Iván Alberto Mendoza Encinas

Expediente 1195/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1195/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Iván Alberto Mendoza Encinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que consten únicamente como antecedente el oficio enviado por el Consultor Jurídico, de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en razón en que en auto de diez de los actuales se acordó lo conducente. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que consten como legalmente correspondan el oficio y anexo enviado por el Consultor Jurídico, de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se encuentra a disposición de la quejosa el cheque con número de folio ******* de la Institución Bancaria Banorte, valioso por la cantidad de $*********), por concepto de derecho registral erogado por la parte promovente del amparo, asimismo, informa que lo podrá recoger previa acreditación de su personalidad, en horarios de Oficina de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., de Lunes a Viernes en la Oficina del Departamento Jurídico Fiscal de la secretaria de Hacienda con sede en esta ciudad, la cual se encuentra ubicada en Eje vial Juan Gabriel y Aserraderos de la Colonia San Antonio, precisamente en el Edificio Administrativo Armando B. Chávez, del Gobierno del estado de Chihuahua, Oficina de bienes Muebles de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua, con lo que precisa haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de mérito, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días posteriores a la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a sus intereses convenga y apercíbasele que de no hacer manifestación alguna, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en mención, con base en los elementos que obran en el presente expediente. Lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada**********z, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo solicitado por ******************** sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Atento a lo anterior, se procede a requerir el cumplimiento del mismo. Sin embargo, dicho cumplimiento, no se requerirá a las autoridades responsables que intervinieron en el proceso legislativo que dio origen a la normatividad impugnada, pues cabe decir, que en atención al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, los efectos que produce la sentencia que declara inconstitucional una ley, se constriñen exclusivamente en destruir el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación, que en su caso, se hayan generado durante la tramitación del mismo y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y aprobaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. En apoyo a la consideración anterior, se cita la tesis número P. CXXXVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 135, del Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que textualmente dice lo siguiente: LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. Ahora bien, debe de precisarse que en el juicio de amparo en que se actúa, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la responsable realice lo siguiente: [.] - Se cobre a ********************, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $********************), por los servicios que recibió, acorde con la factura fiscal relativa a la operación ********************, de treinta de diciembre de dos mil veintidós, a nombre del disconforme reintegrándose la parte que cubrió en exceso. [.] Por lo que al tomar en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, con las constancias correspondientes, deberá requerirse a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que devuelva la cantidad descrita. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, así como a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, ésta en su carácter de superior jerárquico de la primera, (artículo 5, fracción II, apartado C, inciso a), del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua); para que, dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificadas de este proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informen a este juzgado, lo que deberán acreditar con copia certificada de las constancias respectivas. Envíense a dichas autoridades copia certificada de la demanda de amparo y anexos, así como de la sentencia emitida en este asunto, para que estén en posibilidad de acatar su contenido. En acatamiento a lo anterior, deberán informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que hayan realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior. Notifíquese por lista electrónica; por oficio a las autoridades en comento, así como a las responsables; y, cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *****************, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ****************. Doy fe.

  4. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1195/2022-III, promovido por ************, contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado el día hábil siguiente, *************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Gobierno del Estado de Chihuahua. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró transgredidos los contemplados en los artículos 1, 14, 16, 28 último párrafo, 31, fracción IV y 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo 1195/2022-III, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición del siguiente ordenamiento legal: Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera que se refiere a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, en específico, el artículo 29, fracciones I, II, IV y V, que contienen las tarifas tildadas de inconstitucionales. b) De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la promulgación del ordenamiento legal descrito en el inciso que antecede. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Director de Análisis Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno en representación de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, residente en la ciudad del mismo nombre, al rendir informe justificado, convino en la certeza de los actos reclamados, en el ámbito de su competencia. Por lo que hace al Congreso del Estado de Chihuahua, dicha autoridad fue omisa en rendir su informe, no obstante que transcurrieron los quince días contados a partir del requerimiento del mismo; de ahí que se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de marzo del año en curso, y de conformidad con el numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia, se tiene por cierto el acto que se le endilga, a saber, la promulgación del Decreto impugnado. Por lo que se tiene por cierto el acto que se le atribuyó. Además, la existencia del ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada; pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento de esta juzgadora, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles1 , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo." Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin 1 Artículo 86. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho. Artículo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo2 . I.Actualización de causa de improcedencia. En tal virtud, quien resuelve considera que respecto de los actos reclamados consistentes en la aprobación, expedición y promulgación del decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. por el que se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, específicamente el artículo 29, fracciones I, II, IV y V; para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, con motivo de su primer acto de aplicación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. La causa de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el solo hecho de encontrarse en vigor, si no que para que se origine tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio que es lo que, se insiste, legitima para acudir a la presente instancia constitucional. En ese sentido, se estima necesario precisar que el interés 2 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Establecido lo anterior, es menester precisar, que en tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o hetoroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y hetoroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio que contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, de texto siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Ahora, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, el decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O., por el que se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en específico el artículo 29, fracciones I, II, IV y V, con motivo de su primer acto de aplicación, esto es, las reclama en su carácter de heteroaplicativas, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 29. Por cada inscripción, anotación o cancelación de asiento que realice la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, se pagará el derecho conforme a la cuota de 21.9902 UMAs, con las excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de este Capítulo: I. Las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre éstos, se pagará el derecho conforme a la cuota de.167.3734 UMAs II. Por la inscripción de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripción de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuya garantía ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, se pagará el derecho conforme a la cuota de. 167.3734 UMAs. III. [.] IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cédulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley... 167.3734 UMAs V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas: a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio. 167.3734 UMAs b) Por el resto de las inscripciones necesarias para el registro de las unidades privativas de condominio, por cada una de ellas, se aplicará la cuota. 0.8554 UMAs. [.] Sin embargo, para acreditar el acto concreto de aplicación de los preceptos legales combatidos, el solicitante de derechos fundamentales ofreció como prueba de su intención, los certificados de pago remitidos por el Notario Público número Diecinueve, en esta ciudad, relativos a las operaciones bajo números de operación ***********, de treinta de diciembre de dos mil veintidós y a nombre del contribuyente ***********, así como oficio signado por dicho Notario Público, dirigido al aquí quejoso, en el cual hace saber los fundamentos legales que justifican el pago de los derechos de registro generados en tales inscripciones, documentales de las que se advierte que, en la factura con número de operación **********, se le aplicó el numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, correspondiente a las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos. Documentales que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, las anteriores documentales se consideran suficiente para tener por acreditado el primer acto de aplicación únicamente respecto del numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, que se reclaman en esta instancia, no así respecto del numeral 29, fracciones II, IV y V, de la legislación referida, dado que no se aplicó ningún estímulo. Es aplicable a lo anterior, encuentra sustento en la tesis IV.1o.5 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a página 659, IV, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 197963, la cual señala: AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS. Si del contenido de la demanda se advierte que el quejoso, en relación con los actos reclamados, hace una referencia vaga e imprecisa de los actos concretos de aplicación, dado que, por una parte, los actos no habían acontecido y, por otra, se demostró que el acto afectaba a persona distinta al quejoso, ello impide establecer la vinculación necesaria con los actos legislativos que se impugnaron como heteroaplicativos, lo que es menester a fin de estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad, actualizándose así, en relación con tales actos legislativos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además como motivo manifiesto e indudable, en los términos del artículo 145 del mismo ordenamiento legal, que amerita el desechamiento de plano de la demanda de garantías correspondiente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XI, en relación con el 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento en el juicio que se resuelve en lo atinente al numeral 29, fracciones II, IV y V, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dado que, como se afirmó, no se demostró que les fueron aplicados. II. Estudio de las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables que no se actualizaron. A) La Gobernadora del Estado de Chihuahua, refiere que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues considera que, de los antecedentes narrados en el escrito de demanda, se desprende que el quejoso sobrepasa el término de los quince días establecidos en la ley de la materia para presentar la demanda, pues dicho plazo debe empezar a computarse a partir de dos momentos: a) Una vez que la autoridad o un tercero en auxilio de la administración retiene o recauda el tributo, en el caso, el Notario Público. b) Cuando el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva. Causal de improcedencia que debe desestimarse; ello porque, la parte quejosa ofreció pruebas consistentes en la información por parte del Notario Público número Diecinueve, para este Distrito Judicial Bravos, respecto de las cantidades y fechas de entrega del numerario correspondiente al pago de los derechos hoy reclamados, constancias que fueron exhibidas por el notario de referencia, de las cuales se advierte que el pago de dicho numerario fue realizado vía transferencia electrónica, el ocho de diciembre de dos mil veintidós, a nombre de ************, así mismo, remitió copia certificada de los certificados de depósito ante la oficina de Recaudación de Rentas del Estado de Chihuahua, relativos a las operaciones bajo números de operación ***********, de las que, se advierte que en la factura con número de operación **********, se le aplicó el correspondiente a la inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre éstos, contenida en el numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua; documental a las que se itera el valor probatorio concedido en este considerando por las razones ya expuestas. Atento a ello, si el conocimiento de la aplicación de la norma que la parte quejosa tilda de inconstitucional, se verificó el ocho de diciembre de dos mil veintidós, al haberse realizado la transferencia electrónica descrita en el párrafo anterior, el plazo de quince días hábiles que señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, inició el nueve y concluyó el veintinueve, ambos de diciembre de dos mil veintidós, a excepción de los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de diciembre, de ese año, al haber sido sábados y domingos, e inhábiles, en términos del artículo 19 ídem. Luego, si dicho plazo fenecía el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós y el escrito inicial de la demanda de amparo que nos ocupa se depositó el veintiocho de ese mes y año, en el buzón judicial ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad; es inconcuso que se hizo dentro de los quince días a que alude el primero de los numerales señalados; de ahí que es infundada la causal de improcedencia de que se trata. Sin soslayar, que la autoridad refiere que el primer acto de aplicación se acredita a través del pago que por actos jurídicos del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, realizó la quejosa al Notario Público, en fecha ocho de diciembre de dos mil veintidós; sin embargo, como se señaló en párrafo precedente, el cómputo para la presentación de la demanda, fue tomado precisamente a partir de esa fecha. B) La Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado manifestó que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, de la Ley de Amparo, virtud a que el solicitante del amparo omitió combatir la promulgación del decreto por vicios propios. La citada causa de improcedencia es infundada, virtud a que en cuanto a la promulgación el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo tiene que expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma, si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley. En estas condiciones, es indispensable la participación del órgano promulgador, ya que puede hacer valer los medios de defensa contra la admisión de la demanda, o bien, exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente. Por tanto, debe llamarse a juicio al titular del Poder Ejecutivo correspondiente, como autoridad encargada de la promulgación de la norma reclamada, pues de lo contrario se haría nugatorio el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se le permitiría interponer el recurso de revisión, por el simple hecho de no haber sido parte en el sumario de derechos fundamentales y, en consecuencia, desconocer la sentencia dictada. En tales consideraciones es infundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. Apoya lo anterior, la tesis (I Región) 8o.7 K (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, visible a página 2278, del Libro 58, de septiembre de 2018, Tomo III, Décima Época, registro 2017974, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. EN LA DEMANDA RELATIVA DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO QUE PROMULGÓ LA LEY RECLAMADA, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo tiene que expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma, si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley. En estas condiciones, es indispensable la participación del órgano promulgador, ya que puede hacer valer los medios de defensa contra la admisión de la demanda, o bien, exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente. Por tanto, debe llamarse a juicio al titular del Poder Ejecutivo correspondiente, como autoridad encargada de la promulgación de la norma reclamada, pues de lo contrario se haría nugatorio el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se le permitiría interponer el recurso de revisión, por el simple hecho de no haber sido parte en el sumario de derechos fundamentales y, en consecuencia, desconocer la sentencia dictada; de ahí que si el Juez de Distrito admite una demanda de amparo en la que se impugnó una ley y sólo se designó como responsable al Congreso que la emitió, ese proceder viola las reglas fundamentales del juicio de amparo, lo que obliga al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de su revisión a revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para que el juzgador realice la prevención correspondiente y se subsane la omisión de señalar a la autoridad indicada. C) Respecto a la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada por el Ejecutivo Estatal, respecto a la publicación del Decreto reclamado, debe decirse que dicho acto no fue reclamado por la quejosa, de ahí que no es dable realizar su estudio, al no ser materia de la litis planteada. Finalmente, en virtud de que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia y quien resuelve no advierte la actualización de alguna diversa a las ya analizadas, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. Quinto. Estudio de fondo. Es fundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa. A continuación, se exponen las razones de ello. En primer término, cabe precisar que está demostrado el acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en su numeral primero, apartado 4.3.2.3, en relación con el diverso 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, ya que al efecto, el notario, al dar cumplimiento al requerimiento de seis de junio de dos mil veintitrés, al responder el cuestionario ofertado como prueba por el quejoso, exhibió las facturas relativas a las operaciones con números: ********1, ***********, emitidas por la oficina de recaudación de rentas de gobierno del estado, el treinta de diciembre de dos mil veintidós, de las cuales se advierte que en la factura con número de operación 5977100, se le aplicó el artículo 29, fracción I, antes señalado, numerario que fue retenido al quejoso el ocho de diciembre de misma anualidad, a nombre del contribuyente Ivan Alberto Mendoza Encinas, donde se advierte, el concepto siguiente: "INSCRIPCIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE O GARANTÍAS CONSTITUÍDAS SOBRE ESTOS."**********. Por ello, si de la documental de antecedentes se advierte que le fue aplicada la tarifa establecida para las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre éstos; entonces, se concluye la existencia de los actos de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en específico el numeral primero, en relación con el 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en los términos indicados. Por otra parte, la parte quejosa argumenta esencialmente, en sus conceptos de violación, lo siguiente: Que la Ley de Ingresos que remite a la Ley Estatal de Derechos en su artículo 29, que establece el cobro de derechos por la cantidad de ******* de Medida y Actualización es exorbitante, en relación con el verdadero costo del servicio prestado. Sostiene, que el cobro antedicho no guarda un sano y razonable equilibrio entre la cuota de referencia y los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad, en relación con el costo real de esa contraprestación, lo cual trasgrede el principio de proporcionalidad tributaria; ya que debe otorgarse el mismo trato a quienes reciben igual servicio. Así mismo, refiere que de un análisis de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, se establece un ingreso por la cantidad de $****** (******), mientras que en el presupuesto de egresos del gobierno del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de este año, se tiene destinada la cantidad $7********), para el pago de los rubros de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales etcétera, por lo que existe una diferencia de $3*), por lo que resulta exorbitante el ingreso estimado en comparación con el egreso autorizado para el ejercicio fisca*********l de dos mil veintidós. Agrega que de la ejecutoria que se dictó en el juicio de amparo 1090/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua en esta ciudad, se desprende que el costo real por cada inscripción es de $294.01 (doscientos noventa y cuatro pesos 01/100 moneda nacional). Conforme a lo anterior, el derecho que cobra el Estado respecto de la prestación del servicio es de aproximadamente quinientos por ciento mayor a la real. Como se destacó con antelación, la inconformidad de la parte quejosa, se centra en que el costo del derecho es desmedido y ni siquiera se aproxima al costo de producción del mismo, ya que se está lucrando con ese derecho y, por tanto, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, al no existir una equivalencia razonable entre la cuota fijada y el servicio prestado, sino que se utiliza como un instrumento generador de ganancias. A fin de dar contestación a los argumentos vertidos por la quejosa, cabe precisar, qué debe entenderse como derecho, en términos de lo previsto en el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua: 38. Para efectos de las disposiciones fiscales, son contribuciones los impuestos, las contribuciones especiales, y los derechos, las que se definen como: [.] III. Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. [.] Ahora, para dar respuesta a lo anterior, se estima necesario traer a colación el contenido del apartado de Derechos de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, punto 4.3.2.3, que dispone: DERECHOS Los ingresos que se perciban por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público del Estado, así como la prestación de los servicios que otorgan las dependencias del Gobierno del Estado, se causarán en la forma y montos que establezcan las disposiciones fiscales. 4. Derechos 4.3.2.3 De la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado 465,000.000 Por su parte, la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su artículo 29, fracción I, establece que por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización. Ahora, el diez de enero de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor de la referida medida vigente a partir del uno de febrero de dicho año, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), lo que resulta en una cuota de $16,104.66 (dieciséis mil ciento cuatro pesos 66/100 moneda nacional), tal como se advierte de la información rendida por el Notario Público número Diecinueve para este Distrito Judicial Bravos. En relación al tema de derechos por servicios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tratándose de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, al grado de resultar interdependientes, puesto que esa contribución tiene como hecho generador, precisamente, la prestación del servicio. En ese sentido, para que se tengan satisfechos los requisitos de proporcionalidad y equidad, es necesaria la existencia de un "razonable equilibrio" entre la cuota y la prestación y, además, otorgarse un mismo trato fiscal a quienes reciben igual servicio, para lo cual debe tenerse en cuenta, ordinariamente, el costo que para el Estado tenga la ejecución de ese servicio; pero, acotó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es indispensable que la correspondencia entre ambos términos deba entenderse como en derecho privado, esto es, que el precio corresponda exactamente al valor de aquel, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. El criterio antes expuesto quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 3/98, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 196933, Novena Época, Materias Administrativa, Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, de enero de 1998, página 54, del contenido: DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. Acotado lo anterior, resulta necesario precisar que toda ley, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, goza de la presunción de constitucionalidad, por lo que es preciso que quienes la impugnan desvirtúen tal presunción, tomando en consideración, además, que en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde al quejoso, siempre que no sea violatorio en sí mismo de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º de la legislación en cita. Sin embargo, en el tema específico del principio de proporcionalidad en materia de derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó criterio en el sentido de que, cuando se reclame la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, alegando para ello violación al principio de proporcionalidad tributaria, específicamente porque considere que el monto por el servicio recibido es muy superior al costo que tiene en el mercado, como en el caso lo afirma la parte quejosa, en primer término, no basta su sólo alegato para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado para determinar el costo promedio del servicio, al no ser esto último acorde con la función jurisdiccional; por tanto, inicialmente corresponderá al quejoso aportar los elementos, datos o pruebas, que sustenten sus argumentos, los que servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también expuso que la carga atribuida a la parte quejosa no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, por lo que, a partir de las pruebas aportadas por aquélla, es decir, por la parte quejosa, le corresponderá la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y de los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en el precepto tildado de inconstitucional cumple con los principios que le rigen. El referido criterio 2a. CX/2013, fue sustentando por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005254, Décima Época, Materias Constitucional, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, de enero de 2014, Tomo II, página 1589, del epígrafe y texto: PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen. Al respecto, conviene precisar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, del Decimoséptimo Circuito, ha integrado jurisprudencia respecto al parámetro para llevar a cabo el estudio del derecho tildado de inconstitucional por la desproporcionalidad del cobro en el servicio prestado, señalando que la carga de la prueba para comprobar tal afirmación debe ser a nivel indiciario, como se advierte de las ejecutorias pronunciadas en los amparos 310/2021, 247/2021, 409/2021, 565/2021 y 563/2021, de su índice. Derivado de las ejecutorias anteriores, se emitió la jurisprudencia bajo registro digital 2024953, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: XVII.2o.P.A. J/8 A (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Julio de 2022, Tomo V, página 4342, de rubro y texto siguientes: DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. LOS NUMERALES 12 Y 11 DEL APARTADO IV DE LAS TARIFAS ANEXAS A LAS LEYES DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 Y 2021, RESPECTIVAMENTE, QUE LOS PREVÉN, AL EXISTIR INDICIOS DE DESPROPORCIONALIDAD ENTRE EL COBRO Y EL SERVICIO PRESTADO, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Hechos: Los quejosos promovieron juicio de amparo directo contra diversos artículos del apartado IV de la tarifa anexa de las Leyes de Ingresos del Estado de Chihuahua para los ejercicios fiscales 2020 y 2021, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad el 28 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020, respectivamente, que prevén las cuotas por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, al considerar que no guardan un razonable equilibrio con el costo real del servicio, lo que las torna exorbitantes. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina, ante la existencia de indicios de vicios de desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado por concepto de derechos por servicios registrales, que los numerales 12 y 11 del apartado IV de las tarifas anexas a las Leyes de Ingresos del Estado de Chihuahua para los ejercicios fiscales 2020 y 2021, respectivamente, que los prevén, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Justificación: Lo anterior, porque respecto a la carga de la prueba cuando se argumenta violación al principio de proporcionalidad tributaria, en términos de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la tesis aislada 2a. CX/2013 (10a.), de rubro: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que inicialmente corresponde a la parte quejosa aportar indicios mediante elementos, hechos, datos o pruebas sobre la desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado, satisfecho lo cual, la autoridad responsable debe acreditar que el cobro que implementó es proporcional. Ahora bien, el débito procesal del particular no se desahoga exclusivamente mediante pruebas formales o complejas como periciales e informes sobre ingresos y egresos públicos, sino que puede aportar datos, hechos y elementos que constituyan indicios de desproporcionalidad, como los argumentos basados en la propia legislación aplicable, bajo el principio general de que la ley no está sujeta a prueba; además, no es exigible al quejoso conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, porque implicaría arrojarle una carga de imposible cumplimiento o que implique un desgaste y erogaciones mayores al beneficio que busca obtener con el amparo. En ese contexto, existen evidencias suficientes para señalar que es desproporcional el cobro de derechos por registro, previsto en las tarifas anexas de las leyes citadas, con el servicio prestado, pues la actividad registral es sencilla y uniforme, además de que existen al menos dos hipótesis en que actividades registrales análogas prevén un cobro sustancialmente menor. En el caso, de la jurisprudencia antes transcrita, se desprende ya fue considerada la inconstitucionalidad del acto consistente en la discusión, aprobación y promulgación del Decreto LXVI/APLIE/095/2020 I.P.O., por el cual se expidió la ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio 2021, en específico, la fracción IV, numeral 11, de la tarifa anexa. En los cuales, si bien se analizaron los elementos, hechos, datos o pruebas aportados por la parte quejosa para evidenciar indiciariamente que la tasa prevista para el cobro de derechos por el servicio de que se trata es desproporcional, no menos cierto que la inconstitucionalidad se advirtió de la propia norma impugnada, en razón de los siguientes argumentos. En primer término, en el artículo 74 de la Ley de Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua y, en segundo lugar el propio Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I.P.O., por el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio 2021, en específico, la fracción IV, numeral 13 de la tarifa anexa, con lo que se satisfizo la parte inicial de su debito procesal, consistente en evidenciar, al menos de forma indiciaria, la desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado. En la especie, los elementos hechos, datos o pruebas aportados por la parte quejosa, para evidenciar indiciariamente que la tasa prevista para el cobro de derechos por el servicio de que se trata es desproporcional. Así del artículo 74 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua establece que el procedimiento para la inscripción en el Registro público será: la 1) recepción física o electrónica, en su caso, del instrumento en el que conste el acto a inscribir, acompañado, cuando se requiera, del certificado de ingresos del pago de los derechos respectivos, al ingresar la solicitud del trámite, 2), se otorga un número de ingreso señalando la fecha y hora de entrada, ingresado el acto o derecho a registrar, 3), se procede a su análisis y verificación de la existencia o inexistencia de antecedentes registra les, hecho lo cual, 4), se autoriza, suspende o rechaza el tramite requerido, y en caso de ser aprobado, 5), se efectuará la captura de la información en las formas establecidas para ello y, hecho lo anterior, se procederá a la calificación definitiva del acto inscrito mediante la, 6), firma del registrador, ya sea autógrafa o electrónica, generándose con ello los datos de registro respectivos. De lo anterior se colige que el registro hasta su fase inicial implica lo siguiente: 1. Recibir el Instrumento en el que conste el acto a inscribir, con el comprobante de pago de derechos. 2. Asignarle número con fecha y hora de entrada. 3. Análisis y verificación de la existencia o inexistencia de antecedentes registrales. 4. Autorización, suspensión o rechazo del trámite. 5. Si se aprueba, se captura la información. 6. Firma del Registrador. 7. Datos del registro. De lo anterior, no se advierte ningún procedimiento de alta complejidad o elementos técnicos de ejecución complicada o especializada, ya que el elemento más técnico observable es el análisis de la solicitud, pero ello se despliega con personal propio de la dirección y de acuerdo con los antecedentes registrales de la propia dependencia y anexos que como requisitos se establecen previamente para las personas legitimadas, a fin de presentar la solicitud de registro (notarias y autoridades jurisdiccionales), en lo que al particular interesa. Por lo anterior, al correlacionarse la descrita actividad sencilla con el cobro de $16,104.66 (dieciséis mil ciento cuatro pesos 66/100 M.N.), se erige con claridad un indicio de desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado. Por su parte, el Articulo Décimo Tercero, de la referida tarifa anexa señala que para efectos de incentivar los programas de vivienda, promovidos por las entidades del sector público, por las inscripciones que se generen en virtud de la regularización o adquisiciones de lotes, lotes destinados para casa habitación o viviendas, construcción, ampliación y/o remodelación de vivienda con crédito o sin él y pagos a pasivos, a través de programas promovidos o financiados por dichos entes, con excepción de la cancelación de los gravámenes existentes previos a la adquisición, se causaran $2,254.65 (Dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 65/100M.N.), cuota que abarcara las ratificaciones, reconocimiento de firmas y notas marginales que fueron necesarias, pero se aplicará un estímulo fiscal del 86% sobre la referida cuota, siempre y cuando el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, correspondiente a la vivienda, lote o monto del crédito en caso de registrarse solo este, no exceda de seiscientos mil pesos; de ser así, por el excedente se aplicará el numeral 11 del apartado IV de dicha tarifa. Acorde con lo anterior aparece un segundo indicio de desproporcionalidad, ya que se prevé la posibilidad de prestar el mismo servicio de registro, mediante un cobro de tan solo el 14%, pues no debe perderse de vista que el procedimiento de inscripción en análisis representa el mismo despliegue de actividad para el Estado, cada vez que se realiza, sin importar el costo del inmueble objeto de la operación que se registra. De igual manera, no pasa desapercibido que el estímulo fiscal en materia de derechos basado en el costo de la operación por registrar y no en la situación económica del particular interesado, también reviste un indicio de la práctica de estímulos aparentes que en realidad fungen como tasa diferenciada por el cobro de un derecho, pues en el momento que entra en juego el valor de la operación subyacente, existe el riesgo de estar frente a la configuración de un derecho con base en el valor de la operación objeto de registro, lo que ha sido expresamente calificado por el alto tribunal como un vicio de desproporcionalidad. Aunado a lo hasta aquí expuesto, tenemos además que el artículo 29, "Por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado" establece una tarifa mucho menor a 167.3734 UMAS, por actividad registral análoga a la que se analiza, esto es, por la constitución o modificación del patrimonio familiar, incluidas las notas marginales al calce y la ratificación de documentos y reconocimiento de firmas, lo que constituye un tercer indicio de desproporcionalidad entre el cobro de derechos por registro y el servicio prestado. Así mismo, realizando un análisis de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2022, en el Artículo Primero, en el apartado de Derechos, en el numeral 4.3.2.3. De la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, se establece un ingreso por la cantidad de $465,000,000.00 (cuatrocientos sesenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), y por otra parte en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2022, publicada en el Periódico oficial del Estado, se tiene destinado la cantidad de $74,602,293.00 (setenta y cuatro millones seiscientos dos mil doscientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), para el pago de ciertos rubros, servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, etc., por lo cual existe una diferencia a favor del estado por dichos servicios de $390,397,707.00 (trescientos noventa millones trescientos noventa y siete mil setecientos siete pesos 00/100M.N,) es decir, que el ingreso estimado es exorbitante y desproporcionado en comparación con el egreso autorizado para el ejercicio fiscal 2022, por lo tanto, en el primer momento, resulta razonable decir, que es inconstitucional el cobro de derechos que hace el Estado por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, lo anterior se acredita mediante la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua del ejercicio fiscal 2022 y en el Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2022. Es importante señalar que la manera para determinar si la cuota es cercana al costo es conociendo el monto de lo recaudado por el Registro Público de la Propiedad, y más aún saber que dicho monto rebasa por mucho el gasto corriente generado y el gasto total con directos e indirectos, ya que ello es prueba contundente de la falta de cercanía entre la cuota cobrada y el costo del servicio. Asimismo, la parte solicitante del amparo para acreditar la inconstitucionalidad del derecho impugnado por transgresión al principio de proporcionalidad y equidad tributaria, solicitó se tomara en cuenta la pericial contable desahogada en expediente 1090/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. Medio este último que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, al haberse desahogado en el citado juicio de amparo y por encontrase capturado en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE), el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete bajo el rubro "Derechos registrales, ampara, cobro desproporcional al servicio prestado - Decreto 1223-2015-", con el número de expediente único nacional 19409329. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 16/2018, del Pleno del Alto Tribunal del país, con registro digital 2017123, de la Décima Época, Materias Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, de junio de 2018, Tomo I, página 10, que a la letra dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Por otra parte, en la prueba pericial contable desahogada en el juicio de amparo 1090/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua; en la versión electrónica se advierte que se presentó dictamen pericial emitido por Eloy Abraham Puente Campos, en el cual, en lo que aquí interesa, determinó: [.] 1. Cuál es el promedio, el costo real o el gasto que se causa por cada inscripción realizada por la Dirección de Registro Público de la Propiedad en todo el estado. Respuesta. $294.01 (doscientos noventa y cuatro pesos 01/100 moneda nacional). 2. A cuánto asciende la diferencia entre el gasto generado por la prestación del servicio de registro en todo el estado, y el derecho cobrado por inscripción en todo el estado. Respuesta. Mensualmente a $23,585,308.67 (veintitrés millones quinientos ochenta y cinco mil trescientos ocho pesos 67/100 moneda nacional) y anualmente a $265,582,736.04 (doscientos sesenta y cinco millones quinientos ochenta y dos mil setecientos treinta y seis pesos 04/100 moneda nacional). 3. A cuánto asciende la diferencia a que se refiere el punto anterior. Respuesta. Mensualmente asciende a 528.49% y anualmente a 495.92% 4. Sí el cobro del derecho descrito en anteriores puntos, una vez cubierto el gasto efectuado por la prestación del servicio de registro, existe un excedente y a cuánto equivale. Respuesta. $23,585,308.67 (veintitrés millones quinientos ochenta y cinco mil trescientos ocho pesos 67/100 moneda nacional). [.] Las evidencias reseñadas con antelación, fueron exhibidas con carácter de indicios, con el objeto de llevar a cabo el estudio del derecho tildado de inconstitucional por la desproporcionalidad del cobro en el servicio prestado, de conformidad con lo establecido por Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, del Decimoséptimo Circuito, criterio que ha integrado jurisprudencia bajo registro digital 2024953, antes transcrita, que en lo conducente señala lo siguiente: " . Justificación.- Lo anterior, porque respecto a la carga de la prueba cuando se argumenta violación al principio de proporcionalidad tributaria, en términos de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la tesis aislada 2a. CX/2013 (10a.), de rubro: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que inicialmente corresponde a la parte quejosa aportar indicios mediante elementos, hechos, datos o pruebas sobre la desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado, satisfecho lo cual, la autoridad responsable debe acreditar que el cobro que implementó es proporcional. Ahora bien, el débito procesal del particular no se desahoga exclusivamente mediante pruebas formales o complejas como periciales e informes sobre ingresos y egresos públicos, sino que puede aportar datos, hechos y elementos que constituyan indicios de desproporcionalidad, como los argumentos basados en la propia legislación aplicable, bajo el principio general de que la ley no está sujeta a prueba; además, no es exigible al quejoso conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, porque implicaría arrojarle una carga de imposible cumplimiento o que implique un desgaste y erogaciones mayores al beneficio que busca obtener con el amparo. En ese contexto, existen evidencias suficientes para señalar que es desproporcional el cobro de derechos por registro, previsto en las tarifas anexas de las leyes citadas, con el servicio prestado, pues la actividad registral es sencilla y uniforme, además de que existen al menos dos hipótesis en que actividades registrales análogas prevén un cobro sustancialmente menor." Por lo anterior, es que se consideran suficientes para tener por satisfecha la carga atribuida al peticionario de amparo respecto a la demostración, de manera indiciaria, de los hechos, conforme a los cuales sostiene que el costo del servicio es desproporcional e injustificadamente elevado y que sientan las bases para el estudio de inconstitucionalidad de la norma impugnada. Por ello, el accionante acreditó que el Estado obtuvo un ingreso excesivo por el servicio prestado, toda vez que el cobro es exorbitante y no guarda un equilibrio razonable entre el costo y la tarifa de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a la cantidad de $16,104.66 (dieciséis mil ciento cuatro pesos 66/100 moneda nacional), pues el costo real por registro es en promedio menor a cuatrocientos pesos, cantidad muy distante a la tarifa que se cobró. Por tanto, ante el principio de prueba ofertado por la quejosa, esto es, de manera indiciaria y, atendiendo al criterio expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el cual, luego que el particular cumplió con su carga, corresponde al Estado justificar la racionalidad de la cuota, era inconcuso que correspondía a la autoridad responsable la obligación de desvirtuar las probanzas ofrecidas por aquélla, y más aún, acreditar la razonabilidad del costo que se propone cobrar, a fin de acreditar la constitucionalidad de la norma impugnada. No obstante, esa carga probatoria no se cumplió por parte de las autoridades responsables. En efecto, la Gobernadora del Estado de Chihuahua, refiere que los actos tildados de inconstitucionales por la quejosa no contravienen el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ésa definió que las contribuciones son necesarias conforme a las circunstancias sociales y económicas de evolución de la administración pública y las responsabilidades del Estado y del Municipio, las que se van asumiendo en la prestación y mantenimiento de servicios públicos que aseguran el desarrollo integral de los individuos. su parte, el Congreso del Estado de Chihuahua, al ser omisa en rendir su informe con justificación, no hizo manifestación alguna al respecto. No obstante, ninguna manifestación realizaron en el sentido de cuáles son las actividades que el Estado debe desarrollar y los gastos que debe efectuar para proporcionar el servicio de que se trata, ni mucho menos ofrecieron prueba para controvertir lo expuesto y acreditado por la parte quejosa, cuando, acorde con la regla probatoria previamente reseñada, les correspondía hacerlo, debido a la actividad que al respecto la quejosa había desplegado. En este punto es pertinente acotar, que el Estado, para poder prestar el servicio, innegablemente debe desarrollar una serie de actividades, para lo que requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva a incurrir en diversos costos tanto de tipo directo como indirecto, además de que, una característica de este tipo de contribuciones, consiste en que el costo de la prestación del servicio es susceptible de ser dividido en unidades de consumo o uso, ya que estos servicios parten de una actividad de la administración, particularizada, concreta y determinada, de manera que pueden ser individualizados a los usuarios, atendiendo a su uso o consumo, a través de ciertos parámetros de asignación. Luego, tal como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que no existe la obligación impuesta por la ley de llevar un registro que proporcione información respecto del costo exacto expresado en cantidades numéricas, que le genera al Estado la prestación de un servicio público en concreto, la única forma en que es posible medir el costo del servicio para efecto de poder individualizarlo, es mediante parámetros de razonabilidad, relacionados con el tipo del servicio y las actividades que se desarrollan para prestarlo. En ese sentido, ante los argumentos y las probanzas ofrecidas por la parte quejosa, con las que hace ver la desproporcionalidad entre la cuota establecida en el numeral impugnado y el servicio que presta el Estado, era necesario, se reitera, que la autoridad responsable en forma motivada expusiera los parámetros de razonabilidad que permitieran analizar la eventual justificación constitucional del costo de prestar el servicio y, desde luego, que ofrecieran las probanzas que consideraran pertinentes para desvirtuar lo alegado por el solicitante del amparo. Por tanto, si de los indicios señalados por la parte quejosa se advierten parámetros según los cuales el cobro del derecho establecido en la ley de ingresos sería injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro y, ante la inactividad de la autoridad responsable para desvirtuarla, entonces resulta dable concluir que, en este caso concreto, no se demostró que en el artículo primero, apartado 4.3.2.3 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, en relación con el diverso 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, existe un razonable equilibrio entre la cuota de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $16,104.66 (dieciséis mil ciento cuatro pesos 66/100 moneda nacional), que establece la ley en mención para el cobro de la inscripción registral y el costo que para el estado representa la prestación de ese servicio, conforme a las probanzas ofrecidas por la parte quejosa. Ahora bien, por lo que hace a lo manifestado por la quejosa en su primer concepto de violación, en cuanto a que, en la presente concesión del amparo, los pagos hechos en exceso, relativos al Impuesto Universitario (establecidos en los comprobantes de pago), deberán sujetarse al procedimiento de ejecución toda vez que los mismos tomaron por base, el cobro de $16,104.66 (dieciséis mil ciento cuatro pesos 66/100 moneda nacional), contemplada en los numerales aquí estudiados, por lo que, si los mismos son inconstitucionales, y la concesión del amparo implica su inaplicación, es ilegal el cobro con base en dicha cantidad, por lo cual, se deberá recalcular dicho impuesto, ya que el cumplimiento de la concesión del amparo irradia hacia todos los actos de aplicación de la norma, incluso los que se hubiesen generado por una causa distinta. Con respecto a lo anterior, como bien lo señala la quejosa, es la autoridad que corresponda dar cumplimiento a los efectos de esta sentencia, quien deberá realizar los cálculos correspondientes a dicha proporcionalidad, puesto que dicho cálculo, se deberá realizar sobre el total del monto a cubrir por la quejosa. En tales condiciones, resulta esencialmente fundado el concepto de violación y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal instados, por tanto, se declara la inconstitucionalidad de la norma reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2o.P.A.19, con registro digital 2012271, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de la Décima Época, Materias Constitucional, Común, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, de agosto de 2016, Tomo IV, página 2539, que a la letra dice: DERECHOS POR SERVICIOS. LA CARGA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEMOSTRAR EN EL AMPARO LA RAZONABILIDAD DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, DEPENDE DE QUE EL QUEJOSO OFREZCA PRUEBAS QUE APUNTEN, AL MENOS INDICIARIAMENTE, A QUE LAS TASAS SON EXCESIVAS. En materia de derechos por servicios el principio de proporcionalidad tributaria exige que exista un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Estado su prestación, aunque esa relación no implique que el precio corresponda exactamente al valor de aquéllos, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. En ese sentido, como toda ley goza de presunción de constitucionalidad, es preciso que quien sostenga en el amparo que la cuota es notoriamente desproporcionada, asuma la carga de demostrar esa afirmación, pero si el quejoso rinde pruebas que apunten, al menos indiciariamente, a que las tasas son excesivas, la autoridad responsable está obligada a justificar, ya sea en su informe o durante la tramitación del juicio, la razonabilidad del cobro, por no serle exigible al gobernado conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, además de que en un sistema democrático compete al Estado acreditar la legitimidad de sus decisiones de finanzas públicas, independientemente de que no esté obligado a hacerlo en el texto legislativo. Sexto. Efectos de la sentencia. Para fijar los efectos de la concesión del amparo, debe atenderse a que la declaratoria de inconstitucionalidad no afecta integralmente a la contribución, por lo cual, la parte quejosa, no puede ver totalmente desincorporada de su esfera de obligaciones, la de pagar por el servicio recibido, sino sólo en la parte que resulta desproporcionada o excesiva. Empero, como ya se explicó, el órgano de amparo no está obligado a emprender un estudio de mercado para determinar cuál debe ser el costo exacto de la contraprestación, ni puede tampoco atender, exclusivamente, al resultado de la actividad probatoria aportada por la quejosa, pues, aunque esta ciertamente constituye un principio de prueba conforme al cual satisfizo la carga que le correspondía, no tiene el alcance de fijar, en estricto sentido, si lo ahí señalado se ajusta a la realidad. Por ende, procede fijar una tarifa en ejercicio del prudente arbitrio, para lo cual se toma en cuenta el propio texto de la ley impugnada, que en su numeral 13 prevé un estímulo fiscal de hasta el 86% (ochenta y seis por ciento) de la tarifa ordinaria, a saber: ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- A fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I, II, III, inciso a), IV, V, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29: en los siguientes términos: El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año. En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86%, aplicable sobre la cuota establecida para dicha fracción. En lo que respecta a la fracción XXVI, inciso a), el estímulo se calculará sobre el 50% del valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, en cuanto a la revocación de la donación, se calculará sobre el 100% del valor más alto entre los citados y en el caso de los arrendamientos y operaciones similares señaladas en la fracción IV, el valor de operación será el monto de las rentas anticipadas, o bien, el monto de la renta por un año. El estímulo se aplicará sobre la cuota a pagar por el concepto de la fracción de que se trate, bajo el siguiente esquema: VALOR (pesos) Límite Inferior Límite Superior Estímulo Fiscal * Lo anterior revela que el Registro Público de la Propiedad y del Notariado es capaz de llevar a cabo una inscripción con solamente el 14% de la cuota, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios, ya que ningún estímulo fiscal se impone cuando atenta seriamente contra las finanzas del Estado. Ahora bien, vía alegatos, la parte quejosa manifiesta que el 14% de la cuota señalada en el párrafo precedente no constituye la cuota mínima que se puede imponer al contribuyente sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios. Lo anterior pues aduce que la fracción XI, del artículo 29 del decreto en estudio, contempla un supuesto en el cual se establece la cantidad de 7.4916 UMAs, para las inscripciones ahí establecidas. XI. Por cada trámite de inscripción que se solicite de manera presencial, en una oficina para ser registrado en otra, incluyendo los avisos preventivos. Así como, por cada trámite que se ingrese vía remota, en el que el acto a inscribir no contenga folio real. ....... 7.4916 UMAs Sin embargo, contrario al argumento anterior, en el caso en particular el quejoso no se encuentra ante el supuesto establecido la hipótesis a que hace alusión, toda vez que la inscripción por la cual le fue aplicada la tarifa reclamada y motivo de estudio de la presente sentencia, es la contenida en la fracción I, del artículo 29 de la Ley Estatal de Derechos analizada, esto es: "I. Las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 UMAs." Asimismo, exhibe oficio emitido por parte de la Subsecretaría de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, a través del cual informa acerca del programa de fomento al cumplimiento de obligaciones fiscales, en el cual se advierte la existencia de una serie de beneficios de condonación a efecto de incentivar los programas de regularización o adquisición de lotes, oficio del cual, se desprende la cantidad a pagar de $*******), por la inscripción traslativa de dominio con valor de operación de cero a cien mil pesos y "hasta 600 mil". Ahora bien, en base a lo anterior, el quejoso solicita que como efectos de la concesión del amparo, le sea aplicada alguna de las cuotas señaladas con antelación. Contrario a lo argumentado por el quejoso, no se puede tomar en cuenta el contenido del oficio de referencia para los efectos de la concesión del presente amparo, puesto que su objeto, como claramente queda de manifiesto en su contenido, consiste en un "programa de fomento al cumplimiento de obligaciones fiscales", sin embargo, no es parte del decreto en estudio. Asimismo, el monto mínimo a que se hace referencia para efectos de la concesión del amparo, no es el mínimo contemplado en la legislación o en los beneficios de programas establecidos por la administración estatal con el fin de incentivar el cumplimiento a las obligaciones fiscales, sino el mínimo que permita a la autoridad desarrollar su actividad, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios que presta. En razón de lo anterior, el amparo se concede para el efecto siguiente: - Se cobre a *******, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $**********), por los servicios que recibió, acorde con la factura fiscal relativa a la operación *********, de treinta de diciembre de dos mil veintidós, a nombre del disconforme reintegrándose la parte que cubrió en exceso. Por lo que, al tomar en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, con las constancias correspondientes, deberá requerirse a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que devuelva la cantidad descrita. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 112/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 192846, de la Novena Época, Materias Constitucional, Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, de noviembre de 1999, página 19, que señala: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro. En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la aprobación, expedición y promulgación de las leyes censuradas, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno del Alto Tribunal del País, Novena Época, registro 200006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, de noviembre de 1996 Materia Constitucional, página 135, que literalmente dice: LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Finalmente, se hace la precisión que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, ya que contienen los mismos principios de la ley vigente y son aplicables al caso; lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1195/2022-III, promovido por I************ contra las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando cuarto de la presente. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a I*********, contra los actos reclamados y autoridades responsables, señalados en el considerando tercero, en términos de los considerandos quinto y sexto. Notifíquese por lisa electrónica y por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público adscrito. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

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