Ivon Mextli Fuentes Zarate
Expediente 875/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ivon Mextli Fuentes Zarate
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio respecto de las autoridades precisada en dicho auto; por lo que con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d) y 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicha resolución; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA "... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General Número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia expresó. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a continuación se transcribe. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: El emplazamiento al juicio de divorcio incausado 22/2022, promovido por ROLANDO MALDONADO ALTAMIRANO. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado pues así lo reconoció la autoridad responsable al rendir su informe justificado, certeza que se corrobora con las documentales públicas que envió con su informe justificado consistentes en copia certificada de constancias del juicio de divorcio 22/2022, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° y además conforme a la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo contenido es el siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causales de improcedencia Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número ochocientos catorce, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se advierte que SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA del presente juicio constitucional contenida en el numeral 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que establece que CUANDO SUBSISTA EL ACTO RECLAMADO PERO NO PUEDA SURTIR EFECTO LEGAL O MATERIAL ALGUNO POR HABER DEJADO DE EXISTIR EL OBJETO O LA MATERIA DEL MISMO: Art. 61.- El juicio de amparo es improcedente: el juicio de amparo es improcedente: "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. (.) Bajo esas consideraciones, la resolución dictada en el juicio natural concluyó y declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a la aquí quejosa con el tercero interesado, ordenando se realizara la anotación correspondiente en el Registro Civil. Sin hacer condena alguna de pago de pensión alimenticia o en relación con derechos de menores; pues la propia amparista fue enfática en su escrito de demanda en manifestar bajo protesta de decir verdad que existen dos hijas actualmente menores de edad y que el tercero interesado le dijo que ya estaban divorciados. Así, es evidente que el acto reclamado a decir de la quejosa falta de emplazamiento (emplazamiento realizado sin las formalidades del procedimiento) existe. No obstante, si bien pudiera acreditarse no fue legalmente llamada a juicio, el procedimiento culminó con una resolución que disolvió el vínculo matrimonial celebrado entre ROLANDO MALDONADO ALTAMIRANO y la quejosa IVÓN MEXTLI FUENTRES ZARATE; la cual, causó ejecutoria en el momento en virtud de que resulta inapelable; además, ya levantó el acta de divorcio y realizó las anotaciones en el acta de matrimonio respectiva. En su caso, de concluirse que dicho acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la amparista en el goce de sus derechos fundamentales que se estimen violados por virtud de ese acto o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia protectora de tales derechos, cuenta habida que ello en forma alguna incidiría en la resolución que decretó el divorcio y ordenó girar oficio a la Oficialía tres del Registro Civil para su cumplimiento mediante las anotaciones correspondientes y la expedición del acta de divorcio respectiva o bien, en la materialización de tales determinaciones. Es decir, a ningún fin práctico conduciría encausar nuevamente el procedimiento desde su inicio; pues los derechos consistentes en la guarda y custodia, patria potestad, convivencia de menores con sus progenitores y alimentos, no fueron quebrantados; dado que en los puntos resolutivos de la sentencia que puso fin al procedimiento de divorcio se dijo: "PRIMERO.- Es Juzgado es competente. SEGUNDO.- La capacidad de los solicitantes. TERCERO.- El procedimiento ha sido el correcto. CUARTO.- SE DECRETA LA DISOLUCIÓN DEL VINCULO MATRIMONIAL QUE CELEBRARON ROLANDO MALDONADO ALTAMIRANO E IVÓN MEXTLI FUENTES ZARATE, EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, ANTE LA OFICIALÍA TRES DEL REGISTRO CIVIL DEL CENTRO, OAXACA, BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES; ACTO QUE QUEDÓ ASENTADO EN EL LIBRO CUATRO DE MATRIMONIOS, BAJO EL ACTA NÚMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO (438). QUINTO.- (.) De la transcripción se advierte que en la sentencia el Juez responsable no se ocupó de guarda y custodia, alimentos, o convivencias entre menores con sus padres, por ello, en su caso, la quejosa está en aptitud de ejercer tales derechos; luego, se reitera, aun existiendo alguna ilegalidad en el emplazamiento realizado de ninguna manera incidiría en la resolución que decretó el divorcio y la consecuencia jurídica de ello. Lo anterior, conforme al libre desarrollo de la personalidad, entendido como un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. Por ello, aún cuando el emplazamiento adoleciera de algún vicio, se itera, sólo visto desde la óptica de actuación precedente a la resolución de divorcio, la solicitante de derechos humanos no cuenta con el derecho a oponerse a que el tercero interesado se divorcie de ella en ejercicio al libre desarrollo de su personalidad. El cual constituye la expresión jurídica del principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. (.) De esta manera, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la propia ley de la materia. QUINTO. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E UNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ... contra la autoridad señalada en el resultando primero de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte de la diligencia de emplazamiento del tercero interesado Rolando Maldonado Altamirano, se hizo por lista el veintisiete de octubre pasado, en el que se le requirió para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y tomando en consideración que según la certificación realizada por la secretaría, transcurrió el término de tres días que le fue concedido para tal efecto. Por ello, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la nueva Ley de Amparo, se ordena notificar a dicho tercero interesado por medio de lista de acuerdos las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio en esta ciudad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio número 7515/2022, de la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y anexos que acompaña, por medio del cual informa que no acepta la competencia declinada a su favor por los motivos que expone. Acúsese recibo. Por tanto, se continua el procedimiento en el presente juicio de amparo únicamente por lo que respecta al acto reclamado al Juez Séptimo en Materia Familiar y Conclusión de Asuntos del Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, toda vez que mediante auto de trece del mes actual, se sobreseyó fuera de audiencia respectos de las restantes autoridades responsables señaladas en su demanda de amparo. Asimismo, por conducto del actuario de este juzgado emplácese a juicio al tercero interesado Rolando Maldonado Altamirano en el domicilio ubicado en las calles de ...domicilio señalado en el juicio de origen ..., del Juzgado Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil, corriéndole traslado con una copia de la demanda de amparo para que éste en aptitud de comparecer al juicio constitucional si a sus intereses conviniere, asimismo le deberá requerir para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación, señale domicilio en esta ciudad de Oaxaca, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se les harán por medio de la lista que se publica en los estrados de este juzgado, con fundamento en la fracción II, del artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se señalan las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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