Itzel Alonso Vanegas
Expediente 38/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 38/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. del Carmen Torres Maldonado
- Itzel Alonso Vanegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Morelia, Michoacán, once de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con la presente Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de nueve de noviembre del año en curso se tuvo al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, acusando recibo del original de la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, misma que le fue remitida en diverso auto de veintiséis de octubre de la presente anualidad, en consecuencia, previa copia que obre en autos, mediante oficio que derive del presente proveído, se ordena remitir el oficio en comento al similar de cuenta, a fin de que provea lo conducente. Sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, en razón de que el sello de recepción tiene los mismos efectos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. HOMÓLOGO FEDERAL ACUSA RECIBO Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de uno diverso en el que se ordenó remitir el expediente relativo al Incumplimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad número VIII-38/2022; asimismo, informa que ese juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al ARCHIVO el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA JUAN CARLOS GONZALEZ CHAVEZ, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el cinco de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional al AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO, MICHOACÁN, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y Actuario adscrito. Inconforme con dicha resolución el tercero interesado Juan Carlos González Chávez, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria correspondiente a la sesión de trece de mayo de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. En fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a la autoridad responsable vinculada a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Previa ampliación de término otorgada a la autoridad responsable, por oficio presentado el seis de julio de dos mil veintidós, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó las constancias tendentes a acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "1. Únicamente por lo que hace a la aquí quejosa, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario laboral 836/2016, a partir del auto de admisión de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, por lo que deberá quedar sin efectos el laudo de dieciocho de febrero de dos mil veinte, así como todas sus consecuencias; 2. Una vez hecho lo anterior, ordene llamar a ese juicio a la aquí quejosa a fin de que pueda deducir sus derechos; lo que podrá realizar en el lugar señala en el presente juicio de amparo como el que corresponde a su domicilio -Defensa Civil, número tres, colonia centro, Huandacareo, Michoacán-, o bien, en cualquier otro lugar que resulte idóneo para tal efecto." El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con fecha veinte de junio de este año, dictó un acuerdo en el juicio laboral número 836/2016, donde realizó lo siguiente: 1) Dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen, a partir del auto de admisión de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dejando sin efectos el laudo de dieciocho de febrero de dos mil veinte, así como sus consecuencias; 2) En diverso acuerdo de veinte de junio de este año, dada la insubsistencia de todo lo actuado en el juicio natural, ordenó llamar a juicio al Ayuntamiento demandado a fin de que pueda deducir sus derechos, instruyendo notificar en el domicilio ubicado en Defensa Civil, número tres, colonia centro, Huandacareo, Michoacán, o en cualquier otro que resulte idóneo para tal efecto. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que por una parte se negó y en otra, se concedió la medida cautelar (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veintidós. ATIENDE REQUERIMIENTO. Intégrese a los autos el oficio de cuenta signado por el Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención a la vista otorgada en proveído de trece de octubre del año en curso, realiza diversas manifestaciones en relación con la presente Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En términos del artículo 210, fracción I, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de Amparo, se tienen hechas las manifestaciones contenidas en el oficio de cuenta. PRUEBA DOCUMENTAL Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen desahogadas las documentales que acompaña. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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