J Antonio Guerrero Hernandez
Expediente 73/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- J Antonio Guerrero Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintisiete de septiembre del actual, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en resolución de veintiséis de marzo del presente año, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sentencia a la que la responsable interpuso recurso de revisión, mismo que fue desechado por extemporáneo por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
En veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se da cuenta al Juez, con el estado procesal de los autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de diez de septiembre del actual, en relación con el oficio y anexos allegados por el apoderado legal de la responsable Superintendente de Zona Los Mochis, Comisión Federal de Electricidad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó personalmente por conducto de su autorizado legal el diez de los corrientes; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que el acto reclamado por el quejoso J. Antonio Guerrero Hernández a la responsable Superintendente de Zona Los Mochis, Comisión Federal de Electricidad, consistió en: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con domicilio en esta ciudad, dentro del Juicio Oral Mercantil 41/2018-4A, donde se condenó a la demandada Superintendente de Zona Los Mochis, Comisión Federal de Electricidad, a las prestaciones reclamadas, y por ello, se declaró la nulidad del ajuste de facturación contenido en el oficio No. DB07NOT903UI052017, respecto del servicio de energía eléctrica identificado como R.P.U. 538870701586, derivado de la orden de verificación B0701259639, y la constancia de verificación con folio número 451, que se menciona en dicho ajuste de facturación, y las consecuencias derivadas del mismo; por lo que se ordenó la cancelación o descargo en el sistema comercial que opera, de la cantidad de $28,465.00 (veintiocho mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), relativa al servicio de energía eléctrica identificado como R.P.U. 538 870 701 586, instalado en el domicilio de la actora en el juicio natural. Resolución de este amparo que causó ejecutoria el tres de septiembre de dos mil veintiuno, a raíz de que el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, devolvió los autos originales del presente juicio de amparo, e informó que le transcurrió el término que refiere el artículo 104 de la Ley de Amparo, para que la responsable Superintendente de Zona Los Mochis, Comisión Federal de Electricidad, interpusiera recurso de reclamación contra el auto de veintinueve de julio del actual, emitido en el amparo en revisión 211/2021 de su índice, mediante el cual se desechó por extemporáneo el recurso de revisión hecho valer por la citada autoridad responsable. Pues bien, la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable de mérito o quien la sustituyera diera cumplimiento a la resolución dictada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio oral mercantil 41/2018-4A, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, promovido por J. Antonio Guerrero Hernández. Por su parte, mediante oficio con anexos presentado el ocho de los actuales, el apoderado legal de la autoridad responsable Superintendente de Zona Los Mochis, Comisión Federal de Electricidad, remitió copia del proveído de veinticinco de junio del año en curso, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, la parte demandada le hacía entrega del cheque de caja número 0005366, de once de junio de dos mil veintiuno, expedido por Banco Banorte, Banco Mercantil del Norte, S.A.. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por el importe de $28,465.00 (veintiocho mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), a la parte actora, y de la cédula de notificación del diverso auto de veintiocho de ese mismo mes y año, mediante el que se ordenó el archivo del juicio oral mercantil de origen. Por tanto, mediante auto de diez de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexos allegados por el apoderado legal de la responsable para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aún cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo, como se dijo, se efectuó para el efecto de que el la autoridad responsable de mérito o quien la sustituyera diera cumplimiento a la resolución dictada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio oral mercantil 41/2018-4A, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, promovido por el aquí quejoso J. Antonio Guerrero Hernández, lo cual ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con anexos, signado por Pablo Antonio Montes García, en su carácter de apoderado legal de la responsable CFE, Suministrador de Servicios Básicos, mediante el cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo, y adjunta diversas constancias. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, y anexos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable.
- Principal
Visto el oficio 8807/2021 con anexos de cuenta signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo ********************/2021-3A, e informa que transcurrió el término que refiere el artículo 104 de la Ley de Amparo, para que la responsable ********************, interpusiera recurso de reclamación contra el auto de veintinueve de julio del actual, de su índice, mediante el cual desechaban por extemporáneo el recurso de revisión hecho valer por la citada autoridad; intégrese a los autos el cuaderno de antecedentes relativo, previo desglose de las copias fotostáticas a fin de evitar duplicidad de constancias, agréguese el oficio de cuenta para conocimiento de las partes y para los efectos legales conducentes. En ese sentido, como lo solicita el Tribunal de Alzada, acúsese recibo mediante oficio en el cual se transcriba el presente acuerdo. Pues bien, al encontrarse firme la sentencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable ********************, con sede en esta ciudad, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que la protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la autoridad responsable ********************, con sede en esta ciudad, hiciera lo siguiente: ( La autoridad responsable de mérito o quien la sustituya dé cumplimiento a la resolución dictada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio oral mercantil ********************/2018-4A, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, promovido por ********************. Por último, se apercibe a la responsable, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, acorde con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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