J. Jesús Viramontes García
Expediente 862/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- J. Jesús Viramontes García
Actuaciones
- Principal
En dos de agosto de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veinticinco al veintinueve de julio del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto del día quince de julio de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo 862/2016.- DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de quince de julio de dos mil dieciséis, que desechó la demanda de amparo promovida por J. JESÚS VIRAMONTES GARCÍA; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, las pruebas que remitió como justificación de sus actos, consistentes en el juicio mercantil ejecutivo 427/2009 y cinco cuadernillos relativos al mismo NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza. Doy fe. Luis.
- Principal
En quince de julio de dos mil dieciséis, la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con un oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad; registrado con el folio 12972; y anexos que se adjuntan. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remite los autos del juicio de amparo directo civil 665/2016-5, el juicio mercantil ejecutivo 427/2009 con cinco cuadernillos relativos al mismo y ocho copias de la demanda. Ahora bien, toda vez que del contenido del auto de doce de julio del año en curso, dictado en el juicio de amparo directo civil 665/2016-5, se advierte que dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por J. Jesús Viramontes García, por su propio derecho, contra el acto del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacateca, y ordena se remita a este órgano jurisdiccional, para los efectos de su competencia; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 862/2016-3 que le corresponde, y fórmese el expediente respectivo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase del conocimiento a la quejosa la radicación en este Tribunal Federal del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Nueva Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, en razón de que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." y "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". Como punto de partida, conviene precisar que el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en los procedimientos de remate, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es que se reclame la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Al respecto, debe acotarse que esa disposición legal se justifica en razón de que el apuntado requisito tiene como finalidad evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste se reserva contra violaciones cometidas en el trámite del remate, debiendo reclamarse aquéllas hasta que se impugne la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, siempre y cuando se agote el recurso ordinario en contra de ésta última determinación, en caso de que proceda conforme a la legislación aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE REMATE SI NO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA O DESAPRUEBA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, procede el amparo indirecto contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; estableciendo el último párrafo de la fracción citada, que tratándose de remates sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; lo que implica que pueden plantearse en la demanda todas las violaciones cometidas durante el procedimiento respectivo. En esa virtud, aunque el juicio de amparo se promueva después de que se hubiera decretado el remate, si se reclaman únicamente violaciones cometidas durante el procedimiento correspondiente, no así la resolución por la que se aprobó o desaprobó el remate; dicho juicio resulta improcedente." Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías, el acto reclamado consiste en la diligencia de remate de primera almoneda de nueve de junio de dos mil dieciséis, celebrada dentro del juicio mercantil ejecutivo 427/2009, promovido por J. Jesús Viramontes García, en contra de Marco Antonio Vitar González y Ma. Elodia Roque Valdivia. Como se ve, atendiendo a lo acordado en la diligencia impugnada, es evidente que la misma fue pronunciada en el procedimiento de preparación del remate que habrá de verificarse dentro del juicio mercantil ejecutivo número 427/2009, promovido por J. Jesús Viramontes García, en contra de Marco Antonio Vitar González y Ma. Elodia Roque Valdivia; y en ese contexto, es de indicarse que tal acto debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la resolución definitiva que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, siempre y cuando se agote previamente el recurso ordinario en contra de ésta última resolución, de resultar procedente de acuerdo con la legislación que rige el acto que aquí se reclama. A mayor abundamiento, debe destacarse que la determinación que el quejoso combate en esta instancia constitucional, no se tratan de la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sino que en todo caso sólo constituyen actuaciones encaminadas a la preparación del remate en segunda almoneda. En vía de ilustración, se cita la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO ES LA QUE EXPRESA O TÁCITAMENTE CONFIRMA O ANULA LA DECLARACIÓN DE FINCADO EL REMATE O LA ADJUDICACIÓN DEL BIEN, CON INDEPENDENCIA DE QUE TENGA O NO POR CONSIGNADO SU PRECIO.- La declaración de fincado el remate y, en su caso, la adjudicación del bien, no constituyen la resolución definitiva a que se refiere el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, por tratarse de declaraciones provisionales que están sujetas a confirmación o anulación posterior por parte de la autoridad que las dictó, además de que en su contra procede el recurso de apelación. En efecto, una vez hecha tal declaración, si el postor que ofreció pagar una parte de contado y otra con posterioridad, no cumpliere sus obligaciones, el tribunal podrá declarar sin efecto el remate, conforme a los artículos 482 y 484 del Código Federal de Procedimientos Civiles y sus correlativos de las entidades federativas. Por tanto, contra aquella determinación no procede el juicio de amparo, sino contra la que pronuncia el juzgador después de realizada la subasta, una vez que revisa si en este procedimiento se cometió o no alguna violación, es decir, procede el amparo contra la que expresa o tácitamente confirma o anula la declaración de fincado el remate o la adjudicación de los bienes, con independencia de que tenga o no por consignado su precio, pues la venta judicial puede llevarse a cabo ya sea con pago de contado o mediante pagos diferidos, y en el primer supuesto, según el artículo 483 del indicado Código Federal y sus similares de los Estados de la República, en el acto del remate debe exhibirse el efectivo numerario del precio o el cheque certificado a favor del tribunal, en cuyo caso, de haberse fincado el remate, para aprobarlo el tribunal no tendría necesidad de declarar posteriormente consignado el precio de aquél." Y con independencia de lo anterior, conviene enfatizar que, según se precisó en párrafos que preceden, en la especie el acto que se reclama consiste en la diligencia de remate de primera almoneda de nueve de junio de dos mil dieciséis, celebrada dentro del juicio mercantil ejecutivo 427/2009, promovido por J. Jesús Viramontes García, en contra de Marco Antonio Vitar González y Ma. Elodia Roque Valdivia; luego, atendiendo al contenido y momento procesal en que se emitió, es evidente que el mismo no constituye un acto autónomo, respecto del cual pudiera considerase procedente el amparo indirecto, sino que, como se dijo, se trata de una determinación que forma parte del procedimiento de remate. En este orden de ideas, tampoco puede considerarse que la determinación que en esta instancia se impugna constituya un acto de imposible reparación, en la medida de que con la misma sólo se afectan derechos adjetivos, toda vez que únicamente tiene efectos intraprocesales, pues, debe reiterarse que se trata de actuaciones practicadas dentro del procedimiento de remate, por lo que en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo procederá contra la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, que garantiza las prestaciones reclamadas en el juicio de origen, lo que implica que el quejoso puede plantear en su demanda todas las violaciones que estime se hubieren cometido durante dicho procedimiento, y lograr así la reparación de las mismas, al obtener resolución favorable a sus pretensiones, sin haberle originado ninguna lesión en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, debe concluirse que en la especie el acto reclamado no se encuentra entre los comprendidos por la fracción IV, segundo párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, de la ley de la materia en consulta, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por J. Jesús Viramontes García. Por otra parte, téngase como autorizados del quejoso en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados a José Luis Robles Quirarte y José Luis Robles Durán, quienes además cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo, como domicilio para tal fin el ubicado en Calzada Héroes de Chapultepec Número 205, interior 2, Lomas del Chapulín de esta ciudad de Zacatecas, Zacatecas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remite los autos del juicio de amparo directo civil 665/2016-5, el juicio mercantil ejecutivo 427/2009 con cinco cuadernillos relativos al mismo y ocho copias de la demanda. Ahora bien, toda vez que del contenido del auto de doce de julio del año en curso, dictado en el juicio de amparo directo civil 665/2016-5, se advierte que dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por J. Jesús Viramontes García, por su propio derecho, contra el acto del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacateca, y ordena se remita a este órgano jurisdiccional, para los efectos de su competencia; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 862/2016-3 que le corresponde, y fórmese el expediente respectivo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase del conocimiento a la quejosa la radicación en este Tribunal Federal del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Nueva Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, en razón de que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." y "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". Como punto de partida, conviene precisar que el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en los procedimientos de remate, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es que se reclame la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Al respecto, debe acotarse que esa disposición legal se justifica en razón de que el apuntado requisito tiene como finalidad evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste se reserva contra violaciones cometidas en el trámite del remate, debiendo reclamarse aquéllas hasta que se impugne la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, siempre y cuando se agote el recurso ordinario en contra de ésta última determinación, en caso de que proceda conforme a la legislación aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE REMATE SI NO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA O DESAPRUEBA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, procede el amparo indirecto contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; estableciendo el último párrafo de la fracción citada, que tratándose de remates sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; lo que implica que pueden plantearse en la demanda todas las violaciones cometidas durante el procedimiento respectivo. En esa virtud, aunque el juicio de amparo se promueva después de que se hubiera decretado el remate, si se reclaman únicamente violaciones cometidas durante el procedimiento correspondiente, no así la resolución por la que se aprobó o desaprobó el remate; dicho juicio resulta improcedente." Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías, el acto reclamado consiste en la diligencia de remate de primera almoneda de nueve de junio de dos mil dieciséis, celebrada dentro del juicio mercantil ejecutivo 427/2009, promovido por J. Jesús Viramontes García, en contra de Marco Antonio Vitar González y Ma. Elodia Roque Valdivia. Como se ve, atendiendo a lo acordado en la diligencia impugnada, es evidente que la misma fue pronunciada en el procedimiento de preparación del remate que habrá de verificarse dentro del juicio mercantil ejecutivo número 427/2009, promovido por J. Jesús Viramontes García, en contra de Marco Antonio Vitar González y Ma. Elodia Roque Valdivia; y en ese contexto, es de indicarse que tal acto debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la resolución definitiva que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, siempre y cuando se agote previamente el recurso ordinario en contra de ésta última resolución, de resultar procedente de acuerdo con la legislación que rige el acto que aquí se reclama. A mayor abundamiento, debe destacarse que la determinación que el quejoso combate en esta instancia constitucional, no se tratan de la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sino que en todo caso sólo constituyen actuaciones encaminadas a la preparación del remate en segunda almoneda. En vía de ilustración, se cita la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO ES LA QUE EXPRESA O TÁCITAMENTE CONFIRMA O ANULA LA DECLARACIÓN DE FINCADO EL REMATE O LA ADJUDICACIÓN DEL BIEN, CON INDEPENDENCIA DE QUE TENGA O NO POR CONSIGNADO SU PRECIO.- La declaración de fincado el remate y, en su caso, la adjudicación del bien, no constituyen la resolución definitiva a que se refiere el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, por tratarse de declaraciones provisionales que están sujetas a confirmación o anulación posterior por parte de la autoridad que las dictó, además de que en su contra procede el recurso de apelación. En efecto, una vez hecha tal declaración, si el postor que ofreció pagar una parte de contado y otra con posterioridad, no cumpliere sus obligaciones, el tribunal podrá declarar sin efecto el remate, conforme a los artículos 482 y 484 del Código Federal de Procedimientos Civiles y sus correlativos de las entidades federativas. Por tanto, contra aquella determinación no procede el juicio de amparo, sino contra la que pronuncia el juzgador después de realizada la subasta, una vez que revisa si en este procedimiento se cometió o no alguna violación, es decir, procede el amparo contra la que expresa o tácitamente confirma o anula la declaración de fincado el remate o la adjudicación de los bienes, con independencia de que tenga o no por consignado su precio, pues la venta judicial puede llevarse a cabo ya sea con pago de contado o mediante pagos diferidos, y en el primer supuesto, según el artículo 483 del indicado Código Federal y sus similares de los Estados de la República, en el acto del remate debe exhibirse el efectivo numerario del precio o el cheque certificado a favor del tribunal, en cuyo caso, de haberse fincado el remate, para aprobarlo el tribunal no tendría necesidad de declarar posteriormente consignado el precio de aquél." Y con independencia de lo anterior, conviene enfatizar que, según se precisó en párrafos que preceden, en la especie el acto que se reclama consiste en la diligencia de remate de primera almoneda de nueve de junio de dos mil dieciséis, celebrada dentro del juicio mercantil ejecutivo 427/2009, promovido por J. Jesús Viramontes García, en contra de Marco Antonio Vitar González y Ma. Elodia Roque Valdivia; luego, atendiendo al contenido y momento procesal en que se emitió, es evidente que el mismo no constituye un acto autónomo, respecto del cual pudiera considerase procedente el amparo indirecto, sino que, como se dijo, se trata de una determinación que forma parte del procedimiento de remate. En este orden de ideas, tampoco puede considerarse que la determinación que en esta instancia se impugna constituya un acto de imposible reparación, en la medida de que con la misma sólo se afectan derechos adjetivos, toda vez que únicamente tiene efectos intraprocesales, pues, debe reiterarse que se trata de actuaciones practicadas dentro del procedimiento de remate, por lo que en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo procederá contra la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, que garantiza las prestaciones reclamadas en el juicio de origen, lo que implica que el quejoso puede plantear en su demanda todas las violaciones que estime se hubieren cometido durante dicho procedimiento, y lograr así la reparación de las mismas, al obtener resolución favorable a sus pretensiones, sin haberle originado ninguna lesión en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, debe concluirse que en la especie el acto reclamado no se encuentra entre los comprendidos por la fracción IV, segundo párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, de la ley de la materia en consulta, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por J. Jesús Viramontes García. Por otra parte, téngase como autorizados del quejoso en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados a José Luis Robles Quirarte y José Luis Robles Durán, quienes además cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo, como domicilio para tal fin el ubicado en Calzada Héroes de Chapultepec Número 205, interior 2, Lomas del Chapulín de esta ciudad de Zacatecas, Zacatecas."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- J. Jesús Robles Muñoz1267/2016
- J. Jesús Rodríguez Hernández1588/2022
- J. Jesús Rodríguez Rodríguez474/2017
- J. Jesús Ruiz Alba3223/2014
- J. Jesús Torres Palafox1172/2016
- J. Jesús Viramontes García962/2018
- J. Jesús Zamora Huerta582/2021
- J. Jesús Zavala Rico1614/2015
- J. Julian Elicerio Enríquez1023/2021
- J. Manuel Valdez Jaramillo88/2022
- J. Marcos Echeverria Medellín360/2019
- J. Marcos Echeverria Medellín1284/2018