J. Jesús Torres Palafox

Expediente 1172/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1172/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2016

Partes del expediente

  • J. Jesús Torres Palafox

Actuaciones

  1. Principal

    En la misma fecha el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de nueve de noviembre del año en curso, que desechó de plano la demanda de garantías promovida por J. Jesús Torres Palafox; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia

  2. Principal

    CUENTA. El nueve de noviembre de dos mil dieciséis, el secretario licenciado Juan García Trejo da cuenta a la Juez con lo siguiente:Escrito de demanda de derechos suscrito por J. Jesús Torres Palafox con seis copias, registrado con el folio 18500 y anexos que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado Alfonso Lemus Gutiérrez no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE.Zacatecas, Zacatecas, nueve de noviembre de dos mil dieciséis.RECEPCIÓN. Téngase por recibido el escrito de demanda de derechos promovida por Jesús Torres Palafox contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Villanueva, Zacatecas, con esa propia ciudad.EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1172/2016-5, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico.PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado y autoridad responsable las siguientes: Autoridad ordenadora:Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, con sede en esa propia ciudad.Acto reclamado:La resolución interlocutoria de tres de noviembre de dos mil dieciséis, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso contra la diligencia de emplazamiento al juicio sumario civil 334/2016 realizada el doce de octubre del año en curso. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente:"Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes.De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido.Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio.Por otra parte, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado, la resolución interlocutoria dictada el tres de noviembre de dos mil dieciséis, por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso contra el emplazamiento al juicio sumario civil 334/2016 realizado el doce de octubre del año en curso.Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda.De igual forma, del análisis de la demanda de amparo y de los anexos exhibidos por el propio quejoso, se desprenden los siguientes antecedentes de los actos reclamados y que son:I. Ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, se tramita el juicio sumario civil expediente 334/2016, relativo a la acción de liquidación de la sociedad conyugal promovido por la tercero interesada Margarita Ríos González contra el quejoso.II. En el expediente en cita el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable emitió auto de radicación en el cual ordenó emplazar a juicio al demandado.III. El doce de octubre de dos mil dieciséis, la actuaria adscrita al Juzgado responsable emplazó a juicio al ahora quejoso.IV. Contra esa diligencia de emplazamiento el quejoso promovió incidente de nulidad de actuaciones, el cual fue resuelto por la autoridad responsable mediante interlocutoria de tres de noviembre de dos mil dieciséis, en la que declaró procedente la vía pero negó la declaración de nulidad del emplazamiento realizado el doce de octubre del mismo año. Este es el acto reclamado por el quejoso en esta vía.En atención a lo anterior, la suscrita resolutora, por cuanto hace al precisado acto reclamado; considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, ello en atención a las siguientes consideraciones.En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.Se exceptúa de lo anterior:a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo."Ahora bien, al respecto debe decirse que los artículos 374, fracción II y 499 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, disponen:"374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia:II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso, o la sentencia definitiva no fuere apelable;CAPITULO IIJuicio Sumario499.- Salvo los casos expresamente exceptuados en la ley, en los juicios sumarios las apelaciones sólo procederán en el efecto devolutivo, ya se trate de sentencia definitiva o de cualquiera otra resolución."De lo antes transcrito, se logra evidenciar que el artículo 374 del ordenamiento legal citado, en su fracción II, precisa que el recurso de apelación procede contra las sentencias interlocutorias excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable.A su vez, del análisis del artículo 499 del Código en comento, se advierte que salvo los casos expresamente exceptuados en la ley, en los juicios sumarios las apelaciones sólo procederán en el efecto devolutivo, ya se trate de sentencia definitiva o de cualquiera otra resolución.Así las cosas, lo anterior pone en evidencia que contra la resolución interlocutoria de tres de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de la Villanueva, Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre en el expediente relativo al juicio sumario civil de liquidación de la sociedad conyugal promovido por Margarita Ríos González contra el quejoso J. Jesús Torres Palafox, en el que declaró procedente la vía incidental de nulidad de actuaciones pero improcedente la nulidad del emplazamiento realizado el doce de octubre de dos mil dieciséis, procede el recurso de apelación a que se refiere el artículo 374, fracción II, en relación con el diverso 499, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado.Aunado a lo anterior, es claro y evidente que:I. Si la parte quejosa, afirmó que el doce de octubre de dos mil dieciséis, fue emplazado al juicio sumario civil número 334/2016 del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, relativo a la liquidación de la sociedad conyugal promovido por Margarita Ríos González contra el quejoso J. Jesús Torres Palafox, ello pone de manifiesto que no comparece en su calidad de tercero extraño, sino como parte procesal.II. Así las cosas, tomando en consideración que el ahora quejoso, comparece a juicio en su calidad de parte procesal, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios correspondientes en contra de la resolución interlocutoria dictada el tres de noviembre de dos mil dieciséis, por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso contra el emplazamiento al juicio sumario civil 334/2016 realizado el doce de octubre del año en curso, por lo que, se encontraba obligado a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el recurso de apelación a que se refiere el artículo 374, fracción II, en relación con el diverso 499, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado.Sin que por otra parte, se actualice el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, en razón de que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o; o en su caso, algunos de los que se encuentran prohibidos por el numeral 22 Constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.De igual forma, tampoco se actualiza la hipótesis prevista por el inciso b), del numeral citado, pues el acto reclamado no consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso.Asimismo, de ningún modo se está en presencia de persona extraña al procedimiento, en términos de lo previsto por el inciso c), de la fracción XVIII, del artículo en estudio.Además, contrariamente a lo aseverado por el quejoso en su demanda de derechos, para que la resolución interlocutoria reclamada, sea apelable, no necesariamente debe existir sentencia definitiva en el juicio principal para que proceda la apelación contra dicha interlocutoria, toda vez que, de acuerdo con los preceptos del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas, el recurso de apelación procede contra las sentencias interlocutorias, salvo los casos expresamente exceptuados en la ley y en los juicios sumarios las apelaciones sólo procederán en el efecto devolutivo, ya se trate de sentencia definitiva o de cualquiera otra resolución, de ahí que la tesis del rubro "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." que cita en su escrito de demanda de derechos no es aplicable, al no actualizarse ninguna de las hipótesis en ella señalados.Luego, como no se hizo valer este medio de impugnación por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, conforme al cual cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificados o revocados por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento, aun cuando la parte interesada no lo hubiere hecho valer oportunamente. en consecuencia, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por J. JESÚS TORRES PALAFOX.DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. .NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, nueve de noviembre de dos mil dieciséis.RECEPCIÓN. Téngase por recibido el escrito de demanda de derechos promovida por Jesús Torres Palafox contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Villanueva, Zacatecas, con esa propia ciudad.EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1172/2016-5, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico.PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado y autoridad responsable las siguientes: Autoridad ordenadora:Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, con sede en esa propia ciudad.Acto reclamado:La resolución interlocutoria de tres de noviembre de dos mil dieciséis, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso contra la diligencia de emplazamiento al juicio sumario civil 334/2016 realizada el doce de octubre del año en curso. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente:"Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes.De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido.Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio.Por otra parte, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado, la resolución interlocutoria dictada el tres de noviembre de dos mil dieciséis, por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso contra el emplazamiento al juicio sumario civil 334/2016 realizado el doce de octubre del año en curso.Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda.De igual forma, del análisis de la demanda de amparo y de los anexos exhibidos por el propio quejoso, se desprenden los siguientes antecedentes de los actos reclamados y que son:I. Ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, se tramita el juicio sumario civil expediente 334/2016, relativo a la acción de liquidación de la sociedad conyugal promovido por la tercero interesada Margarita Ríos González contra el quejoso.II. En el expediente en cita el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable emitió auto de radicación en el cual ordenó emplazar a juicio al demandado.III. El doce de octubre de dos mil dieciséis, la actuaria adscrita al Juzgado responsable emplazó a juicio al ahora quejoso.IV. Contra esa diligencia de emplazamiento el quejoso promovió incidente de nulidad de actuaciones, el cual fue resuelto por la autoridad responsable mediante interlocutoria de tres de noviembre de dos mil dieciséis, en la que declaró procedente la vía pero negó la declaración de nulidad del emplazamiento realizado el doce de octubre del mismo año. Este es el acto reclamado por el quejoso en esta vía.En atención a lo anterior, la suscrita resolutora, por cuanto hace al precisado acto reclamado; considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, ello en atención a las siguientes consideraciones.En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.Se exceptúa de lo anterior:a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo."Ahora bien, al respecto debe decirse que los artículos 374, fracción II y 499 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, disponen:"374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia:II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso, o la sentencia definitiva no fuere apelable;CAPITULO IIJuicio Sumario499.- Salvo los casos expresamente exceptuados en la ley, en los juicios sumarios las apelaciones sólo procederán en el efecto devolutivo, ya se trate de sentencia definitiva o de cualquiera otra resolución."De lo antes transcrito, se logra evidenciar que el artículo 374 del ordenamiento legal citado, en su fracción II, precisa que el recurso de apelación procede contra las sentencias interlocutorias excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable.A su vez, del análisis del artículo 499 del Código en comento, se advierte que salvo los casos expresamente exceptuados en la ley, en los juicios sumarios las apelaciones sólo procederán en el efecto devolutivo, ya se trate de sentencia definitiva o de cualquiera otra resolución.Así las cosas, lo anterior pone en evidencia que contra la resolución interlocutoria de tres de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de la Villanueva, Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre en el expediente relativo al juicio sumario civil de liquidación de la sociedad conyugal promovido por Margarita Ríos González contra el quejoso J. Jesús Torres Palafox, en el que declaró procedente la vía incidental de nulidad de actuaciones pero improcedente la nulidad del emplazamiento realizado el doce de octubre de dos mil dieciséis, procede el recurso de apelación a que se refiere el artículo 374, fracción II, en relación con el diverso 499, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado.Aunado a lo anterior, es claro y evidente que:I. Si la parte quejosa, afirmó que el doce de octubre de dos mil dieciséis, fue emplazado al juicio sumario civil número 334/2016 del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, relativo a la liquidación de la sociedad conyugal promovido por Margarita Ríos González contra el quejoso J. Jesús Torres Palafox, ello pone de manifiesto que no comparece en su calidad de tercero extraño, sino como parte procesal.II. Así las cosas, tomando en consideración que el ahora quejoso, comparece a juicio en su calidad de parte procesal, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios correspondientes en contra de la resolución interlocutoria dictada el tres de noviembre de dos mil dieciséis, por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso contra el emplazamiento al juicio sumario civil 334/2016 realizado el doce de octubre del año en curso, por lo que, se encontraba obligado a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el recurso de apelación a que se refiere el artículo 374, fracción II, en relación con el diverso 499, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado.Sin que por otra parte, se actualice el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, en razón de que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o; o en su caso, algunos de los que se encuentran prohibidos por el numeral 22 Constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.De igual forma, tampoco se actualiza la hipótesis prevista por el inciso b), del numeral citado, pues el acto reclamado no consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso.Asimismo, de ningún modo se está en presencia de persona extraña al procedimiento, en términos de lo previsto por el inciso c), de la fracción XVIII, del artículo en estudio.Además, contrariamente a lo aseverado por el quejoso en su demanda de derechos, para que la resolución interlocutoria reclamada, sea apelable, no necesariamente debe existir sentencia definitiva en el juicio principal para que proceda la apelación contra dicha interlocutoria, toda vez que, de acuerdo con los preceptos del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas, el recurso de apelación procede contra las sentencias interlocutorias, salvo los casos expresamente exceptuados en la ley y en los juicios sumarios las apelaciones sólo procederán en el efecto devolutivo, ya se trate de sentencia definitiva o de cualquiera otra resolución, de ahí que la tesis del rubro "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." que cita en su escrito de demanda de derechos no es aplicable, al no actualizarse ninguna de las hipótesis en ella señalados.Luego, como no se hizo valer este medio de impugnación por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, conforme al cual cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificados o revocados por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento, aun cuando la parte interesada no lo hubiere hecho valer oportunamente. en consecuencia, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por J. JESÚS TORRES PALAFOX.DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES."

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