J. Carmen Ochoa Campos
Expediente 1164/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1164/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Carmen Ochoa Campos
- Juez de Control de la Base Uriangato, Guanajuato de la Tercera Región del Estado de Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con el que se le tiene acusando recibo del diverso 3385/2017 del índice de este Juzgado.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con el que se le tiene acusando recibo del diverso 6711/2017 del índice de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que mediante despacho 490/2016-I del índice de este Juzgado, se ordenó la notificación del auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis a los terceros interesados Lucia Ramírez Sierra, representante de los menores Rodrigo y Ramiro de apellidos Ochoa Ramírez, el que se tuvo por recibido, debidamente diligenciado, el dos de enero del año en curso; por tanto, se ordena dar de baja la mencionada comunicación. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno Correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, del sumario se advierte que el presente juicio se encuentra totalmente concluido y que resulta innecesaria la retención del tomo de pruebas que allegó a su informe el Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; en razón de lo anterior, devuélvasele.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se le concedió a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos, sin que lo hayan hecho. Consecuentemente, este Juzgado Federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, procede a determinar si se cumplió o no. De constancias se advierte que la sentencia que concedió al quejoso J. Carmen Ochoa Campos, el amparo y protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato: "(.)deje insubsistente el fallo de reclamado así como sus consecuencias, y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de la anterior -sin prejuzgar-, pero purgando los vicios formales detectados, es decir, deberá: Pronunciarse (en el sentido que considere legal) respecto las documentales que el ahora quejoso adjuntó a su escrito de interposición del recurso de que se trata; y, Considerar la causa de pedir del impetrante, inmersa en dicho ocurso, en el sentido de que en su segundo agravio también se inconforma con la imposición de la medida cautelar real (no solo con el auto de vinculación a proceso dictado en su contra); y resolver en consecuencia." En cumplimiento de la ejecutoria de mérito el Magistrado responsable, remitió el oficio registrado con el número 3991 [F. 241], al que adjuntó copia certificada de la resolución de seis de abril pasado, dictada en el toca 30/2016-O [F. 242-248], en la que dejó insubsistente la diversa de ocho de septiembre de dos mil dieciséis; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Resolución en la que atendiendo los lineamientos del fallo protector y con la plenitud de jurisdicción otorgada, dejó insubsistente la diversa resolución de ocho de septiembre de dos mil dieciséis (acto reclamado) y el seis de abril del año en curso, emitió un nuevo fallo en la que, atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, determinó: ". Con relación a la segunda razón por la cual el inculpado se manifiesta inconforme con la resolución de primera instancia debe decirse que del análisis de ese mismo apartado se desprende que el recurrente, si bien expresó que su inconformidad tuvo origen únicamente en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, considera que también le irroga perjuicio la decisión asumida en la misma audiencia relativa al monto de la medida cuartelar real que el Juez de origen consideró procedente, el cual estima excesivo. Por lo tanto, no obstante que esa determinación es independiente del auto mencionado aun cuando fue emitida dentro del mismo auto procesal y, por ende, es susceptible de ser impugnada por si misma en términos del artículo 169 de la Ley del Proceso Penal, este Tribunal, en observancia del Fallo del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, no debe soslayar que la causa de pedir del impetrante, consiste en controvertir adicionalmente la obligación monetaria que se le impuso como garantía del pago de la reparación del daño. En ese sentido, el imputado afirmó que la suma que se le exige es "estratosférica", ya que su precaria situación económica no le permite erogarla, circunstancia que, a su juicio, no fue tomada en cuenta en la primera instancia. Al respecto ha de decirse que, independientemente de si la decisión de la juez de control fue asumida atendiendo a la capacidad económica del inculpado, los argumentos del recurrente no son atendibles en virtud de que, dentro de la audiencia de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, éste y su defensor consintieron la solicitud del Ministerio Público de fijar como medida cautelar real el pago de ciento cinco mil trescientos noventa y dos pesos con cincuenta centavos. Lo anterior se desprende de la propia audiencia citada en la que, luego de la petición de la Fiscalía, la juzgadora concedió el uso de la voz al defensor, quien no solo se opuso a la solicitud planteada, sino que además pidió que le fuera otorgado un plazo más amplio que el propuesto para estar en condiciones de dar cumplimiento, lo que fue luego ratificado por su asistido. Por ese motivo, si la juez de origen dispuso acceder a la petición de la representación social sujetándose a las reglas del enjuiciamiento acusatorio, según las cuales su decisión no puede trascenderlas manifestaciones de las partes y el debate que entre ellas se suscite, no es dable analizar en esta instancia lo expresado en contra de lo deducido por aquella, ya que para ello sería indispensable que el acusado o su defensor hubieran expresado sus objeciones a la petición de la Fiscalía ante la propia juez y no ante esta segunda instancia, en la que este vedado abordar cuestiones que no fueron planteadas en la audiencia de origen y, por tanto, no fueron conocidas por la Juez Natural, pues lo contrario implica una transgresión a la naturaleza acusatoria del procedimiento en que se actúa, instrumentada por el principio de contradicción. Consecuencia de lo anterior es declarar inoperante el segundo agravio hecho valer por el apelante. (.) Asimismo, en atención al fallo dictado por el Tribunal Federal en mención, a de decirse que no pasa desapercibido que J. Carmen Campos Ochoa adjunto diversas pruebas documentales a su escrito de apelación, las cuales no son atendibles ya que la Ley del Proceso Penal no faculta al Tribunal de segunda instancia para admitir medio de prueba alguno, tratándose de la apelación contra el auto de vinculación, que es una resolución preliminar que se emite exclusivamente con base en datos de prueba, es decir, en la referencia a toda fuente de información aun no desahogada ante el Juez, según lo define el artículo 298 de la Ley del proceso Penal que desde luego de be obrar registrada en la carpeta de investigación como lo dispone al artículo 267 de la citada Ley, sin dejarse por tanto posibilidad de que el Órgano resolutor de la apelación pueda preciar datos de prueba y, menos aun, pruebas para fallar la Alzada" Luego, si la protección federal se otorgó para ese preciso efecto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Por otra parte, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral antes referido de la Ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente y original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se concedió el amparo, así como la suspensión provisional y definitiva solicitada; debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se le concedió a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos, sin que lo hayan hecho. Consecuentemente, este Juzgado Federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, procede a determinar si se cumplió o no. De constancias se advierte que la sentencia que concedió al quejoso J. Carmen Ochoa Campos, el amparo y protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato: "(.)deje insubsistente el fallo de reclamado así como sus consecuencias, y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de la anterior -sin prejuzgar-, pero purgando los vicios formales detectados, es decir, deberá: Pronunciarse (en el sentido que considere legal) respecto las documentales que el ahora quejoso adjuntó a su escrito de interposición del recurso de que se trata; y, Considerar la causa de pedir del impetrante, inmersa en dicho ocurso, en el sentido de que en su segundo agravio también se inconforma con la imposición de la medida cautelar real (no solo con el auto de vinculación a proceso dictado en su contra); y resolver en consecuencia." En cumplimiento de la ejecutoria de mérito el Magistrado responsable, remitió el oficio registrado con el número 3991 [F. 241], al que adjuntó copia certificada de la resolución de seis de abril pasado, dictada en el toca 30/2016-O [F. 242-248], en la que dejó insubsistente la diversa de ocho de septiembre de dos mil dieciséis; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Resolución en la que atendiendo los lineamientos del fallo protector y con la plenitud de jurisdicción otorgada, dejó insubsistente la diversa resolución de ocho de septiembre de dos mil dieciséis (acto reclamado) y el seis de abril del año en curso, emitió un nuevo fallo en la que, atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, determinó: ". Con relación a la segunda razón por la cual el inculpado se manifiesta inconforme con la resolución de primera instancia debe decirse que del análisis de ese mismo apartado se desprende que el recurrente, si bien expresó que su inconformidad tuvo origen únicamente en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, considera que también le irroga perjuicio la decisión asumida en la misma audiencia relativa al monto de la medida cuartelar real que el Juez de origen consideró procedente, el cual estima excesivo. Por lo tanto, no obstante que esa determinación es independiente del auto mencionado aun cuando fue emitida dentro del mismo auto procesal y, por ende, es susceptible de ser impugnada por si misma en términos del artículo 169 de la Ley del Proceso Penal, este Tribunal, en observancia del Fallo del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, no debe soslayar que la causa de pedir del impetrante, consiste en controvertir adicionalmente la obligación monetaria que se le impuso como garantía del pago de la reparación del daño. En ese sentido, el imputado afirmó que la suma que se le exige es "estratosférica", ya que su precaria situación económica no le permite erogarla, circunstancia que, a su juicio, no fue tomada en cuenta en la primera instancia. Al respecto ha de decirse que, independientemente de si la decisión de la juez de control fue asumida atendiendo a la capacidad económica del inculpado, los argumentos del recurrente no son atendibles en virtud de que, dentro de la audiencia de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, éste y su defensor consintieron la solicitud del Ministerio Público de fijar como medida cautelar real el pago de ciento cinco mil trescientos noventa y dos pesos con cincuenta centavos. Lo anterior se desprende de la propia audiencia citada en la que, luego de la petición de la Fiscalía, la juzgadora concedió el uso de la voz al defensor, quien no solo se opuso a la solicitud planteada, sino que además pidió que le fuera otorgado un plazo más amplio que el propuesto para estar en condiciones de dar cumplimiento, lo que fue luego ratificado por su asistido. Por ese motivo, si la juez de origen dispuso acceder a la petición de la representación social sujetándose a las reglas del enjuiciamiento acusatorio, según las cuales su decisión no puede trascenderlas manifestaciones de las partes y el debate que entre ellas se suscite, no es dable analizar en esta instancia lo expresado en contra de lo deducido por aquella, ya que para ello sería indispensable que el acusado o su defensor hubieran expresado sus objeciones a la petición de la Fiscalía ante la propia juez y no ante esta segunda instancia, en la que este vedado abordar cuestiones que no fueron planteadas en la audiencia de origen y, por tanto, no fueron conocidas por la Juez Natural, pues lo contrario implica una transgresión a la naturaleza acusatoria del procedimiento en que se actúa, instrumentada por el principio de contradicción. Consecuencia de lo anterior es declarar inoperante el segundo agravio hecho valer por el apelante. (.) Asimismo, en atención al fallo dictado por el Tribunal Federal en mención, a de decirse que no pasa desapercibido que J. Carmen Campos Ochoa adjunto diversas pruebas documentales a su escrito de apelación, las cuales no son atendibles ya que la Ley del Proceso Penal no faculta al Tribunal de segunda instancia para admitir medio de prueba alguno, tratándose de la apelación contra el auto de vinculación, que es una resolución preliminar que se emite exclusivamente con base en datos de prueba, es decir, en la referencia a toda fuente de información aun no desahogada ante el Juez, según lo define el artículo 298 de la Ley del proceso Penal que desde luego de be obrar registrada en la carpeta de investigación como lo dispone al artículo 267 de la citada Ley, sin dejarse por tanto posibilidad de que el Órgano resolutor de la apelación pueda preciar datos de prueba y, menos aun, pruebas para fallar la Alzada" Luego, si la protección federal se otorgó para ese preciso efecto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Por otra parte, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral antes referido de la Ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente y original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se concedió el amparo, así como la suspensión provisional y definitiva solicitada; debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se le concedió a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos, sin que lo hayan hecho. Consecuentemente, este Juzgado Federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, procede a determinar si se cumplió o no. De constancias se advierte que la sentencia que concedió al quejoso J. Carmen Ochoa Campos, el amparo y protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato: "(.)deje insubsistente el fallo de reclamado así como sus consecuencias, y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de la anterior -sin prejuzgar-, pero purgando los vicios formales detectados, es decir, deberá: Pronunciarse (en el sentido que considere legal) respecto las documentales que el ahora quejoso adjuntó a su escrito de interposición del recurso de que se trata; y, Considerar la causa de pedir del impetrante, inmersa en dicho ocurso, en el sentido de que en su segundo agravio también se inconforma con la imposición de la medida cautelar real (no solo con el auto de vinculación a proceso dictado en su contra); y resolver en consecuencia." En cumplimiento de la ejecutoria de mérito el Magistrado responsable, remitió el oficio registrado con el número 3991 [F. 241], al que adjuntó copia certificada de la resolución de seis de abril pasado, dictada en el toca 30/2016-O [F. 242-248], en la que dejó insubsistente la diversa de ocho de septiembre de dos mil dieciséis; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Resolución en la que atendiendo los lineamientos del fallo protector y con la plenitud de jurisdicción otorgada, dejó insubsistente la diversa resolución de ocho de septiembre de dos mil dieciséis (acto reclamado) y el seis de abril del año en curso, emitió un nuevo fallo en la que, atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, determinó: ". Con relación a la segunda razón por la cual el inculpado se manifiesta inconforme con la resolución de primera instancia debe decirse que del análisis de ese mismo apartado se desprende que el recurrente, si bien expresó que su inconformidad tuvo origen únicamente en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, considera que también le irroga perjuicio la decisión asumida en la misma audiencia relativa al monto de la medida cuartelar real que el Juez de origen consideró procedente, el cual estima excesivo. Por lo tanto, no obstante que esa determinación es independiente del auto mencionado aun cuando fue emitida dentro del mismo auto procesal y, por ende, es susceptible de ser impugnada por si misma en términos del artículo 169 de la Ley del Proceso Penal, este Tribunal, en observancia del Fallo del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, no debe soslayar que la causa de pedir del impetrante, consiste en controvertir adicionalmente la obligación monetaria que se le impuso como garantía del pago de la reparación del daño. En ese sentido, el imputado afirmó que la suma que se le exige es "estratosférica", ya que su precaria situación económica no le permite erogarla, circunstancia que, a su juicio, no fue tomada en cuenta en la primera instancia. Al respecto ha de decirse que, independientemente de si la decisión de la juez de control fue asumida atendiendo a la capacidad económica del inculpado, los argumentos del recurrente no son atendibles en virtud de que, dentro de la audiencia de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, éste y su defensor consintieron la solicitud del Ministerio Público de fijar como medida cautelar real el pago de ciento cinco mil trescientos noventa y dos pesos con cincuenta centavos. Lo anterior se desprende de la propia audiencia citada en la que, luego de la petición de la Fiscalía, la juzgadora concedió el uso de la voz al defensor, quien no solo se opuso a la solicitud planteada, sino que además pidió que le fuera otorgado un plazo más amplio que el propuesto para estar en condiciones de dar cumplimiento, lo que fue luego ratificado por su asistido. Por ese motivo, si la juez de origen dispuso acceder a la petición de la representación social sujetándose a las reglas del enjuiciamiento acusatorio, según las cuales su decisión no puede trascenderlas manifestaciones de las partes y el debate que entre ellas se suscite, no es dable analizar en esta instancia lo expresado en contra de lo deducido por aquella, ya que para ello sería indispensable que el acusado o su defensor hubieran expresado sus objeciones a la petición de la Fiscalía ante la propia juez y no ante esta segunda instancia, en la que este vedado abordar cuestiones que no fueron planteadas en la audiencia de origen y, por tanto, no fueron conocidas por la Juez Natural, pues lo contrario implica una transgresión a la naturaleza acusatoria del procedimiento en que se actúa, instrumentada por el principio de contradicción. Consecuencia de lo anterior es declarar inoperante el segundo agravio hecho valer por el apelante. (.) Asimismo, en atención al fallo dictado por el Tribunal Federal en mención, a de decirse que no pasa desapercibido que J. Carmen Campos Ochoa adjunto diversas pruebas documentales a su escrito de apelación, las cuales no son atendibles ya que la Ley del Proceso Penal no faculta al Tribunal de segunda instancia para admitir medio de prueba alguno, tratándose de la apelación contra el auto de vinculación, que es una resolución preliminar que se emite exclusivamente con base en datos de prueba, es decir, en la referencia a toda fuente de información aun no desahogada ante el Juez, según lo define el artículo 298 de la Ley del proceso Penal que desde luego de be obrar registrada en la carpeta de investigación como lo dispone al artículo 267 de la citada Ley, sin dejarse por tanto posibilidad de que el Órgano resolutor de la apelación pueda preciar datos de prueba y, menos aun, pruebas para fallar la Alzada" Luego, si la protección federal se otorgó para ese preciso efecto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Por otra parte, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral antes referido de la Ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente y original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se concedió el amparo, así como la suspensión provisional y definitiva solicitada; debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
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