J. Jesús García Hernández
Expediente 421/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 421/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jueza Mixta de Primera Instancia, Sahuayo, Michoacán de Ocampo
- J. Jesús García Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial de cuenta y toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia dictada en el presente asunto que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. En consecuencia, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En los autos del cuaderno incidental se aprecia que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En esa virtud, de conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, dado que resulta innecesaria la permanencia de las constancias remitidas que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, como justificante de su informe solicitado en autos, se ordena su devolución, previa copia del acto reclamado se deje en autos. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Informes justificados, Emplazamiento de la parte tercero interesada; y, Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales que la Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, anexó a su informe de ley. A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que la parte tercero interesada formuló sus alegaciones y que las demás partes no ejercieron tal derecho; a lo que el Juez acuerda ténganse a la tercero interesada presentando sus alegatos y a las demás partes por perdido su derecho para hacerlo, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 421/2022, promovido por J. Jesús García Hernández, contra actos de la Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Sahuayo, Michoacán de Ocampo; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el cuatro de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y turnado en esa misma data al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, J. Jesús García Hernández, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la autoridad que hizo consistir en IV. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. La C. Jueza Mixta de Primera Instancia de la ciudad de Sahuayo, Michoacán, con domicilio en la calle JOSÉ SÁNCHEZ VILLASEÑOR N 358 trescientos cincuenta y ocho, de la colonia popular de la ciudad de Sahuayo, Michoacán. El Secretario del Juzgado Mixto de Primera Instancia de la ciudad de Sahuayo, Michoacán con domicilio JOSÉ SÁNCHEZ VILLASEÑOR N° 358 trescientos cincuenta y ocho, de la colonia popular de la ciudad de Sahuayo, Michoacán. V. EL ACTO RECLAMADO. De las autoridades responsable y ejecutoras reclamo el auto de fecha 17 diecisiete de junio del año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario familiar número 622/2021 tramitado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia la ciudad de Sahuayo, Michoacán, sobre divorcio incausado, en contra del quejoso, cuyo juicio se encuentra viciado, constituyendo un atentado a los derechos de legalidad y seguridad en mi perjuicio. La promovente expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 4, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, señaló la existencia del tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Radicación y desecha parcialmente. En auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el número 421/2022, se desechó parcialmente la demanda de amparo, respecto del secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, al estimarse que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1 fracción I, 5° fracción II y 108 fracción III, todos de la Ley de Amparo, esto es, por no resultarle el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Admisión. Por otra parte, este órgano de control constitucional, admitió a trámite el libelo constitucional, respecto de la diversa autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, requirió el informe de ley, ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que una vez realizados los trámites de ley, se llevó a cabo en esta misma data al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, la jurisprudencia 40/20001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama De la Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Sahuayo, Michoacán de Ocampo. El acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario oral familiar 622/2021, sobre Divorcio sin expresión de causa, promovido por María Luisa Sánchez Robledo, contra J. Jesús García Hernández. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, al momento de rendir su informe de ley, reconoce la existencia del acto que se le reclama. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó la responsable a su informe, consistente en las que integran juicio ordinario oral familiar 622/2021, sobre Divorcio sin expresión de causa, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º., atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos impugnados, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Realizado el examen oficioso de las constancias, se desprende que no se actualiza causa de improcedencia alguna; tampoco, las partes alegaron alguna de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer SEXTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para dar mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario hacer una narración de los antecedentes más destacados del acto reclamado, que se advierten de las constancias que remitió la autoridad responsable El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, María Luisa Sánchez Robledo, presentó demanda sobre divorcio sin expresión de causa frente a J. Jesús García Hernández, así como el pago de alimentos. Demanda que correspondió conocer a la Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, quien la radicó con el número 622/2021 y en auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, previo cumplimiento de prevención de la parte actora, la admitió a trámite, ordenó el emplazamiento de la parte demandada y fijó como pensión alimenticia provisional a favor de la allá actora la cantidad de $7,887.19 siete mil ochocientos ochenta y siete pesos 19/100, de forma mensual, consistente en un salario y medio mínimo diario. En acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, la juez natural, tuvo al aquí quejoso, dando contestación a la demanda instaurada en su contra. En proveído de cinco de mayo de dos mil veintidós, previa petición de la parte actora, la juez de instancia, ordenó al actuario de su adscripción a fin de que se constituyera en legal y debida forma en el domicilio del deudor J. Jesús García Hernández, y lo requiriera del monto de las mensualidades vencidas de la pensión alimenticia correspondiente a los meses de febrero a abril de dos mil veintidós. En acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, la Juez responsable, tuvo al allá demandado ofreciendo como garantía de alimentos 650 seiscientos cincuenta pares de calzado nuevo color dorado "cañas" con un valor aproximado de 195,000.00 ciento noventa y cinco mil pesos, con lo que ordenó dar vista a la parte actora. En auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, la responsable tuvo a la allá actora, inconforme con la garantía ofrecida por el aquí quejoso y proponiendo como garantía de pago de alimentos a su favor, la casa ubicada en la calle República de Chile número mil ciento uno, esquina con la calle Colombia en el fraccionamiento J. Trinidad Barragán, con lo que ordenó dar vista a la parte demandada. En acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós, la juez natural determinó que después de analizar las manifestaciones vertidas por el fiscal adscrito a ese Tribunal y en términos del numeral 257 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, fijaba como garantía del pago de alimentos a favor de la actora la casa ubicada en la calle República de Chile número mil ciento uno, esquina con la calle Colombia en el fraccionamiento J. Trinidad Barragán. Esta última determinación es la que constituye el acto reclamado. SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. El promovente, refiere en sus conceptos de violación, que: Que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, virtud a que el procedimiento se encuentra viciado, ya que las responsables no son imparciales al momento de resolver el ofrecimiento hecho por el quejoso, con el cual cumple con la garantía de alimentos provisionales; empero, contrario a ello, admitió un excesiva garantía que pide la parte actora, con lo que afecta su único patrimonio, como lo es el inmueble ubicado en ubicado en la calle República de Chile número 1101 esquina Colombia del fraccionamiento J. Trinidad Barragán, de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, ya que no cuenta con más propiedades. Que la responsable no acordó su petición respecto que se le reivindique a su domicilio, pues vive en un hotel, con lo que tratan de privarlo de los derechos de legalidad y seguridad en su perjuicio, pues su determinación en forma alguna se encuentra debidamente fundada y motivada. Motivos de disenso que resultan infundado. En primer término, es necesario traer a colación el contenido del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. El referido numeral constitucional contiene, substancialmente, el reconocimiento del derecho fundamental a la seguridad jurídica, que se traduce en mandatos formales dirigidos, fundamentalmente, a la actuación del Estado y de los órganos que lo integran, que implican la sujeción de éstos a determinadas reglas, con el fin de preservar las prerrogativas de los gobernados. Además, el primer párrafo del citado artículo constitucional contiene las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación. En cuanto a la obligación de toda autoridad de fundar y motivar sus actos, tiene como finalidad que el afectado pueda conocer con precisión de qué autoridad proviene, así como el contenido y las consecuencias. Al respecto, la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en forma reiterada que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que éste debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, es decir, que se cite la ley que prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad. En cambio, la motivación debe entenderse en el sentido de exponer las razones de hecho que actualizan la hipótesis normativa; de tal suerte que la motivación implica que se citen las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente. Además, debe existir adecuación entre las normas aplicables y los motivos aducidos, es decir, que se configuren las hipótesis normativas previstas en la ley. En el caso, la autoridad responsable, al emitir el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós la Juez de Instancia, determinó: Sahuayo de Morelos, Michoacán, a 17 diecisiete de junio del año 2022 dos mil veintidós. Revisadas que fueron las constancias que integran el presente asunto y vistas las propuestas realizadas por las partes, así como la manifestación vertida por el Fiscal adscrito a este Tribunal, mediante fecha 8 ocho de junio de 2002 dos mil veintidós, acordada con fecha 13 trece de junio de 2022 dos mil veintidós, este Tribunal determinar lo siguiente: Tomando en consideración en términos del artículo 257 del Código Familiar del Estado de Michoacán, la garantía para asegurar el debido cumplimiento y subsistencia de la obligación alimentaria, deberá ser probada por el juez de instrucción, según las circunstancias del caso, escuchando para ello la opinión del ministerio público, hipótesis esta última que a la fecha se ha actualizado; por ende, al existir en favor de la actora la presunción legal de necesidad inminente de alimentos acorde a lo previsto por el ordinario 452 del referido cuerpo normativo, y sin dejar pasar por alto que ambas partes son adultos mayores, por lo que operaria en favor de ambos presunción; sin embargo, revisadas que fueron las constancias que integran el presente asunto nos percatamos que la parte demandada J. Jesús García Hernández cuenta con más bienes inmuebles, con los cuales puede sustentar sus gastos de habitación, médicos y personales como se puede constatar de las constancias que obran a fojas de la 31 treinta y uno a la 29 treinta y nueve del expediente. De la que podemos concluir que hasta el momento existe evidencia suficiente para considerar que pese al estado de salud precario que refiere el demandado, sus circunstancias económicas son superiores a las de la actora María Luisa Sánchez Robledo de quien hasta este momento procesal, no se ha evidenciado que cuente con bienes registrados a su nombre, por lo que se estima que no se ocasionaría un perjuicio irreparable al señor J. Jesús García Hernández, al fijar como garantía de alimentos, la casa habitación ubicada en calle República de Chile número 1101 mil ciento uno, esquina con calle Colombia, fraccionamiento J. Trinidad Barragán de esta ciudad de Sahuayo, Michoacán Determinación que se estima ajustada a derecho, a saber Respecto al tema de alimentos, es necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concibe al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, de la adopción, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato En ese orden, los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. Tal obligación tiene como base la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar, exigiéndose entre éstas un deber recíproco de asistencia. Su reconocimiento como obligación jurídica, la procuración de alimentos trasciende a los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Es decir, es deber del Estado el vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios de vida suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. En la ley se ha previsto que tal deber de solidaridad lo tienen los integrantes del grupo familiar, entendiendo como parte del mismo, principalmente, a los hijos, padres, cónyuges y concubinos, así como, subsidiariamente, a los ascendientes y descendientes más próximos en grado. Los artículos 445 y 462 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, disponen: Artículo 445. Los cónyuges y concubinos están obligados a proporcionarse alimentos. El hombre está obligado a proporcionar alimentos a la mujer aún cuando no estén unidos en matrimonio o concubinato, derivado de una relación sexual consensuada entre ambos y la mujer esté embarazada. El presunto progenitor tendrá la obligación de proporcionar alimentos desde que la mujer tenga conocimiento de que está embarazada y hasta seis semanas posteriores al parto o al aborto natural que tuviera la mujer. Artículo 452. Los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y los adultos mayores, gozan de la presunción de necesitar alimentos De los numerales recién transcritos, establecen que los cónyuges, están obligados a proporcionarse alimentos; así como, que los adultos mayores gozan de la presunción de necesitar alimentos. En tanto, de los numerales 281, 284, 285, 286 y 257, se evidencia que Procede el divorcio voluntario por vía judicial, cuando los cónyuges por mutuo consentimiento así lo soliciten al juez de instrucción y acompañen un convenio que deberá contener las cláusulas descritas en el primer numeral transcrito. Entre las clausulas requeridas en el convenio de mérito, se encuentra la relativa a la cantidad que a título de alimentos, en caso de así acordarlo, un cónyuge debe pagar al otro durante y después del procedimiento, así como la forma de hacer el pago. Que deberá otorgarse garantía en términos del numeral 257 de la legislación en cita, que dispone que la garantía para asegurar el debido cumplimiento y subsistencia de la obligación alimentaria, deberá ser aprobada por el juez de instrucción según las circunstancias del caso, escuchando la opinión del ministerio público, pudiendo ser otorgada por cualquiera de los medios previstos por la ley sustantiva civil. En esa tesitura, si de las constancias que obran en autos, se evidencia que el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, María Luisa Sánchez Robledo, presentó demanda sobre divorcio sin expresión de causa frente a J. Jesús García Hernández, así como, el pago de alimentos y que la Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, a quien correspondió conocer de la misma, en auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, fijó como pensión alimenticia provisional a favor de la allá actora y a cargo del demandado, por la cantidad de $ 7,887.19 siete mil ochocientos ochenta y siete pesos 19/100, de forma mensual, consistente en un salario y medio mínimo diario y que después de revisar las constancias de autos, en proveído de diecisiete de junio del año en curso, determinó fijar una garantía para el pago de dichos alimentos, su resolución en forma alguna transgrede los derechos humanos que refiere el quejoso. Es así, ya que contra lo alegado por el quejoso, la juez de instancia sí tomó en consideración la salud de deudor; empero, sostuvo que a pesar de tal circunstancia, se evidenciaba hasta ese momento que el deudor J. Jesús García Hernández cuenta con más bienes que la acreedora, y con los cuales puede sustentar sus gastos de habitación, médicos y personales, tal como se demostraba de las constancias que obran a fojas de la treinta y uno a la treinta y nueve del juicio de origen. Lo que hasta al momento cuando menos de la emisión del acto reclamado, el quejoso no ha controvertido con las documentales o medios de prueba idóneos para ello. Además no debe perderse de vista que en el caso, de las constancias que obran en autos se advierte que el demandado no ha realizado ningún pago sobre la pensión alimenticia decretada a favor de la aquí tercero interesada. Por lo que ante el incumplimiento de tal obligación alimentaria, la juzgadora tal y como lo hizo debe procurar emplear los medios de aseguramiento establecidos en la ley, para garantizar la eficacia del pago de alimentos decretado; por lo que en forma alguna, se estima contraria a derecho el auto reclamado. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 484, Novena Época, registro 172449, de rubro y texto siguientes PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL FIJADA EN JUICIOS ORDINARIOS DE DIVORCIO NECESARIO. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE SU PAGO, EL JUEZ DEBE EMPLEAR LOS MEDIOS DE ASEGURAMIENTO PREVISTOS EN LA LEY Y NO IMPONER ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL DISTRITO FEDERAL). De los artículos 4.95, fracción II, y 4.143, del Código Civil del Estado de México, y de los correlativos 282, fracción II, y 317, del Código Civil para el Distrito Federal, se advierte que en los juicios ordinarios de divorcio necesario, al admitir la demanda, el Juez puede fijar y asegurar las cantidades que por concepto de alimentos el deudor alimentario debe dar al cónyuge acreedor y a los hijos, según corresponda; y, asimismo, para tal efecto establecen los siguientes medios de aseguramiento: hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante para cubrirlos o cualquier otra forma de garantía que sea suficiente a juicio del Juez. En congruencia con lo anterior, cuando el deudor obligado incumple con el pago de la pensión alimenticia provisional fijada en un juicio de divorcio necesario, el juzgador debe procurar emplear los referidos medios de aseguramiento, pues éstos tienen como finalidad, por un lado, garantizar la eficacia de la determinación judicial conforme a la cual se fija la mencionada pensión y, por otro, cumplir con el objetivo de la obligación alimentaria, consistente en cubrir la necesidad perentoria de subsistencia de los acreedores alimentistas. Sin que obste a lo anterior el hecho de que los artículos 1.124, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y 73, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, autoricen al juzgador para imponer el arresto como medida de apremio a fin de hacer cumplir sus determinaciones, pues debe entenderse que las determinaciones judiciales a que se refieren estos preceptos legales son de índole procesal y, por ende, las medidas de apremio sólo pueden aplicarse tratándose del desacato a un mandato judicial que tenga que ver directamente con la tramitación del proceso, y no cuando se incumpla una medida cautelar como es el pago por concepto de pensión alimenticia provisional, cuya finalidad es hacer efectivo el derecho de los acreedores alimentistas mientras se resuelve en definitiva el juicio del que deriva. Además, ante la conducta renuente del deudor alimentario en el pago de la pensión aludida, la imposición de su arresto no es eficaz para satisfacer la necesidad de subsistencia de los acreedores alimentistas, quienes no obstante el arresto del deudor contumaz, quedarán en la misma situación apremiante Por lo anterior, se estima que la determinación reclamada, no es transgresora de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, ya que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada, virtud a que la Juez responsable, para decretar el aseguramiento del pago de alimentos a favor de la aquí tercero interesada, tomó en consideración la opinión del Ministerio Público y analizó las circunstancias del caso en particular, citando al respecto los numerales aplicables para sustentar su determinación y expresó las razones legales y humanas, por las cuales, estimó fijar dicha garantía para el pago de alimentos. Respecto a lo que refiere el quejoso, en torno a que la autoridad responsable fue omisa en proveer lo conducente a la reivindicación del inmueble materia de aseguramiento del pago de alimentos, resulta inatendible, pues con independencia de que no precisa, la data en que realizó tal petición a la juez natural, si dicho inmueble es la garantías del pago de alimentos, en forma alguna podría ser reivindicado del mismo. Por lo expuesto, al resultar infundados los conceptos de violación y por ende, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada por J. Jesús García Hernández. Finalmente, resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formuló la parte tercero interesada, atento al sentido del presente fallo y por las razones que se dan la jurisprudencia 27/94, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO Se precisa, que las tesis y jurisprudencias citadas emitidas con anterioridad a la reforma de diez de junio de dos mil once, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo; así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10), la cual establece "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a J. Jesús García Hernández, contra los actos reclamados a la Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, por las razones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria que autoriza y da fe. La licenciada Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, HACE CONSTAR: Que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio de amparo 421/2022, promovido por J. Jesús García Hernández, contra los actos reclamados a la Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, en el que se negó el amparo solicitado. Conste. La Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA: que el contenido de la presente sentencia coincide íntegramente con el documento firmado electrónicamente en el expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Conste. Secretaria, Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno.
- Principal
En uno de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: Que Raúl Archundia Vargas, cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que lo acredita como licenciado en derecho, no así Jesús Martín Castellanos Gudiño y María Elena Chaviez Castellanos, lo que se hace constar para los efectos legales conducentes; Con lo anterior y con un escrito recibido físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado bajo el folio 10281, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. COMPARECE TERCERA INTERESADA. Incorpórese a los autos el escrito signado por María Luisa Sánchez Robledo; en su atención, téngase a la tercera interesada, compareciendo al juicio y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta. 2. AUTORIZADOS. Por otro lado, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Raúl Archundia Vargas, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito que lo autoriza para ejercer la profesión de licenciado en derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos al resto de los profesionistas que menciona en su escrito. 3. ALEGATOS. Finalmente, se le tiene a la parte tercera interesada formulando alegatos para el efecto legal conducente, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: SE RECIBE OFICIO Visto lo de cuenta, téngase a la autoridad responsable Juez Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, desahogando el requerimiento de catorce de julio de dos mil veintidós y al efecto, remitiendo copia certificada del juicio ordinario familiar oral sobre divorcio sin expresión de causa de número ********************, de su índice; con lo que se ordena dar vista a las partes y nueva cuenta en la audiencia constitucional. Con las constancias de mérito, fórmese un tomo de pruebas, el cual queda bajo resguardo en la secretaría de acuerdos de este tribunal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL A fin de dar oportunidad a que transcurra el plazo legal a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de los autos, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional indicada en autos y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. De lo anterior, captúrese el registro correspondiente, en la agenda institucional que obra electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
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