J. Jesus Enriquez Magaña
Expediente 333/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Jesus Enriquez Magaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de once de junio del año en curso, por el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Por otra parte, el presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que se sobreseyó y se encuentra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. CÓMPUTO PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN. Se precisa que en el presente proveído, el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de la autoridad responsable, pues éste no le causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a la responsable, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de rubro: AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la constancia de notificación del oficio *** emitido dentro del expediente *** por el que adujo la responsable en su informe justificado, dio respuesta a la solicitud que le fue ingresada por el aquí quejoso el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete; el cual constituyó el acto reclamado en el presente juicio. Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad oficiante, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que se atribuye al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad de Celaya, Guanajuato., que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Tal causa de improcedencia se actualiza, por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2446). ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731). Con base a lo anterior, se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque, si bien la autoridad responsable Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua emitió en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, el oficio *** dentro del expediente *** en respuesta a la solicitud ingresada por el aquí quejoso el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, (omisión reclamada en el presente juicio), esto es, con antelación a que fuese presentada la demanda de amparo en que se actúa (veinte de abril de dos mil dieciocho), el cual se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado el diecisiete de mayo del año en curso (fojas 32 a 35), anexada al informe de ley remitida por la responsable. Sin embargo, fue hasta el veintinueve de mayo pasado, que notificó al impetrante por conducto de su autorizada, lo cual se corrobora con el anexo al oficio de cuenta, cesando así la aludida violación a su derecho de petición consagrada por el artículo 8 Constitucional. Por tanto, es evidente que la omisión de emitir respuesta a su solicitud que tilda de inconstitucional cesó sus efectos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Además, no causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notaria, manifiesta, e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos del acto reclamado, de suerte que ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior, resulta aplicable la Jurisprudencia y tesis aislada, esta última aplicada a contrario sensu, números 2a./J. 10/2003 y VIII.2o.25 P, de la Novena Época, sustentadas respectivamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado Del Octavo Circuito, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XVII, Marzo de 2003 y X, Noviembre de 1999, Páginas 386 y 1025, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, cuyos contenidos rezan lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial SOBRESEIMIENTO DECRETADO ANTES DE QUE SE CELEBRE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SIN CONSIDERAR ADEMÁS QUE UNA DE LAS RESPONSABLES ORDENADORAS NEGÓ EL ACTO RECLAMADO, DEJA SIN DEFENSA AL RECURRENTE.- Si del examen de las constancias que integran el expediente que se analiza, se advierte que una de las autoridades ordenadoras responsables negó la existencia del acto reclamado, mientras que la otra admitió la existencia de la orden de aprehensión y al mismo tiempo notificó al a quo el cambio de situación jurídica con motivo del dictado del auto de formal prisión, concluyendo el Juez de Amparo en sobreseer en el juicio respecto de ambas autoridades, antes de que tuviera verificativo la audiencia constitucional señalada, tal proceder se traduce en violación a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de garantías, que específicamente se contienen en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo, en perjuicio del quejoso, al dejarlo en estado de indefensión, por dos razones: primero, porque al sobreseer respecto de ambas autoridades, siendo que una de ellas negó el acto reclamado, con ello no se deja oportunidad al quejoso de probar los hechos que afirma; y segundo, porque sobreseer antes de que se celebre la audiencia constitucional, sin estar en presencia de un desistimiento expreso del quejoso, su muerte o bien la cesación de efectos del acto reclamado, casos excepcionales en los que sí procede el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, igual se le deja sin defensa; por tanto, lo procedente en este caso es revocar el auto recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez Federal señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y con plenitud de jurisdicción, tomando en cuenta lo que las autoridades responsables manifestaron en su informe justificado y, en su caso, las pruebas que las partes en el juicio aporten, resuelva lo que en derecho corresponda. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, por auto de veintinueve de mayo del año en curso, fijada para las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, a fin de que estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses. DIFERIMIENTO. Para dar oportunidad a lo anterior se difiere la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo.
- Principal
Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Por recibido el oficio de cuenta signado por el Encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad, quien firma en suplencia del Director de dicho organismo, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde, con el cual se ordena dar vista a las partes, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, exhibidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las documentales que adjuntó a su informe de ley, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. Asimismo, se tiene como delegados de la referida autoridad en términos de lo indicado en el artículo 9 de la Nueva Ley de Amparo, a los profesionistas que para tal efecto indica, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones como autoridad responsable, ello de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de la Materia. Finalmente, se ordena notificar a la parte quejosa el oficio *** emitido dentro del expediente **, por el cual la autoridad responsable aduce dio respuesta a la solicitud que le fue ingresada por el aquí quejoso el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, el cual constituyó el acto reclamado en el presente juicio de amparo.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes
- J. Jesus Aguilar Cruz195/2019
- J. Jesus Aguirre Gonzalez1003/2018
- J. Jesus Almanza Garcia275/2021
- J. Jesus Almanza Salinas174/2021
- J. Jesus Chavez Galvan609/2016
- J. Jesus Chavez Perez819/2019
- J. Jesus Estrada Guillen961/2019
- J. Jesus Flores Nava133/2017
- J. Jesus Gallegos Velazquez237/2019
- J. Jesus García Fonseca543/2023
- J. Jesus Garcia Jimenez766/2017
- J. Jesus Godinez Tovar388/2016