Ivan Israel Sabido Cortés
Expediente 1566/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1566/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ivan Israel Sabido Cortés
- Ivan Israel Sabido Cortés y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el veintinueve de noviembre pasado. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... ELECTORNICO VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1566-2021-III-A, promovido por + + por sí y en representación de sus menores hijos S.R.S.R. y E.I.S.R., en contra del acto que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Resulta de explorado derecho que las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente y aún de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 814, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 553 y 554, del tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente:"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.].XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado [.]" De la transcripción anterior se advierte que, los elementos de la hipótesis contenida en dicha norma son: a) Paralelamente a la promoción del juicio de amparo, debe estar en trámite un recurso o medio ordinario de defensa con el que se pueda obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado. b) El recurso o medio de defensa debe ser interpuesto por el propio quejoso; y, c) Tal recurso o medio de defensa debe ser susceptible de modificar o revocar el acto reclamado. De lo anterior, se observa que la causa de improcedencia del juicio de amparo antes señalada no admite la posibilidad de que coexistan el juicio constitucional y los recursos o medios de defensa ordinarios; es decir, que puedan hacerse valer simultáneamente, sólo se permite: I. El ejercicio de una vía, que excluye a la otra; o, II. El ejercicio de ambas vías, pero no simultáneo, sino en todo caso sucesivo, que se actualiza cuando el interesado opta por interponer el recurso o medio de defensa ordinario, por lo cual debe agotar todas las instancias ordinarias subsecuentes y esperar a que éstas sean resueltas en definitiva, para después tener la oportunidad de combatir en la vía constitucional la resolución correspondiente, si tal resolución le fuera desfavorable. En efecto, respecto del acto reclamado que hace consistir la parte quejosa en la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la juez responsable en las diligencias de jurisdicción voluntaria 427/2020, motivo del recurso de revocación pendiente de resolverse; se actualiza la causa de improcedencia ante citada. Lo anterior es así, puesto que de la copia certificada del expediente origen, que la Juez responsable adjuntó a su informe justificado, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Por escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintiuno, Iván Israel Sabido Cortes promovió diligencias de jurisdicción voluntaria, a fin de establecer un régimen de convivencia entre sus hijos menores de edad con sus abuelos maternos J. Félix Rodríguez Ramírez y Lilia del Carmen Madariaga Salazar. 2. Por acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte, la Juez responsable admitió a trámite la demanda, la que quedó registrada con el número 427/2020, y entre otras cuestiones, ordenó notificar personalmente a J. Félix Rodríguez Ramírez y Lilia del Carmen Madariaga Salazar, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniere. 3. Por escrito presentado el once de enero de dos mil veintiuno, J. Félix Rodríguez Ramírez y Lilia del Carmen Madariaga Salazar, comparecieron ante la autoridad judicial responsable a dar contestación a la vista que se les dio. 4. Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, la Juez del conocimiento, entre otras cuestiones, citó a las partes a la audiencia preliminar que tendría verificativo el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, a las diez horas. 5. En audiencia de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la Juez del conocimiento de acuerdo al convenio celebrado por las partes, decretó visitas entre los abuelos maternos J. Félix Rodríguez Ramírez y Lilia del Carmen Madariaga Salazar, con sus nietos de identidad reservada S.R.S.R. y E.I.S.R., los días sábados y domingos de cada semana, de manera alternada, en un horario comprendido de las diez a las diecinueve horas, en el entendido, que los abuelos pasaran a recogen a sus nietos en el domicilio en que habitan con su progenitor, un sábado en el horario fijado y la siguiente semana será domingo, y así sucesivamente. Asimismo, decretó videollamadas o llamadas, los días lunes y miércoles de cada semana, en un horario comprendido, de las diecisiete a dieciocho horas. 6. Por escrito presentado el uno de junio de dos mil veintiuno, Lilia del Carmen Madariaga Salazar expuso a la juez responsable el incumplimiento del quejoso al régimen de convivencia decretado, por lo que solicitó lo apercibiera para que le diera cumplimiento. 7. Por acuerdo de diez de junio de dos mil veintiuno, la responsable, a solicitud de Lilia del Carmen Madariaga Salazar, requirió al aquí quejoso para que diera cumplimiento al régimen de convivencia decretado. 8. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, Iván Israel Sabido Cortes dio contestación al requerimiento que se le hizo, aduciendo no haber dejado de cumplir con el régimen de visitas ordenado, y solicitó a la autoridad responsable decretara un cambio en la convivencia presencial de sus hijos con sus abuelos maternos, debido a que, al su parecer, en dicha convivencia éstos no acatan las medidas sanitarias con motivo de la pandemia de Covid 19. 9. Por memorial presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, Lilia del Carmen Madariaga Salazar expuso nuevamente a la juez del conocimiento el incumplimiento del quejoso al régimen de convivencia decretado, por lo que solicitó lo apercibiera para que diera cumplimiento. 10. En fecha dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la Juez Familiar responsable modificó el régimen de convivencia para quedar en modo presencial y virtual, precisando que el régimen de convivencia provisional prevalecerá hasta en tanto las autoridades competentes determinen la implementación de nuevas medidas que permitan valorar las circunstancias que imperen en su momento y resolver lo que sea mejor a la salud y bienestar de los menores; determinación que constituye el acto reclamado por esta vía extraordinaria de defensa. 11. Por escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo anterior. 12. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad judicial responsable, desechó de plano, por notoriamente frívolo e improcedente, el recurso de revocación interpuesto en contra de la determinación de dieciséis de agosto del año que transcurre. Tales constancias tienen la eficacia convictiva suficiente para demostrar los dos primeros elementos precisados; es decir, que se encuentra "tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal y que éste fue propuesto por el quejoso." De igual forma, se colma la exigencia señalada, en el inciso c), relativo a que el recurso o medio de defensa puede ser susceptible de modificar o revocar el acto reclamado, pues a través del citado recurso, el auto impugnado puede ser revocado o modificado, al resolverse a favor del solicitante de amparo; lo anterior de conformidad con los artículos 423 y 425 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, disponen lo siguiente: "Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado". "Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda". Establecido lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 423 al 425 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, se advierte que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, diciembre de dos mil, visible en la página 15, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Por ende, como el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, que se pretende nulificar en esta vía de amparo, al momento de la presentación de la demanda de amparo (tres de septiembre de dos mil veintiuno), se encontraba sujeto a lo que resolviera la Juez responsable respecto al recurso de revocación hecho valer; es inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente. Resulta aplicable en lo conducente la tesis 1a. XXII/98 de la Primera Sala, visible en la página 61, tomo VII, Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:"RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad. Así como la diversa tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, III, Segunda Parte-2, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, visible en la página 1011, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR ENCONTRARSE PENDIENTE UN RECURSO O DEFENSA LEGAL INTERPUESTO CONTRA EL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo preceptuado por el artículo 73, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, éste resulta improcedente cuando se está tramitando, después de la presentación de la demanda y antes de que se falle el amparo, algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso ante los tribunales ordinarios, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Al margen de lo anterior, en el caso también se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en mérito de las razones que se exponen. El precepto legal invocado, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Conforme a lo dispuesto en el numeral trascrito, el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclama hayan cesado, esto, hasta antes del dictado de la sentencia. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal, se actualiza en dos supuestos, a saber: a) Por revocación, y b) Por sustitución. La primera hipótesis se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato; de modo que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. Lo anterior tiene apoyo en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Esta causa de improcedencia, se justifica por la imposibilidad de concretar el fin del juicio de amparo, esto es, restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte lo que el mismo le exija. Establecido lo anterior, es dable precisar que, en el caso, se actualiza la hipótesis referida en segundo término, que se presenta cuando se da la sustitución de actos procesales, de manera que un acto posterior incide en la ejecutividad, vigencia y firmeza de otro. En efecto, como se adelantó, la parte quejosa reclama a la Juez responsable el acuerdo que dictó el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en las diligencias de jurisdicción voluntaria 427/2020, por medio de la cual decreta el cambio de régimen de convivencias de los menores quejosos con sus abuelos maternos. Sin embargo, también se desprende que el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó proveído con motivo del recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del referido acto reclamado de dieciséis de agosto del presente año, el cual fue desechado por considerarlo la responsable notoriamente frívolo e improcedente. En esas condiciones, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable, sin dejar insubsistente el auto de dieciséis de agosto pasado, mediante el cual decretó el cambio de régimen de convivencia de los menores quejosos con sus abuelos maternos, el veintiuno de septiembre del año en curso, emitió la determinación correspondiente al medio de impugnación que hizo valer el propio quejoso en el que cuestionó la legalidad del acto de que ahora se duele. Por tanto, dicha determinación, al atender el recurso interpuesto, incidió en la vigencia de la determinación combatida, al quedar sustituida procesalmente por el acuerdo de veintiuno de septiembre último, lo que hace imposible la ejecutividad de la misma. Es aplicable, por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.769 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época, a pág. 1492; de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Lo anterior, porque la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser anulada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de 1997, a pág. 71: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Igualmente, es la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, a pág. 38, de rubro y texto:"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el juicio de amparo se haya promovido también en favor de los menores involucrados. Lo anterior es así, porque el interés superior de la niñez no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartición de justicia, ya que si bien conlleva la protección de todos los derechos de los menores, lo cierto es que ello no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, que en la especie se traduce en el juicio de amparo, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." (Época: Décima Época, Registro: 2018164, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h, Materia(s): (Constitucional, Común), Tesis: XXVII.3o.130 K (10a.) En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por IVÁN ISRAEL SABIDO CORTES, por sí y en representación de sus menores hijos S.R.S.R. y E.I.S.R., en contra del acto que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por las razones precisadas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
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ELECTORNICO VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1566-2021-III-A, promovido por + + por sí y en representación de sus menores hijos S.R.S.R. y E.I.S.R., en contra del acto que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Resulta de explorado derecho que las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente y aún de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 814, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 553 y 554, del tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado [.]" De la transcripción anterior se advierte que, los elementos de la hipótesis contenida en dicha norma son: a) Paralelamente a la promoción del juicio de amparo, debe estar en trámite un recurso o medio ordinario de defensa con el que se pueda obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado. b) El recurso o medio de defensa debe ser interpuesto por el propio quejoso; y, c) Tal recurso o medio de defensa debe ser susceptible de modificar o revocar el acto reclamado. De lo anterior, se observa que la causa de improcedencia del juicio de amparo antes señalada no admite la posibilidad de que coexistan el juicio constitucional y los recursos o medios de defensa ordinarios; es decir, que puedan hacerse valer simultáneamente, sólo se permite: I. El ejercicio de una vía, que excluye a la otra; o, II. El ejercicio de ambas vías, pero no simultáneo, sino en todo caso sucesivo, que se actualiza cuando el interesado opta por interponer el recurso o medio de defensa ordinario, por lo cual debe agotar todas las instancias ordinarias subsecuentes y esperar a que éstas sean resueltas en definitiva, para después tener la oportunidad de combatir en la vía constitucional la resolución correspondiente, si tal resolución le fuera desfavorable. En efecto, respecto del acto reclamado que hace consistir la parte quejosa en la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la juez responsable en las diligencias de jurisdicción voluntaria 427/2020, motivo del recurso de revocación pendiente de resolverse; se actualiza la causa de improcedencia ante citada. Lo anterior es así, puesto que de la copia certificada del expediente origen, que la Juez responsable adjuntó a su informe justificado, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Por escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintiuno, Iván Israel Sabido Cortes promovió diligencias de jurisdicción voluntaria, a fin de establecer un régimen de convivencia entre sus hijos menores de edad con sus abuelos maternos J. Félix Rodríguez Ramírez y Lilia del Carmen Madariaga Salazar. 2. Por acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte, la Juez responsable admitió a trámite la demanda, la que quedó registrada con el número 427/2020, y entre otras cuestiones, ordenó notificar personalmente a J. Félix Rodríguez Ramírez y Lilia del Carmen Madariaga Salazar, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniere. 3. Por escrito presentado el once de enero de dos mil veintiuno, J. Félix Rodríguez Ramírez y Lilia del Carmen Madariaga Salazar, comparecieron ante la autoridad judicial responsable a dar contestación a la vista que se les dio. 4. Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, la Juez del conocimiento, entre otras cuestiones, citó a las partes a la audiencia preliminar que tendría verificativo el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, a las diez horas. 5. En audiencia de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la Juez del conocimiento de acuerdo al convenio celebrado por las partes, decretó visitas entre los abuelos maternos J. Félix Rodríguez Ramírez y Lilia del Carmen Madariaga Salazar, con sus nietos de identidad reservada S.R.S.R. y E.I.S.R., los días sábados y domingos de cada semana, de manera alternada, en un horario comprendido de las diez a las diecinueve horas, en el entendido, que los abuelos pasaran a recogen a sus nietos en el domicilio en que habitan con su progenitor, un sábado en el horario fijado y la siguiente semana será domingo, y así sucesivamente. Asimismo, decretó videollamadas o llamadas, los días lunes y miércoles de cada semana, en un horario comprendido, de las diecisiete a dieciocho horas. 6. Por escrito presentado el uno de junio de dos mil veintiuno, Lilia del Carmen Madariaga Salazar expuso a la juez responsable el incumplimiento del quejoso al régimen de convivencia decretado, por lo que solicitó lo apercibiera para que le diera cumplimiento. 7. Por acuerdo de diez de junio de dos mil veintiuno, la responsable, a solicitud de Lilia del Carmen Madariaga Salazar, requirió al aquí quejoso para que diera cumplimiento al régimen de convivencia decretado. 8. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, Iván Israel Sabido Cortes dio contestación al requerimiento que se le hizo, aduciendo no haber dejado de cumplir con el régimen de visitas ordenado, y solicitó a la autoridad responsable decretara un cambio en la convivencia presencial de sus hijos con sus abuelos maternos, debido a que, al su parecer, en dicha convivencia éstos no acatan las medidas sanitarias con motivo de la pandemia de Covid 19. 9. Por memorial presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, Lilia del Carmen Madariaga Salazar expuso nuevamente a la juez del conocimiento el incumplimiento del quejoso al régimen de convivencia decretado, por lo que solicitó lo apercibiera para que diera cumplimiento. 10. En fecha dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la Juez Familiar responsable modificó el régimen de convivencia para quedar en modo presencial y virtual, precisando que el régimen de convivencia provisional prevalecerá hasta en tanto las autoridades competentes determinen la implementación de nuevas medidas que permitan valorar las circunstancias que imperen en su momento y resolver lo que sea mejor a la salud y bienestar de los menores; determinación que constituye el acto reclamado por esta vía extraordinaria de defensa. 11. Por escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo anterior. 12. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad judicial responsable, desechó de plano, por notoriamente frívolo e improcedente, el recurso de revocación interpuesto en contra de la determinación de dieciséis de agosto del año que transcurre. Tales constancias tienen la eficacia convictiva suficiente para demostrar los dos primeros elementos precisados; es decir, que se encuentra "tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal y que éste fue propuesto por el quejoso." De igual forma, se colma la exigencia señalada, en el inciso c), relativo a que el recurso o medio de defensa puede ser susceptible de modificar o revocar el acto reclamado, pues a través del citado recurso, el auto impugnado puede ser revocado o modificado, al resolverse a favor del solicitante de amparo; lo anterior de conformidad con los artículos 423 y 425 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, disponen lo siguiente: "Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado". "Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda". Establecido lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 423 al 425 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, se advierte que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, diciembre de dos mil, visible en la página 15, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Por ende, como el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, que se pretende nulificar en esta vía de amparo, al momento de la presentación de la demanda de amparo (tres de septiembre de dos mil veintiuno), se encontraba sujeto a lo que resolviera la Juez responsable respecto al recurso de revocación hecho valer; es inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente. Resulta aplicable en lo conducente la tesis 1a. XXII/98 de la Primera Sala, visible en la página 61, tomo VII, Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad. Así como la diversa tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, III, Segunda Parte-2, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, visible en la página 1011, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR ENCONTRARSE PENDIENTE UN RECURSO O DEFENSA LEGAL INTERPUESTO CONTRA EL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo preceptuado por el artículo 73, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, éste resulta improcedente cuando se está tramitando, después de la presentación de la demanda y antes de que se falle el amparo, algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso ante los tribunales ordinarios, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Al margen de lo anterior, en el caso también se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en mérito de las razones que se exponen. El precepto legal invocado, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Conforme a lo dispuesto en el numeral trascrito, el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclama hayan cesado, esto, hasta antes del dictado de la sentencia. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal, se actualiza en dos supuestos, a saber: a) Por revocación, y b) Por sustitución. La primera hipótesis se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato; de modo que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. Lo anterior tiene apoyo en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Esta causa de improcedencia, se justifica por la imposibilidad de concretar el fin del juicio de amparo, esto es, restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte lo que el mismo le exija. Establecido lo anterior, es dable precisar que, en el caso, se actualiza la hipótesis referida en segundo término, que se presenta cuando se da la sustitución de actos procesales, de manera que un acto posterior incide en la ejecutividad, vigencia y firmeza de otro. En efecto, como se adelantó, la parte quejosa reclama a la Juez responsable el acuerdo que dictó el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en las diligencias de jurisdicción voluntaria 427/2020, por medio de la cual decreta el cambio de régimen de convivencias de los menores quejosos con sus abuelos maternos. Sin embargo, también se desprende que el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó proveído con motivo del recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del referido acto reclamado de dieciséis de agosto del presente año, el cual fue desechado por considerarlo la responsable notoriamente frívolo e improcedente. En esas condiciones, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable, sin dejar insubsistente el auto de dieciséis de agosto pasado, mediante el cual decretó el cambio de régimen de convivencia de los menores quejosos con sus abuelos maternos, el veintiuno de septiembre del año en curso, emitió la determinación correspondiente al medio de impugnación que hizo valer el propio quejoso en el que cuestionó la legalidad del acto de que ahora se duele. Por tanto, dicha determinación, al atender el recurso interpuesto, incidió en la vigencia de la determinación combatida, al quedar sustituida procesalmente por el acuerdo de veintiuno de septiembre último, lo que hace imposible la ejecutividad de la misma. Es aplicable, por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.769 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época, a pág. 1492; de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Lo anterior, porque la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser anulada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de 1997, a pág. 71: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Igualmente, es la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, a pág. 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el juicio de amparo se haya promovido también en favor de los menores involucrados. Lo anterior es así, porque el interés superior de la niñez no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartición de justicia, ya que si bien conlleva la protección de todos los derechos de los menores, lo cierto es que ello no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, que en la especie se traduce en el juicio de amparo, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." (Época: Décima Época, Registro: 2018164, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h, Materia(s): (Constitucional, Común), Tesis: XXVII.3o.130 K (10a.) En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por IVÁN ISRAEL SABIDO CORTES, por sí y en representación de sus menores hijos S.R.S.R. y E.I.S.R., en contra del acto que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por las razones precisadas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
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Mérida, Yucatán, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el informe justificado con anexo, rendido por la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese dicho oficio y anexo en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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