Iván Medina Gallegos
Expediente 1114/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1114/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 06/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Iván Medina Gallegos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el once de marzo de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el diecisiete siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número ********************; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales. CUARTO. Reanudación de términos. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en la Circular CAP/3/2020 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron los términos en el presente procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. QUINTO. Celebración de la audiencia constitucional. Sustanciado el trámite relativo al juicio, se celebró la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes al tenor de lo asentado en el acta correspondiente, y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar del Juez Primero Civil del Primero Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. La resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, que dictó en el juicio ordinario civil ********************, promovido en su contra; mediante el cual se ordenó al quejoso permitir el acceso de personas ajenas a su domicilio y se le apercibió que en caso de no hacerlo, se le tendrían por ciertos los hechos que se pretenden probar. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, Tomo II, página 830, registro 1002815. Tesis identificada con el número 749). Acreditando lo anterior con las copias certificadas que anexó a su informe de ley, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto se debe abordar el de las causa de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, la autoridad responsable Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, sostiene que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello, al aducir que la parte quejosa, interpuso recurso de apelación en contra del auto de treinta de octubre de dos mil veinte, dictado en el cuaderno de prueba marcado con el número I, deducido del expediente número ******************** relativo al Juicio Ordinario Civil del índice de la autoridad responsable, mismo que mediante el proveído de veintidós de noviembre del mismo año, admitió y con el oficio ******************** remitió a la Secretaría de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para la substanciación del citado medio de impugnación. Dicha causal de improcedencia resulta fundada. Para evidenciar lo anterior es oportuno hacer referencia al contenido del ordinal a que alude la indicada causal, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado [.]" Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando de forma simultánea a éste se esté tramitando ante un tribunal ordinario un medio de defensa instado por la parte quejosa, por medio del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Pues su finalidad es evitar que dos medios de defensa (el ordinario en la tramitación del juicio y el extraordinario del amparo) culminaran, por vías separadas, con determinaciones que podrían en la práctica resultar contradictorias. En ese contexto, cabe destacarse que para la actualización de la causal de improcedencia, se deben dar tres supuestos esenciales: a) Que sea el propio quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del mismo acto de autoridad respecto del cual se solicita el amparo. b) Que el recurso o medio de defensa legal conducente haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal del que se habla, constituya la vía idónea de impugnación. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J.144/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, número de registro 190665, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En el caso, sí se actualizan los requisitos aludidos para que opere la causa de improcedencia en estudio como se verá a continuación. En efecto, respecto al requisito previsto en el inciso a), debe decirse que fue el propio quejoso ********************, quien interpuso recurso de apelación contra el auto de treinta de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil ********************, del índice del Juez responsable, con lo que combatió la misma determinación que aquí constituye el acto reclamado. Máxime que el propio juez responsable por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, admitió el recurso de impugnación, mismo que por oficio ******************** de once de diciembre de dos mil veinte, remitió a la Secretaria de acuerdos de la Sala Civil y Familiar del Tribunal del Estado, a fin de dar a conocer la admisión del referido recurso en contra del proveído de treinta de octubre de dos mil veinte. Con relación al requisito aludido en el inciso b), se colma porque el citado recurso de apelación, fue tramitado por acuerdo de cuatro de febrero del presente año, en autos del toca ******************** del índice de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de lo que se colige, que el referido medio de impugnación a la fecha en que se resuelve el presente juicio, se encuentra en trámite; es decir, está pendiente de resolverse. Del mismo modo se cumple con el requisito previsto en el inciso c), dado que el recurso de apelación constituye el medio idóneo para nulificar el acto reclamado, toda vez que el artículo 174 y 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, establece textualmente que los autos en que se niegue algún término probatorio o alguna providencia de prueba, son apelables. Así, con la admisión por parte de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, del recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, contra la determinación de treinta de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil ******************** del índice del Juez responsable, resulta indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, en la que se establece que el juicio de amparo será improcedente cuando se esté tramitando un medio de defensa ante los tribunales ordinarios, el cual tenga por objeto modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Por ello, es que estando el recurso ordinario en trámite, susceptible de modificar, nulificar o revocar lo que reclama la parte quejosa, no puede entrarse al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a fin de no poner en riesgo el dictado de sentencias contradictorias. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. Ante tal panorama, se hace inconducente emprender el estudio de los conceptos de violación y de cualquier otra causa que se haya invocado, porque el sobreseer releva al juzgador de abordar cualquier otro tema; incluso, el examen del diverso motivo de inejercitabilidad, en nada variaría el sentido de la presente resolución. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335 del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Séptima Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO"; así como la diversa 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto que reclamó del Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado del presente asunto, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Iván Medina Gallegos, mediante el cual informa a este juzgado que aun cuando fue autorizado en el auto admisorio, no tiene acceso al expediente electrónico del presente juicio. En consecuencia, proceda nuevamente el secretario a efectuar la autorización correspondiente al usuario "EDGARSILVA" en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que tenga acceso al expediente electrónico. Por otra parte, en cuanto a los alegatos que formula relativos a los actos combatidos, resérvense para ser tomados en consideración al momento de dictarse la sentencia respectiva en este asunto. De igual manera, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida como prueba de su parte, la documental que adjuntó al escrito de mérito, la cual se reserva para ser relacionada y valorada al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual informa que la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya resolvió el recurso de apelación que el quejoso Iván Medina Gallegos interpuso en contra del auto de treinta de octubre de dos mil veinte (mismo aquí reclamado), y remite las constancias certificadas respectivas. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
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