J. JAIME RODRIGUEZ HERNANDEZ y Otros.

Expediente 657/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
657/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
27/02/2018

Partes del expediente

  • J. JAIME RODRIGUEZ HERNANDEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO PINDARO INZUNZA MOYA EL AUTO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE A LA LETRA DICE: Visto el oficio 825 firmado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 657/2016-7 y remite copia certificada de la resolución de nueve de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el amparo en revisión 94/2017 en la cual se resuelve: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por J. Jaime Rodríguez Hernández y Rosa Elia López García, contra actos de las autoridades Juez Mixto de Primera Instancia de Angostura, Sinaloa, y los Actuarios Primero y Segundo de su adscripción, por los motivos expuestos en el último considerando de la sentencia recurrida."; agréguese a los autos para los efectos legales y acúsese recibo. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción II del Apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de destrucción dado que por veinte de diciembre de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del Apartado Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse la resolución por la que se concedió la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión respectivo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado el acuerdo respectivo, acorde con la fracción III del apartado vigésimo del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, hágasele saber al quejoso que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, tendrá el término de dos años para recoger el billete de depósito número N 193106 valioso por la cantidad de $20,000.0 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) con el cual el quejoso garantizó la suspensión definitiva que le fue concedida en resolución de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, apercibido que de no hacerlo, dentro de ese plazo, la garantía en mención se hará efectiva en favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación.

  2. Principal

    Visto el oficio 825 firmado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 657/2016-7 y remite copia certificada de la resolución de nueve de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el amparo en revisión 94/2017 en la cual se resuelve: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por J. Jaime Rodríguez Hernández y Rosa Elia López García, contra actos de las autoridades Juez Mixto de Primera Instancia de Angostura, Sinaloa, y los Actuarios Primero y Segundo de su adscripción, por los motivos expuestos en el último considerando de la sentencia recurrida."; agréguese a los autos para los efectos legales y acúsese recibo. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción II del Apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de destrucción dado que por veinte de diciembre de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del Apartado Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse la resolución por la que se concedió la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión respectivo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado el acuerdo respectivo, acorde con la fracción III del apartado vigésimo del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, hágasele saber al quejoso que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, tendrá el término de dos años para recoger el billete de depósito número N 193106 valioso por la cantidad de $20,000.0 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) con el cual el quejoso garantizó la suspensión definitiva que le fue concedida en resolución de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, apercibido que de no hacerlo, dentro de ese plazo, la garantía en mención se hará efectiva en favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación.

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