J. Inés Villegas Garcia
Expediente 134/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Inés Villegas Garcia
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Oral Mercantil, región Celaya, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio número 3684/2018, del índice de este Órgano de Control Constitucional, por medio del cual le fueron remitidos el original del expediente SOM-0186/2017 y un sobre cerrado.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que la certificación que antecede, asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que la parte promovente de amparo, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del término concedido en el numeral 98 de la Ley en cita, proveído en el cual SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente Juicio de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado. En mérito de lo anterior, toda vez que resulta innecesaria la retención del original del expediente *** y un sobre cerrado, del índice del Juez de Oralidad Mercantil, con sede en esta ciudad, devuélvanse los mismos a su lugar de origen.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, al que adjunta por incompetencia legal, la demanda de amparo promovida por J. Inés Villegas García, certificación de la fecha en que se presentó la demanda, los oficios 10/2018 y 72/2018, por el que la autoridad señalada como responsable rinde su informe de ley, Exhorto diligenciado por el Juzgado Especializado en Juicios Orales Mercantiles del Primer Distrito de Querétaro, a través del cual se emplazó al tercero interesado licenciado ***, representante Legal de LUPEQSA Sociedad Anónima de Capital Variable, el original del Juicio Oral Mercantil ***, del índice del Juzgado del Sistema de Oralidad Mercantil en la Región Celaya, Guanajuato y un sobre cerrado con diversos documentos y un disco en formato DVD; fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número***, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Atento a lo mandado por el Tribunal oficiante, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, asume la competencia legal declinada para conocer de la demanda de amparo promovida por J. Inés Villegas García. Lo anterior, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado declinante a manera de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo de cuenta, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Por identidad de razones y en atención a los conceptos jurídicos generales de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia número 128/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803 del Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Por su parte, el diverso numeral 61 fracción XXIII, en vinculación con el artículo 107 fracción IV, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juzgado del Sistema de Oralidad Mercantil en la Región Celaya, Guanajuato; mismo que hizo consistir en esencia, en el embargo ordenado en los autos del Juicio Oral Mercantil ***, mediante auto de treinta y uno de octubre y ejecutado en diligencia de trece de diciembre de dos mil diecisiete. Ahora buen, de la demanda de cuenta, como de las constancias que integran el Juicio Oral Mercantil ***, a manera antecedentes del acto reclamado, se desprende, en lo que aquí interesa, que ante el Juzgado del Sistema de Oralidad Mercantil en la Región Celaya, Guanajuato, ***, demandó en la vía Oral Mercantil a ***, el pago de diversas prestaciones; procedimiento que se radicó en proveído de siete de julio de dos mil diecisiete. Emplazado a Juicio, mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, ***, contestó la demanda promovida en su contra, acordado de conformidad el ocho de agosto siguiente. El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se celebró la Audiencia Preliminar. Enseguida, el trece de septiembre de dos mil diecisiete, se inició la Audiencia de Juicio, suspendiéndose por la inasistencia del demandado, misma que se reanudó el veinticinco de septiembre siguiente, con presencia del demandado, emitiéndose enseguida la sentencia correspondiente, en la que se condenó al referido **, al pago de diversas prestaciones. De lo anterior se obtiene con meridiana claridad, que efectivamente ***, es la parte demandada en el Juicio Oral Mercantil ***, del índice del Juzgado del Sistema de Oralidad Mercantil en la Región Celaya, Guanajuato, que SI FUE EMPLAZADO AL MISMO, que compareció con ese carácter e incluso estuvo presente en la continuación de la audiencia final de juicio, en que se dictó sentencia. Conviene agregar que, mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil diecisiete, en el Juicio Oral Mercantil referido, el demandado ***, interpuso Recurso de Apelación contra la sentencia definitiva ahí dictada, recayendo al mismo el proveído de cuatro de octubre de ese año, en el que el Juez del Sistema de Oralidad Mercantil señalado como responsable, desechó de plano dicho medio ordinario de defensa al ser improcedente, justificando su determinación en lo establecido por el artículo 1390 bis del Código de Comercio. Finalmente, previa solicitud de la parte actora, mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó la ejecución de sentencia, desahogándose para esos efectos la diligencia de trece de diciembre siguiente, en la que se trabó embargo sobre el inmueble ahí descrito. De lo anterior se corrobora en consecuencia que el acto materia del reclamo Constitucional en el presente asunto, lo constituye el proveído que ordena la ejecución de la sentencia dictada en el Juicio Oral Mercantil ***, y la diligencia desahogada en consecuencia, el trece de diciembre de dos mil diecisiete, a cargo del ahora promovente ***, como demandado en dicho procedimiento. Precisión que encuentra apoyo en las Tesis de Jurisprudencia siguientes: Jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Materia Común, página 227, del tenor literal siguiente: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, página 32, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Fijado lo anterior, es menester señalar que el acto reclamado que resultó, consistente como se dijo en la orden de ejecución de sentencia y diligencia desahogada en acatamiento a tal mandamiento, en los autos del Juicio Oral Mercantil ***, no constituye la última determinación dentro de ese procedimiento de ejecución, frente a la cual únicamente es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En otras palabras, cuando el juicio del que emana el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra de la última resolución que se dicte en ese procedimiento, atento a lo dispuesto por la fracción IV, segundo párrafo del artículo 107, de la Ley de Amparo. Lo anterior porque de lo expuesto, se pone en evidencia la circunstancia de que el acto reclamado que se impugna en la presente vía constitucional, no se adecua dentro del supuesto de procedencia previsto en la fracción IV, segundo párrafo del numeral 107, de la Ley de Amparo, antes transcrito, toda vez que la adjudicación de un inmueble que dice la quejosa es de su propiedad, de ninguna manera constituye la última determinación dictada en el procedimiento de ejecución del juicio natural, ni tampoco se trata de la resolución que apruebe o desapruebe en definitiva el remate de los bienes; de ahí que en el caso no se configure la hipótesis de procedencia descrita. Por otra parte, es menester indicar que por regla general, cuando se trata de actos que son dictados o emitidos durante la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo es improcedente, precisamente porque la razón esencial que tuvo el legislador para establecer la regla establecida en la fracción IV, segundo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, obedece a que se trata de evitar que con motivo de la promoción del juicio de amparo se entorpezca o retarde la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es de orden público, tal y como se desprende de la Jurisprudencia 36/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2014, Materia común, página 75, del tenor literal siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. De igual forma, la regla general que se analiza, de manera excepcional admite la procedencia del juicio de amparo biinstancial cuando el acto que se reclama tiene autonomía propia como pudiera ser aquella resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdidosa, puesto que tal decisión no conlleva en sí misma la ejecución de la sentencia; en todo caso, se trata de un acto previo o preliminar para la ejecución de la sentencia, mas no la de ejecutar directa o indirectamente la sentencia dentro del expediente de origen. En otras palabras, el máximo Tribunal de Justicia del País, ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, como en la especie ocurre, excepcionalmente sí pueden ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no tengan como finalidad impedir o retardar la ejecución de la sentencia que se haya emitido; y el acto que se reclame en la demanda de amparo se ubique en alguno de los casos de excepción, lo que no ocurre en la especie. En suma, cuando se trate de actos emitidos después de concluido el juicio, propiamente en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo biinstancial es improcedente porque conforme a la regla establecida en el artículo 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, su procedencia solo acontece en contra de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia; o bien, se declara la imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento. En esas condiciones, al no constituir el acto reclamado la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo del juicio de origen, y no ubicarse en alguno de los casos de excepción que admite dicha regla, es inconcuso que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta de la fracción XXIII del artículo 61, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el numeral 107 fracción IV, primer y segundo párrafos, de ese mismo ordenamiento legal; razón por la cual se desecha la demanda de amparo promovida por ***, con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal. Sobre el tema, es de invocarse, por lo que informa, la Jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Página 31, del tenor literal siguiente: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Por otro lado, toda vez que el promovente del amparo señaló como domicilio para recibir notificaciones los Estrados del Tribunal al que correspondiera conocer de la demanda, y toda vez que aquellos no constituyen un domicilio propiamente dicho, ésta y las subsecuentes notificaciones realícensele por medio de lista, que se fije y publique en los Estrados de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, hasta en tanto formule señalamiento al respecto; y téngasele por autorizado de su parte en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Aparo, al profesionista que menciona, toda vez que su cédula profesional no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado. Con las constancias que integran el Juicio Oral Mercantil ***, del índice del Juzgado del Sistema de Oralidad Mercantil en la Región Celaya, Guanajuato y un sobre cerrado con diversos documentos y un disco en formato DVD, fórmese un tomo de prueba y guárdese por separado para su mejor manejo; respecto al sobre cerrado, guárdese en la caja de "Otros documentos con valor", al resguardo del suscrito Secretario. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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