Ivan Saul Salazar Rojas
Expediente 1327/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1327/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ivan Saul Salazar Rojas
Actuaciones
- Principal
MESA IIIB "..San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de la secretaria, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiese interpuesto el recurso de queja en contra del auto dictado el catorce de noviembre del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo origen de este expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el 98 de la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho auto; quedando firme para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que en el presente asunto se tuvo por no presentada la demanda de amparo; el presente expediente es destruible dentro de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Comuníquese a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos; con fundamento en el artículo 196 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, la ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, por sentencia de trece de junio de dos mil dieciséis (fojas 270-278), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa REDINFRA, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que la autoridad responsable, Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, realizara lo siguiente: "- Dejar insubsistente la resolución reclamada de veintisiete de octubre de dos mil quince, dictada en el toca penal 469-(I)/2014 y - Emitir una diversa en la que, en seguimiento a las apreciaciones de este fallo, y mediante la valoración correcta de las pruebas existentes en la causa, esto es, tanto las abordadas aquí como las que en su caso considere la responsable, estime que existen datos que acreditan los elementos del cuerpo del delito de fraude específico, previsto en el artículo 381, fracción XII, del Código Penal para el Estado de Oaxaca; así como la probable responsabilidad de la inculpada Maritza Palacios Velásquez, en la comisión de dicho ilícito." (foja 284 vuelta). Inconforme con dicha sentencia, la tercera interesada Maritza Palacios Velásquez, interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta población, quien mediante ejecutoria de seis de julio de dos mil diecisiete (fojas 417-442), confirmó la sentencia recurrida, por diversas razones, y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala responsable realizara lo siguiente: ".dejen sin efecto la resolución reclamada de veintisiete de octubre de dos mil quince, dictada en el toca penal 469-(I)/2014, y dicten una nueva en la que, con plenitud de jurisdicción, atendiendo a todos los agravios de la parte ofendida, determinen si la consideración de la Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en la resolución de diez de abril de dos mil catorce, pronunciada en la causa penal 49/2013, consistente en que no está acreditada la probable responsabilidad de MARITZA PALACIOS VELÁSQUEZ, en la comisión del delito de fraude específico previsto por el artículo 381, fracción XII, del Código Penal vigente en el Estado, sancionado por el diverso 380, fracción III, del mismo código, y en consecuencia negó librar orden de aprehensión en su contra, es o no apegada a derecho; y hecho que sea, resuelvan lo procedente conforme a derecho." (foja 441). Haciéndose notar que los agravios que la Sala responsable debía atender al momento de dictar la nueva resolución son los contenidos en el escrito presentado por la parte aquí quejosa sociedad mercantil "REDINFRA", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto del Administrador Único, relativos a la probable responsabilidad de MARITZA PALACIOS VELÁSQUEZ, que se resume en: Que se encuentra acreditada la calidad de contratista con la cual se ostentó Maritza Palacios Velásquez, desde las primeras entrevistas y al momento de la celebración del contrato verbal; como lo manifestó en su querella, la cual fue corroborada por el testigo de cargo Mariano Gustavo Méndez Moreno; además de los dos documentos suscritos y firmados por la indiciada, que fueron exhibidos con la querella. Ahora bien, mediante oficio 484, de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (foja 450), recibido al día siguiente en este Juzgado, el Secretario de la Segunda Sala Penal de Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de esa propia fecha (diecisiete de agosto de dos mil diecisiete), de la que se advierte: Se dejó insubsistente la resolución dictada por la Sala de su adscripción, de veintisiete de octubre de dos mil quince, en el toca penal 469-(I)/2014 (foja 451). Por tanto, se tiene por cumplido ese punto de la ejecutoria de amparo. Respecto a si la consideración de la Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al negar el libramiento de orden de aprehensión, por no encontrarse acreditada la probable responsabilidad de MARITZA PALACIOS VELÁSQUEZ, es o no apegada a derecho, partiendo de la base que debía tomar en cuenta los agravios resumidos anteriormente, hechos valer por la ahora quejosa, en el toca del que deriva el acto reclamado, la Sala responsable, determinó: ".En este entendido, analizadas las probanzas arriba transcritas y lo argumentado por los recurrentes, se advierte que no les asiste la razón, pues, en primer término, no se pasa por alto que el querellante conforme a su narrativa mencionó que convino verbalmente con dicha indiciada y otra persona de nombre Ulises Ambrosio Díaz Martínez o Ulises Díaz Martínez o Ulises A. Díaz Martínez, realizar la obra arriba mencionada, quienes además se ostentaron como administradores o dueños de la empresa denominada Construcciones Eléctricas y Mantenimiento del Sureste o "CONELECMAN DEL SURESTE S. A. de C.V.", cierto es también, que al no existir por escrito dicho convenio, no existe prueba idónea que permita identificar quienes en su caso fueron las personas con las que el querellante convino realizar la obra de electrificación ya mencionada, en específico, que la indiciada al momento de celebrar dicho convenio tuviera algún cargo dentro de la empresa que permitiera, es decir, si efectivamente tenía la calidad de fabricante, empresario, contratista o constructor que pactara con el pasivo a fin de llevar a cabo la obra aludida, máxime, si tomamos en cuenta que se trata de una obra de gran magnitud, por lo que solo dicho (sic) del querellante de que la indiciada dijo ser dueña de dicha empresa resulta insuficiente y no encuentra sustento con otras pruebas idóneas. Esto es así, pues en segundo término, aun cuando en autos obran las declaraciones de los atestes Mariano Gustavo Méndez Moreno, Norberto Gustavo Medina Nuñez y Herminio Angeles Valencia, asimismo, dos recibos realizados con motivo de la entrega de cierta cantidad de dinero por concepto de la obra de electrificación en comento, los cuales tienen la firma de la indiciada, al igual que obra en autos el escrito que le dirige la indiciada en hoja membretada al querellante (foja 93 testimonio), con el cual anexa la estimación y generadores de la obra que se realizaría, firmando la misma; empero, debe decirse, que si bien, los atestes Mariano Gustavo Méndez Moreno, Norberto Gustavo Medina Nuñez y Herminio Angeles Valencia, de manera coincidente afirmaron que la indiciada "resultaba ser la administradora o dueña de la persona moral denominada "CONELECMAN DEL SURESTE S. A. de C. V.", sin embargo, como acertadamente lo estimó la resolutora, los mismos, no precisan con claridad cómo es que llegan a esa conclusión, es decir, como es que les consta que tenía este cargo dentro de la empresa en mención. Asimismo, a pesar de que señalan que la indiciada realizó los actos ostentándose como administradora de la empresa aludida, la firma de recibido, dos recibos realizados con motivo de la entrega de cierta cantidad de dinero por conceptos de la obra de electrificación en comento, al igual que obra en autos el escrito que le dirige la indiciada en hoja membretada al querellante (foja 97 original), con el cual anexa la estimación y generadores de la obra que realizaría, firmando el mismo; empero, estos únicos actos a consideración de esta Sala no vinculan directa o indirectamente en la comisión del delito en mención, en el sentido de que haya tenido la calidad de fabricante, empresario, contratista o constructor que pactara con el pasivo a fin de llevar a cabo la obra aludida, al momento de celebrar el convenio con el querellante, ya que del análisis de los medios probatorios existentes en la averiguación previa ya analizados, se advierte que el querellante convino con persona distinta a la indiciada la realización de la obra, aunado a que no se tiene la certeza del cargo que desempeña dicha indiciada en la empresa en mención, o bien las facultades de ésta en dicha empresa, a fin de establecer si efectivamente estaba o no en condiciones de ejercer actos de administración y/o de dominio dentro de la misma, es decir, que tuviera facultades para administrar los fondos de la construcción de la línea de redes de energía eléctrica o alguna otra facultad que le permitiera concurrir en la ejecución del hecho punible y que por lo tanto resultara estar en igualdad de condiciones y que esta pueda considerarse como coautora o participe en el evento delictivo acreditado. Asimismo, en tercer término, las alegaciones que realizan los impugnantes, tampoco guardan congruencia con todo el resto del cabal (sic) probatorio, pues de las diversas documentales que el propio querellante exhibió se aprecia que el trato y actos importantes para realizar la obra de electrificación, los llevó a cabo con persona distinta a la indiciada, por lo siguiente: el presupuesto que le fue entregado por escrito al querellante (foja 60 a la 69 original) fue firmado por la persona de nombre Ulises Ambrosio Díaz Martínez o Ulises Díaz Martínez o Ulises A. Díaz Martinez, que en dicho documento se ostenta como administrador único de la empresa denominada "CONELECMAN DEL SURESTE S. A. de C. V.", asimismo, es esta misma persona que firma una carta poder (foja 70 original), en la que se compromete a la ejecución de los trabajos para la realización de la obra de inducción eléctrica en las poblaciones de San Mateo Éxodo, Asunción Lachixila, Cristo Rey la Selva y Arroyo Macho, y en la que se ostenta también como administrador único de la empresa aludida, de igual forma los recibos (foja 72 a la 96, 120, 121, 123, 124 original) realizados con motivo de la entrega de cantidades de dinero por conceptos de la obra de electrificación en comento, fueron firmados de recibidos por esta persona; así también, el propio querellante en el oficio 001/AD/2011, de veinticinco de enero de dos mil once, el oficio 0002/AD/2011, de fecha veintisiete de enero de dos mil once, y el diverso 0003/AD/2011, de fecha veintinueve de enero de dos mil once, van dirigidos únicamente al ingeniero Ulises Ambrosio Díaz Martínez o Ulises Díaz Martínez o Ulises A. Díaz Martínez, y mediante los cuales se le solicita al mismo proporcionar los numero (sic) generadores de la obra, la estimación, fotografías de la obra y facturación, los cuales cabe precisar únicamente fueron recibidos por la indiciada; finalmente, la estimación y generadores de obra que envió la empresa denominada "CONELECMAN DEL SURESTE S.A. de C.V.", mediante escrito de doce de febrero de dos mil once (foja 99 a la 112 original) fue firmado por ésta persona, y únicamente la indiciada envió tal información (foja 97 y 97 original). Tal información, permite arribar a la conclusión que no se encuentra acreditado que la indiciada al momento de ocurrir el evento delictivo, se encontrara fungiendo con el carácter que aducen los inconformes y que haya sido la persona que haya realizado la conducta criminosa que le atribuye la autoridad ministerial, esto es que fuera el fabricante, empresario, contratista o constructor que pactara con el pasivo a fin de llevar a cabo la obra aludida. Ahora bien, en relación a la argumentación que hacen los apelantes en relación al elementos (sic) subjetivo en cuanto a que "el elemento subjetivo del dolo en la comisión del delito de fraude especifico se exterioriza objetivamente a través del tipo penal, cuando la indiciada se compromete a realizar la obra bajo ciertos parámetros y decide utilizar materiales o calidad inferiores a lo convenido, de ahí que, es evidente el ánimo de defraudar, ya que el ilícito requiere de un convenio o contrato verbal o escrito entre el fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra y el contratante, y al ejecutarla se empleen materiales en cantidad o calidad, o mano de obra inferiores a los pactados y haber recibido el precio convenido para ello, por lo cual, al no considerarse así por la responsable, le depara perjuicio a la agraviada." Debe decirse que este Cuerpo Colegiado, contrario a lo alegado por los recurrentes, no aprecia que exista prueba alguna que presuma que la indiciada Maritza Palacios Velásquez al momento de la realización del evento delictivo, hubiera tenido pleno conocimiento de que la empresa denominada Construcciones Eléctricas y Mantenimiento del Sureste o "CONELECMAN DEL SURESTE S.A de C. V.", no llevaría a cabo la obra en los términos supuestamente establecidos, y que utilizara en su construcción, material y mano de obra de calidad inferior a la convenida, pues bien, los recurrentes señalan que ésta sí lo sabía, lo cierto es que como ya se explicó son simples alegaciones que no se encuentran sustentadas, pues no se logra acreditar que haya ésta contratado con el pasivo la realización de la obra o que llevara a cabo alguna otra actividad tendiente a soportar dicho contrato, en el que se aprecie engaño por parte de dicha indiciada, esto es, que estuviera sabedora que la empresa denominada Construcciones Eléctricas y Mantenimiento del Sureste o "CONELECMAN DEL SURESTE S.A de C. V." contrató con la decisión de incumplir la obra que supuestamente realizaría, ánimo delictivo que en el caso no se advierte pues, no se aprecian circunstancias como que la indiciada supiera que la empresa o ella misma se dedicara a delinquir en esa rama de ilícitos, o que sabía que técnica, fáctica o humanamente no se podría cumplir, o alguna otra circunstancia que lleve a concluir que contrató para sacar provecho del engaño realizado al querellante, por lo que resultan insuficientes para estimar probada la existencia del dolo atento al artículo 8º fracción I del Código Penal vigente en el Estado (conocer y querer la realización de los elementos que integran la descripción típica), por parte de la indiciada Maritza Palacios Velásquez. Bajo esas condiciones, se advierte que no se acredita que la indiciada Maritza Palacios Velásquez fuera Administradora de la Empresa denominada Construcciones Eléctricas y Mantenimiento del Sureste o "CONELECMAN DEL SURESTE S.A de C. V.", o dueña de esta última, menos aun, que haya en conceso o condominio del hecho con otra persona, ideado y realizado un plan, en el cual, se hayan dividido la acción delictiva para así cometer el hecho delictivo que se le imputa, concurriendo así a la ejecución del hecho punible y que por lo tanto resulte en igualdad de condiciones y que esta pueda considerarse coautoría." De donde se advierte que después de atender los agravios de la parte ofendida, relativos a la probable responsabilidad de Maritza Palacios Velásquez, la Sala responsable estimó que la Juez de la causa estuvo en lo correcto al negar el libramiento la orden de aprehensión en su contra. En consecuencia, la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, revela que se cumplió en su totalidad sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196 párrafo tercero, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del tres siguiente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, como de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente a) cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales; b) en el incidente de suspensión derivado del presente asunto no se exhibió billete de depósito, c) tampoco falta firma alguna y el expediente está foliado, rubricado y entresellado, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE. NOTIFICADA LA PARTE TERCERA INTERESADA EN TERMINOS DE LEY
- Principal
MESA III B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, por medio del cual acusa recibo del exhorto 220/2017, que fue girado el once de octubre del año en curso, a fin de notificar al quejoso ALFREDO AGUILAR SÁNCHEZ el proveído de la propia fecha, e informa que ha ordenado la diligenciación del mismo, el cual se radicó con el número 1597/2017 de su índice. De lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Ahora, vista la diligencia que antecede, se advierte que los directos agraviados IVÁN SAÚL SALAZAR ROJAS, FRANCISCO JAVIER CARRERA POLICARPO y RAMSE MARTINA, manifestaron que no ratifican la demanda de amparo promovida a su favor por Osvaldo Montaño Cisneros; en consecuencia, ...se tiene por no presentada la demanda de amparo, ... Por otra parte, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta, signado por el encargado de la Comisaría Calificadora del Tercer turno de la Policía Estatal, por medio del cual informa en relación al cumplimiento de la suspensión de plano concedida a los quejosos, de lo que este órgano jurisdiccional toma nota para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUES PERSONALMENTE. EL PRESENTE PROVEÍDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.
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