J. Isabel Carreras Saldaña
Expediente 1007/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 43 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1007/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 07/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- J. Isabel Carreras Saldaña
- Magistrado del Tribunal Unitario del Distrito XXXVI con sede en esta ciudad y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
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Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo y artículos 12 y 15, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual resulta de relevancia documental por haber versado sobre materia agraria, por lo que debe conservarse de manera íntegra en original. CUADERNO ORIGINAL DE SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada tanto en la provisional como en la definitiva. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. CUADERNO DUPLICADO DE SUSPENSIÓN En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. ANOTACIONES. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. EN RELACIÓN A LOS DOCUMENTOS. Finalmente, como de la certificación de cuenta se advierte que en autos obran documentos originales y certificados exhibidos por tanto por la parte quejosa como los terceros interesados en este juicio, de acuerdo con la normativa general en cita, hágaseles saber que cuentan con el plazo de noventa días hábiles para que comparezcan a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y terceros interesados. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.Rcl
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POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL SIGUIENTE ACUERDO: Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo y artículos 12 y 15, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual resulta de relevancia documental por haber versado sobre materia agraria, por lo que debe conservarse de manera íntegra en original. CUADERNO ORIGINAL DE SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada tanto en la provisional como en la definitiva. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. CUADERNO DUPLICADO DE SUSPENSIÓN En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. ANOTACIONES. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. EN RELACIÓN A LOS DOCUMENTOS. Finalmente, como de la certificación de cuenta se advierte que en autos obran documentos originales y certificados exhibidos por tanto por la parte quejosa como los terceros interesados en este juicio, de acuerdo con la normativa general en cita, hágaseles saber que cuentan con el plazo de noventa días hábiles para que comparezcan a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y terceros interesados. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza
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Morelia, Michoacán, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra de la resolución con engrose quince de julio de dos mil veintiuno, mediante la cual se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por J. Isabel Carreras Saldaña. DECLARACIÓN DE ESTADO Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del tomo de prueba que la autoridad responsable ordenadora adjuntó a su informe, para los efectos legales procedentes. Finalmente, los oficios correspondientes a la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, remítanse vía electrónica al correo institucional slopez@ran.gob.mx, que para tal efecto fue proporcionado al actuario adscrito a este juzgado, como se advierte de la razón de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA ARACELI ZACARÍAS CÁRDENAS, REPRESENTANTE LEGAL DE MA. TRINIDAD CARRERAS SALDAÑA, LA RESOLUCIÓN DE QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1007/2016-IV, promovido por Avelina Carreras Ibarra, apoderada de J. Isabel Carreras Saldaña, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Sexto Distrito, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el mismo día; Avelina Carreras Ibarra, apoderada de J. Isabel Carreras Saldaña, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Sexto Distrito, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, mismos que se hace consistir en: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: De la autoridad señalada como responsable en el inciso A).- y que lo es El Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán. El acto u omisión lo es el que acudió al núcleo agrario ejidal HUIPANA, municipio de Joé Sixto Verduzco (sic), de esta entidad federativa y en Itinerancia, desahogó la audiencia de ley, esto dentro de los autos del juicio agrario 1387/2016 en la que se involucró el solar ejidal de mi representado el C.J. Isabel Carreras Saldaña, ubicado en el núcleo agrario JANAMBO, municipio de Puruándiro, Michoacán, y que una vez realizados trabajos de medición en el año 2015 dos mil quince, lo es parte del Solar Urbano que se registró con número 1, Manzana 3, Zona 4, como lo acredito con la correspondiente constancia de posesión de fecha 15 de diciembre de 2012 por el Comisariado Ejidal del núcleo agrario JANAMBO, municipio de Puruándiro, Michoacán, dictando sentencia, en la que causó estado quedando firme, y lesionando derechos de terceros que no fueron oídos ni vencidos dentro de los autos del juicio agrario número 1387/2016, violentando los derechos humanos y tratados internacionales donde el estado mexicano forma parte, como lo es el tratado de Costa Rica. De la autoridad señalada como responsable en el inciso B).- El Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional de Michoacán. De quien se reclama como acto o omisión la inscripción de la sentencia que dictara la autoridad responsable el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, dentro de los autos del juicio agrario número 1387/2016 y como consecuencia de ello expedir el título de propiedad en el que se incluye la superficie que comprende el solar de mi representado mi padre el señor J. Isabel Carreras Saldaña, en favor de la señora Ma. Tinidad (sic) Carreras Saldaña, señalada en el presente amparo como Tercero con interés, violentando con ello derechos de terceros que no fueron oídos ni vencidos en autos del juicio agrario número 1387/2016 y por lo que se transgreden derechos humanos y tratados internacionales donde el estado mexicano forma parte, como lo es el tratado de Costa Rica.". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, la admitió a trámite; se formó el expediente y se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que los actos reclamados consisten en: a) La falta de emplazamiento al expediente 1387/2016, relativo a la controversia agraria sobre cumplimiento del acuerdo del acta de asamblea general de ejidatarios de formalidades especiales y asignación de parcelas, promovido por María Trinidad Carreras Saldaña, en contra del ejido del poblado de "Janambo", municipio de Puruándiro, Michoacán, y Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en Morelia, en el que mediante sentencia dictada el quince de julio de dos mil dieciséis, se declararon procedentes las pretensiones de la actora, y se le reconoció como posesionaria de las parcelas números 184 y 113, con superficies de 0-68-86.567 y 1-93-77.684 hectáreas, respectivamente, así como del solar identificado con el número 1, manzana 3, zona 4, polígono 1, con superficie de 5,037.303 metros cuadrados, del ejido "JANAMBO", municipio de Puruándiro, Michoacán, que se atribuye al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis en la referida entidad federativa, con sede en Morelia. b) La inscripción de la sentencia mencionada en el inciso anterior, así como la expedición del título de propiedad a favor de la parte actora en aquel juicio agrario, reclamados al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, consistente en la expedición del título de propiedad a favor de la parte actora dentro del juicio agrario 1387/2016, pues así lo manifestó en su informe justificado, toda vez que señaló que la hoy tercera interesada no se había presentado en la delegación a realizar el trámite administrativo para la expedición del título de propiedad del cual se le reconoció como posesionaria (foja cincuenta y uno); negativa que no fue desvirtuada por la parte quejosa. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: Época: Sexta Época Registro: 804176 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen XLIII, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 181 "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo, se impone sobreseer respecto de dicho acto y autoridad. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis con sede en Morelia, Michoacán, precisado en el considerando segundo de este fallo, así como al Delegado del Registro Agrario Nacional en la misma entidad federativa, consistente en la inscripción de la sentencia dictada el quince de julio de dos mil dieciséis, tal como lo manifestaron en sus informes justificados, lo que se corrobora de las constancias que adjuntaron a dichos informes (fojas cuarenta y seis, y cincuenta a cincuenta y tres). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Lo que se corrobora con el expediente agrario 1387/2016, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Sexto Distrito, con sede en esta ciudad, así como de la copia certificada de la inscripción de sentencia que remitió el Delegado Federal del Registro Agrario Nacional como complemento de su informe justificado; constancias a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". QUINTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen. 1. Mediante escrito presentado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y seis, María Trnidad Carreras Saldaña, compareció a tramitar en la vía de controversia agraria, frente al Ejido Janambo, municipio de Puruándiro, Michoacán, el cumplimiento del acta de Asamblea General de Ejidatarios, con motivo del cambio de destino y asignación de parcelas y solares de tres de junio de dos mil dieciséis, en el ejido Janambo, municipio de Puruándiro, Michoacán, respecto a las parcelas identificadas con los números 184 con superficie de 0-68-86.567 hectáreas y la 113 con superficie de 1-93-77.684 hectáreas y sobre la asignación de solares, sólo respecto al solar identificado con el número 1 manzana 3, zona 4, polígono 1, con una superficie de 5037.303 metros cuadrados. 2. En proveído de siete de julio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda. 3. Seguido el juicio por sus cauces legales, mediante sentencia dictada el quince de julio de dos mil dieciséis, se declararon procedentes las pretensiones de la parte actora María Trinidad Carreras Saldaña, y se le reconoció como posesionarias de las parcelas número 184 y 113, con superficies de 0-68-86.567 y 1-93-77.684 hectáreas, así como el solar identificado con el número 1, manzana 3, zona 4, polígono 1, con superficie de 5,037.303 metros cuadrados. 4. Por escrito presentado ante el Tribunal Unitario Agrario, Avelina Carreras Ibarra, solicitó el acceso a la consulta del juicio de origen, por considerar que el predio de su progenitor J. Isabel Carreras Saldaña, se encontraba comprendido dentro del solar urbano 1, manzana 3, zona 4, de la localidad de San Martín, polígono 1, del Ejido Janambo, perteneciente al municipio de Puruándiro, Michoacán, con una extensión superficial de 5,037 metros cuadrados, y para acreditar tal extremo acompañó el original de la Constancia de Posesión expedida en favor de su progenitor, por el Comisariado Ejidal de Janambo, municipio de Puruándiro, Michoacán. 5. El veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, el tribunal determinó no proveer de conformidad lo solicitado, por considerar que la promovente no era parte dentro del juicio. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". No se analizarán los conceptos de violación, toda vez que, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción l del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el primer párrafo de la fracción l, del artículo 5 de la misma ley dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: l. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados vinculan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los preceptos legales trascritos se destaca que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que, si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. Ahora, en relación con el interés jurídico para promover el juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar mediante la vía constitucional, algún acto de autoridad violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto de autoridad o una norma, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado. En ese sentido, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa violación. Entonces, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes de los peticionarios del amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Por consiguiente, el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la esfera jurídica de la parte quejosa, y no ser así, se actualiza la causa de improcedencia apuntada. La parte quejosa señala que se violan en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se respetaron sus garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, pues nunca se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento al no ser llamada al juicio de origen, al tener derechos respecto del lote urbano en el núcleo agrario Janambo, municipio de Puruándiro, Michacán, cuyas colindancias son, al Norte: Miguel Martínez; al Sur: Trina Carreras Saldaña: al Oriente: Dren y Carretera La Herradura y, al Poniente: calle Sonora. Ahora bien, como ya quedó establecido con anterioridad, la parte quejosa señala que lo actuado en el expediente de origen vulnera su esfera de derechos constitucionales, porque en ningún momento fue oída ni vencida dentro del mismo, ni se le efectuó notificación alguna, pese a ser poseedora del referido lote, al contar con la constancia de posesión expedida el quince de diciembre de dos mil doce. En ese entorno, resulta indispensable para justificar esa afectación o perjuicio que la impetrante demuestre que dicho inmueble efectivamente es de su propiedad o en su caso la causa legal de su posesión, y que éste es el mismo que resultó afectado como consecuencia del procedimiento natural al que dice ser tercera extraña. En relación con el derecho que reclama la quejosa en esta instancia constitucional, el artículo 1º del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, por disposición expresa de su artículo 167 dispone: "ARTICULO 1º.- Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. (.)" De dicho precepto se obtiene que toda persona a quien se le afecten sus derechos con motivo de un procedimiento judicial, tendrá derecho a intervenir en el mismo. Ahora, la aquí quejosa considera vulnerado su derecho de audiencia al no haber sido llamada a juicio, no obstante que cuenta con la constancia de posesión expedida el quince de diciembre de dos mil doce, en relación al lote que en ella se describe, cuya titularidad se reconoció a favor de María Trinidad Carreras Saldaña con motivo del juicio que al respecto promovió ante el tribunal responsable, por lo que resulta indispensable demostrar dicha circunstancia para acreditar el interés jurídico en el presente juicio de amparo. Para acreditar su interés la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda copia fotostática simple de la constancia de posesión emitida en su favor el quince de diciembre de dos mil doce, por el comisario ejidal, presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal de Janambo, perteneciente a Puruándiro, Michoacán. Ahora en el juicio de origen obra el original de la referida constancia de posesión, según se advierte a foja 26. De igual forma ofertó como medio de prueba dentro de este juicio pericial en topografía y testimonial. Sin embargo, la parte quejosa fue omisa en presentar a los testigos a cargo de quienes estaría la prueba testimonial ofertada. En autos se desahogó la prueba pericial a cargo de los peritos propuestos por la quejosa y el perito oficial designado por este juzgado, quienes determinaron que el predio descrito en la constancia de posesión emitida el quince de diciembre de dos mil doce, se encuentra comprendido dentro de la superficie de 5,037 metros cuadrados correspondiente al solar 1, manzana 3, zona 4, polígono 1, asignado a la tercero interesada María Trinidad Carreras Saldaña. Sin embargo, dichos medios de convicción resultan insuficientes para el fin pretendido, esto es, acreditar su interés jurídico en el presente juicio de amparo, en razón de lo siguiente. La constancia de posesión carece de valor probatorio, en razón de que ésta no se encuentra debidamente ratificada por la Asamblea del Ejido Janambo, perteneciente a Puruándiro, Michoacán, quien en términos de los artículos 22 y 23, fracción VIII, de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo del Comisariado, y tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Además de que de conformidad con el artículo 33, fracción I, de dicho Ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas, y tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante del Comisariado pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, que cuente con la autorización de la Asamblea, y una vez verificada dicha ratificación por parte de dicho órgano supremo, la constancia respectiva adquiere validez y eficacia probatoria. Al respecto es aplicable la tesis que dice: Registro digital: 2005053 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Administrativa Tesis: PC.XIII. J/1 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 831 Tipo: Jurisprudencia "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA. En términos de los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Por su parte el precepto 33, fracción I, de dicho Ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Ahora bien, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, en principio, que cuente con la autorización de la Asamblea; sin embargo, no existe razón legal para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión, expedida por el Comisariado, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo, cuando la Asamblea la ratifica; porque si bien en tal supuesto el Comisariado actúa extralimitándose en las facultades que tiene conferidas, esa constancia sólo está viciada de nulidad relativa, por lo que puede ser objeto de convalidación o ratificación por la Asamblea; y de ahí que una vez verificada dicha ratificación, la constancia respectiva adquiera validez y eficacia probatoria, porque así lo establece expresamente el artículo 2583, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley Agraria, al señalar que los actos que el mandatario, practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos en relación con el mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente; con la salvedad de que esos efectos son retroactivos desde que se emite el documento suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales, en los términos del artículo 2235 del Código Civil Federal, que establece que la confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero. PLENO DEL DECIMOTERCER CIRCUITO. Contradicción de tesis 1/2013. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, ambos del Décimo Tercer Circuito. 30 de septiembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Jaime Allier Campuzano. Ponente: Roberto Meixueiro Hernández. Secretario: Gabriel Sumano Leyva. Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2013, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013". Así como la diversa tesis que dice: Registro digital: 174051 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: III.1o.A.133 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 1459 Tipo: Aislada "POSESIÓN DE PARCELAS EJIDALES. LA CONSTANCIA RELATIVA, EXPEDIDA POR EL COMISARIADO EJIDAL EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA ASAMBLEA DE EJIDATARIOS, CON LA CUAL SE PRETENDE ACREDITAR QUE ASISTE UN MEJOR DERECHO A UNA PERSONA RESPECTO DEL POSEEDOR REAL, CARECE DE VALOR PROBATORIO. La constancia de posesión expedida por los integrantes del comisariado ejidal, en cumplimiento a lo ordenado por la asamblea general de ejidatarios, con la que se pretende acreditar que asiste un mejor derecho a una persona a poseer una parcela, respecto de quien prueba ser el poseedor real no tiene valor probatorio, en razón de que de conformidad con los artículos 23 y 33 de la Ley Agraria, respectivamente, la asamblea de ejidatarios carece de facultades para otorgar la posesión de una parcela cuando se encuentra en posesión de persona diversa, y el comisariado ejidal para expedir las constancias relativas. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 83/2006. Mario Barajas Cervantes. 4 de julio de 2006. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Encargado del engrose: Rogelio Camarena Cortés. Secretaria: Jacqueline Molina González". Por el contrario, lejos de ratificar el referido documento, en acta de asamblea de ejidatarios levantada el tres de septiembre de dos mil dieciséis, se determinó cancelar cualquier documento expedido en favor de Abelina Carreras Ibarra y J. Isabel Carreras Saldaña, por no haber sido autorizado por la asamblea. Lo anterior aunado a que el Registro Agrario Nacional informó mediante oficio 3437/2017, que en esa institución a su cargo no se cuenta con la constancia de posesión de quince de diciembre de dos mil doce. De ahí, al no haber acreditado el primer presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, consistente en que el acto cause perjuicio o afecte la esfera jurídica de la quejosa que la impetrante demuestre que dicho inmueble efectivamente es de su propiedad o la causa legal de su posesión, deviene innecesario realizar pronunciamiento respecto al segundo de los requisitos (la identidad del bien materia del presente juicio de amparo con el que resultó afectado como consecuencia del procedimiento natural al que dice ser tercera extraña). Por consiguiente, es innecesario el análisis de la prueba pericial en topografía anunciada con el objeto de acreditar que le fue afectada una parte del bien inmueble que dice es de su propiedad, puesto que no resulta idónea para demostrar el derecho de propiedad o la causa legal de la posesión que dice la quejosa tiene sobre el predio cuya apreciación se ve afectada con el acto reclamado. Máxime que dicho medios de convicción, fue desahogado en base a las documentales con las que la parte quejosa pretendió demostrar su interés jurídico, la cual en líneas precedentes se determinó que carece de eficacia probatoria. Por tanto, al no haber exhibido diverso medio de convicción tendente a demostrar la causa generadora de la posesión que aduce tener respecto del bien inmueble de mérito, no puede tenerse por acreditado el interés jurídico para ocurrir a instar la acción constitucional. Es aplicable al caso concreto la tesis que dice: Registro digital: 187733 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 5 Tipo: Jurisprudencia "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Contradicción de tesis 17/91. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito. 29 de noviembre de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos. Por acuerdo del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el Tribunal Pleno declaró procedente pero infundada la solicitud de sustitución de jurisprudencia 8/2018 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis". Así como la diversa tesis que dice: Registro digital: 190785 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: II.2o.C. J/10 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 1341 Tipo: Jurisprudencia "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 116/98. Jesús Moreno Bermúdez. 8 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Everardo Shain Salgado. Amparo en revisión 213/98. Juan Carlos Núñez Claver. 12 de enero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretaria: Sonia Gómez Díaz González. Amparo en revisión 221/98. Pedro Delgado Sánchez. 16 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos. Amparo en revisión 277/98. Fondo Popular para la Vivienda El Potrerillo, A.C. 23 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Pablo Rabanal Arroyo. Amparo en revisión 76/99. Salvador Baeza González y otra. 13 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías, según criterio sostenido en la jurisprudencia que dice: Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sexta Epoca, Tercera Parte: Volumen LXI, página 119. Amparo en revisión 588/62. Gregorio Escobar y coagraviados. 2 de julio de 1962. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 13, página 123. Amparo en revisión 1543/69. Angelina Meza Esquerra. 22 de enero de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen 14, página 63. Amparo en revisión 4444/69. Enrique Villegas Montes y coagraviados. 4 de febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen 21, página 49. Amparo en revisión 1391/70. Carmen Gibson de Corvera. 24 de septiembre de 1970. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volumen 21, página 49. Amparo en revisión 6171/69. Poblado Comunal de San Rafael Ixtapaluca, Municipio de Tlahuapan, Puebla. 30 de septiembre de 1970. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, toda vez que no se controvirtieron por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es aplicable al respecto la jurisprudencia que dice: Registro digital: 209878 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o. J/338 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 83, Noviembre de 1994, página 69 Tipo: Jurisprudencia "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 306/89. Guadalupe Montaño Cahuatzi. 31 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 310/89. Leovigildo Sánchez Espinoza y otra. 26 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 373/89. Severiano Víctor Manuel Batalla González. 17 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 276/89. Samuel Mateo Olvera Ramírez. 17 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 161/94. Leobardo Rosas Pérez. 28 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Cabrera Vázquez. Secretario: Enrique Baigts Muñoz". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Avelina Carreras Ibarra, apoderada de J. Isabel Carreras Saldaña, respecto del acto reclamado a las responsables, por las razones precisadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy quince de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.
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