J. Carmen Andrade
Expediente 566/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Carmen Andrade
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda signada por ********************, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por ******, en contra de actos de la magistrada propietaria que integra la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y otra autoridad. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 566/2021-III. Hecho notorio. De los datos que constan en el libro de gobierno de registro de juicios de amparo, se desprende que ante este mismo órgano de control constitucional, el veintisiete de julio pasado, se recibió la demanda de amparo promovida por ******, la cual fue registrada con el número 504/2021-6, en contra de las autoridades señaladas como responsables magistrada propietaria que integra la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y del juez de Oralidad Familiar, con residencia en esta ciudad, y por el mismo acto que señala en la demanda del presente juicio de amparo, lo que al constituir un hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establece la facultad del suscrito para invocar de oficio dicha circunstancia. Se ordena anexar como medio probatorio al expediente en que se actúa copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo en comento. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón jurídica la jurisprudencia XXII. J/12, visible en la página 295, tomo V, enero de 1997, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, con el rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.". De igual forma de las constancias que integran el juicio de amparo 504/2021-6 se desprende que: Que por acuerdo de veintisiete de julio pasado, se previno a la parte quejosa a fin de que aclarara su demanda de amparo en los siguientes puntos: Si es parte o no en el expediente ****** del índice del juzgado de Oralidad Familiar de esta ciudad; en caso de ser parte procesal, especifique si es actora o demandada. 2. De ser parte, exprese con precisión las prestaciones en dinero que hayan sido demandadas y/o condenadas, o bien, el monto de la liquidación de las mismas. 3. Especifique en qué etapa procesal se encuentra el juicio subyacente ****** del índice del juzgado de Oralidad Familiar de esta ciudad; es decir, en instrucción -antes de dictarse sentencia o convenio elevado a cosa juzgada-, o bien, en fase posterior a la sentencia o convenio ejecutorio -etapa de ejecución de sentencia-. 4. Mencione si cuenta con la posesión física del inmueble que aduce es de su propiedad y le fue embargado en el controvertido de origen ****** del índice del juzgado de Oralidad Familiar de esta ciudad. Ello para estar en aptitud de eventualmente determinar los efectos y alcances de la suspensión solicitada. Prevención que solventó mediante escrito registrado con el número 6125, del que ratificó su firma mediante comparecencia de nueve de los actuales. Ahora, del análisis del escrito de demanda de cuenta se advierte que es inconsistente en los mismos puntos que fueron motivo de aclaración en la demanda de amparo relativa al juicio de amparo 504/2021-6; sin embargo, resulta innecesario prevenir nuevamente al quejoso para que los desahogue en virtud de lo que se determinará a continuación. Desechamiento de demanda. Del análisis integral de la demanda, así como de la copia certificada de las constancias del juicio de amparo 504/2021-6, específicamente el escrito aclaratorio respectivo, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda y escrito aclaratorio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: De los antecedentes del acto reclamado expuestos bajo protesta de decir verdad en los escritos en cita, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En efecto, de los antecedentes de los actos reclamados expuestos bajo protesta de decir verdad por la parte agraviada; manifestación que merece eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, así mismo, se advierte lo siguiente: Que se tramitó el juicio familiar ****** ante el Juzgado de oralidad familiar de esta ciudad, el cual se encuentra en etapa de ejecución. Que el quejoso fue parte demandada en ese procedimiento, en el cual se le condenó al pago de alimentos por la cantidad de 580.00 pesos diarios en favor de su contraparte. Que promovió recurso de apelación en contra del auto que declara formalmente trabado el embargo del bien inmueble ubicado en ******, medio de impugnación que fue desechado de plano por el juez responsable. Inconforme con lo anterior, el demandado (aquí quejoso), interpuso denegada apelación, el cual fue resuelto el catorce de julio de dos mil veintiuno, dentro del toca de apelación ****** de la estadística de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en el sentido de confirmar el auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, dictado por el juez natural de origen. Este es el acto reclamado en forma destacada; así como su ejecución. De lo anteriormente narrado, se desprende que el acto reclamado es resultado de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, pues de autos se desprende que la parte quejosa se inconformó en contra de la resolución que confirma el desechamiento del medio de impugnación que interpuso en contra del auto que declaró formalmente embargado el bien inmueble ubicado en ******, con el fin de materializar la sentencia condenatoria; por tanto es evidente, que lo aquí reclamado son actos dictados dentro del periodo de ejecución de sentencia. Ante el anterior contexto, se estima, como se precisó, que en este caso se actualiza de manera manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que esta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." El normativo precedente establece la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Así, en general, el juicio procede en contra de los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, existen reglas particulares respecto de dos actos específicos: (a) Tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo solo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. (b) Tratándose de remates, solo procede el amparo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Dicho precepto, interpretado en sentido contrario, permite concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no constituya la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia respectivo. De lo anterior se sigue que para efectos del juicio de amparo, la última resolución en el caso de ejecución de sentencia es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Mientras que respecto al procedimiento de remate, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 74/2015, interpretó el citado párrafo y numeral y sostuvo que el juzgador de amparo debe analizar dicho arábigo en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de la última resolución del remate, la cual la constituye la que indistintamente y en forma definitiva ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado; es decir, que basta que se emita una sola de las citadas determinaciones para considerar actualizada la última resolución del remate y, por ende, procedente el juicio de amparo biinstancial. De la anterior contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) publicada en la página 1066 del libro 29, de abril de 2016, tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." La finalidad de la disposición analizada, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada en ejecución de sentencia, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. En el particular, es menester puntualizar que la parte quejosa señaló como acto reclamado en forma destacada, la resolución de catorce de julio de dos mil veintiuno, emitida en el toca ******, en la que el magistrado propietario de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, confirmó el auto de veintiuno de abril actual, en el que el juez de origen desechó el recurso de apelación interpuesto en contra del auto por el cual se tuvo formalmente embargado el inmueble ubicado ubicado en ******, con el fin de materializar la sentencia condenatoria, dichos actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia. Por tanto, como se adelantó, tal acto reclamado no constituye la última resolución a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, en contra de la que procede el juicio de amparo, y que permita analizar las violaciones que la parte quejosa estima se cometieron durante el procedimiento respectivo. Así es, pues el resultado de la resolución reclamada por la cual se confirma el desechamiento del recurso de apelación interpuesto en contra del embargo, dentro la etapa de ejecución de sentencia del juicio origen, trae como consecuencia que se siga el trámite de la ejecución, y la voluntad del legislador al crear la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que la quejosa es parte. En consecuencia, el amparo procede hasta que se dicte la última resolución en el periodo de ejecución de sentencia, y en los conceptos de violación se podrán alegar las violaciones que se considere se cometieron en el trámite del incidente de nulidad de actuaciones, así como en las determinaciones subsecuentes de la etapa de ejecución de sentencia. Además, la resolución reclamada, se estima que no es autónoma a la ejecución, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutar la sentencia condenatoria que le fue adversa a la ahora quejosa, por lo que la quejosa debe esperar la última resolución para promover el amparo indirecto, en términos de la fracción analizada. Tampoco la determinación impugnada es de imposible reparación, al no atentar, por sí mismo, en contra de ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si, se insiste, se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de remate, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, en contra de la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella determinación que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente; o tratándose de remates, la última resolución, constituye la que en definitiva y de manera indistinta ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Siendo estas las resoluciones culminatorias del procedimiento de ejecución y en contra de las cuales se prevé la procedencia del juicio de garantías, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional, ajeno a la cosa juzgado en el juicio de origen. En ese sentido en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia analizada, en virtud de que la peticionaria del amparo es parte formal y material en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia I.13o.T. J/10 (10a.) sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución". También, resulta aplicable al caso en concreto la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 3, página 1515, que establece: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." Así como, la jurisprudencia 1a./ J. 28/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Por tanto, es dable concluir que la quejosa debe sujetarse a las reglas que regulan dicho procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto solo procederá en contra de la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por J. Carmen Andrade, en contra de los actos que reclama del magistrado propietario de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Señala para recibir notificaciones los estrados. Toda vez que el promovente señaló los estrados para recibir notificaciones, es decir, no precisa domicilio para tal efecto, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley Reglamentaria. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que a las diversas personas que menciona únicamente en términos restringidos del citado numeral, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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