Iván Aguilera Pérez

Expediente 508/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
508/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
09/09/2021

Partes del expediente

  • Iván Aguilera Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veintitrés de agosto del año en curso, en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo establecido en el inciso b), fracción II, del Artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales Finalmente, en cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional, el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Así, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********** Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 508/2021-IV, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el siete de julio de dos mil veintiuno, turnado a este Juzgado el mismo día, *******, promovió demanda de amparo contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo. Segundo. Tramitación de la demanda. Mediante auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de referencia, la que se registró bajo el expediente 508/2021-IV, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a la parte tercero interesada y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró conforme al acta que antecede, quedando el asunto en estado de dictar sentencia, que es lo que ahora se hace. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado se verificó dentro del territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción y en el mismo puede ocurrir su ejecución. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se precisa que el quejoso reclamó los siguientes actos, de las autoridades que a continuación se señalan: De la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: La orden de aprehensión dictada en su contra, en la causa penal *******, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por el delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado en los artículos 174 y 175, fracción VII, del Código penal del Estado de Chihuahua. Del agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual de la Fiscalía de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, así como del Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Delitos contra la Libertad, Seguridad Sexual y Contra la Familia de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, todas con residencia en esta ciudad: La ejecución de dicha orden de aprehensión. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictó la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso *******, dentro de la causa penal *******, por el delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado en los artículos 174 y 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Asimismo, remitió copia certificada de la solicitud del agente del Ministerio Público y de la orden de aprehensión reclamada, constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues se remitió copia certificada de la misma, expedida por un Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en Funciones de Juez de Control, del Distrito Judicial Bravos, quien conforme al artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, cuenta con fe pública, funcionario que estampó su firma en la leyenda correspondiente, así como el sello oficial de dicho órgano jurisdiccional. Por su parte, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, contra la Familia y Trata de Personas, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le atribuye. Mientras que, el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, así como el Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Delitos contra la Libertad, Seguridad Sexual y Contra la Familia de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, en sus informes justificados, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados; sin embargo, tales negativas se desvirtúan, pues la existencia de la orden de aprehensión reclamada quedó fehacientemente demostrada, de manera que, su ejecución es inminente. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el caso, no se advierte la actualización de causales de improcedencia, ni las partes hacen valer ninguna. Quinto. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado, por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación y con esa omisión no se priva al quejoso de derecho alguno, máxime que, por la naturaleza del acto reclamado, como se indicará, opera la suplencia de la queja.Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Sexto. Estudio de fondo. Como se indicó en el considerando segundo, el quejoso *******, reclamó de la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, la orden de aprehensión que dictó en su contra, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, por el delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado en los artículos 174 y 175, fracción VII, del Código penal del Estado de Chihuahua. En relación al dictado de una orden de aprehensión, artículo 16 Constitucional, en sus párrafos primero y tercero dispone lo siguiente: Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De lo anterior se desprende que los requisitos para la emisión de una orden de aprehensión, son los siguientes: a) Que sea dictada por autoridad judicial; b) Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que existan datos que acrediten que se cometió ese hecho considerado por la ley como delito y que esos datos demuestren que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y, d) Que exista mandamiento escrito debidamente fundado y motivado. Este último punto se refiere a que todo acto de molestia, como lo es la orden de aprehensión, debe estar fundado y motivado, esto es, que la autoridad que lo emita, debe expresar detalladamente los motivos que produjeron la emisión del mismo y el fundamento legal en que apoye su determinación. En apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que informa, se cita la tesis XIX.2º.J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 666, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSION. FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De conformidad con lo establecido por el artículo 16 constitucional, toda orden de aprehensión debe contener como requisitos esenciales los siguientes: a).- que sea dictada por autoridad judicial; b).- que preceda a ésta, una denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c).- que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado. Además, como requisito de todo acto de autoridad, la orden de aprehensión debe estar debidamente fundada y motivada, debiéndose entender por motivación que en el acto de autoridad han de señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. De ahí que no basta con que el Juez de la causa haga una relación de las pruebas existentes en la averiguación previa y concluya que se encuentran probados los elementos del tipo penal respectivo, así como la probable responsabilidad penal del indiciado. Aunado lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente los requisitos de forma y fondo establecidos por el artículo 16 Constitucional, párrafos primero y tercero, ya señalados, sino que debe atenderse a lo previsto en los demás artículos que tutelan los derechos de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz los derechos fundamentales del indiciado, tutelados en la Constitución Federal. Lo anterior, dado que podrían actualizarse las hipótesis siguientes: 1) Que en la orden de aprehensión se aplique una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso. 2) Que la orden haya sido librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 3) Que las autoridades jurisdiccionales, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense. Las anteriores consideraciones se encuentran determinadas en la jurisprudencia por contradicción de tesis 31/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, página 285, materia Penal, Novena Época, con registro digital 193892, del rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Indicado lo anterior, es menester contestar, en ese momento, el primer concepto de violación que hace valer el quejoso, consistente en que, no se le respetó su garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 Constitucional; concepto de violación que resulta infundado, pues como se determinó, la orden de aprehensión es un acto de molestia, que no precisa respetar dicha garantía, sino estar debidamente fundado y motivado en términos del citado artículo 16 Constitucional. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996, página 5, materia Común, Novena Época, con registro digital 200080, del rubro y texto siguientes: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Ahora bien, ya que el resto de la argumentación del quejoso se refiere a que no está demostrado que se haya cometido un hecho considerado por la ley como delito, ni la probabilidad de que él haya lo haya cometido o participado en su comisión, tales conceptos de violación se entienden estudiados y contestados al momento de realizar el estudio oficioso de la orden de aprehensión reclamada, cuya suplencia de la queja opera de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Pues bien, en el caso, se tiene que la Jueza responsable dictó orden de aprehensión en contra del quejoso *******, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado en los artículos 174, fracción II y 175, fracción VII, del Código penal del Estado de Chihuahua. Lo anterior, con la competencia legal para ello, pues se trata de hechos ocurridos dentro de su jurisdicción territorial y que constituyen un delito del orden común, sin que se tenga noticia, hasta el momento, de que el quejoso pertenezca a una entidad estatal que amerite someterlo a un fuero especial. Al respecto, se tiene que en efecto, dicha orden de captura fue emitida por una autoridad judicial competente; asimismo, se tiene que a su emisión precedió la denuncia de la madre de la víctima menor de edad, ante el agente del Ministerio Público, de tres de febrero de dos mil veintiuno. Con lo anterior, se cumplen los requisitos constitucionales señalados en los incisos a), b) y 3), arriba descritos. Indicado lo anterior, corresponde analizar si la orden de captura reclamada, cumple con el resto de los requisitos constitucionales señalados, es decir: que del material probatorio existente en la carpeta de investigación, se desprendan datos que acrediten que se cometió un hecho considerado por la ley como delito y que esos datos hagan probable la participación del indicado en su comisión o que haya participado en su comisión (inciso c)); que la orden de aprehensión reclamada, se encuentre debidamente fundada y motivada (inciso d)); que en la orden de aprehensión se aplique una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso (inciso 1)); y, que la orden haya sido librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho (inciso 2)). Antes de iniciar el análisis de lo anterior, es necesario precisar, respecto a la demostración de la existencia de un hecho considerado como delito por la ley, que basta con que el juez encuadre la conducta en la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa y posterior del proceso penal.Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de una orden de aprehensión, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión.Al respecto, por identidad de razones, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Pues bien, para comenzar el estudio de la orden de aprehensión, propiamente, se relacionan las diligencias que tomó en cuenta la Jueza responsable, practicadas en la carpeta de investigación relativa, los cuales le hizo de su conocimiento el agente del Ministerio Público solicitante, en cumplimiento al artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales: 1.- Denuncia realizada por *******, realizada el tres de febrero de dos mil veintiuno, ante la Representación Social, en su carácter de madre de la víctima menor de edad. 2.- Acta de nacimiento de la víctima menor de edad, de la que se desprende que su fecha de nacimiento es el catorce de febrero de dos mil cuatro. 3.- Comparecencia ante el agente del Ministerio Público, de la víctima menor de edad, en fecha tres de febrero de dos mil veintiuno. 4.- Informe de agresión sexual, realizado sobre la persona de la víctima menor de edad, por el médico legista *******, el tres de febrero de dos mil veintiuno, a las dieciocho horas con veintinueve minutos. 5.- Impresión diagnóstica del estado psicológico realizado a la víctima menor de edad, por la perito oficial en psicología *******, el día tres de febrero de dos mil veintiuno. 6.- Informe policial de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, elaborado por la Agente Estatal de Investigación *******, en el cual dio cuenta de las entrevistas que realizó el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno: a *******, madre de la víctima menor de edad; a la menor víctima; así como a *******, hermana de la menor víctima. Asimismo, anexó la serie fotográfica (cuatro tomas) del domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, señalado por la menor víctima, así como por su madre, como el lugar en el que ocurrieron los hechos que nos ocupan. Ahora bien, en términos del artículo 141, primer párrafo, fracción III y segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público presentó al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en turno, solicitud para girar orden de aprehensión y en vista de los datos de prueba que se desprenden de las diligencias arriba descritas, expuso lo siguiente: (.) Como aspecto básico, es pertinente apuntar que los antecedentes de la investigación se desprende que se encuentra, para el momento procesal que hoy nos ocupa, presuncionalmente demostrada la existencia de los elementos del tipo penal del delito de ABUSO SEXUAL CON PENALIDAD AGRAVADA cuya descripción típica lo contiene el artículo 173 primero y segundo párrafo en relación al artículo 175 fracción VII del Código Penal del Estado de Chihuahua; delito cometido en los términos previstos con los artículos 17 Fracción I, 18 Fracción I y 21 Fracción I del citado Ordenamiento Sustantivo. Por cuanto al primer requisito que, de forma y fondo exigen las disposiciones jurídicas antes invocadas, consistentes en la existencia de una denuncia, de un hecho que la ley señale como delito, este se satisface con las manifestaciones en vía de denuncia interpuesta por la C. *******, que señala cómo fue que se enteró por la propia víctima quien es su hija (.), de 16 años de edad, cómo la había agredido sexualmente el imputado *******, quien es primo de la menor víctima, que fue agredida sexualmente al interior del domicilio ubicado en *******, en esta Ciudad, lo cual, a consideración de esta Representación Social, actualiza al menos de manera probable el delito de ABUSO SEXUAL CON PENALIDAD AGRAVADA previsto por el artículo 173 primero y segundo párrafos en relación al artículo 175 fracción VII del Código Penal vigente en el Estado, en atención a que la víctima fue agredida sexualmente por su primo ******* sin su consentimiento. Por cuanto al segundo requisito, que requiere que este delito se encuentre sancionado con pena privativa de libertad, queda satisfecho con la simple lectura del tipo penal redactado por el Autor de la Ley en el Artículo 173, que establece que A quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo se le impondrá de seis meses a seis años de prisión, si se hiciere uso de violencia física o moral la pena prevista se aumenta en una mitad, además si fueren cometidas por personas con quien la víctima tenga parentesco por consanguinidad las penas previstas se aumentarán en dos terceras partes. Por cuanto al tercer requisito, relativo a que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho, al respecto decimos que: obra la denuncia de la madre de la víctima la C. ******* donde nos explica cómo, dónde y qué fecha aproximada fue la agresión sexual en perjuicio de su menor hija; obra la comparecencia de la menor víctima (.), quien identifica al responsable de la agresión, nos señala la fecha y el lugar donde sucedieron los hechos, en donde pormenoriza las circunstancias necesarias para determinar el hecho, precisando que fueron tocamientos en su vagina y senos. Por cuanto al cuarto requisito en el sentido de que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, este se acredita con lo señalado por la menor víctima quien refiere que fue ******* quien le realizó estos tocamientos con un fin lascivo y sin el propósito de llegar a la cópula, además lo reconoce porque éste es una persona a la que conoce de hace tiempo ya que es primo materno de la menor víctima, siendo contundente este señalamiento pues se trata de un delito de índole sexual, y por lo regular, nadie se atribuye ser víctima de un delito tan afrentoso, dicho de la menor víctima que como ya se precisó no está aislado. Sumado lo anterior al hecho de que la víctima le refiere estos hechos de viva voz la madre la C. *******, a quien le cuenta como la agredió sexualmente el imputado. (.) Esto es, a fin de dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público, especificó que el tipo penal de que se trata, es el de abuso sexual agravado, previsto y sancionado, en su consideración, en los artículos 173, primer y segundo párrafos y 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua; que su ejecución fue consumada e instantánea y que el indiciado actuó como autor material del mismo, de forma dolosa; lo anterior, en términos de los artículos 17, fracción I, 18, fracción I y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Pues bien, la Jueza responsable estimó que con los datos de prueba que se desprenden de las diligencias mencionadas, se demuestra la concreción de un hecho considerado por la ley como delito, específicamente el de abuso sexual agravado, pero previsto y sancionado en el artículo 174 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establece: Artículo 174. A quien sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de catorce años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a observar o ejecutar dicho acto, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días de multa. Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. El subrayado es nuestro. Lo anterior, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 141, fracción III, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, tal como lo estimó, el hecho considerado como delito, descrito en dicho precepto, se configura, en este momento procesal, con los datos de prueba que se desprenden de la denuncia de tres de febrero de dos mil veintiuno, realizada ante el agente del Ministerio Público, por *******, madre de la menor víctima, quien esencialmente manifestó que el motivo de su comparecencia era denunciar a *******, pues en el mes de octubre, aproximadamente a las cuatro de la mañana, se encontraban en su domicilio, ella, su hija ******* y su esposo, que estaban platicando en la sala cuando ******* le dijo que tenía que contarle algo de su otra hija (la menor víctima), que en ese momento ésta salió de su recámara, que estaba llorando y pidiéndole a su hermana que no dijera nada, que entonces su hija, la menor víctima, le dijo que *******, su sobrino, la había tocado en su vagina, que cuando quiso salir corriendo ******* le tapó la boca y le empezó a tocar sus senos; que su hija, al contar lo anterior estaba temblando de miedo y le pedía que no hiciera nada porque tenía mucho miedo de que ******* les hiciera algo malo, ya que es un hombre muy violento, consume mucho alcohol y marihuana. Posteriormente, el doce de mayo de dos mil veintiuno, *******, madre de la menor víctima, compareció nuevamente ante el agente del Ministerio Público, a manifestar que desde que puso la denuncia en contra de *******, ha tenido muchos problemas con su hermana (madre de aquél) y con la familiar y que antes de ello, el treinta y uno de enero del año en curso, ******* fue a hacer pleito a las afueras de su casa, que le gritó desde su automóvil "pinche vieja culera, va a valer madre y la voy a ver bien jodida", asimismo, manifestó que tiene miedo de que ******* le vuelva a hacer algo a su hija, ya que la casa de su hermana, a quien él frecuenta mucho pues es su mamá, está enseguida de la casa de ellas, además, su menor hija siempre está llorando y le tiene miedo porque siempre se burla de ella. Denuncias que, como lo expresó la Jueza responsable, merecen credibilidad, pues la narración de hechos probablemente delictuosos, la realizó la madre de la menor víctima, dando cuenta de las circunstancias de ejecución que se le hicieron saber; además, efectivamente se concatena con los datos de prueba que se extraen de la comparecencia ante la Representación Social, de tres de febrero de dos mil veintiuno, de la propia menor víctima, quien acompañada de su madre, refirió que el veintitrés de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las tres de la madrugada, se encontraba en su domicilio, ubicado en *******, en esta ciudad, que al salir al patio ahí se encontraba su primo *******, quien estaba tomando cerveza con su hermana ******* y con su tía *******, así como con su esposa *******, que ella iba con rumbo a la casa de su abuela, que está junto a su casa, pues solo las divide el patio, que vio que su primo ******* la siguió y al entrar a la casa de su abuela, donde otros primos estaban haciendo una "pijamada", ella se agachó y vio que su primo ******* le agarró su vagina por encima de la ropa, que entonces ella se incorporó y salió corriendo hacia la puerta, pero cuando la iba a abrir, su primo la alcanzó y le tapó la boca para que no gritara, que en ese momento y lugar le empezó a tocar sus senos, que ella, llorando, le pidió que la soltara y cuando la soltó salió corriendo a su casa, que no le dijo nada a sus papás porque tenía miedo, ya que su primo es muy violento cuando anda tomado y además se droga con marihuana. Tal declaración de la menor víctima, como lo indicó la Jueza responsable, adquiere especial relevancia, pues dio cuenta pormenorizada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos, además, tomando en cuenta de que los hechos de que se trata son de índole sexual y por lo general ocurren en ausencia de testigos, no otorgarle credibilidad al dicho de la víctima equivaldría a tornar estéril su denuncia. Además, como lo apreció la Jueza responsable, la menor víctima refirió los mismos hechos, de manera congruente con su denuncia ante el agente del Ministerio Público, al momento en que el médico legista oficial le practicó el examen ginecológico de agresión sexual, así como ante la perito oficial en psicología, quien en lo que interesa, señaló que la menor víctima se encontró ubicada en espacio, lugar, persona y circunstancia; se percibe en estado consciente y de alerta, su capacidad de percepción, atención y concentración se perciben intactas, no muestra dificultad para identificar, externar y analizar sentimientos, emociones y en general procesos internos elaborados en relación a sí misma, no se observaron -ni hay datos clínicos- de retraso en el desarrollo y adquisición de capacidades y habilidades, no muestra dificultad en el curso del habla, sin alteraciones evidentes en memoria reciente y retrógrada, presentó una actitud libre y cooperadora ante la entrevista y aplicación de la prueba. Asimismo, en cuanto a su estado emocional, la perito en psicología indicó que durante la entrevista se le observó muy ansiosa y emocional al relatar la agresión que sufrió, temblorosa, con postura corporal rígida, apretando fuertemente sus piernas, tratando de contener sus emociones, pero le brotaban las lágrimas, aun así, hizo contacto ocular directo y aunque habló con tono de voz bajo, se mostró cooperadora y realizó las actividades que se le solicitaron. De manera que, la perito en psicología concluyó que la menor víctima, mostró datos compatibles a problemas que requieren atención clínica, como abuso sexual infantil, trastorno adaptativo con indicadores de ansiedad y estado de ánimo deprimido, lo cual le provoca un malestar emocional significativo; asimismo, que el dicho de la menor víctima es creíble debido a los elementos cognitivos y conductuales apreciados en su persona, además su relato es lógico y coherente. Ahora bien, como lo señaló la Jueza responsable, también se cuenta con el informe realizado por la agente estatal de investigación *******, quien entrevistó a la madre de la menor víctima, *******, el dieciséis de marzo del año en curso, así como a la propia menor víctima, el mismo día, quienes le manifestaron los hechos que narraron inicialmente ante la Representación Social, refiriéndole esencialmente las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron. Elemento investigador, que el mismo día, también entrevistó a *******, hermana de la menor víctima, quien le refirió que a finales del mes de agosto de dos mil veinte, se encontraba en su domicilio (ya mencionado), que estaba en su cuarto, con sus hermanas ******* y la menor víctima, que Selene le preguntó si ésta le había contado lo que pasó, que entonces la menor víctima le contó lo ocurrido con *******, que ******* dijo que debido a que ellas saben cómo es esa familia y que su mamá no se quedaría con "las manos cruzadas", no debían decir nada; pero que el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente después de media noche, fue a la casa de su abuela a darle el "abrazo de navidad" y ahí estaban ******* y su esposa *******, que les dio el abrazó e ******* le preguntó por qué se habían alejado de él, que por qué ya no le hablaban, que lo evitaban y ni siquiera lo volteaban a ver, que entonces ella le dijo que él debía saber la razón, que él había hecho mal, que algo había pasado con la menor víctima, que entonces él le dijo que salieran porque su esposa estaba escuchando, que estando afuera ******* le pidió que le contara lo que estaba pasando, pero como ella no le dijo nada concreto, él le contestó que "si es por lo de la menor víctima", ésta lo había provocado. La misma entrevistada también le manifestó a la agente investigadora que anteriormente, entre la noche del diez de octubre de dos mil veinte y el once de octubre de dos mil veinte, le dijo a su mamá lo que había pasado, es decir, lo que ******* le había hecho a su hermana, por lo que, cuando ocurrió lo narrado en el mes de diciembre de dos mil veinte, su mamá le ordenó que se metiera a la casa. Misma agente investigadora que anexó a su informe una serie fotográfica consistente en cuatro tomas del domicilio ubicado en *******, en esta ciudad. Información a la cual, acertadamente, la Jueza responsable, otorgó credibilidad, pues fue recabada por un agente ministerial, precisamente con motivo y ejercicio de sus funciones. Conforme a los datos de prueba descritos acertadamente valorados en términos de los artículos 260, 261, 263 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como lo concluyó la Jueza responsable, es posible llegar al conocimiento, al menos en grado de probabilidad y en esta etapa procesal, de que el veintitrés de agosto de dos mil veinte, se ejecutó un acto de carácter sexual en la persona de la menor víctima adolescente, pues en ese momento, contaba con dieciséis años de edad, toda vez que el agente del delito le tocó su vagina por encima de su ropa y en el momento en que la menor víctima intentó huir, el activo del delito, a través de la violencia física, específicamente tapándole la boca con su mano para que no gritara, le tocó los senos, esto es, obligándola a resistir tales actos por medio de la fuerza física, con un fin lascivo, pero sin el propósito de llegar a la cópula; esto, en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad. Además, como lo precisó la Jueza responsable, dicha conducta se realizó bajo una circunstancia agravante, pues el activo del delito y la menor víctima son parientes consanguíneos, específicamente primos, pues las madres de cada uno de ellos, son hermanas, tal como se desprende de las manifestaciones de la menor víctima, de su madre y de su hermana, así como del hecho de que compartan, entre ellos, el apellido materno; lo que efectivamente configura la hipótesis agravante del delito, prevista en el artículo 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que dispone: Artículo 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: (.) VII. Por personas con quien la víctima tenga un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; con quien tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de hecho. [(.) Así pues, como determinó la Jueza responsable, en el momento en que dictó la orden de aprehensión reclamada, existían datos de prueba suficientes para estimar que, como lo expuso el agente del Ministerio Público al solicitar dicha orden de captura, se llevó a cabo el hecho considerado por la ley como delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado por el artículo 174, en relación con el numeral 175, fracción VII, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Continuando, como lo apreció la Jueza responsable, existe la probabilidad de que el aquí quejoso *******, haya cometido, por sí, el hecho que la ley prevé como delito de abuso sexual agravado, en términos de los artículos 18, fracción I y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, ya que de los datos de prueba ya señalados y valorados, se desprende la probabilidad de que haya sido precisamente él, quien en las circunstancias de tiempo, modo y lugar relatadas, esto es, el veintitrés de agosto de dos mil veinte, ejecutó un acto de carácter sexual en la persona de la menor víctima adolescente, pues en ese momento, contaba con dieciséis años de edad, con quien mantiene un vínculo de parentesco por consanguinidad, ya que son primos, toda vez que en esa fecha, le tocó su vagina por encima de su ropa y en el momento en que la menor víctima intentó huir, a través de la violencia física, específicamente tapándole la boca con su mano para que no gritara, le tocó los senos, esto es, la obligó a resistir tales actos por medio de la fuerza física, con un fin lascivo, pero sin el propósito de llegar a la cópula; lo que ocurrió en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad. En efecto, como lo estimó la Jueza responsable, lo anterior se desprende de los señalamientos directos que en ese sentido realizó la menor víctima, así como su madre, ante el agente del Ministerio Público, y su hermana ante la agente investigadora ministerial; señalamiento de la menor víctima que, como lo apreció la Jueza responsable, sostuvo ante los peritos médico legista y en psicología y agente investigadora que la entrevistaron, mientras que, también su madre sostuvo dicho señalamiento ante ésta agente ministerial cuando la entrevistó. Finalmente, como lo concluyó la Jueza responsable, en el caso, se satisface la exigencia prevista en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, existe necesidad de cautela, debido a que el hecho de que el delito de que se trata, sin prejuzgar, merece una pena privativa de libertad de tres a diez años, que puede aumentar en dos terceras partes en virtud de la agravante actualizada, aunado al diverso hecho de que, conforme al artículo 19 Constitucional, en el proceso penal seguido por el delito de abuso sexual cometido en contra de menores de edad, como en el caso, debe imponerse oficiosamente la medida cautelar de prisión preventiva; esto es, efectivamente, la comparecencia ante el Tribunal pudiera verse demorada o dificultadas por esas dos circunstancias. En conclusión, al resultar del estudio oficioso de la orden de aprehensión reclamada dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, que se dictó observando los requisitos del artículo 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues con los datos de prueba que se desprenden de las diligencias llevadas a cabo en la carpeta de investigación relativa, en este momento, se encuentra demostrado lo siguiente: a) la verificación de un hecho que el Código Penal del Estado de Chihuahua, en sus artículos 174 y 175, fracción VII, señalan como delito de abuso sexual agravado, b) la probabilidad de que *******, haya cometido dicho ilícito, c) la necesidad de cautela, y d) que la orden de aprehensión reclamada está debidamente fundada y motivada. Por lo tanto, al encontrarse demostrado, al menos en grado de probabilidad la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, de misma manera, la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió dolosamente y por sí, así como al estar fundada y motivada la orden de aprehensión reclamada conforme a lo expuesto al realizar su estudio oficioso, los conceptos de violación relativos que hizo valer el quejoso, resultan infundados. Aunado a lo anterior, se advierte que la Jueza responsable respetó las formalidades previstas en los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la emisión de una orden de aprehensión, no aplicó retroactivamente la ley, pero aplicó la vigente aplicable y expedida con anterioridad. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *******, el amparo y protección de la Justicia Federal en relación con dicho acto reclamado; negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a las autoridades policiacas señaladas como responsables, pues no se les reclamó por vicios propios.En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:Único. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal, a *******, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia.Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de agosto de dos mil veintiuno. Se agrega escrito de cuenta Agréguese a los autos del presente cuadernillo de sigilo, para que conste como legalmente corresponda, el escrito de cuenta presentado por *******, en su calidad de representante de la menor tercero interesada de iniciales *******; en atención a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio constitucional de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. Autorizados Por otro lado, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción I de ley en cita. Asimismo, se le tiene proporcionando los correos electrónicos y números celulares que señala en su escrito, los que se toman en cuenta para el caso de ser necesario establecer comunicación por esa vía, de lo cual deberá dejarse constancia en autos. Finalmente, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a los licenciados ******* y *******, toda vez que se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación y en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos, para que obren como legalmente correspondan el escrito y anexo de cuenta presentados por el licenciado **********, autorizado de la parte quejosa. Así, se desprende que el billete de depósito **********, con número de orden **********/2021, valioso por la cantidad de ********** M/N ($**********), fue exhibido a fin de garantizar la suspensión provisional otorgada al quejoso **********; sin embargo, no ha lugar a tener por garantizada la suspensión provisional, como lo solicita el promovente, toda vez que del estado de autos se advierte que el quince de julio de la presente anualidad se proveyó respecto a la suspensión definitiva del incidente de suspensión en que se actúa. Por tanto, se pone a disposición de la parte quejosa el billete de depósito **********, con número de orden **********/2021, valioso por la cantidad de ********** M/N ($**********), apercibido que de no recogerlo en el término de dos años, se hará efectivo a favor del Erario Federal, de acuerdo con lo establecido por el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Ahora, a fin de que comparezca la persona en cita, indíquesele que deberá solicitar una cita para ser atendido en el juzgado de manera física; por lo que se le informa que el numeral 3 del referido Acuerdo General 21/2020, indica que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrá generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional. En el entendido de que, una vez que haya generado la cita correspondiente, podrá entablar comunicación telefónica con la secretaria encargada del asunto (al número de celular **********), a fin de que se realicen las gestiones necesarias para citar al personal adscrito a este juzgado en la fecha y hora relativa a la cita, lo anterior con el propósito de realizar el endoso del billete respectivo y recabar las firmas que deben ir insertas en el mismo. Asimismo, se le informa que el acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano