J. Jesús Valencia Guerrero
Expediente 1181/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1181/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- J. Jesús Valencia Guerrero
- Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Admisión de recurso de quejaPor recibido el oficio de la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso comunicado y anexos e informa que ese órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por el quejoso directo J. Jesús Valencia Guerrero, contra el proveído dictado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo en que se actúa, el cual quedó registrado bajo el número 238/2019; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: J. JESÚS VALENCIA GUERRERO. Interposición de recurso de queja Agréguese a los autos para que obre como corresponda copia del escrito presentado por el quejoso directo J. Jesús Valencia Guerrero; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley en la materia, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 32 a 40), pronunciado por este órgano jurisdiccional, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Remisión de queja a la Superioridad Atento a lo anterior, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, el original del escrito de expresión de agravios y las copias de éste, a fin de que provea lo conducente. Informe relativo al medio de impugnación De igual manera, en vía de informe con justificación sobre la materia del recurso de queja interpuesto, hágase saber a la superioridad que es cierto que el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se emitió el proveído que se impugna, constando en él los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para dictarlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad, por lo que se estima no se han violado derechos humanos de la parte promovente del amparo. Para justificar lo anterior, adjúntese al indicado informe con justificación copia certificada de todas las constancias que integran el sumario en que se actúa, con la atenta solicitud del acuse de su recibo. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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MoreliaNotifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Recepción de oficioPor recibido el oficio OCC/C11/JDM/487/2019, del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el diverso del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en esta ciudad y el juicio de amparo 1138/2019 del índice de aquel Juzgado de Distrito, promovido por J. Jesús Valencia Guerrero, por propio derecho, virtud al impedimento legal que se actualizó ya que los actos reclamados son atribuidos a las autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD Así pues, fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número III-1181/2019, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que los actos reclamados en el presente asunto son la emisión del acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y, como primer acto de aplicación del acuerdo impugnado, el proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. Una vez precisados los actos reclamados, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Actualización de causal de improcedencia En principio se debe precisar que la parte quejosa combate el acuerdo general conjunto 1/2015, el cual regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Sin que escape a la consideración del juzgador que en la demanda de amparo el promovente no haya señalado como autoridad responsable a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, el acuerdo que combate es único e indivisible, esto es, no puede reclamar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de su contenido sin señalar como autoridad responsable a la Suprema Corte, pues ese cuerpo normativo fue creado bipartitamente, es decir, en conjunción con el Consejo de la Judicatura Federal. Dicho acuerdo tiene como principal propósito el fijar las bases de la política informática y de información estadística que permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial de la Federación y, a la par, que toda persona que sea parte en los juicios de amparo y los juicios de oralidad penal accedan a los expedientes electrónicos y carpetas digitales, los efectos de las notificaciones electrónicas, así como el uso de firmas electrónicas para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por ello, resultó conveniente dar origen al acuerdo en comento -que ataca en esta instancia la parte quejosa-, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal sentaron las bases para el uso más eficaz y eficiente de las tecnologías de la información disponibles para el logro de los fines referidos. Así pues, la parte quejosa acude a esta instancia a combatir la inconstitucionalidad del acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cual se publicó en la Segunda Sección del Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince. Acuerdo que, como se dijo, emitió el Máximo Tribunal de este País en conjunto con el Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, no se puede visualizar el acto reclamado de forma aislada entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, pues de forma unificada dieron origen al acuerdo de referencia. Dicho lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones II y III, de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] II. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal". El primer numeral en comento dispone la improcedencia del juicio de amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo entenderse dicho precepto en un sentido amplio, esto es, cualquiera de las determinaciones. Lo anterior, ya que la improcedencia considerada en esa fracción, atiende a la naturaleza y categoría de la autoridad a quien se pretende señalar como responsable de los actos conculcatorios de derechos públicos subjetivos del particular, esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual conforme al sistema constitucional mexicano, es el más Alto Tribunal del país, en virtud de que sus resoluciones, o en su caso, las omisiones en que incurra, son inatacables, pues el orden jurídico vigente no contempla medio alguno de defensa o mecanismo para que aquéllas puedan ser revisadas, es decir, no existe otra instancia jurisdiccional superior a ella, aunado a que no puede atribuírsele violación de garantías al ejercer su función dado que es la encargada de tutelar los derechos humanos reconocidos por la Constitución. Orienta el anterior criterio, la tesis: 2a. CLXXIV/2002 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Pág. 291, que es del tenor siguiente: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SUS FALLOS SON INATACABLES. Conforme al sistema constitucional mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el más Alto Tribunal del país, en virtud de que sus resoluciones son inatacables, pues el orden jurídico vigente no contempla medio alguno de defensa o mecanismo para que aquéllas puedan ser revisadas, es decir, no existe otra instancia jurisdiccional superior a ella. La veracidad del enunciado anterior queda de manifiesto nítidamente en los siguientes ejemplos: el juicio de amparo es improcedente contra sus actos, según lo dispone expresamente el artículo 73, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en materia laboral, los conflictos que se susciten entre ese órgano supremo y sus empleados, serán resueltos por él mismo, tal como lo establece el artículo 123, apartado B, fracción XII, párrafo segundo, de la Constitución Federal; tratándose de las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Ley Fundamental, una vez que el Máximo Tribunal de la República determina su aplicación a las autoridades responsables, debe consignarlas directamente ante el Juez de Distrito, es decir, que no condiciona su proceder a la consideración del Ministerio Público. En el caso en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que una sentencia de amparo ya se encuentra cumplida, resulta evidente que dicha determinación es irrecurrible y, por ende, ya no puede ser materia de análisis a través de medio alguno de impugnación o mecanismo de defensa." Así como la tesis aislada, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVI, Página: 2359, del tenor siguiente: "SUPREMA CORTE. El amparo contra los actos de la Suprema Corte es improcedente, pues de lo contrario se llegaría a la inestabilidad de sus resoluciones, lo que sería más peligroso que sostenerlas, cualesquiera que sean." La causa de improcedencia es clara en señalar que es improcedente el juicio de amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ello surge en virtud de que sus actos son inatacables, dado que en el orden jurídico no se contempla medio alguno de defensa o mecanismo para que sus actos puedan ser revisados porque no existe otra instancia jurisdiccional superior a ella. Así pues, dicha causa de improcedencia tiene como finalidad la estabilidad o seguridad jurídica, al ser el órgano de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial de la Federación; por tal razón, es inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de garantías en contra de actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tener el carácter de un verdadero tribunal terminal; de ahí su inatacabilidad, en virtud de que no existe autoridad que tenga jurisdicción sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues resultaría ilógico que la propia Corte conociera de sus actos, ya que de hacerlo, se constituiría en Juez y parte, lo que es un absurdo jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que contiene, la tesis XII.2o.A.3A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, visible a página 2524, tomo III, Marzo de 2015, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, localizable con el número de registro 2008704, Décima Época con el rubro y texto siguiente: "SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LOS ACTOS Y OMISIONES MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS ATRIBUIDOS A SUS ÓRGANOS DE APOYO SON INIMPUGNABLES EN AMPARO. El artículo 61, fracción II, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta imposibilidad de controvertirlos se justifica por la posición jerárquica del Máximo Tribunal, al no preverse en el orden jurídico nacional ningún recurso o medio de impugnación por el que puedan ser revisados. En este sentido, no solamente los actos jurisdiccionales que emita ese órgano son inimpugnables en dicha vía, sino también los actos y omisiones materialmente administrativos atribuidos a sus órganos de apoyo establecidos en el Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al ser aquéllos parte integrante de ésta, no pueden considerarse como autoridades autónomas". Por su parte, la fracción III del numeral 61 de la Ley de Amparo, establece, que el juicio de amparo es improcedente en contra de los actos del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, en atención al artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las resoluciones -o en el caso acuerdos- emitidos dentro del ámbito de su competencia y en ejercicio de las atribuciones que legalmente se le confirieron, revisten la naturaleza de terminales e inimpugnables, esto es, son definitivas e inatacables y, por tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, situación que en el caso concreto no acontece. Al tenor de lo anterior, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que en la tesis aislada CXLIII/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estableció que, excepcionalmente, el juicio de amparo procede contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, cuando lo promueven personas ajenas al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, en el caso no se actualiza dicha excepción, -no obstante que el quejoso sea ajeno al poder judicial- pues el acuerdo que impugna la parte quejosa fue emitido tanto por el Consejo de la Judicatura Federal, como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, de manera conjunta, lo que actualiza, automáticamente, la improcedencia prevista en la fracción II del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables no son materia para combatir en el juicio de amparo indirecto, por tratarse, en primer lugar, de un acto emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales son inatacables por ser un órgano terminal desde la perspectiva jurisdiccional, pues sus actuaciones de acuerdo al orden constitucional, no tienen medio de impugnación existente para combatirlas y, en segundo lugar, porque en contra de los actos del Consejo de la Judicatura Federal, no se prevé en forma genérica medio de impugnación salvo los que se refieren a la adscripción, readscripción, suspensión o remoción de Jueces y Magistrados. Asimismo, el juicio de amparo resulta improcedente en contra del acto de aplicación de la norma general impugnada que se atribuye al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, consistente en la resolución de ocho de octubre en curso, por varias razones. La primera, porque el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, respecto de las cuales la ley conceda algún recurso ordinario o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o modificadas. En ese orden, el acto que se reclamó al juez de distrito consiste en la omisión de ejercer un control difuso ex officio de la norma general impugnada al emitir la resolución de octubre de octubre del año en curso, en la que negó el acceso al expediente electrónico dentro del juicio ejecutivo mercantil 21/2019. Por su parte, los capítulos XXIV y XXV, del Título Primero, del Libro Quinto, del Código de Comercio, regulan respectivamente los recursos de revocación, reposición y el de apelación, es decir, en el artículo 1334 se precisa que los actos que no fueren apelables, pueden ser revocables por el juez que los dictó o por el que los substituya en el conocimiento del asunto. De lo anterior, se sigue, que previo a la promoción del juicio de amparo la parte quejosa debió promover el recurso de revocación correspondiente, y al no haberlo hecho así se actualiza la causal de improcedencia en estudio. La segunda razón por la que el juicio de amparo es improcedente contra el acto de aplicación de la norma general impugnada, deriva de la interpretación sistemática de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, pues el acto de aplicación no tiene ejecución de imposible reparación, es decir, no viola directamente cualquiera de los derechos sustantivos del promovente. Es decir, por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En el caso de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó la parte quejosa, se advierte que la resolución de ocho de octubre de dos mil diecinueve, se determinó que el acuerdo general conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan los servicios informáticos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, por sí solo no impiden al quejoso el acceso a la justicia, porque el Código de Comercio establece los mecanismo para acceder a los tribunales a hacer valer sus derechos; procedimientos que no incluyen la tramitación electrónica de los juicios mercantiles. Por tanto, el acto atribuido al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, no contiene vicios propios, pues la emisión del proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, fue en relación a los lineamientos estipulados en el acuerdo 1/2015, es decir, el aprovechamiento de las tecnologías otorgadas única y exclusivamente para los juicios de amparo y los procesos de oralidad penal. Desechamiento En términos de lo expuesto en el apartado precedente, resulta inconcuso que, en el caso, de manera manifiesta e indudable, se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones II y III del ordinal 61 de la Ley de Amparo, en consecuencia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por J. Jesús Valencia Guerrero. Cabe referir que al emitir la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Empero, la misma es inaplicable al presente asunto, porque, en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, la Sala en cita aclaró su rubro en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso. En efecto, en la ejecutoria de la solicitud de sustitución, la Segunda Sala del Máximo Tribunal precisó que únicamente será aplicable dicho criterio cuando se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, por lo que resultará inoportuno el auto inicial de la demanda de amparo para realizar un pronunciamiento en el que se analice si el acto proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo. En otras palabras, la aplicación de la jurisprudencia no debe realizarse de manera generalizada, pues en los casos que tenga que determinarse, si el acto reclamado proviene o no, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, el órgano de control constitucional está en aptitud de realizar el análisis respectivo desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, siempre que no se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. De ahí que, en el caso, resulte inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), pues en el presente asunto se reclamó la impugnación del acuerdo general conjunto 1/2015, así como el acto primer acto de aplicación de dicha normativa. Tampoco se inadvierte que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Domicilio procesal y autorizados Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, así como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Raquel Aguirre Villa, dado que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, con fundamento en el numeral 3, párrafo sexto, de la ley en la materia, dígase al promovente que se hizo la habilitación del usuario que indica en el ocurso de cuenta -"segna_3"-, para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Autorización para firmar oficios Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Anotaciones Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido del licenciado Juan Francisco Orozco Córdova, Secretario que autoriza las actuaciones y da fe.
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