J. Jesús Manzo Mendoza
Expediente 532/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- J. Jesús Manzo Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
CAUSA EJECUTORIA. En virtud de que no fue impugnada la sentencia en la que se negó el amparo, con fundamento en el artículo 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ORDEN DE ARCHIVO Y SE RESERVA ENVÍO FÍSICO DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b)1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, por lo que deberá transferirse, una vez trascurrido el término de tres años, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación en los libros de gobierno. 1 "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y" CAUSA EJECUTORIA Y ARCHIVO. MARIA GUADALUPE MATEO MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e5.e4 03/07/23 16:28:49 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En resolución interlocutoria de quince de diciembre de dos mil veinte, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por tanto, el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c)2, del referido Acuerdo General. 3.1. De conformidad con el artículo 21, párrafo segundo3, del citado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del referido acuerdo4, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. DEVOLUCION DE CONSTANCIAS. Toda vez que resulta innecesaria la permanencia de las constancias que envió como justificante de su informe el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán, consistente en un tomo de pruebas relativo a los autos del juicio especial oral número 357/2020, devuélvanse a través del servicio
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Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee las determinaciones siguientes: 1. Se agrega como constancia. Agréguese a los autos únicamente como constancia el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual adjunta el oficio remitido por el Juez Segundo en Primera Instancia en Materia Civil en Los Reyes, Michoacán; atento a su contenido, agréguese únicamente como constancia, toda vez que por auto de veintisiete de enero de este año, se recibieron físicamente las copias certificadas del juicio especial oral 357/2020 de su índice. 2. Razón actuarial. Vista la razón suscrita por la actuaria judicial adscrita emitida el pasado veintinueve de marzo, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar la sentencia dictada el pasado veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a la tercera interesada Norma Barajas Farías. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena practicarle la notificación de la sentencia dictada en el presente asunto, así como las subsecuentes notificaciones, aún las personales, por lista de acuerdos que se publica en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación; para el efecto legal conducente, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Notifíquese por medio de lista a la tercera interesada. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo el propio Consejo; y en esos mismo términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se agrega como constancia. Agréguese a los autos únicamente como constancia el oficio suscrito por el Encargado de la Oficialía de partes y Turno de los Juzgados Civiles del Distrito Judicial de los Reyes, Michoacán, mediante el cual informa el turno del despacho 333/2020 orden 896/2020, toda vez que la información a que se refiere ya obra en autos y a la fecha ya se dictó sentencia en el presente asunto. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO A LA PARTE TERCERA INTERESADDA LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTISÉIS DE FEBBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: resolver el juicio de amparo 532/2020, promovido por J. Jesús Manzo Mendoza, a través de sus representantes legales1, por alegada violación de los artículos 1o. y 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Los Reyes, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados2. El quejoso reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Los Reyes, Michoacán, el acuerdo de seis de noviembre de dos mil veinte, dentro del expediente 357/2020, sobre convivencia definitiva de la menor L.A.M.B. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal;3 en virtud de que el acto reclamado fue emitido en Los Reyes, Michoacán, correspondiente a la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Los Reyes, Michoacán. Certeza que se corrobora con las documentales que al efecto exhibió, las cuales poseen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. 1 Por escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad. 2 Esta precisión se realiza con fundamento en el 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". 3 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. MARIA GUADALUPE MATEO MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e5.e4 03/07/23 16:28:49 CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no invocaron causales de improcedencia, ni este juzgado advierte la existencia de alguna que amerite su estudio, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los motivos de inconformidad que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo4. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis del acto reclamado, se precisan los siguientes antecedentes: 1. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán, admitió a trámite la demanda que sobre convivencia con la menor L.AM.B., presentó J. Jesús Manzo Mendoza, frente a Norma Barajas Farías. 2. En auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, tuvo a la parte demandada dando contestación a la demanda. 3. En proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, decretó régimen de convivencia provisional entre la menor y el quejoso, a través de los medios de comunicación disponibles, al considerar que el progenitor trabaja en la ciudad de Tijuana, Baja California, y que constituye un hecho notorio que la Organización Mundial de la Salud, declaró a la pandemia generada por el virus SARS-cOV2 (COVID-19), como una emergencia de salud pública y emitió una serie de recomendaciones para su control, por lo que consideró un riesgo para la niña el decretar las convivencias de manera personal. Determinación que constituye el acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio de fondo. El peticionario de manera esencial, refiere que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado viola en su perjuicio los derechos humanos establecidos en los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, pues al determinar el régimen de convivencia, los elementos que tomó en consideración resultan insuficientes para que se le restrinja a la menor el derecho de convivir personalmente con su padre. Que los medios 4 tal como se observa de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." MARIA GUADALUPE MATEO MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e5.e4 03/07/23 16:28:49 electrónicos, por muy avanzados que sean, jamás podrán suplir la presencia física de padre e hijos, ya que lejos de unirlos los separan, pues a través de ellos, jamás se podrá inculcar reglas y respecto hacía los menores. Que si bien las autoridades sanitarias nacionales, con motivo de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV2 (COVID- 19), implementaron una serie de recomendaciones para su control, como el resguardo domiciliario, entre otra serie de recomendaciones; sin embargo, son sus propios padres los más interesados de que la menor no se contagie del virus de referencia, pero también de que ella tenga un sano e integral desarrollo conviviendo, no solo de manera virtual sino física, cumpliendo con las recomendaciones sanitarias recomendadas. Que aun cuando la medida sea de manera provisional, durante la tramitación del juicio, con ella se les priva a la menor, del derecho de que su padre la visite y conviva con ella de manera personal, y al quejoso, del derecho que tiene de cumplir a cabalidad con la obligación que tiene de visitar y de convivir de manera personal con su hija menor. Motivos de inconformidad que resultan infundados. Respecto del tópico del interés superior del menor, el Máximo Tribunal del País, ha determinado, lo siguiente: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fijó que el interés superior del niño es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores previstos en el artículo 4o. Que es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. No sólo es mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas. Determinó que el interés superior del niño implica entre otras cosas considerar aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Que el interés superior del menor es ajeno al interés particular del progenitor que lo representa, ya que cuando se cuestionan los derechos del menor, como son alimentos y régimen de convivencia, solo atañen al beneficio del niño y no a los de su representante, ya que esos derechos atienden a su MARIA GUADALUPE MATEO MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e5.e4 03/07/23 16:28:49 buen desarrollo tanto físico como moral con un crecimiento sano y armonioso. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 25/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO"5. Por otra parte, la mencionada Primera Sala del Máximo Tribunal del país, ha sostenido que la directriz prevista expresamente en el artículo 4o. constitucional, implica que el desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Asimismo indicó que en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los derechos humanos de algún menor. Es aplicable la jurisprudencia 18/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: "INTERÈS SUPERIOR DEL NIÑO. SU FUNCIÒN EN EL ÀMBITO JURISDICCIONAL"6. En tanto, el Pleno del Máximo Tribunal del País, al emitir la tesis P. LXVIII/20097, determinó que el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. 5 Publicada en la página 334, libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: INTERÈS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". 6 Publicada en la página 406, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "INTERÈS SUPERIOR DEL NIÑO. SU FUNCIÒN EN EL ÀMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño, es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión". 7 Visible en la página 6, del tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, número de registro 165826, del rubro: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. MARIA GUADALUPE MATEO MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e5.e4 03/07/23 16:28:49 Es ese contexto, la protección al derecho a la salud de las menores, no sólo se justifica por su situación de mayor vulnerabilidad, sino también por el interés específico de la sociedad de velar porque alcancen su pleno desarrollo. De ahí que, el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera prioritaria en la toma de alguna decisión que la involucre, por lo que se deberá evaluar y ponderar las posibles consecuencias a fin de salvaguardar su interés superior, en el particular, la salud. Ahora, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el once de marzo de dos mil veinte la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 debían calificarse como una pandemia, razón por la cual hizo "un llamamiento a los países para que adopten medidas urgentes y agresivas". En el ámbito del Poder Ejecutivo Federal se adoptaron las siguientes acciones: El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos emitió el Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de marzo de dos mil veinte8. El Consejo de Salubridad General emitió el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID19), mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del treinta de marzo de 20209. El Secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS- CoV2, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo de dos mil veinte10. 8 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/202, visualizado el doce de noviembre de dos mil veinte. 9 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/202, visualizado el doce de noviembre de dos mil veinte. 10 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/202, visualizado el doce de noviembre de dos mil veinte. MARIA GUADALUPE MATEO MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e5.e4 03/07/23 16:28:49 Asimismo, constituye un hecho notorio que derivado de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID 19) continúa en aumento el número de contagios en el Estado de Michoacán, como se advierte de la página de gobierno del Estado (covid-19 Michoacán) el estatus de la entidad, al nueve de noviembre del año en curso, que la totalidad de casos positivos confirmados en la ciudad fueron 43,999 casos confirmados11. En ese orden de ideas, atendiendo al interés superior de las niñas, en el particular el de la salud, y tomando en consideración la situación actual de la pandemia derivada del virus SARS-CoV2, se estima acertada la determinación del Juez responsable al decretar la convivencia entre la menor y su progenitor mediante el auxilio de los medios electrónicos o cualquier otro medio que permita mantener y fomentar la relación paterno filial, empero, sin infringir las normas que deben observarse con motivo de la emergencia sanitaria, tales como permanecer en casa y mantener la sana distancia, para evitar la propagación del patógeno en cuestión. Sin que la anterior determinación, infrinja el derecho de convivencia, ya que este se refiere a cualquier forma de comunicación humana, con la finalidad de estrechar los lazos familiares, misma que puede realizarse de diversas maneras, atendiendo a cada caso en particular. De ahí que, si bien, por regla general es un derecho de las niñas a tener convivencia con su progenitor, también lo es que dicho derecho puede suspenderse cuando exista peligro para la menor, como en el caso se actualiza, ya que debido a la declaratoria de pandemia generada por el virus SARS-Cov2 (COVID 19), se emitieron una serie de recomendaciones, entre ella, la sana distancia y el confinamiento. Así como, si bien la convivencia entre la menor y el padre, representa un derecho para ambos, no debe perderse de vista, que ello, también conlleva un deber, ya que ese régimen de convivencia, más que satisfacer un derecho del padre, es un beneficio de la menor, por lo que la misma puede restringirse o suspenderse cuando el interés superior de la menor así lo manda. Es de aplicarse a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que 11 https://covid19.srs.care/#/michoacan, visualizado el dos de febrero de dos mil veintiuno. MARIA GUADALUPE MATEO MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e5.e4 03/07/23 16:28:49 título: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. MODALIDADES PARA SU IMPLEMENTACIÓN" 12. Aparte, si bien es verdad como lo refiere el quejoso, son los propios padres, los más interesados en el bienestar de la niña y los que toman las medidas necesarias para su protección; sin embargo, dada la pandemia de referencia y tomando en consideración que el quejoso expresó trabajar en la ciudad de Tijuana, Baja California, es evidente que tanto, en su lugar de trabajo, como en su traslado a la ciudad de Los Reyes, Michoacán, se encuentra expuesto a contraer el virus SARS-Cov2 (COVID 19), por lo que de permitirse la convivencia de manera personal con la menor, implica poner en riesgo su salud. Además, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para la protección de los infantes contra cualquier afectación aún y cuando dicha afectación sea sólo de manera probable, pues atento al interés superior de la menor, no es dable esperar a que sufra un menoscabo. Por ello, si en el particular, existe la posibilidad de que la menor se vea afectada en su salud, fue correcta la determinación del Juez responsable de decretar la convivencia a través de medios electrónicos, pues con dicha determinación no se le está impidiendo la misma, sino que, atendiendo a la nueva normalidad y el avance tecnológico, el régimen de convivencia puede ser fijado a distancia y es la opción más idónea para no colocar en un posible estado de riesgo a la niña. Sin que se inadvierta, que las autoridades sanitarias, además del resguardo domiciliario, realizaron una serie de recomendaciones que refiere el quejoso, para evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID); empero, esas recomendaciones, se deben de realizar de manera conjunta con el confinamiento, así como, por las personas que tengan la necesidad imperiosa de salir a su fuente de trabajo o diverso lugar. 12 visible a foja 1036, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. MODALIDADES PARA SU IMPLEMENTACIÓN. El derecho de visitas y convivencias se refiere a cualquier forma de comunicación humana que tiende a estrechar los lazos familiares, por ello, al implementar el régimen respectivo, el juzgador debe resolver acorde con las circunstancias de cada caso, para lo cual cuenta con una gama muy amplia de posibilidades para promover la convivencia, la cual puede darse mediante una carta o un telegrama, una llamada telefónica, un correo electrónico, una videoconferencia, una reunión o una estancia por horas, días o semanas, pues lo que trasciende es que todas son formas de convivencia que propician el trato humano, aunque sin lugar a dudas ello ocurre con mayor intensidad cuando las personas directamente se ven, se dan afecto y se conocen mejor; debiendo prevalecer siempre en las modalidades que se adopten, el derecho de los menores, conforme a su interés superior. MARIA GUADALUPE MATEO MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e5.e4 03/07/23 16:28:49 Máxime que en forma alguna se advierte la imposibilidad, de que por el momento sea a través de los medios electrónicos que el progenitor le inculque a la niña los valores que refiere. Sirve de sustento a lo anterior, lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los autos relativos al amparo directo 3799/2014, en sesión de veinticinco de febrero de dos mil quince. En esa tesitura, al resultar infundados los motivos de disenso analizados, lo procedente es negar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión. Finalmente, resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formuló el representante especial de la menor L.A.M.B., atento al sentido del presente fallo y por las razones que se dan la jurisprudencia 27/94, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: Único. La justicia de la Unión no Ampara ni Protege a J. Jesús Manzo Mendoza, contra el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán, en los términos expuestos en la consideración séptima de esta sentencia. Notifíquese, y publíquese también en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electr
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