Iván Manuel Chel Huh

Expediente 2264/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2264/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/12/2021

Partes del expediente

  • Iván Manuel Chel Huh

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos los oficios CJ/DC/OC/3472/2021, SAF/DJ/1034/2021 y SGG/DGJG-523/2021, signados por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán y del Director General Jurídico y de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán, mediante los cuales, informan las gestiones con el Ayuntamiento de ********************Yucatán, tendientes a lograr la ejecutoria de amparo. Al efecto, se tienen por informadas las gestiones realizadas por las aludidas autoridades vinculadas a fin de auxiliar en el cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este asunto, para los efectos legales conducentes y estese a la espera de que las demás autoridades informen lo relativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 1525/2021-VII-A, promovido por ********************, contra el acto que reclama de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y, ********************ANTECEDENTES********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante oficio derivado del juicio de amparo 1360/2021-VI-A, presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado a este órgano jurisdiccional, con motivo de la separación de juicios ordenada en el mencionado expediente, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad.******************** SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento de una prevención, por auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, la cual fue registrada con el número 1525/2021-VII-A; se ordenó dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado y emplazar a los terceros interesados; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor que acta que antecede. ********************CONSIDERACIONES********************PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en:********************El auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, publicado el once de agosto siguiente en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil ********************, del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. ********************TERCERA. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de su informe justificado, así como de las constancias que remitió a solicitud de este Juzgado, registrados con los números 16182 y 18200.********************CUARTA. Causales de Improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo.********************Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: ******************** "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente"********************Ahora bien, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen.********************La causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. ********************Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia son los siguientes: ********************a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo;********************b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; ********************c) Que ese recurso o medio de defensa se de' dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y ********************d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada.********************Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, según la propia fracción XVIII, del numeral 61, en cita, los siguientes:********************a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;********************b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;********************c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.********************d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.********************Sentado lo anterior, con relación al acto combatido la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto y regulado por el artículo 1334 del Código de Comercio, que rige el acto impugnado, mismo que tiene por objeto precisamente revocar dicho acto, para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo.********************Dicho precepto dispone lo siguiente:******************** "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio.******************** De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición."********************En la especie, el acto reclamado por la parte quejosa resulta impugnable mediante el recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, ya que de las constancias que remitió la juez responsable con su oficio 2388, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, a solicitud de este juzgado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley.********************Se advierte, que la suerte principal de lo condenado en la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen lo es la cantidad de $38,334.54 (treinta y ocho mil trescientos treinta y cuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos, moneda nacional).********************Asimismo, el peticionario sí estaba en aptitud de interponer en forma oportuna dicho medio de defensa, porque es precisamente la parte actora en el procedimiento natural, y existe la certeza de tal medio de impugnación, según quedó precisado con antelación.********************Además, no se está en algún caso de excepción a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia; aunado a que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación del afectado de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, cuando como en el caso, los tiene a su alcance, aparte de que así lo dispone la ley aplicable; lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia antes invocada.********************Apoya lo anterior la jurisprudencia número 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 678, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-1995, al Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 394942, que establece: ********************"RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." ****************************************Y, la diversa, número 573, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-2000, al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ********************"RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional."******************** ********************En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo.********************Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice:********************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."****************************************QUINTA. Datos Personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares.********************Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN".********************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SEXTA. Captura de la sentencia. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. ********************SÉPTIMA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. ********************Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se ********************RESUELVE:********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclama de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia. ********************SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la sexta consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. ********************CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia firmada electrónicamente de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.********************Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 621 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a analizar las causales de improcedencia que pudieran actualizarse en el presente juicio, con independencia de que las partes viertan o no manifestación alguna al respecto. En ese orden, quien esto resuelve, considera que no se analizarán los conceptos de violación por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. En este orden de ideas, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En ese sentido, se debe entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. 1 'Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.' Por otra parte, los actos que no reúnen estas características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, pues fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Por tanto, es evidente que tal actuación no puede considerarse como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales en el procedimiento. Ahora, en el presente asunto, los actos que por esta vía reclama la parte quejosa, no constituyen actos de imposible reparación, pues hasta este momento procesal no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa; ni impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente y no reviste una afectación a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior se afirma, toda vez que el acto reclamado constituye una infracción de índole procesal que no trastoca de manera cierta e inmediata los derechos de la parte quejosa, de modo tal que la afectación que reclama no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio de origen, por haberse consumado irreparablemente en el disfrute del derecho fundamental de que se trate, teniendo en cuenta que el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales o meramente formales. Es decir, únicamente se afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que sólo inciden en la posición que van tomando las partes en el procedimiento con miras a obtener sentencia favorable en él, por lo que de ser así, la infracción cuestionada desaparece sin dejar alguna huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Ello es así, ya que el hecho de que la Juez responsable en auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, haya desechado el recurso de revocación que interpuso en contra del acuerdo de nueve de junio del año en curso, al considerarlo la responsable notoriamente frívolo e improcedente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción Ill del artículo 78 del Código de Procedimientos Familiares, toda vez que no existe evidencia de que la negativa de su hijo a convivir con él, derive de la manipulación que asegura ejerce la madre custodia respecto de dicho infante, por lo que la responsable consideró que no puede hacerse efectivo un apercibimiento sin que exista prueba KARLOS DAVID MORENO SEQUERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 07/06/23 12:42:53 contundente de la manipulación a que el ocursante se refiere, además de que ello es un hecho sujeto a prueba. Dicho auto, de acuerdo con su contenido no le causa perjuicio al quejoso en algún derecho sustantivo público consagrado en la Constitución o los Tratados Internacionales. Máxime que ello no implica en forma necesaria que la resolución con la que culmine el procedimiento de que se trata vaya a ser contraria a sus intereses, pues aún existe la posibilidad de que le sea benéfica al final, aspecto en que descansa la calificativa de que no se está en presencia de un acto que tenga una ejecución irreparable. Es aplicable la Jurisprudencia con número de registro 207343, sostenida por la Otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materia(s) Común, Tesis 3a. 43, en la página 291, con el rubro y texto siguientes: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Esto es así, ya que el acto reclamado se trata de un caso análogo a las violaciones procesales que establece el artículo 172 de la Ley de Amparo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio de origen. KARLOS DAVID MORENO SEQUERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 07/06/23 12:42:53 JUICIO DE AMPARO 1617/2021-IV-B Página 7 de 14 Pero en el caso de que la sentencia con que culmine el procedimiento de origen, sea adversa a los intereses de la parte impetrante del amparo, las infracciones procesales de mérito serán combatibles vía conceptos de violación mediante el juicio de amparo directo que, en su caso, promueva en su contra. También, sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en la tesis publicada en la página mil seiscientos setenta y seis, del Libro veintiocho, Marzo de dos mil dieciséis, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011299, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN DENTRO DEL JUICIO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, AL DEFINIR QUÉ SE ENTIENDE POR ELLOS, NO ES INCONSTITUCIONAL. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al señalar que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no viola el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en éste se establece una hipótesis de procedencia del amparo indirecto, como lo es el que se promueva contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, sin precisar propiamente qué debe entenderse por "imposible reparación", en tanto que, precisamente, es en el primero de estos numerales en donde el legislador ordinario, en su afán reglamentario, define cuáles son esos actos de imposible reparación, y señala que son aquellos que afecten materialmente "derechos sustantivos" tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, no existe una antinomia entre lo preceptuado por dichos preceptos, esto es, que sus consecuencias jurídicas sean incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, impidiendo su aplicación simultánea; pues el contenido de la ley reglamentaria, al dejar puntualizado cuáles son esos actos de imposible reparación acaecidos durante un procedimiento jurisdiccional, más que contravenir lo establecido por la Constitución complementa el fin esencial de reglamentar la procedencia del propio amparo. Incluso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", determinó que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, da precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación", y que con esta aclaración, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el amparo indirecto contra actos dentro de juicio, al establecer la fórmula legal de que esos actos deben calificarse como irreparables. Por tanto, la Ley de Amparo no es contraria a la Constitución Federal en el aspecto destacado, ya que la complementa, al dejar precisado cuáles son los actos de "imposible reparación" acaecidos durante un procedimiento jurisdiccional." De igual manera, apoya a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página mil quinientos treinta y nueve, del Libro seis, Mayo de dos mil catorce, Tomo III, Décima Época, con número de registro 2006338, del rubo y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Para justificar la aseveración anterior, debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que, conforme al artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no cuando se vulneren derechos adjetivos, como en el particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página 39, que señala: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por lo anterior, se llega a la conclusión que en el presente caso se surte la causal de improcedencia de la vía indirecta invocada, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu; por lo que con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la ley de la materia, procede SOBRESEER en el presente juicio. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 335 del Tomo VI, Materia Común, del apéndice 1917-1995, que indica: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." KARLOS DAVID MORENO SEQUERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 07/06/23 12:42:53 QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. KARLOS DAVID MORENO SEQUERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8b.26 07/06/23 12:42:53 JUICIO DE AMPARO 1617/2021-IV-B Página 13 de 14 SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Julio César López, por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad de identidad reservada C.A.L.O., en contra del acto que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que se advierte que la autoridad responsable foránea Secretaría de Salud Federal, residente en la Ciudad de México, no ha rendido su informe previo, ni obra en autos el acuse de recibo postal correspondiente al oficio por medio del cual se le requirió dicho informe. En consecuencia, se difiere la audiencia incidental que debería tener verificativo el día de hoy, y se señalan como nuevas fecha y hora para su celebración las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MILVEINTIUNO. Notifíquese y cúmplase.

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