J. Jesús Núñes Mejía

Expediente 688/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
688/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • J. Jesús Núñes Mejía
  • Fge Fiscalía Estado de Michoacán de Ocampo, Morelia

Actuaciones

  1. Principal

    En veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un oficio registrado con el folio 2437, en los autos del juicio de amparo 688/2022. Conste.********************Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de febrero de dos mil veintitrés.********************Recepción de oficio. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo; atento a su contenido, y como lo solicita, acúsese recibo del oficio 8015, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, al que acompañó testimonio autorizado de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dentro del conflicto de competencial 30/2022, en la cual se declaró al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Mayra Zendejas Rivera, apoderada jurídica de J. Jesús Núñez Mejía, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, y otra autoridad.********************Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.********************En esas condiciones, se instruye al actuario respectivo, que una vez que remita el oficio de la presente determinación, a la superioridad, de manera inmediata recabe el acuse de recibo correspondiente, subiendo el mismo al expediente electrónico.********************Finalmente, devuélvase el presente juicio al archivo definitivo.********************Cúmplase.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.

  2. Principal

    Cuenta. En quince de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta la secretaria encargada del despacho, con un oficio registrado con el folio 16105, en los autos del juicio de amparo 688/2022. Conste. ********************Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de diciembre de dos mil veintidós.********************Resolución del conflicto competencial. Téngase por recibido el oficio signado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, al que acompaña testimonio autorizado de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dentro del conflicto de competencial ********************/2022, en la cual se declaró al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por promovido por ********************, apoderada jurídica de ********************, contra actos del Fiscal General del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo y otra autoridad; Acúsese recibo a la superioridad.********************Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************Valoración. En términos del artículo 21 inciso d) , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. ********************De conformidad con el artículo 21 párrafo segundo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************De conformidad con el referido artículo una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, destrúyase el presente cuaderno, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************Notifíquese, y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el oficio, proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, en su atención, se le tiene informando que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con asiento en dicha ciudad, mismo que se registró con número 1137/2022. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, quien da fe.

  4. Principal

    Cuenta. En diez de noviembre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta al juez, con una demanda y anexos, misma que se registró bajo el folio 14700, en los autos del juicio de amparo 688/2022. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de noviembre de dos mil veintidós. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. RECEPCIÓN DE AUTOS. Por recibido el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, dentro del juicio de amparo I-1137/2022-Y, de su índice, promovido por Mayra Zendejas Rivera, apoderada jurídica de J. Jesús Núñez Mejía, contra actos del Fiscal General del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo y otra autoridad, en razón a que el titular de dicho órgano jurisdiccional estimó carecer de competencia legal para conocer de la misma, por razón de territorio. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 688/2022. 2. NO SE ACEPTA COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito no acepta la competencia planteada. En el caso, la autoridad declina la competencia a este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por Mayra Zendejas Rivera, apoderada jurídica de J. Jesús Núñez Mejía, argumentando que los actos reclamados tienen ejecución material en este circuito, pues refiere que la parte quejosa señala que reclama actos futuros, probables o inciertos, atribuidos a integrantes de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán, en el domicilio de la parte quejosa, que se ubica en Melchor Ocampo Sur, número 128 A, colonia La Trasquila en Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, y lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto transcrito se desprende que existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor compresión técnica se puntualizan a continuación en el orden siguiente: La primera regla nos dice que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En el último supuesto se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda de amparo. Ahora, siguiendo los lineamientos expuestos, en primer término, se debe acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, se debe verificar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y, finalmente, debe determinarse, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta aplicable para resolver el presente asunto. Así, es menester puntualizar que la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. Con base en esa premisa, una decisión jurisdiccional implica un principio de ejecución material cuando, ante el incumplimiento del obligado, sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos judiciales dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre lugar en la realidad. Dichas reglas resultan útiles para examinar el carácter procesal del acto reclamado por la parte quejosa, misma que como el propio quejoso lo señala, es futuro e incierto. Es así, ya que el quejoso señala actos reclamados futuros e improbables, a fin que se les requiera a las responsables informen si existe algún proceso o alguna acción en su contra a fin de hacer valer los medios que estime convenientes, por lo que las autoridades pueden pronunciarse en un sentido o en otro; es decir, puede o no existir algún procedimiento en contra del quejoso. De ahí que no sea dable, cuando menos en este momento determinar si los actos tendrán ejecución o no, por lo que no es dable tomar en consideración el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues no existe certeza que el acto vaya a tener ejecución, ni menos aún si el mismo se ejecutara en el domicilio que señala el quejoso. Consecuentemente, no sólo no se comparte que los actos reclamados tengan ejecución material, y por ello, que se actualice el primer párrafo del numeral 37 citado, ya que éste se refiere a aquellos actos que precisan de ejecución material, lo que en la especie no se tiene. No se soslaya que el quejoso refiere en sus antecedentes diversas circunstancias con un inmueble ubicado en Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, lugar en el que ejerce jurisdicción este Órgano de Control Constitucional; empero, solo hace alusión al referido predio, a fin de dar los antecedentes del por qué señala los actos reclamados; por lo que ello, no implica que el acto reclamado vaya a tener ejecución o no en ese lugar, pues hasta este momento se desconoce la existencia de algún acto dictado en su contra. Puntualizado lo anterior, cabe sostener, los actos futuros, probables o inciertos, atribuidos a la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, no son de los que por su naturaleza conlleven una ejecución material, pues no se advierte la imposición u orden que implique alguna consecuencia que se traduzca en ejecución material del acto reclamando. Por tanto, el acto reclamado, contrario a lo sostenido por el Juez declinante, en opinión del que resuelve no constituye una determinación que amerite ejecución material y, por tanto, se debe atender a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto señala que es competente para conocer del juicio de amparo de que se trata, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo asentado, se cita la diversa jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribirá a continuación: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 37, y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado no acepta la competencia planteada y se ordena devolver el juicio de amparo al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, para los efectos legales a que haya lugar; solicitándose atentamente el acuse de recibo de estilo y tenga a bien informar el pronunciamiento que recaiga al presente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Cúmplase. A

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