J. Isabel Avendaño Huitrón

Expediente 91/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
91/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • J. Isabel Avendaño Huitrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que no obra glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedieron tanto la suspensión provisional como la definitiva. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy Fe.eegCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Luis Felipe Sánchez Luna CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por J. Isabel Avendaño Huitrón; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Lo proveyó y forma Marbella Juárez García, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022 signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 91/2020, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo 91/2020, promovido por J. Isabel Avendaño Huitrón, por derecho propio, contra actos del Secretario de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: a) Secretario de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán. b) Encargado de Coordinación de Mercados Dependiente de la Secretaria de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán. c) Tesorero del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán. d) Secretario de Seguridad Pública Municipal de Zitácuaro, Michoacán. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO. Se hace constar que en este asunto obran las documentales que la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda de amparo, así como las documentales que las autoridades responsables Secretario de Servicios Públicos Municipales, Encargado de Coordinación de Mercados Dependiente de la Secretaria de Servicios Públicos Municipales y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán remitieron en apoyo de su informe justificado; documentales que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por ??????????????? admitidas y desahogadas en atención su propia y especial naturaleza. JUEZ: Al no haber más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que únicamente hizo manifestaciones en esta vía la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, a través del pedimento 115/2020. JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 91/2020-IX, promovido por J. Isabel Avendaño Huitrón, contra la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, el Encargado de Coordinación de Mercados Dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, de la Tesorería Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, todas del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados con Residencia en esta ciudad Capital, cuyo conocimiento, por razón de turno, le correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, J. Isabel Avendaño Huitrón solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades antes indicadas, de quienes reclamó el acto que precisó de la siguiente manera: ".la inminente e ilegal clausura de mi establecimiento comercial que actualmente ocupo, ubicado en el interior del Mercado 'Benito Juárez', local" Actos que la parte quejosa consideró violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de treinta de enero de dos mil veinte, se registró el asunto como el expediente 91/2020-IX; se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en esta misma fecha, en los términos asentados en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso ??????????????? artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad cuya ejecución puede verificarse dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustran lo anterior, las siguientes tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta ??????????????? insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en el presente asunto, es el siguiente: ? La posible orden de clausura emitida en contra del quejoso, respecto de la negociación ubicada en el local 182, del Mercado Benito Juárez, de Zitácuaro, Michoacán. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, las autoridades señaladas como responsables fueron coincidentes en señalar que: ".es cierto que el pasado 16 dieciséis de enero del año en curso, el suscrito en compañía del encargado de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de esta ciudad de Zitácuaro, Michoacán, nos constituimos en legal y debida forma en el local comercial antes referido y se le notificó legalmente al quejoso, que evitara realizar trabajos de cerrajería en dicho local ya que dicho giro comercial se había autorizado para desempeñar la actividad comercial, industrial o prestación de servicios, únicamente como 'Taller de Reparación de Aparatos Eléctricos', que ello así lo ampara la licencia municipal amparada con el número 245, haciéndoles del conocimiento del hoy quejoso que en caso de persistir con su conducto de destinar el local a un uso distinto para lo cual se le otorgó dicha licencia se clausuraría dicho local por estar destinado a usos distintos al que se le autorizó, y por hacer caso omiso a la notificación que se le realizara, el 24 veinticuatro de enero de 2020 dos mil veinte, se tomó la determinación de clausurar dicho local comercial, por faltar a lo que dispone el artículo 31 del Reglamento de Mercados, Comercios y Prestaciones de Servicios en Espacio de Dominio Público." Además, tal asentimiento fue corroborado con las copias certificadas de las constancias que dichas autoridades exhibieron como cimiento de su informe; medio de convicción que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 1291, 1972 y 2023 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 1 "Articulo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones." 2 "Articulo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". 3 "Articulo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.].". ??????????????? Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS.". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los ??????????????? propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". Sentado lo anterior, es menester señalar que, de oficio, se advierte que, en la especie, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 5, fracción I, y 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, por considerarse que el acto reclamado es de realización futura e incierta. Tales numerales son del tenor siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende, por una parte, que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, en el caso, en su escrito inicial el peticionario del amparo manifestó que el día veinticuatro de enero de dos mil veinte, las autoridades señaladas como responsables clausuraron su negociación ubicada en el local 182, del Mercado Benito Juárez, de Zitácuaro, Michoacán; sin embargo, también manifestó que ".el pasado 25 (veinticinco) de enero de dos mil veinte, después de haber hecho las gestiones necesarias con las autoridades responsables se reapertura mi negocio, bajo la condición tajante y ordenadora de no hacer llaves, esto trae como consecuencia la violación a mi derecho fundamental consagrado por ??????????????? la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, tengo el temor fundado de que de nueva cuenta y sin que medie razón alguna como ha sucedido, me sea clausurado mi negocio otra vez.". Por su parte, ya quedó establecido que las autoridades señaladas como responsables coincidentemente manifestaron que: ".es cierto que el pasado 16 dieciséis de enero del año en curso, el suscrito en compañía del encargado de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de esta ciudad de Zitácuaro, Michoacán, nos constituimos en legal y debida forma en el local comercial antes referido y se le notificó legalmente al quejoso, que evitara realizar trabajos de cerrajería en dicho local ya que dicho giro comercial se había autorizado para desempeñar la actividad comercial, industrial o prestación de servicios, únicamente como 'Taller de Reparación de Aparatos Eléctricos', que ello así lo ampara la licencia municipal amparada con el número 245, haciéndoles del conocimiento del hoy quejoso que en caso de persistir con su conducto de destinar el local a un uso distinto para lo cual se le otorgó dicha licencia se clausuraría dicho local por estar destinado a usos distintos al que se le autorizó, y por hacer caso omiso a la notificación que se le realizara, el 24 veinticuatro de enero de 2020 dos mil veinte, se tomó la determinación de clausurar dicho local comercial, por faltar a lo que dispone el artículo 31 del Reglamento de Mercados, Comercios y Prestaciones de Servicios en Espacio de Dominio Público." Tales circunstancias patentizan que si bien existe el antecedente de que la negociación propiedad de la peticionaria del amparo ya fue clausurada por prestar un servicio distinto al comprendido en la licencia que le fue expedida; lo cierto es que dicha clausura ya se dejó sin efectos; y no existe constancia de que se haya emitido una diversa orden a la materializada el veinticuatro de enero de dos mil veinte; de hecho, como la propia quejosa lo narró, el apercibimiento fue que sólo se volvería a clausurar su negociación si continuara prestando el servicio de cerrajería, el cual no está comprendida la licencia 245, expedida a favor de la quejosa para la prestación del servicio "Taller de reparación de aparatos eléctricos". En tal virtud, válidamente puede considerarse que la orden de clausura que pretende reclamar es de realización futura e incierta; habida cuenta que, se insiste, no existe constancia de que a la fecha en que esto se resuelve se haya emitido una nueva orden de clausura; tampoco existe constancia de que la ahora peticionaria del amparo haya continuado prestando el servicio de cerrajería en el local comercial que le fuera clausurado, condición necesaria para que se le clausurara la negociación de mérito. Ello porque, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, y que no encajan en esa categoría los actos respecto de los que se tiene la certidumbre de que se ejecutarán de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona; es decir, que no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, los que aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos relacionados con su ejecución, y que respecto de los actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización. ??????????????? Para mayor eficacia en la solución del presente asunto, no se debe pasar por alto que el transcrito artículo 5o. de la Ley de Amparo, igualmente condiciona la promoción del juicio protector a la circunstancia de que el acto reclamado perjudique o agravie la esfera jurídica del peticionario; además, de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Esto quiere decir que el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues la propia Ley de Amparo, en su artículo 5o. fracción I, condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique la esfera jurídica de la parte quejosa. Los anteriores razonamientos dieron génesis a la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente. "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 184156 Jurisprudencia Materias(s): Común Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo XVII, Junio de 2003 Tesis: 1a./J. 25/2003 Página: 73 DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral. ??????????????? Contradicción de tesis 62/2002-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, todos en Materia Civil del Tercer Circuito. 14 de mayo de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. Tesis de jurisprudencia 25/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de catorce de mayo de dos mil tres." Luego, no es óbice que, como lo manifestó la quejosa, las autoridades hayan apercibido con volver a clausurar la negociación si se continuaba prestando un servicio distinto al autorizado en su licencia; porque, como ya quedó establecido ese apercibimiento se haría efectivo si y sólo si la quejosa continúa prestando ese servicio; de manera que el solo apercibimiento no genera una afectación real y actual a la esfera jurídica de la peticionaria del amparo. Al respecto, resulta aplicable, por las razones que contiene, la tesis que se inserta en seguida: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2010813 Jurisprudencia Materias(s): Común Décima Época Instancia: Plenos de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: Libro 26, Enero de 2016 Tomo III Tesis: PC.I.L. J/14 L (10a.) Página: 2321 MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 6/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Décimo Segundo y Décimo Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 9 de noviembre de 2015. Mayoría de trece votos de los Magistrados: Francisco Javier Patiño Pérez, Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso, Salvador Castro Zavaleta, María Eugenia Olascuaga García, Herlinda Flores Irene, Genaro Rivera, Edna Lorena Hernández Granados, Ricardo Rivas Pérez, Ricardo Castillo Muñoz, Aristeo Martínez Cruz, Héctor Landa Razo, Juan Alfonso Patiño Chávez y Alicia Rodríguez Cruz. Magistrados disidentes: Elisa Jiménez Aguilar, Elías Álvarez Torres, Sergio Pallares y Lara y María Edith Cervantes Ortiz. Voto particular del Magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez. Ponente: Magistrado Héctor Landa Razo. Secretaria: Alethia Guerrero Silva. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QT. 84/2014. El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QT. 238/2014. El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja QT. 183/2014 y QT. 248/2014. ??????????????? El sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QT. 144/2014. El sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QT. 144/2014. El sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja QT. 163/2014 y QT. 241/2014. El sustentado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja QT. 32/2015 y QT. 27/2015. Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de enero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." En tal virtud, al haberse actualizado las hipótesis de improcedencia indicadas con antelación; en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo4, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio respecto de aquellas actuaciones. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en contra de los actos combatidos. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: 4 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. ??????????????? Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por J. Isabel Avendaño Huitrón, contra la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, el Encargado de Coordinación de Mercados Dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, de la Tesorería Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, todas del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. SE ORDENA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA. Visto el estado procesal de autos, de los que se obtiene que no obra constancia de que se haya notificado a la parte quejosa el auto de doce de noviembre de dos mil veinte, en el que se reanudó el procedimiento suspendido con motivo de la pandemia generada por el virus Covid-19 y se programó esta fecha para la celebración de la audiencia constitucional; a efecto de cumplir con las formalidades del procedimiento, se ordena al actuario de la adscripción para que realice la notificación de dicho acuerdo. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y se fijan las once horas con diez minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno, para su verificativo. Notifíquese personalmente, y cúmplase respecto a la notificación de doce de noviembre de dos mil veinte. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

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