Iván Alberto López Ferrer
Expediente 781/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Iván Alberto López Ferrer
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiséis de agosto del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por *******, sin que se haya presentado promoción al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En atención a la certificación, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes, no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.JJH
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DEL ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA, EL AUTO DE VEINTISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS, A LA PARTE QUEJOSA, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE IMPONE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, POR LAS RAZONES ANALIZADAS EN EL AUTO.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, por conducto de su apoderado, a quien se reconoce la personalidad con que se ostenta, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, pues lo acredita con la documental con firmas autógrafas relativa al auto de diecisiete de abril de dos mil quince, emitido por la Junta Especial Numero Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje. Fórmese el expediente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotarlo en el Libro de Gobierno respectivo, como juicio de amparo *******. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia del juicio. Así es, el citado artículo 113 de la Ley de la Materia, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Del escrito de demanda, se advierte que, en lo que interesa, la parte quejosa reclama: IV.- ACTO RECLAMADO. Lo configura la Omisión del ciudadano Actuario adscrito a la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de actuar en apego a lo dispuesto por los artículos 712, 740, 951 fracciones I, II y IV, 953 y 954 de la Ley Federal del Trabajo, pues con fecha 4 de agosto de 2014, inicie acción laboral en contra de la Tercero interesada ya señalada, por razón del despido injustificado del que fui objeto, y la responsable señala fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y posteriormente a la de ofrecimiento y admisión de pruebas, fechas en las cuales no acudió la demandada, pese a estar debidamente notificada de las audiencias señaladas por la responsable, con fecha 11 de noviembre de 2015, emite el laudo correspondiente y esta parte solicita el auto de requerimiento de pago y/o embargo, llevando a cabo dicha diligencia ordenada por la junta, pero es el caso que el C. Actuario suspende la diligencia por motivo de que le manifiestan que los demandados no viven, no habitan en ese domicilio, siendo el caso que el dicho domicilio se emplazó a juicio a dichas personas, causando perjuicio a mi representado. (.) Por lo que, analizada la demanda de mérito, se impone desecharla al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Para demostrar la actualización de dicha causa de improcedencia, es menester partir de la premisa de que el juicio de amparo es un proceso de carácter extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el "principio de definitividad", que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. La definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En este sentido, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación. La Ley de Amparo regula en su artículo 107, fracciones III y IV, la forma en que opera el principio de definitividad, como presupuesto de procedencia del juicio constitucional, tratándose del juicio de amparo indirecto, el cual, en su parte conducente, estatuye: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) Así, el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo en términos de las normas antes referidas, la propia ley de la materia establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio la improcedencia del juicio. Se afirma lo anterior, habida cuenta que el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, a este respecto, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;(.) La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, la aludida porción normativa establece como causal de improcedencia la derivada del hecho de que existan recursos que pudieren interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de amparo, en dicho supuesto el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en la suspensión de la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, decretada por el Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número cuatro, con residencia en esta ciudad, en virtud de que el mismo, refirió que el domicilio en que le fue encomendada tal diligencia, no viven los demandados, no obstante que los emplazamientos y demás diligencias ordenadas en el juicio laboral *******, se efectuaron en dicho domicilio; sin embargo, en contra de dicha determinación procedía el recurso de revisión. Para evidenciar este aserto, se cita el contenido de los artículos 849 y 852, de la Ley Federal del Trabajo: Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 852.- En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: (.) Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley. Como se advierte, el medio de impugnación consistente en la revisión, previsto en la Ley Federal del Trabajo, tiene por objeto que el Presidente modifique el acto que la originó; asimismo, se advierte que en contra de las actuaciones de los actuarios adscritos a las Juntas, procede dicho recurso. En esta tesitura, el quejoso debió interponer el recurso de revisión en contra de la determinación tomada los el Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número cuatro, con residencia en esta ciudad, determinación que ahora reclama en la vía de amparo indirecto, pues a través de este medio de defensa era susceptible de obtener la modificación de la misma, el cual debió agotarse, pues no se puede válidamente abandonarse la defensa ordinaria ni promover el juicio de amparo sino hasta que se agote la jurisdicción local combatiéndola a través del recurso aludido, lo que omitió realizar la parte impetrante del amparo, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo así lo dispone. Resulta aplicable, analógicamente, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902 del tomo XV, de mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del siguiente tenor: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. No obsta que el principio de definitividad, en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general y que la propia ley de la materia establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole del quejoso y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que en esos casos señalados expresamente en la ley o derivados de su interpretación por el Alto Tribunal del País, no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo; sin embargo, en el presente asunto no se está en presencia de alguno de esos casos de excepción, pues el quejoso al haber promovido la demanda con la que se inició el juicio laboral, era parte formal y material de aquél y, en esas condiciones estaba en aptitud legal de promover los recursos ordinarios procedentes contra la determinación que el quejoso consideró lesiva de sus derechos. Así las cosas, queda claro que al acto reclamado por el quejos no le reviste el carácter de definitivo, sin que esa calidad pueda quedar desvirtuada con cualquier elemento que pudiera aportarse al juicio, consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, se impone desechar la demanda de amparo, cuenta habida que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sólo resta precisar que resolver en este sentido, permite que se dé cumplimiento al mandamiento contenido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la pronta solución del asunto brinda expeditez y certidumbre en la impartición de justicia; evita que las partes generen falsas expectativas de un procedimiento que desde su inicio es improcedente; impide que se active el aparato jurisdiccional con un procedimiento en el que no se satisface un presupuesto de procedencia; y, por último, protege al propio quejoso, pues permite que quede en aptitud de formular los medios de defensa que estime pertinentes. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Asimismo, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró inscrita a Nora Coronado López, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la ley de Amparo, no así a Jaime Arturo Hinojos Rubio, a quien se autoriza de conformidad con el numeral 24, párrafo segundo de la legislación en comento. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley invocada, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, *******. Doy fe.
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