J. Carmen Maldonado Calderon
Expediente 397/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Carmen Maldonado Calderon
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *********, interpusiera recurso de queja contra el auto veintinueve de abril de dos mil dieciséis, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicha sentencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo, presentado por *********, contra actos de la Magistrada Propietaria del Tribunal Unitario Agrario del Decimoprimer Distrito con sede en la Ciudad de Guanajuato, fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 397/2016. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y anexo, se advierte que el quejoso reclama la ejecución de la sentencia emitida el veintiuno de noviembre de dos mil trece, dentro del expediente agrario 1015/2012, en el que funge como demandado, así como el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, que ordena la entrega de la posesión de la parcela ejidal número 666 con superficie de 4-70-60.122 hectáreas del polígono 2/2 de la población de Urireo, municipio de Salvatierra, Guanajuato, mismo que aduce tener en posesión. Como antecedentes del acto reclamado señala que del once al veinticinco de enero de dos mil seis, se celebró asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, en la cual, quedó sin asignar la parcela 666 con superficie de 4-70-60.122 hectáreas del polígono 2/2 de la población de Urireo, municipio de Salvatierra, Guanajuato, la cual tiene en posesión, por cesión de derechos parcelarios que celebró con Isaías Piña Pizano. Que Isaías Piña Pizano, promovió el ante el Tribunal Agrario del Décimo Primer Distrito, acción de restitución y nulidad de asamblea, así como en ampliación de demanda, la restitución y asignación de la citada parcela, radicada bajo expediente 58/2006, procedimiento en el cual fungió como demandado en la acción principal y actor en la reconvencional demandando el cumplimiento de contratos de treinta de marzo de mil novecientos noventa y dos y once de febrero de dos mil novecientos noventa y tres; el cual concluyó con sentencia que declaró improcedente las acciones planteadas por las partes, absolviéndolo de la entrega de la posesión que se le demandó; determinación que causó ejecutoria en auto de veinte de septiembre de dos mil once. Que posteriormente, Isaías Piña Pizano, promovió el juicio agrario 1015/2012, demandado las mismas prestaciones que se dirimieron en el expediente anterior -58/2006-, contra el Ejido "Urireo", y diversas autoridades agrarias, así como contra el quejoso; el que concluyó con sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil trece, mediante la cual se reconoció al actor como titular de la parcela 666 con superficie de 4-70-60.122 hectáreas del polígono 2/2 de la población de Urireo, municipio de Salvatierra, Guanajuato, y se condenó a las autoridades demandadas en el ámbito de su competencia a expedir título de propiedad e inscribirlo en el Registro Agrario Nacional; a la Asamblea general de Ejidatarios, a que reconociera la titularidad de la citada parcela a favor de Isaías Piña Pizano, y al codemandado físico J. Carmen Maldonado Calderón, aquí quejoso, a la entrega de la posesión materia de la litis en un término de quince días. Que contra la anterior determinación promovió amparo directo, el cual se sobreseyó por haber presentado la demanda de manera extemporánea. En ejecución de sentencia, la Magistrada responsable emitió el auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en el que ordenó la entrega de la posesión de la parcela ejidal número 666 con superficie de 4-70-60.122 hectáreas del polígono 2/2 de la población de Urireo, municipio de Salvatierra, Guanajuato, señalando para tal efecto las once horas del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, con autorización de la fuerza pública; lo que constituye el acto reclamado. Antecedentes que derivan de las manifestaciones que realizó el quejoso en su escrito inicial de demanda, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, mismas que constituyen una confesión que hace prueba plena en su perjuicio de conformidad con lo previsto en los numerales 95, 96, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, el juicio biinstancial es improcedente cuando se reclaman actos pronunciados en la etapa de ejecución de sentencia y no se reclaman conjuntamente con la última determinación judicial que ha de dictarse en dicha etapa. En efecto, el citado numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, establece que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Mereciendo énfasis que en el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, la Magistrada de origen ordenó la entrega de la posesión del inmueble materia de la litis, por lo que, el acto que podría afectar al inconforme es la decisión que posteriormente adopte el tribunal responsable respecto a si está o no cumplida la sentencia, contra la cual, podrá promover el juicio de amparo, en el que podrá además reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que estime lo hayan dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. Por tanto, se advierte, de modo manifiesto e indudable, que se reclaman actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que aún no concluye, puesto que la resolución reclamada (acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciséis), no se impugna conjuntamente con la resolución que ponga fin a dicho procedimiento ejecutivo, y el quejoso es parte formal y material en el mismo, al ser demandado y ejecutado. De ahí que se considere que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar el artículo 61, fracción XIII, con el 107, fracción IV, de la nueva Ley de Amparo, pues al haberse dictado los actos reclamados en la etapa de ejecución de sentencia dictada en el juicio agrario y no constituir la última resolución de dicho procedimiento, ni reclamarse conjuntamente con ésta. Ello, considerando que la referida hipótesis de improcedencia se refiere a cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, contra los que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Cabe precisar que se consideran actos que ponen fin al procedimiento de ejecución, aquéllos que aprueban o reconocen el cumplimiento total de lo sentenciado o declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o los que ordenan el archivo definitivo del expediente. La finalidad de dicha disposición es evitar el abuso del juicio de amparo y que no se impida que se materialice la resolución dictada. De ahí que el juicio de amparo sólo proceda hasta que se dicte la resolución definitiva, pues si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no está permitido aun cuando se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen el procedimiento. Cobra relevancia que sobre esta cuestión, y en ese sentido, existe jurisprudencia obligatoria para este órgano jurisdiccional -y aplicable al caso aun cuando interprete la derogada la Ley de Amparo dada la similitud de la respectiva hipótesis de improcedencia con la prevista en la vigente ley reglamentaria- en términos del numeral 217 de la nueva Ley de Amparo, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece la regla de que contra ese tipo de actos, el amparo indirecto sólo procede cuando se reclama la última resolución; la cual se aplica conforme lo dispone el numeral sexto transitorio de la ley en cita. Criterio que se identifica como P./J. 32/2001, publicado Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, volumen XIII, del mes de abril del año dos mil uno, página treinta y uno, que reza: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Consecuentemente, el juicio deviene notoria e indudablemente improcedente, al actualizarse la hipótesis que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley Reglamentaria, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda. Como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados *********, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle **** Colonia Centro de esta Ciudad.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA J. CARMEN MALDONADO OBREGÓN, EL PROVEIDO DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIEIS, MISMO QUE A LA LETRA DICE:Visto el escrito de demanda de amparo, presentado por *********, contra actos de la Magistrada Propietaria del Tribunal Unitario Agrario del Decimoprimer Distrito con sede en la Ciudad de Guanajuato, fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 397/2016. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y anexo, se advierte que el quejoso reclama la ejecución de la sentencia emitida el veintiuno de noviembre de dos mil trece, dentro del expediente agrario 1015/2012, en el que funge como demandado, así como el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, que ordena la entrega de la posesión de la parcela ejidal número 666 con superficie de 4-70-60.122 hectáreas del polígono 2/2 de la población de Urireo, municipio de Salvatierra, Guanajuato, mismo que aduce tener en posesión. Como antecedentes del acto reclamado señala que del once al veinticinco de enero de dos mil seis, se celebró asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, en la cual, quedó sin asignar la parcela 666 con superficie de 4-70-60.122 hectáreas del polígono 2/2 de la población de Urireo, municipio de Salvatierra, Guanajuato, la cual tiene en posesión, por cesión de derechos parcelarios que celebró con Isaías Piña Pizano. Que Isaías Piña Pizano, promovió el ante el Tribunal Agrario del Décimo Primer Distrito, acción de restitución y nulidad de asamblea, así como en ampliación de demanda, la restitución y asignación de la citada parcela, radicada bajo expediente 58/2006, procedimiento en el cual fungió como demandado en la acción principal y actor en la reconvencional demandando el cumplimiento de contratos de treinta de marzo de mil novecientos noventa y dos y once de febrero de dos mil novecientos noventa y tres; el cual concluyó con sentencia que declaró improcedente las acciones planteadas por las partes, absolviéndolo de la entrega de la posesión que se le demandó; determinación que causó ejecutoria en auto de veinte de septiembre de dos mil once. Que posteriormente, Isaías Piña Pizano, promovió el juicio agrario 1015/2012, demandado las mismas prestaciones que se dirimieron en el expediente anterior -58/2006-, contra el Ejido "Urireo", y diversas autoridades agrarias, así como contra el quejoso; el que concluyó con sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil trece, mediante la cual se reconoció al actor como titular de la parcela 666 con superficie de 4-70-60.122 hectáreas del polígono 2/2 de la población de Urireo, municipio de Salvatierra, Guanajuato, y se condenó a las autoridades demandadas en el ámbito de su competencia a expedir título de propiedad e inscribirlo en el Registro Agrario Nacional; a la Asamblea general de Ejidatarios, a que reconociera la titularidad de la citada parcela a favor de Isaías Piña Pizano, y al codemandado físico J. Carmen Maldonado Calderón, aquí quejoso, a la entrega de la posesión materia de la litis en un término de quince días. Que contra la anterior determinación promovió amparo directo, el cual se sobreseyó por haber presentado la demanda de manera extemporánea. En ejecución de sentencia, la Magistrada responsable emitió el auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en el que ordenó la entrega de la posesión de la parcela ejidal número 666 con superficie de 4-70-60.122 hectáreas del polígono 2/2 de la población de Urireo, municipio de Salvatierra, Guanajuato, señalando para tal efecto las once horas del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, con autorización de la fuerza pública; lo que constituye el acto reclamado. Antecedentes que derivan de las manifestaciones que realizó el quejoso en su escrito inicial de demanda, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, mismas que constituyen una confesión que hace prueba plena en su perjuicio de conformidad con lo previsto en los numerales 95, 96, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, el juicio biinstancial es improcedente cuando se reclaman actos pronunciados en la etapa de ejecución de sentencia y no se reclaman conjuntamente con la última determinación judicial que ha de dictarse en dicha etapa. En efecto, el citado numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, establece que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Mereciendo énfasis que en el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, la Magistrada de origen ordenó la entrega de la posesión del inmueble materia de la litis, por lo que, el acto que podría afectar al inconforme es la decisión que posteriormente adopte el tribunal responsable respecto a si está o no cumplida la sentencia, contra la cual, podrá promover el juicio de amparo, en el que podrá además reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que estime lo hayan dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. Por tanto, se advierte, de modo manifiesto e indudable, que se reclaman actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que aún no concluye, puesto que la resolución reclamada (acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciséis), no se impugna conjuntamente con la resolución que ponga fin a dicho procedimiento ejecutivo, y el quejoso es parte formal y material en el mismo, al ser demandado y ejecutado. De ahí que se considere que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar el artículo 61, fracción XIII, con el 107, fracción IV, de la nueva Ley de Amparo, pues al haberse dictado los actos reclamados en la etapa de ejecución de sentencia dictada en el juicio agrario y no constituir la última resolución de dicho procedimiento, ni reclamarse conjuntamente con ésta. Ello, considerando que la referida hipótesis de improcedencia se refiere a cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, contra los que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Cabe precisar que se consideran actos que ponen fin al procedimiento de ejecución, aquéllos que aprueban o reconocen el cumplimiento total de lo sentenciado o declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o los que ordenan el archivo definitivo del expediente. La finalidad de dicha disposición es evitar el abuso del juicio de amparo y que no se impida que se materialice la resolución dictada. De ahí que el juicio de amparo sólo proceda hasta que se dicte la resolución definitiva, pues si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no está permitido aun cuando se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen el procedimiento. Cobra relevancia que sobre esta cuestión, y en ese sentido, existe jurisprudencia obligatoria para este órgano jurisdiccional -y aplicable al caso aun cuando interprete la derogada la Ley de Amparo dada la similitud de la respectiva hipótesis de improcedencia con la prevista en la vigente ley reglamentaria- en términos del numeral 217 de la nueva Ley de Amparo, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece la regla de que contra ese tipo de actos, el amparo indirecto sólo procede cuando se reclama la última resolución; la cual se aplica conforme lo dispone el numeral sexto transitorio de la ley en cita. Criterio que se identifica como P./J. 32/2001, publicado Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, volumen XIII, del mes de abril del año dos mil uno, página treinta y uno, que reza: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Consecuentemente, el juicio deviene notoria e indudablemente improcedente, al actualizarse la hipótesis que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley Reglamentaria, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda. Como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados *********, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle **** Colonia Centro de esta Ciudad.
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