J. Jesús Pardo García

Expediente 9/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
9/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • J. Jesús Pardo García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el secretario certifica: que el plazo de diez días con que contaba la parte quejosa para recurrir la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio, transcurrió del dos al quince de marzo del año en curso, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho, toda vez que fue notificada en veintiocho de febrero próximo pasado. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe.********************Con lo anterior, y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de marzo de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente:********************1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se advierte que no fue impugnada la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ********************2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como que las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. ********************2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************2.2. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.********************Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Abel Jonapa García, quien da fe.

  2. Principal

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las doce horas con cincuenta y nueve minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria María Teresa Torres Espinoza, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 9/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado sus labores acordes al Acuerdo General 1/2022. Posteriormente, da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta al Juez con las pruebas ofertadas por el quejoso en su escrito de demanda, consistentes en las documentales que adjunto; la presuncional en su doble aspecto, legal y humana y la instrumental de actuaciones. Así como, con la documental exhibida por la autoridad responsable recibida en auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidos y desahogados los medios de convicción en cita, en atención de su naturaleza. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que la Agente del Ministerio Público adscrita a este Órgano de Control Constitucional no emitió pedimento ministerial; mientras que las partes fueron omisas en expresar alegatos. A lo anterior el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado y al resto de las partes por precluido su derecho de exponer alegatos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la resolución correspondiente, lo que se hace a continuación.SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 9/2022, promovido por J. Jesús Pardo García, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el once de enero de dos mil veintidós (fojas 3 a 6), en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, J. Jesús Pardo García, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que a continuación se describen: "III.- LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: Considero que le reviste el carácter al C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la omisión de designar al profesional del derecho que deba fungir como Presidente de la Junta Especial Número Nuevo de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Apatzingán, Michoacán". El promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 5°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. El once de enero de dos mil veintiuno, se turnó la demanda de que se trata a este órgano de control constitucional, y en proveído de esa data (fojas 30 a 34), se registró con número de expediente 9/2022; se admitió a trámite; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que compete al Fiscal de su adscripción; se precisó que dada la naturaleza del acto reclamado no existía tercero interesado y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos con ejecución en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: Del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo: La omisión de designar al profesionista que deba fungir como Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo. TERCERO. CERTEZA DE LA OMISIÓN RECLAMADA. Es cierta la omisión reclamada al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, pues si bien, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, al rendir el informe justificado en representación de aquel (foja 42), negó la omisión que se reclamó. Sin embargo, expuso que dicha negativa se debía a que el uno de febrero del de mil veintidós, el Gobernador de Michoacán de Ocampo, nombró Presidente de la Junta Especial Número 9, de Apatzingán. De lo que se obtiene que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (once de enero de dos mil veintidós), existía la omisión reclamada; por lo que se tiene por cierta. Es aplicable, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. Los actos reclamados son de carácter omisivo; por tanto, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo mientras subsista la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, entonces, teniendo en cuenta que dicha conducta no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, la promoción del juicio de amparo contra actos que involucren omisiones de las autoridades, no se encuentran sujetos al término genérico que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis III.5º.C.21 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia". QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respalda lo sostenido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Este órgano de control constitucional, advierte de oficio que, respecto de la omisión reclamada al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. La causal de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Es aplicable dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Como se precisó, el quejoso, reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, la omisión de designar al profesionista que deba fungir como Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Al respecto, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, al rendir el informe justificado en representación del Gobernador responsable (foja 41), negó la omisión que se reclamó. Refirió que, el uno de febrero del de mil veintidós, el Gobernador de Michoacán de Ocampo, nombró Presidente de la Junta Especial Número 9, de Apatzingán. Con la finalidad de acreditar sus afirmaciones, exhibió copia certificada del nombramiento otorgado a Guillermina Hernández Arteaga, como la Presidente de la Junta Especial Número 9 de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, documental que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene el carácter de prueba plena. Y, del que se desprende que la citada profesionista a partir de la fecha de su nombramiento queda a cargo de la referida Junta Especial, para que atienda todos los asuntos de esa oficina y desempeñe los cargos que las leyes le atribuyan. El nombramiento de referencia, se inserta a la presente sentencias y es del tenor siguiente: En esas condiciones, es inconcuso que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es evidente que la omisión de designar al profesional en derecho que deba fungir como Presidente de la Junta Especial Número 7, en Apatzingán, cesó con el nombramiento de uno de febrero de dos mil veintidós. De modo que al haber cesado los efectos del acto reclamado que se analiza, se hace innecesario el análisis de la constitucionalidad de la omisión reclamada, pues la posible afectación causada al impetrante de garantías ha desaparecido como si se le hubiera concedido el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, no siendo factible que esa actuación judicial reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. Ello es así, toda vez que los alcances por los que se podía otorgar la protección constitucional debían delimitarse en función del acto reclamado (omisión de designar una Presidente de la Junta Especial Número 9 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán) y en consideración a que el uno de febrero del dos mil veintidós, se subsanó la omisión reclamada, es evidente que la afectación quedó sin efectos, y por ende, también la lesión alegada a la esfera jurídica del solicitante de amparo. Cobra aplicación, la tesis 2ª XCIX/2018 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "OMISIONES LEGISLATIVAS ABSOLUTAS. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN LA AUTORIDAD LEGISLATIVA EMITE LA NORMATIVIDAD QUE SE ENCONTRABA OBLIGADA CONSTITUCIONALMENTE A EXPEDIR. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo prevé que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causal de improcedencia está determinada por la imposibilidad de alcanzar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, consistente en obtener la reparación constitucional, lo cual se logra, cuando el acto es de carácter negativo, constriñendo a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumplir lo que le era constitucionalmente exigible. Por tanto, si la omisión legislativa absoluta consiste en un acto de carácter negativo por el incumplimiento del deber de legislar o de proveer en la esfera administrativa un debido acatamiento, es lógico que si durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad cumple con el mandato constitucional a que estaba sujeta, expidiendo la normatividad correspondiente, deja de existir el acto omisivo reclamado y, en consecuencia, al cesar sus efectos, debe sobreseerse en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo." En mérito de las anteriores consideraciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, se sobresee en el presente juicio de garantías, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, por identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo interpretada, con los numerales 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo Vigente, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 71, tomo VI, noviembre de 1997, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por J. Jesús Pardo García, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el correlativo quinto. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Teresa Torres Espinoza, quien da fe.

  3. Principal

    En veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, registrado bajo el folio 2210. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente:********************Incorpórese al sumario el oficio y anexo que remite la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual, en atención al oficio 2302/2022 que contiene el proveído de nueve de febrero del año en curso, remite la información solicitada, adjuntando al efecto la constancia correspondiente.********************De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.********************Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Abel Jonapa García, quien da fe.

  4. Principal

    En veintidós de febrero de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 2073. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de febrero de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente:********************Agréguese a los autos para que obre como corresponde, el oficio signado por el Subdirector de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo; en su atención, dígasele al oficiante que no ha lugar a proveer de conformidad a lo solicitado, virtud a que en auto de diecisiete de febrero del año en curso, se tuvieron por recibidas las constancias requeridas a la autoridad que representa y se acordó lo conducente, por lo tanto, deberá estarse a lo proveído en el auto de referencia.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación

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