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que las omisiones reclamadas dejaron de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintinueve de marzo de dos mil diecinueve), toda vez que a las doce horas del seis de junio del año en curso, se verificó la referida audiencia de remate (foja 38). En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de las omisiones reclamadas, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a las autoridades responsables a que obraran en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que ésta exige; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, pues ya se celebró la audiencia de remate en su primer almoneda que constituía la esencia de las omisiones reclamadas en el juicio ordinario laboral 2A-2244/2013. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de las omisiones atribuidas a la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y Actuario de su adscripción, procede sobreseer en el presente juicio de control constitucional conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación, en virtud de la actualización de la causa de improcedencia estudiada, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor peso, como lo es una causa de improcedencia que resulta preferente para su estudio y, al ser fundada, operó como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que lo llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada, es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; por ello, se disipa que no se trata de un pretexto para no entrar al estudio de las cuestiones de fondo y tampoco se traduce en una negación de justicia. Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por J. Socorro Ugalde Báez, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y Actuario de su adscripción, por los motivos y fundamentos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia.
- Principal
Visto el comunicado de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de siete de los actuales y en alcance a su informe justificado, remite copia certificada de la audiencia de remate en su primer almoneda celebrada a las doce horas del seis de junio en curso en el expediente laboral de origen 2A-2244/2013, con la cual se ordena dar vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarla al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que el Auxiliar en Funciones de Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en su informe justificado presentado el ocho de mayo pasado en la oficialía de partes de este juzgado, informó que en acuerdo de tres de mayo del presente año, emitido en el expediente laboral 2A-2244/2013 se señalaron las doce horas del seis de junio en curso, para el verificativo de la audiencia de remate en su primera almoneda, respecto del inmueble embargado en ese juicio; en tal virtud requiérasele a dicha autoridad para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este acuerdo, informe si se celebró la referida diligencia y, en caso afirmativo, remita copia certificada de las constancias conducentes o, bien, informe el impedimento que haya existido para ello, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el dispositivo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otro lado, toda vez que en las constancias que se adjuntaron al informe justificado rendido en forma conjunta por el Auxiliar en Funciones de Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y por el Actuario de su adscripción, no obra la constancia de notificación realizada al demandado Ambrocio de la Cruz Velázquez, respecto del proveído dictado el tres de mayo del presente año, en el expediente laboral de origen, en el cual se señalaron las doce horas del seis de junio en curso para el verificativo de la audiencia de remate en su primera almoneda; en consecuencia, requiérase a la autoridad ejecutora en cita para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este acuerdo, remita copia certificada de esa constancia; apercibido que en caso de ser omiso, se le impondrá la sanción económica a que se hizo referencia en el apartado anterior. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo con el que cuentan las partes para imponerse del contenido del informe justificado rendido en forma conjunta por el Auxiliar en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y actuario de su adscripción, así como con las constancias que adjuntaron, el cual se tuvo por recibido en proveído de nueve de mayo del presente año (foja 33). En consecuencia, para dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la ley en aplicación, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a la autoridad responsable, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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