J. Heriberto Luna Boyso

Expediente 418/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
418/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
16/07/2019

Partes del expediente

  • J. Heriberto Luna Boyso
  • José de Jesús Luna Boyso
  • J. Heriberto Luna Boyso y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de junio del año en curso, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó la protección de la Justicia de la Unión en el presente asunto, promovido por J. Heriberto Luna Boyso y José de Jesús Luna Boyzo, por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 418/2019 promovido por J. Heriberto Luna Boyso y José de Jesús Luna Boyzo contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. Secretario de Finanzas del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda diversas constancias en copia certificada, asimismo, la autoridad señalada como responsable Secretario de Finanzas del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en copia certificada de diversas actuaciones dentro de los archivos de esa unidad administrativa. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. V I S T O S los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 418/2019-III promovido por J. Heriberto Luna Boyso y José de Jesús Luna Boyzo, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de abril del año en curso ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, cuyo conocimiento, por razón de turno, le correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito, J. Heriberto Luna Boyso y José de Jesús Luna Boyzo promovieron demanda de amparo contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, en lo términos siguientes: "IV.- LEY Y ACTOS QUE SE RECLAMAN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Reclamo de las autoridades responsables la ley y actos que a continuación refiero: 1.- La Ley de Hacienda del Estado de Michoacán 2019, publicada el día 31 de diciembre de 2018, en sus artículos 21, 22 Y 23, concernientes al impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón. Este acto se atribuye, en cuanto a la expedición del decreto, al H. Congreso del Estado de Michoacán; en cuanto a su promulgación, al C. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán; en cuanto al refrendo del acto promulgatorio y a la orden de publicación del Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, al C. Secretario de Gobierno. 2.- Todos los efectos y consecuencias que por su naturaleza, deriven de la Ley reclamada, esto es, los eventuales actos de ejecución del ordenamiento legal mencionado que, en el respectivo ámbito de competencia, pretendan llevar a cabo en contra de mi representada el C. Secretario de Finanzas del Estado; bien actúa por sí mismo o a través de la Dirección de Auditoria Fiscal, notificadores o personal de cualquier clase, subordinados a tales autoridades.". En su ocurso los promoventes de amparo narraron los antecedentes del caso y señaló violados en perjuicio de su representada, los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 5, 16 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. En proveído de doce de abril del año en curso este órgano jurisdiccional radicó la demanda de que se trata bajo el progresivo 418/2019 de su índice, donde además determinó prevenir a la parte promovente para que aclarara, bajo protesta de decir verdad, si existía un acto de aplicación sobre la ley reclamada. TERCERO. Desechamiento, admisión y trámite del juicio. Solventado lo anterior, mediante acuerdo de nueve de mayo del actual, por una parte, se desechó la demanda de amparo, únicamente en cuanto a los actos reclamados al Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, consistentes en la publicación y refrendo, respectivamente, de la Ley Hacendaria del Estado de Michoacán, en particular sus artículos 21, 22 y 23. Por lo demás actos, se admitió a trámite el presente asunto; se ordenó requerir a las autoridades responsables para que rindieran su respectivo informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos asentados en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama una norma de carácter general cuyos efectos se materializan dentro de la demarcación territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. En ese tenor, de análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que los actos reclamados son los siguientes: Del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad: La aprobación, expedición y promulgación, en el ámbito de sus competencias, de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, en particular sus artículos 21, 22 y 23. De la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán: Los actos de ejecución de los preceptos anteriormente mencionados. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Secretario de Finanzas y Administración del Estado, con residencia en esta ciudad, negó los actos de ejecución que en concreto se le atribuyen, pues al efecto refiere que la autoliquidación de una contribución no constituye un acto de aplicación de la ley, sin que el cumplimiento de la norma sea un acto atribuido a la autoridad. En efecto, la aplicación de las normas en comento consiste en el pago del impuesto reclamado y, por ende, es una autoliquidación que realiza la parte quejosa, circunstancia que además está acreditada en autos con los comprobantes de pago que los promoventes del amparo acompañaron a su demanda de garantías y que obran a fojas 37 y 38 del expediente en que se actúa, razón por la cual, es evidente que dicho acto no puede ser considerado como de autoridad, al no corresponder a un actuar irregular por parte de la citada responsable. Este criterio encuentra su apoyo en la jurisprudencia 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 171860 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 153/2007 Página: 367 "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Contradicción de tesis 91/2007-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar Palomo Carrasco. Tesis de jurisprudencia 153/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del quince de agosto de dos mil siete. En tales condiciones, lo conducente es sobreseer en el juicio, respecto del citado acto y la referida autoridad, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Por otra parte, al rendir sus respectivos informes justificados, tanto el Congreso, como el Gobernador, ambos del Estado de Michoacán, aceptaron los actos que les fueron atribuidos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Cabe reiterar que, en el caso, los actos reclamados consisten en porciones normativas de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán; entonces, no es el caso de que se requiera algún tipo de prueba para corroborar su existencia, precisamente porque existe el principio que reza: "la ley no es objeto de prueba". Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia de la literalidad siguiente: "Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil.". QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." Al rendir su informe con justificación, el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán señala que los preceptos que ahora se tildan de inconstitucionales se encuentran consentidos por los aquí quejosos, ya que el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón ya existía en la Ley de Hacienda, y lo único que se modificó su la tasa contemplada en el artículo 21 de dicho ordenamiento, por lo que considera que no basta que se actualice una reforma o adición a un precepto determinado para combatir en la vía constitucional, además de ese dispositivo, todos los demás que integran el cuerpo normativo y guardan relación extraordinaria con el reformado, en virtud de la integración que debía tener cualquier sistema legal. Al respecto cita la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal del rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS." Lo anterior es infundado. Para demostrar tal aserto se toma en cuenta que el pasado treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, el Decreto número 116 mediante el cual se expide la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, que en su artículo segundo transitorio establece lo siguiente: "ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 31 de Diciembre de 2013." Con base en el precepto transcrito se estima que la expedición de la normativa aludida, se trata de un nuevo acto legislativo que, en concreto, abrogó la precedente Ley de Hacienda publicada el pasado treinta y uno de diciembre de dos mil trece. Por ello, si bien el impuesto relativo se encontraba previsto en este último ordenamiento para ser reiterado en diverso cuerpo normativo, lo cierto es que se trata de actos materialmente diferentes producto de diversos procesos legislativo y que, por tanto, aunque se reitere, en todo o en parte, la regulación del impuesto descrito, ya es otra disposición que indudablemente da lugar a presentar una nueva demanda de amparo. Además, el suscrito no pasa desapercibido el criterio plasmado en la jurisprudencia P./J. 114/99 que cita la autoridad responsable; sin embargo, se estima que no es aplicable al caso concreto, ya que habla de la reforma a un precepto que forma parte de un sistema, que de suyo, no permite la impugnación en juicio constitucional de diversos preceptos relacionados con el reformado; mientras que en la especie, se está en presencia de la expedición de un diverso cuerpo normativo que abrogó la vigencia de la anterior ley vigente. Al respecto, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 185273 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Enero de 2003 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 158/2002 Página: 219 "ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. EL AMPARO SÓLO ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA LEY DE INGRESOS QUE ANUALMENTE FIJA LA TASA, SI NO SE IMPUGNÓ OPORTUNAMENTE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA QUE CON ANTERIORIDAD YA HABÍA ESTABLECIDO LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL TRIBUTO. La citada Ley de Hacienda publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve establece, en sus artículos 245, 246 y 247, estos dos últimos reformados en mil novecientos noventa y siete, la contribución por servicio de alumbrado público, pero de los elementos esenciales del tributo sólo fija los sujetos, el objeto, la base y la época de pago, mientras que para las tasas, que es el otro elemento esencial, remite a la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Guanajuato que, como es obvio, sólo tiene vigencia anual. Por tanto, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo en contra de tal tributo, debe tomarse en consideración que si no se demandó oportunamente la inconstitucionalidad de la mencionada Ley de Hacienda en relación con la contribución de mérito, dicha Ley debe tenerse tácitamente consentida y sobreseerse al respecto, pero no cabe la misma determinación, en vía de consecuencia, respecto de la impugnación de la tasa establecida en la Ley de Ingresos, pues al ser ésta un nuevo acto legislativo cada año, es evidente que con motivo de su entrada en vigor o de su primer acto de aplicación, se dé la oportunidad de promover la acción de amparo en su contra, atendiendo a la novedad formal de la norma respectiva, pues aunque se reitere la tasa, ya es otra disposición. La oportunidad de la demanda de garantías en contra de ambas Leyes, por tanto, debe examinarse por separado. Contradicción de tesis 136/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato y el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, con residencia en León, Guanajuato. 6 de diciembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez. Tesis de jurisprudencia 158/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de diciembre de dos mil dos. En otro aspecto, la autoridad responsable insiste que el juicio de amparo que se resuelve es improcedente en virtud de que la quejosa consintió la norma que tilda de inconstitucional, porque tiene la naturaleza de autoaplicativa y, por ende, debió reclamarla dentro de los treinta días posteriores a su entrada en vigor, y no lo hizo. Dicha causa de improcedencia está prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso...". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Preceptos que señalan esencialmente, que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen normas generales, y a pesar de que siendo impugnables en amparo indirecto desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado en el plazo concedido para tal efecto, ni tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso; para lo cual debe acudirse a los plazos que se establecen en el artículo 17 de la invocada ley de la materia. Así, el citado numeral establece que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo indirecto, será de quince días, lapso que de conformidad con el diverso precepto legal 18 del citado ordenamiento jurídico, se contará desde el día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo en el caso de la fracción I del prescrito artículo 17 en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor, refiriéndose a las normas generales autoaplicativas, o el procedimiento de extradición, en que el plazo será de treinta días. Asimismo, las fracciones III y IV del artículo 17, de la Ley de Amparo, disponen las otras dos excepciones para la presentación de la demanda de amparo; a saber: "III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;" "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Ahora bien, tratándose del amparo contra leyes, existen tres momentos en que puede reclamarse la inconstitucionalidad de una ley: a) Dentro de los treinta días siguientes al de la fecha en que inició su vigencia, si se trata de una disposición autoaplicativa. b) Dentro de los quince días que siguen al de la notificación o conocimiento del primer acto de su aplicación concreta. c) Dentro de ese mismo lapso, contado desde el siguiente día a aquél en el que surte sus efectos la notificación del fallo o resolución que recayeron al recurso o medio de defensa que la propia disposición legislativa otorgue al gobernado, por virtud del cual ese acto de aplicación pudo ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior encuentra ilustración en la jurisprudencia que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 196391 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 26/98 Página: 461 "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación." Amparo en revisión 103/98. Cirpro de Delicias, S.A. de C.V. 20 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. Amparo en revisión 105/98. Delphi Sistemas de Energía, S.A. de C.V. antes Dr. de Chihuahua, S.A. de C.V. 20 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. Amparo en revisión 223/98. Servicios Ford Credit, S.A. de C.V. 20 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Clementina Flores Suárez. Amparo en revisión 3693/97. Buenaventura Autopartes, S.A. de C.V. 27 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales. Amparo en revisión 310/98. Berol, S.A. de C.V. 27 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales. Tesis de jurisprudencia 26/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho. Corolario a lo anterior, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las normas que establecen el impuesto sobre nóminas como el que nos ocupa, son de naturaleza autoaplicativas. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Época: Octava Época Registro: 207441 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989 Materia(s): Administrativa Tesis: 3a. 25 Página: 391 "NOMINAS. TIENE EL CARACTER DE AUTOAPLICATIVA LA LEY QUE CREA EL IMPUESTO RELATIVO (LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, ARTICULOS 45-G, 45-H Y 45-I). El decreto que establece el impuesto sobre nóminas, tiene la naturaleza de autoaplicativo, ya que por su sola entrada en vigor, sin necesidad de acto posterior de aplicación, obliga a todas las personas físicas o morales que en el Distrito Federal realicen erogaciones en dinero o en especie, por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado." Amparo en revisión 1763/88. G. O. Mantenimiento, S.A. 28 de noviembre de 1988. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Ricardo Rivas Pérez. Amparo en revisión 1939/88. R. G. Industrial, S.A. 1o. de febrero de 1989. Cinco votos. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: Agustín Urdapilleta Trueba. Amparo en revisión 2235/88. Factum, S.A. de C.V. 20 de febrero de 1989. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Gustavo Aquiles Gazca. Amparo en revisión 2477/88. México, Constructora Industrial, S.A. de C.V. 20 de febrero de 1989. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. Amparo en revisión 2183/88. Arenera Mexicana, S.A. 20 de febrero de 1989. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Gustavo Aquiles Gazca. Texto de la tesis aprobado por la Tercera Sala, en sesión de quince de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, por cinco votos de los señores ministros: Presidente Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Mariano Azuela Güitrón, José Manuel Villagordoa Lozano, Salvador Rocha Díaz e Ignacio Magaña Cárdenas. De ahí, que cuando la parte quejosa acude a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en contra de una ley que establece el pago del Impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, puede hacerlo en dos momentos: a) Dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigor; o, b) Dentro de los quince días posteriores a su primer acto de aplicación. En el caso, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, reclama la inconstitucionalidad de las normas ya referidas, con motivo de su primer acto de aplicación, y para acreditarlo exhibieron las constancias de las declaración provisional mensual del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón, correspondiente al periodo de pago mes 01, año 19, con línea de captura 31002600800123548206 y 30017666620123548253, así como las constancia del pago respectivas realizadas el tres de abril del presente año (fojas 37 y 28). Documentos que gozan de valor probatorio en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°. De lo anterior se evidencia que el primer acto de aplicación de las normas reclamadas se llevó a cabo el tres de abril del presente año, por lo que el término de quince días legalmente establecido para los casos como el que se resuelve, comprendió del cuatro al veintinueve de abril de dos mil diecinueve, restando lo días seis, siete, trece, catorce, del diecisiete al veintiuno, veintisiete y veintiocho del año mencionado, por ser inhábiles. Luego, si la quejosa presentó su escrito de demanda de amparo el once de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es evidente que lo hizo dentro del plazo legalmente establecido para ello; de ahí lo infundado de la causal de improcedencia alegada. El Congreso del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado, indicó que en el particular asunto se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones VII y XXIII, del numeral 61, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo; empero, sin expresar, razonamiento alguno, del por qué considera su actualización. Es así, ya que la autoridad se limita a manifestar que no se advierte vulneración a ningún concepto de violación de los artículos y ley tildados de inconstitucionales, lo que -dice- es necesario para estar en condiciones de determinar la existencia e inexistencia del agravio que cada uno de ellos pudiere irrogarle, que por ello se debe negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Razón por la cual, la sola invocación de dichas causas de improcedencia, no basta para que el suscrito realice su estudio, máxime que no se desprende su constatación. Es de invocarse la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN.". Cabe señalar que no se inadvierte que el Congreso del Estado para dar soporte a sus argumentos acerca de la causal de improcedencia en estudio invoca los criterios de rubros: "AMPARO CONTRA LEYES, PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO DEBE ATENDERSE A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN" y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARLO"; sin embargo, no son de tomarse en consideración, al no existir razonamiento alguno de la responsable del por qué estima que se actualizan las causas de improcedencia que refiere. Además de que el argumento relativo a que no se advierte vulneración alguna a los conceptos de violación y que por ello, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal, son cuestiones de fondo, que deberán ser analizadas en la presente resolución. En ese sentido, al no existir otras causas de improcedencia hechas valer por las partes o alguna que este juzgador estime que debe analizarse de oficio, lo conducente es entrar al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente del amparo, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los promoventes del amparo reclaman en esta vía únicamente los artículos 21, 22 y 23 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, que regula tres aspectos básicos del ingreso ordinario de esta entidad denominado Impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, los cuales establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 21. Se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, las personas físicas y morales, así como las asociaciones en participación, que en el Estado de Michoacán, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado. ARTÍCULO 22. Quedan comprendidos entre los obligados a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, las personas físicas y morales incluidas las asociaciones en participación, que realicen el pago de las remuneraciones afectas a este Impuesto en la Entidad, aún cuando para efectos distintos tengan su domicilio en otra Entidad Federativa. ARTÍCULO 23. Para los efectos de este impuesto se considerará remuneración al trabajo personal subordinado, los sueldos y salarios así como todas las prestaciones en dinero o en especie, con independencia de la designación que se le otorgue que deriven de un trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón. No se consideran como parte de la remuneración al trabajo personal subordinado, las prestaciones siguientes: I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares; II. El ahorro, cuando se integre por depósito semanal, quincenal o mensual, por cantidades iguales que aporten trabajador y patrón o cuando se constituya en forma diversa a la señalada, aún cuando el trabajador pueda retirarlo más de dos veces al año; III. Las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical; IV. Las aportaciones que el patrón pague a sus trabajadores por concepto de cuotas de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, adicionales a las establecidas en las disposiciones de seguridad social que le sean aplicables; V. Las participaciones en las utilidades de la empresa; VI. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores, entendiéndose que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, como mínimo, el 20% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; VII. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; VIII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe por cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario; IX. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; X. Las remuneraciones por tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo; XI. El pago de becas para trabajadores o para sus hijos, seguro de vida y seguro de gastos médicos, cuando en este último caso se contrate de manera general y sea distinto al de las instituciones de seguridad social; XII. Los viáticos y gastos de representación efectivamente erogados por cuenta del patrón y que hayan sido debidamente comprobados en los mismos términos que, para su deducibilidad requiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta; XIII. Las aportaciones a cargo del patrón al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado y al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM); XIV. Las pensiones y jubilaciones en caso de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; y, XV. Las vacaciones. Tampoco formarán parte de las remuneraciones afectas al pago de este Impuesto, las prestaciones que se paguen a los trabajadores, como consecuencia de terminación de la relación laboral, así como las indemnizaciones por incapacidad física". De esta transcripción se advierte, que los preceptos legales tildados de inconstitucionales sólo se refieren a tres aspectos del impuesto; esto es, el sujeto, objeto y la base; por ello, los conceptos de violación hechos valer únicamente se analizaran de acuerdo a tales preceptos, tornándose inoperante el resto de las alegaciones relacionadas con la tasa de la contribución descrita, por no encontrarse relacionados con la litis constitucional. Ahora, en su primer concepto de violación los quejosos señalan que el impuesto que ahora reclaman, contenido en los artículos 21, 22 y 23 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán, se traduce en una doble tributación que es lo que pretende evitar el Convenio de Coordinación Fiscal celebrado entre los Estados y la Federación. Lo anterior es infundado. De inicio, la doble tributación o múltiple tributación es la acción concurrente que autoridades hacendarias de distintos niveles de imposición ejercen sobre una misma materia; dicho de otra forma, cuando un mismo contribuyente recibe el impacto de dos o más impuestos establecidos en actos legislativos diversos que graven el mismo objeto. En la especie, no asiste razón jurídica a la parte quejosa, porque para el caso del ISR, se grava la utilidad neta que un trabajador obtiene como producto de su salario que excede de una cierta cantidad de salarios mínimos; esto es, el sujeto pasivo de la relación tributaria es el trabajador y el objeto sus percepciones, en tanto que en el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, el sujeto pasivo es el patrón, y el objeto es la erogación que realiza por el pago de ciertas prestaciones; el ISR es un impuesto directo a cargo del trabajador en tanto que el de remuneraciones, es indirecto y se encuentra a cargo del patrón. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que sea el patrón el que deba retener el impuesto sobre la renta que sus trabajadores generen, y que sea él quien materialmente lo entera, ya que en atención a la figura del retenedor, la retención de impuestos se ha fundamentado en la facultad que tiene la autoridad hacendaria para controlar el impuesto y hacer más expedita su recaudación, pues no es una relación simple la que se entabla entre el Estado y el contribuyente que sólo implica la obligación de pago; sino, por lo contrario, es una relación compleja que trae aparejado un conjunto de derechos y obligaciones tributarias, entre las que se halla la de controlar el tributo mediante la imposición de la obligación de retención a terceros. Precisamente por la existencia de la obligación de pago y traslación de contribuciones, por una parte, y de la obligación de retención, por otra, es que debe analizarse cuál es la situación en la que se encuentran los sujetos de tales obligaciones y las diferencias que existen entre los mismos. Por ello, es necesario hacer un estudio de los aspectos de la subjetividad tributaria, entendiéndose por ésta "todos los supuestos o figuras de titularidad de situaciones jurídicas subjetivas [pasivas] establecidas en las normas tributarias. El sujeto pasivo del poder tributario del Estado y de las facultades de la autoridad fiscal es la persona física o jurídica que soporta su ejercicio en el más amplio sentido del término. Este es un concepto amplio que va más allá de la obligación material de pago del tributo incluyendo un cúmulo de obligaciones y deberes formales (hacer, no hacer, soportar, etc.) y que también implica situaciones subjetivas distintas del sujeto pasivo que realiza el hecho imponible, que por lo regular se denomina contribuyente, esto es, de terceros como obligados tributarios, en donde se incardinan las figuras de la responsabilidad (solidaria o subsidiaria) y la sustitución tributaria. Por el contrario, el sujeto pasivo de la obligación tributaria -como se dijo, denominado contribuyente, es la persona física o jurídica que tiene la obligación de pago del tributo por haber realizado el hecho imponible demostrativo, en su caso, de capacidad contributiva, soportando dicha carga en su patrimonio. Por tanto, el sujeto pasivo del poder tributario del Estado, resulta ser el sujeto que tiene la obligación de retener, pues ésta se establece respecto a quienes se les traslade el impuesto. Son estos, pues, los criterios de atribución o imputación para tener la obligación de retención por parte del sujeto pasivo del poder tributario del Estado (retenedor). Así, las principales diferencias entre el sujeto de la obligación tributaria de pago (contribuyente) y el sujeto pasivo del poder tributario (retenedor) son las siguientes: Conducta realizada: El sujeto de la obligación tributaria de pago (contribuyente) realiza el hecho imponible por lo que ostenta su titularidad y, por regla general, la capacidad contributiva que el hecho imponible refleja. El sujeto pasivo del poder tributario (retenedor), es un tercero que realiza un supuesto normativo que se interrelaciona con ese hecho, que la mayoría de las veces no es demostrativo de capacidad contributiva, aunque al realizarse se subroga en la titularidad del hecho imponible. Fundamento normativo: El primero tiene la obligación de pago del impuesto por haber realizado el hecho imponible previsto en la Ley respectiva (disposición normativa primaria). El segundo tiene la misma obligación de pago pero no por actualizar el hecho imponible, sino por un mandato legal diverso a éste (disposición normativa secundaria). Posición jurídica: El primero tiene el lugar principal en el cumplimiento de la obligación tributaria de pago. El segundo por Ley está obligado al pago del impuesto en lugar de aquél, sustituyéndolo, siendo el único y verdadero sujeto obligado al pago. Por ello se ha dicho que en la sustitución tributaria existe una "[.] desviación sustancial [total o parcial] del normal proceso de imputación normativa de la obligación fiscal. En vez del sujeto pasivo, otro sujeto queda obligado al pago del tributo". Naturaleza: El primero es el que satisface por regla general y en condiciones de normalidad la obligación tributaria de pago. El segundo es un garante personal de la obligación tributaria de pago no satisfecha por aquél, que facilita y simplifica la actividad recaudatoria de la autoridad fiscal actuando a título de auxiliar y coadyuvante de ésta, por lo que se establece como un especial mecanismo impositivo. Estos razonamientos fueron expresados en la tesis aislada CXVII/2013 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "SUJETO PASIVO DEL PODER TRIBUTARIO DEL ESTADO Y SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. SUS DIFERENCIAS.". En ese orden, aunque la parte quejosa tenga la obligación de retener el impuesto sobre la renta generado por su trabajadores respecto de aquellos ingresos que no son exentos, y eventualmente pagarlo o compensarlo, el objeto del tributo no es el mismo que impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, pues respecto de éste, él es el obligado por realizar el hecho imponible; en tal virtud, no existe doble tributación, resultando infundado los aducido por la parte quejosa en el primero concepto de violación. En su segundo concepto de violación los amparistas argumental que las previsiones normativas violan el contenido del artículo 5 Constitucional porque sin fundamento o motivo alguno, dificulta o impide directamente dedicarse a un fin económico lícito, pues impone un costo extraordinario que obliga a cubrir el impuesto que se analiza, disminuyendo así la capacidad económica de las empresas y, por ende, la oferta de empleos. Lo anterior es infundado. Para demostrar tal aserto, se toma en cuenta que el artículo 5 Constitucional consagra la garantía de libertad de trabajo que no puede ser coartada por alguna autoridad, sea mediante un acto positivo o negativo, o bien, como en el caso lo alega el quejoso, mediante una previsión normativa. Bajo esta premisa, se estima que la contribución que ahora se analiza no restringe directa o indirectamente el derecho humano de que se habla, ya que su fin es meramente impositivo, pues se trata de una porción normativa que se emite dentro del marco de lo que dispone el artículo 31, fracción VI, de la Constitución Federal. Ahora, si bien el argumento toral de los promoventes estriba en que, mediante la creación de contribuciones a su cargo, se grava su capacidad económica y la generación de empleos en cuanto empresa, ello no puede ser motivo suficiente para estimar que se está vulnerado la libertad de trabajo tutelada constitucionalmente, habida cuenta de que en ningún momento se restringe el libre ejercicio del empleo o el de sus trabajadores. Además, conviene precisar que el salario se encuentra definido por el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo conceptualizarlo como la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. De esta definición se advierte que el salario comprende a la vez dos aspectos, uno positivo y uno negativo, el primero se erige como un derecho humano protegido por los derechos fundamentales consignados en el artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que toda persona que preste un servicio personal subordinado, perciba la retribución correspondiente; el aspecto negativo se integra por las obligaciones que asume la persona que utiliza el servicio personal subordinado, tanto en los aspectos directos como en las normas de protección al salario. En ese sentido, es dable advertir que los aspectos positivos y los negativos que protegen el salario fueron diseñados desde la perspectiva del trabajador, a efecto de que el salario que perciban sea remunerador, tan es así que el espíritu del artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo, que contempla una prohibición, en el sentido de que todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno, lo que evidentemente tiene por objeto proteger a los trabajadores ante una eventual disminución de la capacidad adquisitiva que incidiría negativamente en el concepto de salario remunerador. No obstante, como ya se ha dicho, el diseño del impuesto en estudio, se conformó desde la perspectiva de la persona física o moral que utiliza los servicios de trabajadores, tan es así que el sujeto obligado al pago del tributo es quien paga el salario, no quien lo recibe, y, en cambio, dicho salario no debe verse afectado por el pago de este impuesto, que únicamente es obligación del patrón que paga por los servicios del trabajador; de ahí que no es factible ubicar ese acto jurídico dentro del contexto del artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo, porque el hecho de que se imponga a los patrones una obligación tributaria, no afecta de manera directa a los trabajadores, y por ende este impuesto, contrario a lo dicho por el quejoso, no vulnera en nada el principio de supremacía constitucional previsto por el artículo 133 de la Constitución Federal ni lo estatuido por el numeral 123 de la Ley Suprema, menos aún el artículo 19 de la ley laboral, pues en nada perjudica al salario del trabajador. Además, de la lectura integral del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se advierte la prohibición a cargo de las entidades federativas, de gravar este tipo de actividades, incluso la Ley de Impuesto sobre la Renta, grava la percepción de salarios de forma específica, de ahí que no exista ninguna razón jurídica para que, desde la perspectiva del patrón, los Estados no puedan gravar el hecho del pago de la retribución correspondiente. Cobra aplicación al caso la tesis aislada 2a. XXXVIII/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo XXXI, Junio de 2010, página 277, de rubro: "RENTA Y NÓMINAS. NO CONSTITUYEN IMPUESTOS QUE ACTUALICEN UN SUPUESTO DE DOBLE IMPOSICIÓN (EFECTOS DEL ARTÍCULO 110 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 39 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO, VIGENTES EN 2006).". En su tercer y cuarto concepto de violación, los impetrantes medularmente alegan la violación a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, de manera que también alegan la transgresión al principio de legalidad, pues estiman que el acto reclamado no se encuentra fundado y motivado. Lo anterior es infundado en virtud de que, contrario a lo que alega, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la capacidad contributiva o potencialidad no se revela -tratándose de los impuestos indirectos como en la especie- únicamente a través de los ingresos, utilidades o rendimientos, es decir, no constituyen sus únicos indicadores; por ello, el Estado, al establecer las contribuciones, grava lo que se puede manifestar no sólo a través de la obtención de ingresos, sino también de la propiedad de un patrimonio o capital, o de la realización de gastos o erogaciones destinados a adquirir bienes o servicios, mismas que son reveladoras de la capacidad contributiva en los patrones como sujetos pasivos del impuesto, en tanto que constituyen manifestaciones de riqueza de quienes las efectúan ya que tienen como finalidad generar más riqueza precisamente a través del trabajo que les prestan sus subordinados. Consecuentemente, si el objeto del impuesto que se estudia lo constituye las erogaciones en dinero o en especie que se realizan como contraprestación por el trabajo personal subordinado, tales erogaciones en la mayoría de los casos son indicativas de capacidad contributiva de los causantes en tanto que son manifestaciones de riqueza de quienes las efectúan (salvo que se trate de organismos públicos cuya nómina se encuentra determinada en un presupuesto de egresos), y por ende, es proporcional y equitativo que se grave por igual, a las personas que lo realicen, porque al tratarse de un impuesto indirecto, la capacidad contributiva se revela tan solo por realizar el hecho imponible, en este caso, tener personas a su cargo como sus trabajadores y pagarles para la realización de la prestación de un servicio o trabajo como tal, a través de la nómina correspondiente; lo anterior también se puede evidenciar en otro tipo de impuesto indirecto, como sucede en el impuesto al valor agregado (IVA), que sin duda no se cobra en relación a la capacidad contributiva de cada persona, sino que presume la capacidad adquisitiva de pagar por un producto que se ve gravado por dicho impuesto y que en su caso puede presumir esa capacidad contributiva antes mencionada. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada. De conformidad con este principio, en términos generales los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad de cada sujeto pasivo, esto es, en función de su potencialidad real para contribuir a los gastos públicos, de manera que las personas que tengan mayor riqueza gravable tributen en forma diferenciada y superior a aquellos que la tengan en menor proporción. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes, para que en cada caso el impacto sea distinto, lo cual puede trascender cuantitativamente o cualitativamente en lo tocante al mayor o menor sacrificio, o bien, en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada. No obstante, para cierto tipo de impuestos indirectos la vulneración a los principios de proporcionalidad y equidad puede materializarse en la configuración del hecho imponible, por medio de una discriminación a determinados productos o actividades sobre las que el legislador puede incidir y dejar fuera de la tributación a otros, que por sus características sean muy similares o inclusive idénticos, pero que por virtud de la configuración del tributo queden exentos de su pago o, en algunos casos, fuera del supuesto de sujeción. En consecuencia, el análisis en torno a la proporcionalidad del impuesto sobre nóminas o sobre remuneraciones al trabajo personal, debe ceñirse en exclusiva al objeto del gravamen que, en términos generales, consiste en el pago en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal, y no las características propias de los contribuyentes, como erróneamente lo afirma el quejoso. Es importante destacar que las leyes son de naturaleza genérica, abstracta e impersonal, no se apoyan en situaciones o circunstancias personales que en modo alguno evidencian carencia de capacidad contributiva para sufragar el impuesto. De lo anterior se desprende que si el hecho imponible del impuesto sobre nóminas o sobre remuneraciones al trabajo personal previsto en la normatividad local, se constituye y actualiza al momento de que un sujeto (patrón o empleador) realiza el pago en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal, considerando que tal situación es reveladora de capacidad contributiva porque constituye en sí misma una manifestación de riqueza, es indudable que para la actualización de aquél -hecho imponible- deviene intrascendente la actividad del sujeto obligado, la naturaleza de los servicios que realice o el origen de los recursos económicos que sustentan la manifestación de riqueza gravada y de aquellos con que se paga la contribución respectiva, pues es suficiente para fundar la imposición que se lleve a cabo el pago por concepto de remuneración al trabajo personal. Al respecto cobra aplicación por las razones que contiene la jurisprudencia P./J. 43/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 200229 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Diciembre de 1995 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P./J. 43/95 Página: 98 "CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL. IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. LA TARIFA ÚNICA DEL 2% NO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. Esta Suprema Corte ha establecido que la forma más adecuada de gravar la capacidad económica del contribuyente, es a partir de tarifas progresivas, pero conviene aclarar que dicho criterio es aplicable tratándose de impuestos sobre el ingreso, las utilidades o los rendimientos del causante. Efectivamente, la tarifa progresiva constituye una útil herramienta de valoración sobre los ingresos totales del particular, empero tratándose de impuestos reales u objetivos que gravan una manifestación aislada de su riqueza, no existe obstáculo para que se aplique una tarifa única, en tanto que dichos tributos no participan de los aspectos subjetivos o personales de cada contribuyente, sino que se limitan a la porción de riqueza elegida por el Estado. De aquí que, la tarifa única del 2% que establece el Código Financiero del Distrito Federal para el cobro del impuesto sobre nóminas, no infringe el principio de proporcionalidad, dado que no se trata de un gravamen de carácter personal. Amparo en revisión 727/95. Aceites y Esencias, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández. Amparo en revisión 1051/95. Sinca, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alejandra de León González. Amparo en revisión 1194/95. Chrysler de México, S.A. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el ministro Juan Díaz Romero. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. Amparo en revisión 1196/95. Combustibles Roquero, S.A. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rocío Balderas Fernández. Amparo en revisión 1226/95. Tanques de Acero Trinity, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 43/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Sin que en el caso resulte favorable a lo argumentado por la parte quejosa la jurisprudencia que invoca del Pleno del Máximo Tribunal del país de rubro: "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL", pues no obstante que dicho criterio es obligatorio para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, el mismo únicamente señala los alcances e interpretación de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, los cuales, como puede evidenciarse en el estudio realizado en los párrafos que anteceden, no se ven vulnerados con el impuesto aquí impugnado en la vertiente que combate con dicho concepto de violación, esto es, por gravar las erogaciones realizadas por el pago de nómina de los trabajadores de la empresa quejosa y no por los ingresos que esta percibe. En razón de lo anterior es que se concluye que el concepto de violación que aquí se estudia es infundado. En su quinto concepto de violación los peticionarios de amparo aducen que es ilegal el cobro de la contribución reclamada, porque ésta no se encuentra prevista en la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal del Año 2019 y, por ende, existe una violación al principio de legalidad de reserva de ley. Lo anterior es infundado. El artículo 10 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, establece: "Artículo 10. El Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón, se causará, liquidará y pagará conforme a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo IV de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, aplicando la tasa del 3% sobre la base que en el mencionado Título y Capítulo se prevé." Como se observa, basta imponerse del contenido del precepto citado para evidenciar que el impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón, sí se encuentra previsto en la Ley de Ingresos aplicable al presente ejercicio fiscal y, por ello, carece de sustento jurídico lo aseverado por los peticionarios de amparo, en cuanto a que la ilegalidad de la contribución deviene por no estar contemplada como un ingreso del Estado. Por último, también es infundado su cuarto concepto de violación, en el que aduce que las leyes que prevén el impuesto aquí combatido son inconstitucionales, porque dichas leyes carecen del refrendo del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. Se estima lo anterior porque los artículos 60 y 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, únicamente exigen como requisitos de validez para la promulgación de leyes, el refrendo tanto del Secretario de Gobierno como el del ramo correspondiente, hipótesis que deriva de una interpretación incorrecta de los citados normativos; máxime que, para advertir lo infundado del concepto de violación que aquí se estudia, basta imponerse de los numerales constitucionales antes referidos que establecen lo siguiente: "Artículo 60. Las facultades y obligaciones del Gobernador son: I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia. [.]". "Artículo 65. La promulgación y la orden de publicación de las leyes se harán constar mediante la firma del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno. Todos los decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos, deberán ser firmados por el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y los titulares de las dependencias básicas a que el asunto corresponda; requisito sin el cual no serán obligatorios". De la interpretación gramatical de tales preceptos se advierte, en un primer plano, que una de las facultades que tiene el Gobernador del Estado es promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; asimismo, que la promulgación y la orden de publicación de las leyes se harán constar mediante la firma del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno. Ahora, de la interpretación sistemática (sentido estricto) y funcional (teleológica), se advierte que ambos artículos hacen referencia a dos facultades del Poder Ejecutivo de naturaleza diversa, pues la promulgación (prevista en la primera parte de ambos normativos) es el acto jurídico por virtud del cual se hace del conocimiento de los habitantes del Estado, que una ley ha sido expedida y, por tanto, de observancia obligatoria. Por su parte, la facultad de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley, consagra la facultad reglamentaria concedida al Poder Ejecutivo. La diferencia entre una ley y un reglamento es notable, pues mientras la primera es un acto formal y materialmente legislativo, el segundo es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo, el cual además -salvo los reglamentos autónomos, cuya expedición constitucionalmente se encuentra reservada a ciertos organismos descentralizados como los municipios-, se encuentra sujeto al principio de reserva de la ley, por el cual ninguna de sus disposiciones podrá exceder del marco especificado en la ley que se reglamenta. De esa guisa, la promulgación de la ley, más que una facultad del Poder Ejecutivo, constituye una obligación, en tanto que la expedición de reglamentos es propiamente una potestad, cuyo mérito y oportunidad corresponde determinarlo al depositario de ese Poder. Precisada la diferencia entre ley y reglamento, o cualquier otra norma general que no provenga del Poder Legislativo, queda claro que la promulgación de las leyes es un acto jurídico diverso a la expedición de normas de decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos y circulares, aunque su contenido sea de carácter general. Lo anterior se confirma con el contenido del citado artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, puesto que de la interpretación gramatical (semántica) de este precepto, en un segundo plano, también se advierte la existencia de dos actos jurídicos diversos, que aunque coinciden en su objeto, no son iguales, pues mientras la primera parte se refiere al refrendo de la promulgación de las leyes, la segunda parte alude a los demás actos formalmente administrativos pero materialmente legislativos, esto es, que no se trata de leyes, como lo podrían ser los decretos administrativos expedidos a través de la facultad reglamentaria otorgada al Gobernador del Estado, que no deben ser confundidos con los decretos promulgatorios que tiene como finalidad expedir las leyes dadas por el Congreso del Estado, como en la especie ocurre. Se afirma lo anterior, porque ambos apartados se encuentran separados por un "punto y seguido", el cual se utiliza para terminar de explicar un concepto y se sigue razonando sobre el mismo tema. Así, el tema a que se refiere el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, es el refrendo que para la validez de dos actos formalmente diferentes, deben contener; uno es la ley, el otro son decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos. En este contexto, si en la primera parte del artículo 65 de la Constitución de Michoacán se precisó que la promulgación y la orden de publicación de las leyes se harán constar mediante la firma del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno, de acuerdo con la regla gramatical enunciada, ello indica que ese concepto, el de ley, ahí concluyó, de ahí lo infundado del concepto de violación que hace valer la ahora quejosa, pues es claro que en el caso se combaten dos leyes y no decretos administrativos, por lo que no era una obligación que estos fueran firmados por el secretario del ramo correspondiente, contrario a lo afirmado por el quejoso, pues se insiste, los decretos que promulgan las leyes combatidas (conocidos como decretos promulgatorios), no son los mismos a que se refiere la segunda parte del citado artículo 65 de la Constitución Local, que sí requieren de la firma del secretario de referencia, dado que, estos últimos se tratan de los decretos propiamente administrativos comprendidos en la facultad reglamentaria del Gobernador del Estado. Al respecto resulta aplicable el criterio que a continuación se transcribe: Época: Octava Época Registro: 206091 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Constitucional Tesis: P. 3 Página: 160 "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS. CORRESPONDE UNICAMENTE AL SECRETARIO DE GOBERNACION EL DE LAS LEYES APROBADAS POR EL CONGRESO DE LA UNION. En materia de refrendo de los decretos del Ejecutivo Federal, el Pleno de la Suprema Corte ha establecido las tesis jurisprudenciales ciento uno y ciento dos, visibles en las páginas ciento noventa y seis y ciento noventa y siete, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación -mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y cinco- cuyos rubros son los siguientes: "REFRENDO DE LOS DECRETOS DEL EJECUTIVO POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO RESPECTIVOS" y "REFRENDO DE UNA LEY, CONSTITUCIONALIDAD DEL". Ahora bien, el análisis sistemático de los artículos 89, fracción I y 92 de la Constitución General de la República, conduce a interrumpir las invocadas tesis jurisprudenciales en mérito de las consideraciones que en seguida se exponen. El primero de los preceptos mencionados establece: "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes": "I.-Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia". A su vez, el artículo 92 dispone: "Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado o Jefe del Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos". De conformidad con el primero de los numerales reseñados, el presidente de la República tiene, entre otras facultades, la de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión, función ésta que lleva a cabo a través de la realización de uno de los actos que señala el artículo 92 constitucional, a saber, la emisión de un decreto mediante el cual ese alto funcionario ordena la publicación de la ley o decreto que le envía el Congreso de la Unión. Esto significa, entonces, que los decretos mediante los cuales el Titular del Poder Ejecutivo Federal dispone la publicación de las leyes o decretos de referencia constituyen actos de los comprendidos en el artículo 92 en cita, pues al utilizar este precepto la locución "todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente...", es incuestionable que su texto literal no deja lugar a dudas acerca de que también a dichos decretos promulgatorios, en cuanto actos del presidente, es aplicable el requisito de validez previsto por el citado artículo 92, a saber, que para ser obedecidos deben estar firmados o refrendados por el Secretario de Estado a que el asunto o materia del decreto corresponda. Los razonamientos anteriores resultan todavía más claros mediante el análisis de lo que constituye la materia o contenido del decreto promulgatorio de una ley. En efecto, en la materia de dicho decreto se aprecian dos partes fundamentales: la primera se limita a establecer por parte del presidente de la República, que el Congreso de la Unión le ha dirigido una ley o decreto cuyo texto transcribe o reproduce y la segunda a ordenar su publicación para que la ley aprobada por el Congreso de la Unión pueda ser cumplida u observada. Por consiguiente, si la materia del decreto promulgatorio está constituida en rigor por la orden del presidente de la República para que se publique o dé a conocer la ley o decreto para su debida observancia, mas no por la materia de la ley o decreto oportunamente aprobados por el Congreso de la Unión, es de concluirse que el decreto respectivo única y exclusivamente requiere para su validez constitucional de la firma del Secretario de Gobernación cuyo ramo administrativo resulta afectado por dicha orden de publicación, toda vez que es el acto que emana de la voluntad del Titular del Ejecutivo Federal y, por ende, el que debe ser refrendado, sin que deba exigirse, además, la firma del secretario o secretarios de Estado a quienes corresponda la materia de la ley o decreto que se promulgue o publique, pues sería tanto como refrendar un acto que ya no proviene del titular o del órgano ejecutivo sino del órgano legislativo, lo cual, evidentemente, rebasa la disposición del artículo 92 constitucional, pues dicho precepto instituye el refrendo sólo para los actos del presidente de la República ahí detallados. Lo hasta aquí expuesto llega a concluir que es inexacto que el artículo 92 constitucional exija, como se sustenta en las jurisprudencias transcritas, que el decreto promulgatorio de una ley deba refrendarse por parte de los Secretarios de Estado cuyos ramos sean afectados por la misma ley, pues tal interpretación no tiene fundamento en el precepto constitucional en cita ni en otro alguno de la Ley Suprema." Amparo en revisión 2066/84. Broadcasting, Baja California, S.A. (XERCN) Tijuana Baja California y otras. 29 de abril de 1986. Unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Moreno Flores, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y presidente del Río Rodríguez. Ponente: Carlos del Río Rodríguez y el engrose estuvo a cargo de: Schmill Ordóñez. Secretario: Rubén Pedrero Rodríguez. Séptima Epoca, Volúmenes 205-216, Primera Parte, página 109. Amparo en revisión 8150/84. Televisión González Camarena, S.A. y coagraviados. 14 de octubre de 1986. Unanimidad de diecisiete votos de los señores Ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gutiérrez de Velasco, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y presidente del Río Rodríguez. Ponente: Fernando Castellanos Tena. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. Séptima Epoca, Volúmenes 205-216, Primera Parte, página 109. Amparo en revisión 2656/86. Eduardo Ordóñez Bremauntz y coagraviados. 26 de mayo de 1987. Unanimidad de veinte votos de los señores Ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Castañón León, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y presidente del Río Rodríguez. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Diego Isaac Segovia Arrazola. Séptima Epoca, Volúmenes 217-228, Primera Parte, página 43. Amparo en revisión 5069/86. Luis Silverio Garza Salinas. 22 de septiembre de 1987. Mayoría de quince votos de los señores Ministros: de Silva Nava, López Contreras, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Schmill Ordóñez y presidente en funciones Cuevas Mantecón en contra del voto de: Díaz Infante y Adato Green. Ponente: Santiago Rodríguez Roldán. Secretario: Roberto Terrazas Salgado. Séptima Epoca, Volúmenes 217-228, Primera Parte, página 43. Amparo en revisión 482/84. Radiodifusora XERY de Arcelia, Guerrero y otro. 23 de febrero de 1988. Unanimidad de diecinueve votos de los señores Ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Castañón León, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. Secretaria: Rosa María Temblador Vidrio. Texto de la tesis aprobado por el Tribunal en Pleno el veintitrés de abril de mil novecientos ochenta y ocho. Unanimidad de veintiún votos de los señores ministros: presidente Carlos del Río Rodríguez, Carlos de Silva Nava, Felipe López Contreras, Raúl Cuevas Mantecón, Samuel Alba Leyva, Mariano Azuela Güitrón, Noé Castañón León, Ernesto Díaz Infante, Luis Fernández Doblado, Francisco H. Pavón Vasconcelos, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, José Martínez Delgado, Manuel Gutiérrez de Velasco, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Angel Suárez Torres, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Juan Díaz Romero y Ulises Schmill Ordóñez. De ahí que, debe estimarse infundado el concepto de violación que se estudia. Así, al resultar infundados todos los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 78, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por J. Heriberto Luna Boyso y José de Jesús Luna Boyzo, respecto de los actos y por la autoridad precisada en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a J. Heriberto Luna Boyso ni a José de Jesús Luna Boyzo, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.-

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de junio de dos mil diecinueve. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Ahora, para dar margen a que las partes se impongan del contenido del aludido informe justificado, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil diecinueve. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. SEÑALA DELEGADOS. Por otra parte, se tiene a la autoridad en cita designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, a las personas que refiere en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

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