J. Jesus Aguirre Gonzalez
Expediente 1003/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1003/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Jesus Aguirre Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos a virtud que de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia por cesación de efectos en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81 inciso d), y 86 , de la Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción I , del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho auto ha causado estado. Se precisa que el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del agente del ministerio público de la federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de las autoridades responsables, pues éste no les causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a las responsables, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE EN CINCO AÑOS. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia el mismo será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. DOCUMENTALES A DISPOSICIÓN DE PARTE QUEJOSA. Finalmente, advirtiéndose de las constancias que integran el expediente en que se actúa que la parte quejosa, adjuntó diversas documentales al presente juicio. Por tanto, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, previa copia simple que de los mismos exhiba, para el cotejo correspondiente, conforme al numeral 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia. En la inteligencia que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos seguirán la suerte del presente expediente. Se hace del conocimiento de dicha parte, que en el momento en que comparezca ante este juzgado a recibir dichas documentales, deberá hacerlo de preferencia en día viernes de las nueve a las trece horas, debidamente identificada con credencial oficial con fotografía, asentándose la razón de recibo correspondiente.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos se advierte que por ***, por conducto de su representante, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, demanda turnada el tres de diciembre del nombrado año, la cual se admitió a trámite el cuatro de diciembre siguiente, contra los actos reclamados a la dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato y del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México, los cuales hizo consistir en lo siguiente: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: 1.Del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, la inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, del título de concesión, a favor de ***, emitido por la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, y enviado desde el 08 de Junio de 2018, para su inscripción correspondiente, derivado de la solicitud de prórroga de fecha 10 de Noviembre del 2017, a la cual se le asignó el número de expediente 2416. 2. De la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, señalo como acto reclamado la omisión en notificar y entrega material, real y jurídica del Título de Concesión, a favor de ***, debidamente inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua, derivado de la solicitud de prórroga de fecha 10 de Noviembre del 2017, a la cual se le asignó el número de expediente 2416, y de la cual la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, enviado al Registro Público de Derechos de Agua el título de concesión, desde el 08 de Junio de 2018, para su inscripción correspondiente. Los cuales consideró violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 8.°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Con motivo de la admisión de la demanda, se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades responsables; y en atención a lo anterior, la licenciada ***, gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, rindió su informe justificado, reconociendo la certeza de los actos reclamados (fojas 34 a 38). Por su parte, el responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, al rendir su informe de ley, también aceptó la existencia de los actos reclamados, adjuntando diversas documentales como justificación al mismo (fojas 43 a 49). Documentales se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° y de las que se desprende que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, así como la de sobreseimiento contenida en el 63, fracción IV ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; y, Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Lo anterior es así, toda vez que de las referidas documentales, se advierte que en fecha trece de junio de dos mil dieciocho, fue inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México, el título de concesión número *** en favor del quejoso ***, con motivo de la resolución pronunciada por el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, en fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente número ***, en atención a la solicitud de prórroga formulada el diez de noviembre de dos mil diecisiete (título cuya omisión en registrarse en el Registro Público de Derecho de Agua, constituyó el acto reclamado). Determinación que le fue notificada a la parte quejosa por conducto de este tribunal federal en fecha catorce de enero de dos mil diecinueve (foja 51); de ahí que no es obstáculo el hecho de que la autoridad responsable no haya remitido la notificación correspondiente, para tener por demostrada la causal en comento. Es aplicable por analogía la jurisprudencia 2ª./J.36/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, página 469, deL rubro siguientes: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Con todo lo expuesto, es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados, toda vez que con la expedición del título de concesión expedido a favor del quejoso e inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México, notificado a dicho quejoso por conducto de este tribunal federal, es válido concluir que han desaparecido las transgresiones que por esta vía se impugnan. Consecuentemente, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Igualmente, es aplicable la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96 Sexta Parte, página 163, que reza: PETICIÓN, AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE. SOBRESEIMIENTO. Si lo que pretendió la quejosa era que la responsable le resolviera una petición respetando el artículo 8o. constitucional, y esta última lo hizo antes de fallar el juicio de amparo, entonces resulta correcta la sentencia que lo sobreseyó, por haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que importe que la petición se haya acordado meses después de formulada la demanda de garantías. De igual forma, resulta ilustrativa la tesis II.1o.C.T.217K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, página 313, de rubro y texto siguiente: INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo. Al haberse actualizado la causa de sobreseimiento analizada, resulta innecesario abordar el estudio de las invocadas en sus respectivos informes justificados por parte de las autoridades responsables, puesto que con independencia de que les asista o no razón, el sentido de la presente resolución no variaría. Sobre esto último, tiene aplicación la jurisprudencia 54/98, cuyos datos de localización son: Novena Época, Registro: 195744, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, materia común, página 414, que dispone: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Además, no causa ningún agravio a la parte quejosa, ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notaria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es la cesación de efectos del acto reclamado, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia y tesis aislada, esta última aplicada a contrario sensu, números 2a./J. 10/2003 y VIII.2o.25 P, de la Novena Época, sustentadas respectivamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado Del Octavo Circuito, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XVII, Marzo de 2003 y X, Noviembre de 1999, Páginas 386 y 1025, cuyo contenido reza lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO DECRETADO ANTES DE QUE SE CELEBRE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SIN CONSIDERAR ADEMÁS QUE UNA DE LAS RESPONSABLES ORDENADORAS NEGÓ EL ACTO RECLAMADO, DEJA SIN DEFENSA AL RECURRENTE.- Si del examen de las constancias que integran el expediente que se analiza, se advierte que una de las autoridades ordenadoras responsables negó la existencia del acto reclamado, mientras que la otra admitió la existencia de la orden de aprehensión y al mismo tiempo notificó al a quo el cambio de situación jurídica con motivo del dictado del auto de formal prisión, concluyendo el Juez de Amparo en sobreseer en el juicio respecto de ambas autoridades, antes de que tuviera verificativo la audiencia constitucional señalada, tal proceder se traduce en violación a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de garantías, que específicamente se contienen en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo, en perjuicio del quejoso, al dejarlo en estado de indefensión, por dos razones: primero, porque al sobreseer respecto de ambas autoridades, siendo que una de ellas negó el acto reclamado, con ello no se deja oportunidad al quejoso de probar los hechos que afirma; y segundo, porque sobreseer antes de que se celebre la audiencia constitucional, sin estar en presencia de un desistimiento expreso del quejoso, su muerte o bien la cesación de efectos del acto reclamado, casos excepcionales en los que sí procede el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, igual se le deja sin defensa; por tanto, lo procedente en este caso es revocar el auto recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez Federal señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y con plenitud de jurisdicción, tomando en cuenta lo que las autoridades responsables manifestaron en su informe justificado y, en su caso, las pruebas que las partes en el juicio aporten, resuelva lo que en derecho corresponda. A virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual se había fijado para las nueve horas con diez minutos del veintinueve de enero de dos mil diecinueve (foja 52). Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE el presente juicio de amparo número 1003/2018-II.2, del índice de este Juzgado Federal, promovido por ****, por los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por las razones relatadas en la presente determinación.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos, de los que se advierte que el once de enero de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el responsable de la unidad jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, lo cual les fue notificado a las partes, el día de hoy. Motivo por el cual, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para que las partes se impongan del contenido del citado informe de ley, lo cual es necesario para la debida integración del presente asunto. DIFERIMIENTO. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Es aplicable la tesis visible en la página 409 del tomo VII, marzo de 1998, novena época, Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ello de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, que a la letra establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.- Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aún cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso, y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89".
- Principal
INFORME JUSTIFICADO. Por recibido el oficio firmado por el responsable de la unidad jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato. En atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, ténganse por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y désele vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. PRUEBAS. Se tienen como pruebas de su parte la documental que anexa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. DELEGADOS. Se tienen como delegados de su parte a los profesionistas que para dicho efecto indica, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PROCESAL. Asimismo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones como autoridad responsable, ello de conformidad con el artículo 28 de la Ley de la Materia. SOLICITA SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO. Por lo que vé a la causal de improcedencia que cita, así como su solicitud de que por ello se decrete el sobreseimiento en el presente juicio, dígasele que una vez que se emita la sentencia correspondiente, de oficio o a petición de parte se procederá al estudio de las causas de improcedencia que se desprendan de autos o en su caso se estudiará el fondo y se resolverá conforme a derecho.
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