J. Gumercindo García Luna

Expediente 50/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
50/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • J. Gumercindo García Luna

Actuaciones

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, cinco de agosto de dos mil veintidós. Se autorizan copias certificadas. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídase a su costa copia certificada de las constancias que solicita, previa razón que de su recibo se otorgue en autos, teniendo como autorizado para recogerlas a la persona que señala en el ocurso de cuenta. Ahora bien, atendiendo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, hágase del conocimiento de la parte promovente, que a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede, deberá observar lo señalado en el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del micrositio "servicios jurisdiccionales" el cual contiene el diverso micrositio "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez permitirá que el promovente y, en su caso otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona que a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos pasar los filtros sanitarios. El QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Asimismo, dígasele que en caso de generar la cita a través del código QR, deberán presentarse debidamente identificados con credencial oficial y vigente. Finalmente, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de las copias de mérito, la parte solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensión 1303 (dentro de un horario de ocho a catorce horas, de lunes a viernes) con el licenciado Christoper Rodríguez Escobar, Secretario del Juzgado, una vez que realice la cita mencionada en el párrafo que antecede. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala; nueve de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado auto por el que se desechó demanda Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por J. Gumercindo García Luna; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, toda vez que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos originales o billetes de depósito al no obrar estos en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, tres de febrero de dos mil veintiuno. Se radica demanda Vista la demanda de amparo que promueve J. Gumercindo García Luna, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 50/2021-IV. Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Al respecto, en la demanda de amparo el quejoso señala como actos reclamados, los siguientes: .TODO LO ACTUADO POR VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 278/2017, DE LOS DEL INDICE DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA., correspondiente al JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, que de manera Fraudulenta y por ende ilegal, se promovió y substanció en contra del suscrito Quejoso y otros. .la ilegal Ejecución que se ha dado a TODO LO ACTUADO DENTRO DEL EXPEDIENTE NUMERO 278/2017, DE LOS INDICE DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA., y en especial la ejecución que se le ha dado al proveído de fecha DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. Al respecto, en relación con el acto reclamado consistente en todo lo actuado por violación a las formalidades esenciales del procedimiento, dentro del expediente número 278/2017, se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVII y XXIII, en relación con el 170, fracción I, 171 y 172, de la Ley de la materia, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.)" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos; IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente en aquellos supuestos en los que los actos reclamados hayan sido dictados dentro de un juicio o procedimiento jurisdiccional y, por virtud del cambio de situación jurídica en éste, deban considerarse como irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, al no poder emitir un nuevo pronunciamiento sin afectar la nueva situación jurídica. Asimismo, queda evidenciado que en contra de las sentencias definitivas no procede el juicio constitucional en la vía indirecta, sino en la directa, en el cual, de ser el caso, deben hacerse valer todas aquellas violaciones cometidas durante la sustanciación del juicio, que habiendo sido impugnadas a través de los recursos ordinarios, hayan trascendido al resultado del fallo. De las consideraciones que anteceden se colige que una vez que en un juicio civil o mercantil se dicta la sentencia definitiva, las violaciones procesales cometidas en éste únicamente pueden ser reclamadas a través del juicio de amparo directo; circunstancia que se justifica en el hecho de que la emisión de la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, establece la nueva situación jurídica que ha de regir entre los contendientes en el juicio natural. Consecuentemente, únicamente en los supuestos en los que se combata la sentencia definitiva, podrán abordarse las violaciones procesales relevantes que se hayan cometido durante la tramitación del juicio; ello, en razón de que no podría emitirse un pronunciamiento en torno a las violaciones procesales aludidas, sin afectar la nueva situación jurídica de las partes establecida en la sentencia definitiva -situación que sólo resulta procedente cuando quien promueve reclama la falta de emplazamiento a juicio y detenta el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, lo que en la especie no acontece-. Sentado lo anterior, del apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, concretamente de los hechos marcados con los números 1, 2, 15, 16, 19 y 20, se desprende: 1.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto a esta Superioridad, que en fecha del día cinco de octubre del año dos mil diecisiete, la Moral denominada "SERVICIOS FINANCIEROS ANEC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA", inició de manera Fraudulenta, JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, en contra de la Persona Moral denominada "AGRAFLOR", SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, representada por AURELIO SÁNCHEZ FLORES, JOSÉ LUIS FLORES CONTRERAS Y AGUSTINA CONTRERAS LARA, Administrador Único, Gerente General y Presidente del Consejo de Vigilancia, respectivamente, y en su carácter de Acreditados y/u Obligados Solidarios; DAVID SÁNCHEZ RAMIREZ; JOSÉ DIONICIO CERÓN ARROYO; GASPAR GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ; JOSÉ JUAN GUTIÉRREZ MUÑOZ; J. GUMERCINDO GARCÍA LUNA; ANTONIA NOPHAL GUZMÁN y AGUSTINA ALVARADO CARMONA, en su carácter de Obligados Solidarios y Avalistas, mismo que se inició bajo el Expediente Número 278/2017 de los del Índice del JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA. 2.- Emplazados que fuimos en diferentes fechas, los referidos JOSÉ DIONICIO CERÓN ARROYO; GASPAR GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ; JOSÉ JUAN GUTIÉRREZ MUÑOZ; AGUSTINA ALVARADO CARMONA y el suscrito J. GUMERCINDO GARCÍA LUNA, en Tiempo y Forma de Ley, produjimos contestación a la indebida Demanda Interpuesta en nuestra contra. (.) 15.- Con fecha seis de febrero de dos mil veinte, se turnaron los autos a la vista del Juez de conocimiento, para dictar la resolución correspondiente, misma que fue dictada en fecha del día doce de febrero del dos mil veinte, en la cual, SIN EXISTIR PRUEBA ALGUNA, substancial, se condena solamente a los demandados DAVID SÁNCHEZ RAMIREZ, J. GUMERCINDO GARCÍA LUNA, ANTONIA NOPHAL GUZMÁN, JOSÉ DIONICIO CERÓN ARROYO, GASPAR GUTIÉRREZ ARROYO, JOSÉ JUAN GUTIÉRREZ MUÑOZ; y AGUSTINA ALVARADO CARMONA, al pago de las prestaciones reclamadas por la Parte Actora, SIN EXISTIR CONDENA ALGUNA HACIA LA DEMANDADA ACREDITADA. 16.- Con fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, se decretó que la Sentencia Definitiva dictada el doce de febrero de dos mil veinte, había causado ejecutoria. (.) 19.- Por auto de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Tlaxcala, a fin de inscribir embargo sobre los derechos de propiedad que le correspondan a los demandados David Sánchez Ramírez, J. Gumercindo García Luna, Antonia Nohpal Guzmán, José Dionicio Cerón Arroyo, Gaspar Gutiérrez Arroyo, José Juan Gutiérrez Muñoz y Agustina Alvarado Carmona, también conocida como Agustina Alvarado de García, en su carácter de obligados solidarios y avalistas , respecto de los bienes inmuebles precisados con antelación, en la inteligencia de que la inscripción de dichos embargos deberá efectuarse a favor de "Servicios Financieros Anec" (.) 20.- El oficio para inscribir el embargo referido, fue emitido y entregado a la Parte Actora, en fecha del día treinta de noviembre de dos mil veinte." Como puede advertirse, en la especie el quejoso señala como acto reclamado destacado, todo lo actuado por violación a las formalidades esenciales del procedimiento, dentro del expediente número 278/2017. Sin embargo, en los antecedentes aludidos, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que sí fue emplazado a juicio y dio contestación a la demanda instaurada en su contra, y que ya fue dictada la sentencia definitiva en el juicio mercantil de origen. Lo anterior implica que el quejoso fue parte en dicho juicio y que se le respetó su derecho fundamental de audiencia; de ahí que en la especie no le asista el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación. En ese orden, al ya haberse dictado sentencia definitiva, resulta indudable que las violaciones procesales que hace valer, cometidas durante la tramitación del juicio, no son impugnables a través del juicio de amparo indirecto, pues las mismas deben hacerse valer, en todo caso, al promover el juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva. En relación con lo anterior, resulta pertinente señalar que el quejoso no hace valer como acto reclamado la sentencia definitiva de doce de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario mercantil de origen. Dicha circunstancia resulta trascendente, pues ello implica que este juzgador se encuentra imposibilitado para declinarle competencia al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en turno, para que conozca del juicio constitucional promovido por el aquí quejoso, en la vía directa. Sin embargo, la competencia de los Tribunales Colegiados únicamente se surte en aquellos supuestos en los que se reclama la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio natural; de ahí que al no haber sido reclamada la sentencia definitiva de doce de febrero de dos mil veinte, no resulte procedente para este Juzgador declinar la competencia a favor del citado órgano colegiado. En las relatadas condiciones, al haberse emitido sentencia definitiva en el juicio ordinario mercantil 278/2017, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto hecho valer por el quejoso respecto de todo lo actuado en el mismo, como consecuencia de las violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento que hace valer y, por ende, en términos de lo establecido en los artículos 61, fracciones XVII y XXIII, 170, fracción I, 171 y 172, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio respecto de dicho acto. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución reclamados, particularmente el consistente en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte; pues del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el mismo no se impugna por vicios propios, sino como consecuencia de las violaciones procesales cometidas durante la tramitación del juicio. Al margen de lo anterior, respecto del acto de ejecución consistente en el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, también se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de la materia, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De los preceptos legales transcritos se obtiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo efectuados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido en el resultado de la resolución. Asimismo, se indica que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio de amparo y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquéllas intermedias que considere la dejaron sin defensa. Es así, porque en los actos surgidos de una contienda en el juicio de amparo se establecen dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de los emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva. La primera hipótesis genérica, consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia, y por tanto, no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada, autónoma e independiente del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como regla específica, cuya finalidad es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, y que sólo permite la tramitación de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; lo que es así, porque de lo contrario, esto es, de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo la razón se vieran denegados o retardados en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto. Es por ello que el legislador estableció que respecto a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, la acción de amparo debe prosperar sólo si se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que se reitera, tratándose de los procedimientos de ejecución la sociedad y el estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto al derecho fundamental de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento. Las consideraciones expuestas encuentran sustento en las jurisprudencias emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguientes: "AMPARO DIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de este contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. (Jurisprudencia 32/2001, visible en la página 31 del tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". (Jurisprudencia 108/2010, publicada en la página 6 del Tomo XXXIII, correspondiente a Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) En ese contexto, el juicio de amparo en que se actúa resulta improcedente respecto del acto de ejecución reclamado, en razón de que de los antecedentes narrados por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se desprende que en dicho auto se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Tlaxcala, a fin de inscribir el embargo trabado sobre los derechos de propiedad que le correspondan a los demandados, entre ellos el quejoso, en su carácter de obligados solidarios y avalistas, respecto de los bienes inmuebles precisados, a favor de "Servicios Financieros Anec", Sociedad Anonima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad no Regulada (parte actora en el juicio de origen). Ello pone de manifiesto que dicho acto reclamado fue emitido en la etapa de ejecución de sentencia, pero no constituye la última resolución , pues no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En atención a lo anterior, al no ser los actos reclamados la última resolución, emitida dentro del procedimiento ejecución de sentencia, no es procedente el amparo indirecto, actualizándose por consecuencia, la causal de improcedencia antes referida. Máxime que los actos reclamados, de acuerdo a los antecedentes que el quejoso bajo protesta de decir verdad manifiesta y a sus conceptos de violación, no vulneran derechos sustantivos puesto que el quejoso fue parte del juicio de origen y los mismos no pueden considerarse ajenos a la cosa juzgada, debido a que fue emitido precisamente para ejecutar la sentencia, donde fue oído y vencido a juicio. Por tanto, en el caso concreto, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo XXIII del numeral 61, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, a contrario sensu, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo que procede es desechar de plano la presente demanda. Domicilio para oír y recibir notificaciones Por otra parte, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos, por así solicitarlo expresamente, ya que señala los estrados de este juzgado, lo que propiamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales. Autorizados Asimismo, se tiene como autorizados a José Luis Rodríguez López, Ángel López Bandala y Saúl López Bandala únicamente para oír y recibir notificaciones, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Se autoriza a cualquier Secretario(a) adscrito(a) a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Atender protocolos y lineamientos de salud Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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