Ivan Simitrio Bornios Habana

Expediente 1166/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1166/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Ivan Simitrio Bornios Habana

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita para notificar personalmente al quejoso el proveído de diecisiete de los corrientes, toda vez que el domicilio señalado se encuentra incompleto, al haberse omitido el número del inmueble en el que deba constituirse, y únicamente proporciona el número interior. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa POR LISTA de acuerdos el citado proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. CÚMPLASE. INSERCIÒN: ... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1166/2023. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía.1 Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. QUEJOSO ..., por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE OAXACA. AUTORIDADES EJECUTORAS. a) Vice fiscal Regional de la Costa. b) Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. c) Comandante o encargado de grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamento en Santiago Jamiltepec. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales. ACTOS RECLAMADOS: La orden de CAMBIAR LAS OFICINAS de la Fiscalía Local del Ministerio Público de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, a Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca; por parte del Fiscal General de Justicia en el Estado de Oaxaca, y su ejecución por las restantes autoridades señaladas como ejecutoras. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda, se advierte que en el caso, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Federal, por FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO DEL PROMOVENTE. Los preceptos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...) "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (...) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (...)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)" De los dispositivos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no lesiona el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa; entonces, para que proceda el juicio de amparo contra un acto de autoridad, es indispensable que le produzca a la parte quejosa un agravio dentro de su esfera jurídica. Bajo esa condición, es parte agraviada quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos tanto por la Constitución Federal, como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; así, la noción de perjuicio, para los efectos del amparo, supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir a demandar que cese esa transgresión. El contexto anterior hace evidente la existencia de elementos constitutivos del interés jurídico y del interés legítimo, los cuales son concurrentes, pues la ausencia de cualquiera de ellos hace que el juicio de amparo sea improcedente. Para acreditar el interés jurídico la parte quejosa del juicio de amparo debe demostrar, necesariamente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. A su vez, para acreditar el interés legítimo, el promovente del amparo debe acreditar: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); b) Que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, c) La afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. De esta manera, se reitera que el juicio de amparo puede ser promovido únicamente por aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo, de ahí que el perjuicio debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico, y que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por ello, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Así, como la parte quejosa tiene la carga de demostrar la afectación a su interés jurídico, éste debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones; es decir, el gobernado que acude ante la instancia constitucional debe demostrar, en forma fehaciente, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo; de tal suerte que la comprobación del interés jurídico se vincula directamente con el bien que se dice afectado. En concordancia con lo expuesto, debe decirse que el quejoso reclama, POR DERECHO PROPIO, a las autoridades designadas como responsables, el hecho de cambiar las oficinas de la Fiscalía Local del Ministerio Público de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, a Santiago Pinotepa Nacional, lo cual NO IMPLICA UNA AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL PROMOVENTE, en la medida en que dichas oficinas no se instituyeron para el exclusivo beneficio del demandante del amparo, que tuviera como implicación que sólo éste gozara de los servicios ministeriales para el ejercicio de la acción penal o mediante su intermediación, lograr acuerdos reparatorios o convenios para finalizar una contienda penal. En otras palabras, esas oficinas se instituyeron para un BENEFICIO COLECTIVO, para brindar un servicio público, no sólo al promovente de la demanda de que se trata, sino para cualquier persona, que habiendo sido agraviada por hechos de los contemplados en el Código Penal, pudiera ejercer las acciones respectivas. Lo que revela la inafectación a su interés jurídico, pues, se repite, esas oficinas que ahora cambian de residencia no se instalaron de inicio para el exclusivo uso del demandante del amparo, de modo que con ello se constituyera a su favor un derecho subjetivo. Así que, en este punto, como de la instancia no se desprende, sino que el ejercicio de la acción constitucional es por derecho propio, no así en defensa de derechos difusos, tendentes al resguardo de derechos colectivos bajo el manto del interés legítimo colectivo, es claro, como ya se dijo que al ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Federal, por FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO DEL PROMOVENTE, debe DESECHARSE DE PLANO LA DEMANDA. DOMICILIO PÁRA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y conforme a la certificación secretarial, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a .... y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las restantes personas. De igual manera se tiene proporcionando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyo registro se conservará y certificará para incorporarlo al expediente. HABILITACIÓN DE DIAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES. Conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1166/2023. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía.1 Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. QUEJOSO ..., por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE OAXACA. AUTORIDADES EJECUTORAS. a) Vice fiscal Regional de la Costa. b) Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. c) Comandante o encargado de grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamento en Santiago Jamiltepec. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales. ACTOS RECLAMADOS: La orden de CAMBIAR LAS OFICINAS de la Fiscalía Local del Ministerio Público de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, a Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca; por parte del Fiscal General de Justicia en el Estado de Oaxaca, y su ejecución por las restantes autoridades señaladas como ejecutoras. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda, se advierte que en el caso, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Federal, por FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO DEL PROMOVENTE. Los preceptos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...) "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (...) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (...)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)" De los dispositivos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no lesiona el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa; entonces, para que proceda el juicio de amparo contra un acto de autoridad, es indispensable que le produzca a la parte quejosa un agravio dentro de su esfera jurídica. Bajo esa condición, es parte agraviada quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos tanto por la Constitución Federal, como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; así, la noción de perjuicio, para los efectos del amparo, supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir a demandar que cese esa transgresión. El contexto anterior hace evidente la existencia de elementos constitutivos del interés jurídico y del interés legítimo, los cuales son concurrentes, pues la ausencia de cualquiera de ellos hace que el juicio de amparo sea improcedente. Para acreditar el interés jurídico la parte quejosa del juicio de amparo debe demostrar, necesariamente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. A su vez, para acreditar el interés legítimo, el promovente del amparo debe acreditar: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); b) Que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, c) La afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. De esta manera, se reitera que el juicio de amparo puede ser promovido únicamente por aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo, de ahí que el perjuicio debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico, y que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por ello, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Así, como la parte quejosa tiene la carga de demostrar la afectación a su interés jurídico, éste debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones; es decir, el gobernado que acude ante la instancia constitucional debe demostrar, en forma fehaciente, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo; de tal suerte que la comprobación del interés jurídico se vincula directamente con el bien que se dice afectado. En concordancia con lo expuesto, debe decirse que el quejoso reclama, POR DERECHO PROPIO, a las autoridades designadas como responsables, el hecho de cambiar las oficinas de la Fiscalía Local del Ministerio Público de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, a Santiago Pinotepa Nacional, lo cual NO IMPLICA UNA AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL PROMOVENTE, en la medida en que dichas oficinas no se instituyeron para el exclusivo beneficio del demandante del amparo, que tuviera como implicación que sólo éste gozara de los servicios ministeriales para el ejercicio de la acción penal o mediante su intermediación, lograr acuerdos reparatorios o convenios para finalizar una contienda penal. En otras palabras, esas oficinas se instituyeron para un BENEFICIO COLECTIVO, para brindar un servicio público, no sólo al promovente de la demanda de que se trata, sino para cualquier persona, que habiendo sido agraviada por hechos de los contemplados en el Código Penal, pudiera ejercer las acciones respectivas. Lo que revela la inafectación a su interés jurídico, pues, se repite, esas oficinas que ahora cambian de residencia no se instalaron de inicio para el exclusivo uso del demandante del amparo, de modo que con ello se constituyera a su favor un derecho subjetivo. Así que, en este punto, como de la instancia no se desprende, sino que el ejercicio de la acción constitucional es por derecho propio, no así en defensa de derechos difusos, tendentes al resguardo de derechos colectivos bajo el manto del interés legítimo colectivo, es claro, como ya se dijo que al ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Federal, por FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO DEL PROMOVENTE, debe DESECHARSE DE PLANO LA DEMANDA. DOMICILIO PÁRA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y conforme a la certificación secretarial, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a .... y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las restantes personas. De igual manera se tiene proporcionando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyo registro se conservará y certificará para incorporarlo al expediente. HABILITACIÓN DE DIAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES. Conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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