J. Guadalupe Vazquez Rivera
Expediente 304/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 304/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- J. Guadalupe Vazquez Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por J. Guadalupe Vázquez Rivera; por ende, con fundamento en el artículo 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Expediente principal Con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo 304/2023-4A; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto, el escrito signado por el quejoso J Guadalupe Vázquez Rivera, por medio del cual informa que la autoridad responsable le notificó la resolución recaída al recurso de inconformidad -acto reclamado-, remite documentales y manifiesta que el acto ha cesado; agréguense para que obren como legalmente correspondan. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia se tienen por recibidas en este acto las documentales que anexa. Ahora, del estado que guardan los presentes autos se advierte que la quejosa J Guadalupe Vázquez Rivera, reclama de la autoridad responsable Consejo Consultivo Delegacional, Delegación Sinaloa, Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, Sinaloa, lo siguiente: La omisión o abstención tramitar y resolver el recurso de inconformidad, presentado en fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés. En el caso, el quejoso, en su escrito recibido en esta propia fecha, así como en el informe justificado rendido por la responsable, se advierte que el acto reclamado ha cesado en virtud de que el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés resolvió la el recurso de inconformidad promovido por el quejoso,- aquí acto reclamado-; por lo que, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, numeral que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De la interpretación literal del enunciado normativo tenemos que según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra cesar significa: suspenderse o acabarse. Así las cosas se conoce que el juicio de amparo es improcedente cuando se suspenden o acaban los efectos del acto reclamado. Los efectos del acto reclamado pueden suspenderse o acabarse por: a) revocación y b) sustitución. La cesación por revocación se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Ahora bien, en ambos supuestos, es necesario que la cesación de efectos sea de manera incondicional o inmediata, de tal suerte que restablezca de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la ley de amparo. Así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En la especie, tenemos que el acto reclamado del quejoso J Guadalupe Vázquez Rivera, consistió en la La omisión o abstención tramitar y resolver el recurso de inconformidad, presentado en fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés, ante el Consejo Consultivo Delegacional, Delegación Sinaloa, Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, Sinaloa,; sin embargo, como se hace constar en el escrito de la parte quejosa y del informe justificado rendido por la responsable, mediante el cual informó que con fecha veintinueve de mayo de este año, se le notificó legalmente a la quejosa la resolución de diecisiete de mayo del año en curso, motivo del recurso de inconformidad, anexando copia de la resolución antes mencionada, donde se le hace del conocimiento que se declaró infundado dicho recurso, documental que valorada al tenor de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le confiere valor probatorio pleno. En ese contexto se advierte que la omisión reclamada a la autoridad responsable Consejo Consultivo Delegacional, Delegación Sinaloa, Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, Sinaloa, fue en resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la aquí quejosa. En esa virtud, se concluye que en el presente juicio biinstancial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia. Se sostiene lo anterior, porque de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se tiene que, para que se surta la causal de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto de autoridad no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que el motivo que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, pues la omisión ya fue subsanada y no deja pendiente afectación alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser reivindicada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De modo que al haber cesado los efectos del acto reclamado, deviene improcedente el juicio constitucional, siendo ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del solicitante del amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la novena época, sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, número de tesis 2a./J. 59/99, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En esa tesitura, al evidenciarse que han cesado los efectos del acto reclamado, consecuentemente, se impone el sobreseimiento fuera de audiencia el presente juicio de garantías, de conformidad con la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No sobra decir, que dicho sobreseimiento impide abordar el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre los actos reclamados, sin que ello genere agravio a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Soporta jurídicamente lo que precede, la tesis de jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por ello, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del doce de junio de dos mil veintitrés, no habrá de celebrarse. Lo anterior puesto que cuando la causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, como sucede en el caso concreto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de garantías sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 Constitucional en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.".
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se observa que se encuentra transcurriendo a las partes el término de ocho días para que se impongan del informe justificado rendido por el Consejo Consultivo Delegacional Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Culiacán, Sinaloa, el cual fue agregado en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del doce de junio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Por similitud jurídica, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151 del tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Por último, es de observarse la jurisprudencia P./J. 54/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, que a la letra establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ...), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.".
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta suscrito por la Abogada Procuradora adscrita al Departamento Contencioso en representación del Consejo Consultivo Delegacional Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual, en atención al oficio ********************, rinde informe justificado, nombra delegados, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y correos electrónicos; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, acorde al artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable mencionada, y dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable citada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y como delegados a los profesionistas que indican. Finalmente, se tiene a la autoridad responsable, señalando como medio de contacto el número de teléfono de oficina 6677136216, y los correos electrónicos institucionales Karen.baez@imss.gob.mx, Alejandra.ramosm@imss.gob.mx y dyra.naranjo@imss.gob.mx, en el entendido que las notificaciones no se realizaran por esa vía, ya que el artículo 26 de la Ley de Amparo, no lo contempla como alguno de los medios para llevar a cabo notificaciones.
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