Isrrael Flores Cruz

Expediente 674/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
674/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • Isrrael Flores Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinte de julio de dos mil veintidós, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse a la autoridad responsable un tomo de prueba mismo que adjuntó a su informe justificado. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de haberse NEGADO el amparo y protección de la justicia federal, resolución que fue confirmada por el Tribunal de Alzada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de julio de dos mil veintidós. SE ORDENA NOTIFICACIONES POR LISTA Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad para notificar a la tercero interesada María Consuelo González Villagrana, como albacea testamentaria de Pascual Guzmán Coronado, la sentencia emitida el veinte de julio del año en curso, por las razones que expone. Ahora bien y toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y como no realizó manifestación alguna, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno; en tal virtud, en atención al citado proveído, notifíquese a la referida tercero interesada la resolución de mérito, mediante lista que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como las notificaciones subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase con la notificación por lista de la sentencia a la tercero interesada Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. mmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Silvia Lorena Arenas Raya CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARIA CONSUELO GONZALEZ VILLAGRANA, EN CUANTO ALBACEA TESTAMENTARIA DE PASCUAL GUZMAN CORONADO, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 674/2020-II, promovido por Isrrael Flores Cruz, por su propio derecho, inicialmente contra actos del: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán (posteriormente sustituida por el homólogo Segundo de dicha localidad). ... Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Isrrael Flores Cruz, respecto del acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, sustituido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, de La Piedad, Michoacán, por las razones expuestas en el considerando sexto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy veinte de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Mrc*

  4. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 674/2020-II, promovido por Isrrael Flores Cruz, por su propio derecho, inicialmente contra actos del: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán (posteriormente sustituida por el homólogo Segundo de dicha localidad). R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Isrrael Flores Cruz, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y la autoridad responsable que precisó en los siguientes términos: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, . IV. ACTO RECLAMADO: La sentencia interlocutoria que en ejecución de sentencia fue dictada el día 7 de octubre de 2020, y que me fue notificada al día siguiente, insisto, la sentencia interlocutoria que constituye el acto reclamado fue dictado en ejecución de sentencia definitiva. Por lo que no admite recurso alguno, y el único medio de defensa es el que aquí propongo. (.)." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de once de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación, quien formuló pedimento; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. En acuerdo de once de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo como autoridad sustituta al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil con sede en La Piedad, Michoacán. Finalmente, previos diferimientos, la audiencia de ley fue celebrada el dos de junio de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 9//2022 del propio Pleno. Se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos emitidos en un asunto de naturaleza civil, por un órgano que se encuentra dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción y competencia mixta; esto es, en La Piedad, Michoacán. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: La interlocutoria dictada el siete de octubre de dos mil veinte, emitida dentro del expediente 327/2016 (actualmente 431/2021), relativo al juicio sumario civil sobre cumplimiento de contrato escrito de cesión de derechos hereditarios, inicialmente del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán (actualmente sustituido en el conocimiento del asunto por su homólogo Segundo de la misma localidad), que promovió el ahora finado Pascual Guzmán Coronado, representado actualmente a través de su albacea testamentaria María Consuelo González Villagrán, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de J. Jesús Galván Parra, así como en contra de Reymundo Galván Gutiérrez. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Tal afirmación se corrobora con las constancias consistentes en copia fotostática debidamente certificada de las constancias que integran el entonces juicio sumario civil número 327/2016 de la estadística de la responsable que acompañó a su informe justificado. Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo tanto, se tiene probada la existencia del acto que en esta vía constitucional es reclamado a la autoridad señalada. CUARTO. Inexistencia de causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En ese sentido, la fiscal de la Federación de esta adscripción solicitó que al momento de resolver el presente juicio constitucional se considere sobreseer el amparo y protección de la justicia federal, con apoyo en la fracción XXII, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No obstante su petición no se encuentra apoyada en razonamiento en el que se expongan los motivos por los que estima debe sobreseerse en el asunto de que se trata, y la hipótesis de inejercitabilidad no es de obvia y objetiva constatación, y por lo que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para realizar el estudio correspondiente. Más aún que no obra constancia fehaciente en autos que acredite que la interlocutoria reclamada, aunque subsistente, no puede surtir efectos legales o materiales por haber desaparecido su objeto o materia. A lo anterior resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Así, al no haberse hecho valer alguna causal de improcedencia que deba ser analizada por el que suscribe; y, considerando que este juzgador no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna hipótesis que torne improcedente el presente juicio, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación formulados. QUINTO. Transcripción innecesaria de los conceptos de violación. De inicio, este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerarse que para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad exigidos por la Ley de Amparo, basta cumplir con tales requisitos al realizar el examen de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Estudio del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que el promovente de la protección constitucional aduce medularmente que la resolución de siete de octubre de dos mil veinte, emitida por el Juez de Primera Instancia responsable, dentro del entonces juicio sumario civil número 327/2016, es contraria a derecho por los siguientes motivos: Es "retrógrada" y violatoria de los numerales 135, 154 y 144 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, en relación con los diversos 2°, 3° y 6°, de la Ley del Arancel de Abogados, porque señaló que el quejoso quien patrocinó la totalidad del asunto del que deriva el acto reclamado, no tiene legitimación para realizar el cobro de sus honorarios, pues resulta ilógico necesite autorización expresa o cláusula especial por parte de su mandante para ello, lo que además resulta ilegal porque se trata de honorarios profesionales que el quejoso ha devengado. Máxime que el quejoso es el único legitimado para su cobro al ser quien los devengó, incluso en la vía de apremio. Que la interpretación de los artículos 135 y 143 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán es "maquiavélica" y perversa, pues debe direccionarse en forma contraria, sobre la procedencia de la entrega de los honorarios a su favor. Lo que es acorde, dice, con el principio jurídico de que "el que puede lo más puede lo menos". Transgrede lo dispuesto por el artículo 5° constitucional pues lo priva de un ingreso fruto de su trabajo. Anteriores circunstancias por las cuales el promovente de amparo solicita a este juzgado que conceda el amparo y protección de la justicia de la unión. Son inoperantes los conceptos de violación previstos en el numeral I, esgrimidos por el quejoso, por los motivos que se exponen a continuación. Para un correcto entendimiento del asunto, conviene señalar que de la revisión de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtienen los siguientes antecedentes: Con fecha siete de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite en la vía sumaria civil la demanda sobre otorgamiento de título de propiedad que promovió Pascual Guzmán Coronado, por su propio derecho, en contra de Reymundo Galván Gutiérrez y de la Sucesión Intestamentaria a bienes de J. Jesús Galván Parra representada por su albacea provisional el Fisco del Estado, por conducto del Administrador de Rentas de La Piedad, Michoacán, la que quedó registrada con el número 327/2016 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán. Por escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el reo Reymundo Galván Gutiérrez, otorgó mandato judicial a Isrrael Flores Cruz, el que fue ratificado el seis de mayo de dos mil dieciséis, y se tuvo por bien realizado en esa misma data. El tres de agosto de dos mil dieciséis, la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, de La Piedad, Michoacán, resolvió el juicio que promovió Pascual Guzmán Coronado, y al efecto señaló: "(.) SEGUNDO.- De conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando segundo de este fallo, resulta improcedente la acción sobre formalización y otorgamiento de escritura de propiedad y otras prestaciones que, en la vía sumaria civil, promovió Pascual Guzmán Coronado, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de J. Jesús Galván Parra, representada por su albacea provisional el Fisco del Estado, así como en contra de Reymundo Galván Gutiérrez. TERCERO.- Se condena al actor a pagar los gastos y costas en esta primera instancia. (.)." Determinación que no fue impugnada por alguna de las partes por lo que se declaró ejecutoriada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Con fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el incidente de liquidación de sentencia promovido por el ahora quejoso Isrrael Flores Cruz, en aquella instancia, con el carácter de mandatario judicial del codemandado Reymundo Galván Gutiérrez. En resolución de siete de marzo de dos mil diecisiete, la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán resolvió la incidencia planteada en los siguientes términos: "(.) SEGUNDO.- Resultó infundada la planilla de liquidación de gastos y costas que, en vía incidental promovió el codemandado Reymundo Galván Gutiérrez, por conducto de su mandatario judicial en contra del actor Pascual Guzmán Coronado. TERCERO.- Se dejan a salvo los derechos de la arte incidentista para que, de considerarlo conveniente, los vuelva a formular en la forma y términos que corresponda, observando los lineamientos anotados en esta interlocutoria. Notifíquese personalmente.- (.)." Con fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el Incidente de liquidación de costas u honorarios promovido por Isrrael Flores Cruz, en su carácter de mandatario judicial del codemandado Reymundo Galván Gutiérrez, mismo que fue resuelto el seis de abril de dos mil diecisiete, en los siguientes términos: "(.) SEGUNDO.- Resultó fundada la planilla de liquidación de sentencia que, en vía incidental, promovió el codemandado en el juicio principal, Reymundo Galván Gutiérrez, por conducto de su mandatario judicial, en contra del actor Pascual Guzmán Coronado, de quien no prosperaron sus argumentos de oposición. TERCERO.- En consecuencia, se condena al ahora incidentado a pagar a favor del incidentista la suma de $14,800.00 catorce mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de costas u honorarios profesionales. CUARTO.- No se hace especial condena en costas con motivo de este incidente. Notifíquese personalmente.- (.)." Determinación que al ser materia de apelación, fue confirmada en ejecutoria dictada el seis de junio de dos mil diecisiete, por el Magistrado de la Octava Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al resolver el toca de apelación número I-162/2017. En auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se requirió al incidentado Pascual Guzmán Coronado, para que dentro del término de tres días, cumpliera con el fallo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procedería con la ejecución forzosa. El dieciséis de julio de dos mil diecinueve, atento al fallecimiento de Pascual Guzmán Coronado, se ordenó requerir a María Consuelo González Villagrán, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes del extinto Pascual Guzmán Coronado, el pago motivo de la incidente antes precisada. Lo anterior tuvo cumplimiento en diligencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en la que la requerida manifestó: ". en este momento no cuenta con el efectivo para poder realizar el pago de la cantidad que se le requiere, pero que el pago lo realizará lo más pronto que pueda, que si quieren señalar algo como garantía lo señalen, pero que lo más pronto posible ella realizará el pago a lo que en el acto, otorgándole al Licenciado Israel Flores Cruz, el uso de la voz, manifiesta que en este momento señala para su embargo los derechos litigiosos que en favor de la sucesión requerida tiene dentro del juicio ejecutivo mercantil registro número 511/2013 radicado en el Juzgado Menor Mixto de La Piedad, Michoacán, cuya propiedad acredito con las copias certificadas de las constancias respectivas que en este momento exhibo y que solicito que sean anexadas a la presente acta; copias que se declara tener a la vista y que se agregan al exhorto para que surtan los efectos legales correspondientes." El siete de noviembre de dos mil diecinueve, la responsable tuvo a María Consuelo González Villagrán, por haciendo el pago de las costas y honorarios cuantificados en la interlocutoria en la que resultó condenado Pascual Guzmán Coronado, a través de la ficha de depósito valiosa por la suma de $14,800.00 (catorce mil ochocientos pesos moneda nacional), consignados en la cuenta del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Michoacán, mediante referencia alfanumérica JC010690327O0116PT96, en la Institución Financiera Banamex, en favor del demandado, por lo que ordenó se procediera a la elaboración de la orden de pago por la cantidad señalada, la que dejó a disposición del demandado para que la recogiera previa identificación y recibo de estilo que dejara en autos a fin de que procediera a su cobro. Con motivo de lo anterior, levantó el embargo trabado mediante diligencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en los derechos litigiosos del accionante principal dentro del juicio ejecutivo mercantil 511/2013 del índice del Juzgado Menor Mixto de La Piedad, Michoacán. Por lo anterior, en escrito de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el quejoso Isrrael Flores Cruz, solicitó a la responsable que de la consignación que fue realizada, se efectuara la orden de pago en su favor, a lo que en proveído dictado el trece de noviembre de dos mil diecinueve, la responsable determinó: "La Piedad, Michoacán, a 13 trece de noviembre de 2019 dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta que suscribe el licenciado Isrrael Flores Cruz, en su calidad de mandatario judicial del demandado principal y ahora incidentista, se le tiene devolviendo cumplimentado el exhorto número 91/2019 deducido de autos; documento que se manda agregar a sus antecedentes para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, dígasele que no ha lugar a realizar (sic) orden de pago en su favor de la consignación que fue realizada en autos, ya que en el caso particular carece de legitimación para solicitar se endose la orden de pago directamente a su favor, habida cuenta que el mandato judicial que le otorgó el demandado no lo faculta para recibir pagos, pero además porque el derecho a tal concepto -gastos u honorarios- recae en la parte que obtuvo la prestación, que lo es el demandado Reymundo Galván Gutiérrez. Ilustra por identidad jurídica, la tesis aislada del siguiente rubro y letra: "COSTAS. EL ABOGADO PATRONO QUE INTERVINO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA EXIGIR SU COBRO. ." (el énfasis es añadido) La anterior determinación fue confirmada por improcedencia del recurso, en ejecutoria dictada el veintitrés de enero de dos mil veinte, por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, al resolver el toca de apelación número I-9/2020. En cuatro de agosto de dos mil veinte, se tuvo al quejoso Isrrael Flores Cruz, promoviendo incidente de entrega de dinero, frente a la sucesión testamentaria a bienes del codemandado Pascual Guzmán Coronado representada por su albacea María Consuelo González Villagrán, la que se admitió y fue resuelta el siete de octubre de dos mil veinte, en la que determinó: "(.) Primeramente, resulta conveniente destacar que el derecho a las costas tuvo su origen en la sentencia definitiva emitida el 3 tres de agosto de 2016 dos mil dieciséis, donde la parte demandada fue quien obtuvo a su favor, condenándose al ahora extinto Pascual Guzmán Coronado, al pago de los gastos y costas. Posteriormente, la cuantificación de esa prestación quedó definida en la sentencia interlocutoria del 6 seis de abril de 2017 dos mil diecisiete, donde fue aprobada la planilla de liquidación, hasta por un monto de $14,800.00 catorce mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional. Resultado de esta condena y de su correspondiente liquidación, la albacea testamentaria de la sucesión a bienes de quien fuera el actor directo material, esto es, Pascual Guzmán Coronado, cuya suma de dinero es la que pretende la entrega a su favor el ahora incidentista, licenciado Israel Flores Cruz. Ahora bien, al darle el trámite correspondiente a dicho incidente y no habiéndolo contestado la parte demandada, se tiene que el ahora incidentista, desligado de la personería conferida por su mandante Reymundo Galván Gutiérrez, acude por sí mismo a exigir la entrega del dinero consignado por la sucesión actora para satisfacer el momento de las costas a que resultó condenado el demandante en el principal. Lo anterior se colige al advertirse de la demanda incidental que el compareciente refiere tener derecho a cobrar por sí mismo este concepto, es decir, "por propio derecho", además de fundarse esencialmente en lo que dispone, entre otros, el numeral 144 del Código de Procedimientos Civiles. Dicho precepto legal establece que los honorarios del abogado que se aprueben en la planilla de costas, podrán hacerse efectivos por éste en la vía de apremio contra el obligado a pagarlos, aun cuando el que obtuvo no ejecute su sentencia y tendrán preferencia sobre el resto de las prestaciones materia del juicio. Del contenido literal de dicho precepto, así como de una interpretación funcional se tiene que, efectivamente, el abogado de la parte que obtuvo condena de costas a su favor puede intervenir al procedimiento a fin de lograr hacer efectivos los honorarios que se hallan probado en la planilla respectiva, por virtud de la representación o asesoría legal que brindó a la parte que obtuvo, ya que para esta condena el legislador local quiso darle prioridad a ese derecho frente al resto de las demás prestaciones, sin importar incluso la abstención de la parte gananciosa para obtener la ejecución de lo sentenciado. Empero, de la hipótesis planteada se advierte que esa facultad concedida al abogado para legitimarse en el reclamo de la prestación de mérito, lo es exclusivamente para hacer efectivos los honorarios en vía de apremio; por lo que para ello es menester ubicar en qué contexto quiso referirse el legislador ordinario cuando introdujo el texto "hacerse efectivos" y "en vía de apremio". Para esto debe llevarse a cabo una interpretación sistemática de otras disposiciones jurídicas que guardan vinculación al tema de las costas, como lo son el artículo 135 del cuerpo legal en consulta, establece, en lo conducente, que cada parte será inmediata responsable de los gastos que originen las diligencias que promueva; y que la parte condenada al pago de las costas indemnizará a la otra de todos los gastos que hubiere hecho en el juicio. En esta misma línea de interpretación, el artículo 136 del propio ordenamiento jurídico en cita, señala que en toda sentencia definitiva o interlocutoria dictada en asuntos de carácter contencioso, se hará forzosamente condenación en costas, determinando cuál de las partes debe pagar a la contraria las costas que se le hayan causado en el juicio. Por último, el numeral 143 del cuerpo legal en consulta, establece, en lo que interesa, que las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado y se sustanciará el incidente con un escrito de cada parte, resolviéndose dentro del tercer día. De una intelección literal y conjunta de estos preceptos legales, es dable concluir que los abogados por sí mismos, no están facultados para reclamar directamente la entrega del dinero que se haya consignado en concepto de costas, en atención a que no adquieren la calidad de "parte", al no ser quienes gozan del derecho material reconocido judicialmente en sentencia, no obstante la intervención formal al figurar como apoderados o mandatarios de los litigantes. Lo anterior, porque la condena en costas sólo vincula a la parte que resulta vencida y la que obtuvo, como una prestación privada de la relación material sometida a litigio; de ahí que quien es responsable de las costas es "la parte" que resultó perdidosa en juicio, quien deberá satisfacer a "la parte contraria", todas las costas que hubiere erogado o tuviere que erogar, por lo que quien debe reclamar el pago e costas es directamente "la parte" que resultó gananciosa, pues esta idea conceptual se corrobora con el contenido del último de los dispositivos legales mencionados, al señalar que las costas serán reguladas "por la parte a cuyo favor se hubiere declarado". A mayor abundamiento, el citado precepto legal 143 dispone que la regulación de costas deberá realizarla "la parte" a cuyo favor se declararon, ello implica que solamente son las partes (actora y demandada), situadas en aquellas quienes tienen relación directa con el negocio que dio origen al procedimiento es a quienes corresponde promover la reclamación del pago de costas y no a sus representantes o patronos en lo personal; máxime que el artículo 135 del mismo cuerpo legal señala que cada parte será inmediatamente responsable de los gastos que originen las diligencias que promueva, y en el supuesto de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a su contraria de las que hubiere erogado en juicio. El concepto de parte puede resumirse de la siguiente manera: en cuanto al sujeto del litigio y en lo que respecta al sujeto de la acción. El primero es la persona respecto de la cual se hace el juicio; y, el segundo es la parte que hace el juicio o concurre a hacerlo; pero en los dos casos la palabra "parte" tiene un significado diverso, que surge del contraste entre la función pasiva de quien soporta el proceso y la activa de quien lo hace; de ahí que para evitar confusiones, debe distinguirse claramente la parte en sentido formal y la parte en sentido material. Esta deducción conlleva a que las partes no solamente son quienes inmediatamente responden de las costas originadas por su actuación procesal, sino también quienes deben indemnizar a las otras de las que hayan erogado; de manera que el abogado patrono que interviene en un juicio carece de legitimación para reclamar por sí mismo el pago de costas, ya que sin desconocer el beneficio que evidentemente le reporta tal prestación, no es a través de su reclamo directo en el mismo procedimiento como pueden solicitar su pago o entrega, sino mediante los diversos instrumentos legales que la ley le confiere a los profesionistas para el pago de sus honorarios, frente a su cliente o el beneficiario de los servicios. Entonces, es claro que el abogado patrono o asesor legal de la parte gananciosa no se encuentra legitimado para exigir el pago de costas en el procedimiento del que se originaron, pues el derecho reconocido por el numeral 144 del Código instrumental del ramo, en cuanto a la preferencia para hacerse efectivos, conlleva a que el abogado puede llegar a logar el pago de esta prestación a través de la ejecución forzosa, esto es, garantizar el pago o asegurar preferentemente esa prestación antes que cualquier otra, pero no para disponer de dicha cantidad a su favor, pues ello sería tanto como sustituirse en el concepto y dimensión de lo que implica el reconocimiento de una calidad de parte material, lo cual resulta incongruente con la naturaleza formal o instrumental de su participación. En efecto, al introducirse en el propio numeral 144 de que los honorarios pueden hacerse "efectivos", el legislador quiso referirse a la facultad de poder exigir su aseguramiento o pago frente al reclamo de las demás prestaciones, pero de ningún modo de que se le cubrieran directamente del abogado; tan es así que al utilizar la diversa expresión "hacerse efectivos", se relacionó inseparablemente a otro concepto que lo es "en la vía de apremio", precisamente porque su fin es únicamente lograr la efectividad del pago mediante su aseguramiento, ante una eventual omisión o negligencia de la parte legitimada o gananciosa. Esto obedece en tal sentido, ya que la vía de apremio a que se refiere este numeral encuentra relación directa con la regla general que prevén los artículos 740, fracción IV y 741 del Código de Procedimientos Civiles, para las obligaciones de "dar"; esto es, que la vía de apremio concedida a una obligación de pago de costas es, pues, para el fin de asegurar su pago mediante el embargo de bienes del vencido, aun cuando el ganancioso no hiciere los propio sobre la ejecución de la sentencia en lo referente a las demás prestaciones condenadas. Por lo tanto, es incuestionable que la potestad prevista en el artículo 144 del código procesal de la materia, otorga al abogado para hacer efectivos sus honorarios que han sido aprobados en la planilla de liquidación de una sentencia, únicamente para el efecto de garantizar o asegurar su pago mediante ese medio de apremio consistente en la ejecución forzosa, pues de conceder el pago directo al abogado patrono de una de las partes, el legislador así lo hubiera expresado como una excepción a la legitimación ad causam que asiste a las partes materiales del juicio. Entender lo contrario, esto es, concederle al abogado la facultad de solicitar su pago directo, pugnaría con el espíritu del contenido de las demás disposiciones normativas que tienden a regular las costas en nuestro sistema procesal, conforme a las cuales es únicamente a la parte gananciosa a quien legítimamente se encuentra facultada para exigir dicha reclamación, como parte accesoria de un derecho reconocido materialmente en sentencia. Por tal motivo, no existe causa legal para que el abogado incidentista pretenda el pago de la suma consignada en concepto de costas, cuando la oportunidad preferente para hacerse efectivos quedó consumada desde el momento mismo en que fue consignada voluntariamente la suma de dinero correspondiente por parte de la sucesión actora; de ahí que sea al ahora demandado Reymundo Galván Gutiérrez a quien le corresponda disponer de esa suma, por ser un derecho reconocido a su favor, en cuanto parte gananciosa. Lo expuesto es congruente con la legitimación y el derecho para acudir a liquidar las costas generadas con motivo de la condena en este juicio, máxime que en el principal no figuró el abogado Flores Cruz con alguna intervención directa que le permitiera adecuarse a la hipótesis prevista por el numeral 5° de la Ley de Arancel de Abogados. Sirven de orientación a lo anterior, por analogía de casos y por similitud substancial de disposiciones normativas sujetas a interpretación, las tesis aisladas de los respectivos rubros y textos: 'GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. LA CONDENA DEBE SEER A FAVOR DE LAS PARTES EN EL JUICIO Y NO DE LOS ABOGADOS DE ÉSTAS. .' 'COSTAS. NO PUEDEN SER RECLAMADA A TÍTULO DE HONORARIOS DIRECTAMENTE POR LOS ABOGADOS, POR CARECER DEL CARÁCTER DE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). .' Por todo lo anterior, resulta infundada la solicitud de entrega de dinero en ejecución de sentencia que, en vía incidental, formuló el licenciado Israel Flores Cruz, por derecho propio, en contra de la albacea de la sucesión testamentaria a bienes del ahora finado actor Pascual Guzmán Coronado; sin que esta determinación trascienda al derecho del pago de costas reconocido a favor del codemandado Reymundo Galván Gutiérrez. (.) PUNTOS RESOLUTIVOS: (.) SEGUNDO. Por los razonamientos expuestos en el considerando segundo de esta interlocutoria, resultó infundada la solicitud sobre entrega de dinero en ejecución de sentencia que, en vía incidental, presentó el licenciado Israel Flores Cruz, por derecho propio, frente a la sucesión intestamentaria a bienes del ahora finado actor Pascual Guzmán Coronado. TERCERO. Queda a salvo el derecho del codemandado Reymundo Galván Gutiérrez, para solicitar la entrega del monto consignado en concepto de costas a su favor. Notifíquese personalmente. (...)." Resolución que constituye la materia de reclamo en esta instancia de control constitucional. Establecido lo anterior, debe señalarse que son inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, que se precisaron en el numeral I, por cuyo motivo la resolución reclamada debe permanecer incólume. Ello porque el quejoso fue omiso en combatir o desvirtuar todas las consideraciones y fundamentos que sustentan la resolución que constituye la materia de reclamo en esta instancia de control constitucional. Es así ya que no manifestó algo en torno a que las razones sustentadas por la responsable así como los criterios que invocó fueran incorrectos; menos cuestionó lo referente a la interpretación que ésta realizó de manera sistemática y funcional de las porciones normativas a que aludió, con las que concluyó se acreditaba que la condena en costas en este caso el pago de honorarios profesionales le correspondía reclamarlo únicamente a la parte a cuyo favor se condenó a tal obligación en el juicio principal, esto es, la parte gananciosa, mientras que el abogado que patrocinó el asunto carece de legitimación, por sí, para reclamarlos. De manera que no esgrime razonamiento alguno que desvirtúe todos y cada uno de tales razonamientos. Por lo que el que suscribe se encuentra impedido para estudiar supliendo la deficiencia de los argumentos expuestos en la demanda de garantías, si las consideraciones que invocó la responsable son correctas o no, pues el amparo en materia civil es de estricto derecho y no se está en presencia del supuesto de excepción para aplicar dicha figura. De ahí que se concluya que correspondía al peticionario del amparo expresar razonadamente los motivos por los que estimó que el acto transgrede los derechos fundamentales que aduce. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya." En cambio, es infundado el argumento precisado en el numeral II, pues contra lo ahí afirmado, la determinación recurrida no le priva de un ingreso que haya sido producto de su desempeño como abogado postulante. Lo anterior porque debemos recordar que el contrato de prestación de servicios es aquel en el que una persona llamada profesionista o profesor se obliga a prestar determinados servicios que requieren una preparación técnica y a veces un título profesional, a otra persona llamada cliente que se obliga a pagarle una determinada retribución llamada honorario. En ese sentido se le considera un contrato "intiutu personae" porque el profesionista es elegido por sus cualidades personales y no puede delegar su cargo; debido a ello también termina con la muerte del profesionista entre otros. Ahora bien, no pasa inadvertido que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2606 del Código Civil Federal, el que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar, de común acuerdo, retribución debida por ellos, indicando por su parte el precepto 2607 del mismo ordenamiento que cuando no hubiere convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a las costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación personal que tenga adquirida el que lo ha prestado y que si los servicios prestados estuvieran regulados por arancel, éste servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados. Por su parte el dispositivo 2613 del código en cita señala que los profesores tienen derecho de exigir sus honorarios, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrario. Lo anterior patentiza que el derecho a percibir una retribución económica por los servicios que dicho profesionista prestó a la parte que representó en aquel sumario, se encuentran incólumes para hacerlos valer en la vía conducente, si es que no se le hiciera el pago respectivo de manera voluntaria. De ahí que la determinación recurrida no le priva del producto de su trabajo en forma injustificada; sino que se sujeta a los requisitos legales previstos en la norma secundaria. Más aún que al haberse declarado inoperantes los motivos de disenso dirigidos a cuestionar la negativa de entregar tales honorarios en forma directa al quejoso, debe estimarse que las consideraciones expuestas por la responsable deben subsistir. En suma, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Isrrael Flores Cruz, contra el acto que reclamó al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, sustituido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, de La Piedad, Michoacán. Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Isrrael Flores Cruz, respecto del acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, sustituido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, de La Piedad, Michoacán, por las razones expuestas en el considerando sexto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy veinte de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Mrc*

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