Ivan Arriaga Soria
Expediente 695/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ivan Arriaga Soria
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a tres de octubre de dos mil veintidós. SE RECIBE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en la queja administrativa 121/2022 de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa, contra el acuerdo de desechamiento de veinticuatro de junio del año en curso. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante ejecutoria de ocho de septiembre de dos mil veintidós, resolvió: "ÚNICO. Por las razones establecidas por este tribunal colegiado de circuito se declara infundado el recurso de queja." ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 8410 al que se anexó el testimonio autorizado de la ejecutoria de mérito; lo anterior, para los efectos a que haya lugar. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que se cumpla el plazo referido, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, a seis de julio de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo de uno diverso con el que se remitió copia certificada del juicio de amparo número IX-695/2022, del índice de este juzgado, promovido por Iván Arriaga Soria, por propio derecho y en su carácter de guardia nacional; el escrito original de agravios y copia del mismo, para la substanciación del recurso de queja hecho valer en dicho asunto, en contra del auto emitido en el referido juicio el veinticuatro de junio del año en curso; asimismo, informa que dicho medio de impugnación se admitió a trámite; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, al haberse reiterado la medida cautelar concedida por el juez Séptimo de Distrito, con sede en esta ciudad. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy Fe./*arga*/* Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Silvia Lorena Arenas Raya CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado bajo el número IX-695/2022. SE RECIBE DEMANDA Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Iván Arriaga Soria, por propio derecho y en su carácter de guardia nacional, contra actos del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. ANÁLISIS Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa esencialmente señala como actos reclamados los siguientes: 1.- Que para continuar prestando servicios en la Guardia Nacional, se debe escoger entre las siguientes áreas: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (CONASE Coordinación Nacional Antisecuestro, PC Protección Civil, Protección Federal, CONAPRED Centro Nacional de Previsión y Desastre, PRT Prevención y Readaptación Social, SES Secretario Ejecutivo del Sistema, CDI Centro Nacional de Inteligencia); y/o, Anotarse en el programa de separación voluntaria del servicio 2022. 2.- La orden de operación suscrita por el Coordinador de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Michoacán de la Guardia Nacional; y, 3.- El oficio de once de junio de dos mil veintidós suscrito por el maestro Cruz Isacc Muñoz Navarro, General División D.E.M. RET., por medio del cual informa cambio de adscripción. En atención a los actos reclamados, el suscrito advierte un motivo manifiesto e indubitable de improcedencia; lo primero se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indubitable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En efecto, este juzgado advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos México, que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los interés jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..." "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;..." Asimismo, el numeral 6 de la Ley de Amparo establece: "ARTÍCULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por si, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los preceptos transcritos se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general) y, se sigue, siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio de garantías únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto reclamado, ya sea a través de la afectación de su interés jurídico o de su interés legítimo. El presupuesto jurídico que contienen los preceptos transcritos, interés jurídico o interés legítimo, representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurarlo; en consecuencia, cuando acude en demanda de amparo debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, esto es, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de garantías resultará improcedente por no acreditarse un interés jurídico. Con independencia de lo anterior, también se requiere que se lesione el interés legítimo en el supuesto de que no sea directamente titular de un derecho subjetivo contenido en una norma, el cual supone la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. En efecto, para promover el juicio de amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos o legítimos entendiéndose por éstos, lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. c) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; d) No es suficiente para acreditar el interés jurídico o legítimo en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página treinta y cinco de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número sesenta, Octava Época, misma que se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. También apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada I.4o.A.357 A sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página mil trescientos nueve del tomo XVI, agosto de dos mil dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONCEPTO. El gobernado en los supuestos de que sea titular de un interés legítimo y se considere afectado con el acto de autoridad, puede acudir a la vía contencioso administrativa a solicitar que se declare o reconozca la ilegalidad del acto autoritario que le agravia, para lo cual es necesario que: a) sea el titular o portador de un interés (no derecho) como son tantos los que reconoce la Constitución o la ley; b) se cause una lesión subjetiva; y, c) la anulación del acto traiga como consecuencia y se concrete, ya sea en el reconocimiento de una situación individualizada, el resarcimiento de daños y perjuicios, en un beneficio o en evitar un perjuicio, adquiriendo en estos casos, por ende, un derecho a la legalidad en el actuar de las autoridades. En este orden de ideas, es evidente que un acto de privación, proveniente del ejercicio de una norma de acción y susceptible de incidir sobre propiedades o posesiones de uno o múltiples sujetos, por supuesto que les confiere una posición jurídica calificada para reclamar su ilegalidad, traduciéndose esta situación, entre otras más, en un supuesto del interés legítimo." Del análisis del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso es miembro de la Guardia Nacional y ocurre al juicio de amparo a reclamar el formato para la selección de opciones en diferentes direcciones de la Guardia Nacional, relativo al cambio de su adscripción y privación de sus funciones como guardia nacional. Ahora bien, la Jurisprudencia 2a./J. 38/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Marzo de dos mil cinco, página 310, de rubro y texto siguiente establece: "SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policiaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento". En la ejecutoria que dio origen la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró lo siguiente: "...Por lo que, en este sentido, el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, que tiene dos elementos: I) Una facultad de exigir. II) Una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En este orden de ideas, resulta necesario precisar que el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, dice lo siguiente: "Artículo 13. Son atribuciones del director general de Seguridad Pública y Tránsito: "... "VII. Nombrar a los integrantes del cuerpo preventivo de seguridad pública estatal, cambiarlos de adscripción de acuerdo a las necesidades del servicio y sancionarlos en términos de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias. "El artículo 4o. de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, establece lo siguiente: "Artículo 4o. Los miembros de los cuerpos preventivos de seguridad pública estatal y municipales, se regirán por esta ley, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones sobre la materia. "La relación laboral de los miembros de los cuerpos preventivos de seguridad pública con el Estado o con los Municipios es de naturaleza administrativa y sus funciones de confianza." Así las cosas, la orden emitida por el director general de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones labores, por equiparación a las relaciones administrativas que guardan los agentes policiacos y el Estado, atento de no tratarse de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policiaco tenga la titularidad del derecho de inamovilidad en las funciones a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México y del Reglamento de Seguridad Pública del Estado de México, y de ahí que si con motivo de la readscripción el agente readscrito continúa desempeñando el cargo en igualdad de funciones y condiciones laborales, que sus derechos subjetivos no se vean afectados. En consecuencia, la orden de cambio de adscripción, en igualdad de funciones y condiciones laborales, no necesita estar fundada y motivada, en relación con las necesidades del servicio, pues no se ve afectación alguna al agente de policía readscrito, cosa contraria sucedería, como se dijo, cuando se afecten las funciones y condiciones laborales desempeñadas..." De lo anterior es dable concluir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la orden emitida en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo de seguridad pública, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquier otra de separación del cargo. La propia Segunda Sala del Máximo Tribunal, emitió la jurisprudencia 2a./J. 16/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de dos mil once, página 815, de rubro y texto siguiente: "POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES.- Los artículos 13, 15, 18, 20, 21, 24, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco establecen, entre otras cosas, la integración de esta Procuraduría, algunas de sus facultades, en especial la relativa a la potestad de establecer las delegaciones y las agencias del Ministerio Público que se requieran de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y la necesidad del servicio, la facultad del Procurador General para delegar facultades, la naturaleza de personal de confianza de la Policía Investigadora, así como su subordinación a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad y la potestad del Procurador o de los delegados que se nombren para adscribir a los agentes del Ministerio Público, a los agentes de la Policía Investigadora y demás servidores públicos a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría, tomando en cuenta su categoría y especialidad. Del contenido de esos numerales se advierte que si bien los agentes de la Policía Investigadora no tienen el derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, lo cierto es que el cambio de adscripción está sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir; en otras palabras, aunque dichos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad, que obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés de tales agentes para acudir al juicio de amparo cuando estimen que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción, a menos que éste se verifique en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores, en cuyo caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo". La ejecutoria que sirve de sustento a este criterio indica: "Del estudio de las normas legales transcritas, se desprende que en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco existe un servicio civil de carrera al cual se encuentran sujetos los agentes de la policía investigadora, entre otros. El servicio de carrera tiene un carácter permanente, abarca los programas, cursos, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas de las distintas ramas; dicho servicio se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y de respeto a los derechos humanos, y tiene como objetivos la capacitación, actualización y especialización en el marco de esos principios. En lo que interesa para la resolución de la presente contradicción de tesis, en el servicio de carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco destacan las figuras de adscripción, permanencia y cambio de adscripción. Respecto de esta última figura, se observa que, en términos del artículo 20 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cambio de adscripción puede ser por decisión del procurador o del funcionario en quien delegue esa facultad, por solicitud del propio interesado o por permuta. El análisis sistemático de los numerales de la ley orgánica y de la ley burocrática mencionados permite sostener que la institución ha expedido una normatividad interna con la finalidad de establecer, en el marco del servicio civil de carrera, reglas específicas en materia de cambio de adscripción de los agentes de la policía investigadora. Tales reglas, señalan qué autoridad tiene la facultad de solicitar el cambio de adscripción de un agente de la policía investigadora, así como las circunstancias y derechos que rodean ese cambio de adscripción. De ese modo, si bien los agentes de la policía investigadora mencionados no tienen el derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, lo cierto es que el cambio de adscripción está sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir. En ese contexto, el hecho de que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco junto con la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establezcan un conjunto de reglas en torno de la readscripción de los agentes de la policía investigadora de ese Estado, concretamente la condición de que para el cambio de adscripción se deba pedir al agente su anuencia, no supone una limitación a la facultad de su titular o del funcionario en quien delegue la facultad a decidir los cambios de adscripción del personal del servicio de carrera, sino el deber de acatar las reglas que propenden a mejorar la calidad del servicio público que la Constitución Federal le asigna. Lo anterior implica no sólo lograr la pronta y profesional procuración de justicia en materia penal, sino también que el personal del servicio de carrera tenga reglas específicas que le permitan conocer los casos y las condiciones en que se puede producir un cambio de adscripción, esto es, se encuentra imbíbita la intención de equilibrar el ejercicio de las facultades de la institución y sus funcionarios facultados en el caso de decidirse el cambio de adscripción de un agente de la policía investigadora. Es evidente que estos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, pero una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad. Tal garantía, en el caso, obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés del agente de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco de acudir al juicio de amparo cuando estime que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción. Siendo así, la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo no podría entenderse actualizada, pues no obstante que dichos agentes no tienen permanencia en su adscripción, su cambio debe sujetarse al procedimiento establecido para esos fines en las leyes aplicables que rigen en la institución, lo cual deberá ser objeto de análisis al resolver el fondo del asunto. Esta conclusión se fortalece si se toma en cuenta que la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 7605/86, interpuesto por el secretario de Educación Pública, resuelto por unanimidad de votos en sesión del veintidós de abril de mil novecientos ochenta y siete, determinó que: "De conformidad con lo establecido en el artículo 16, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, una de las causas por las cuales puede ordenarse el traslado de un trabajador de una población a otra, es porque así lo exigen las necesidades del servicio; pero si en la propia disposición se establece que éstas han de ser debidamente justificadas, debe considerarse que para que opere válidamente el cambio de adscripción, no basta con que el titular invoque la causa referida, sino que se requiere que específicas que le permitan conocer los casos y las condiciones en que se puede producir un cambio de adscripción, esto es, se encuentra imbíbita la intención de equilibrar el ejercicio de las facultades de la institución y sus funcionarios facultados en el caso de decidirse el cambio de adscripción de un agente de la policía investigadora. Es evidente que estos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, pero una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad. Tal garantía, en el caso, obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés del agente de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco de acudir al juicio de amparo cuando estime que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción. Siendo así, la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo no podría entenderse actualizada, pues no obstante que dichos agentes no tienen permanencia en su adscripción, su cambio debe sujetarse al procedimiento establecido para esos fines en las leyes aplicables que rigen en la institución, lo cual deberá ser objeto de análisis al resolver el fondo del asunto. Esta conclusión se fortalece si se toma en cuenta que la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 7605/86, interpuesto por el secretario de Educación Pública, resuelto por unanimidad de votos en sesión del veintidós de abril de mil novecientos ochenta y siete, determinó que: "De conformidad con lo establecido en el artículo 16, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, una de las causas por las cuales puede ordenarse el traslado de un trabajador de una población a otra, es porque así lo exigen las necesidades del servicio; pero si en la propia disposición se establece que éstas han de ser debidamente justificadas, debe considerarse que para que opere válidamente el cambio de adscripción, no basta con que el titular invoque la causa referida, sino que se requiere que demuestre los elementos concretos que constituyen esas necesidades del servicio." En el caso sujeto a estudio no estamos ante una relación de trabajo, pero ese criterio es ilustrativo para advertir que el cambio de adscripción no escapa al principio de legalidad y que la autoridad, aun en los casos de los agentes de la Policía Investigadora del Estado de Jalisco tiene el deber de observar el procedimiento que ha establecido para esos supuestos. Estas consideraciones también encuentran apoyo en los argumentos sustentados por esta Segunda Sala, al fallar la contradicción de tesis 227/2007, por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia del Ministro Genaro David Góngora Pimentel, en sesión de fecha catorce de noviembre de dos mil siete, donde se examinó el procedimiento de cambio de adscripción de los agentes del Ministerio Público Federal, se externaron afirmaciones semejantes a las aquí sustentadas y se emitió la siguiente tesis de jurisprudencia: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CUANDO ESTIMEN QUE QUIEN ORDENÓ SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN CARECE DE FACULTADES. Los artículos 11, 30, 38 y 41 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1o, 2o, 61, 62, 63, 65 y 67 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal y los Lineamientos Generales para realizar los cambios de adscripción y la rotación de los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, en materia de adscripción y cambio de adscripción de los agentes del Ministerio Público de la Federación, prevén las autoridades facultadas para solicitarlo y los requisitos que debe cumplir; quién es el encargado de analizar tales propuestas y dictaminar sobre su conveniencia; en quién recae la facultad de resolver en definitiva; y, los casos en que el cambio de adscripción del personal del servicio de carrera puede ser general, parcial o específico. Por tanto, los agentes del Ministerio Público de la Federación pueden promover juicio de amparo en contra del cambio de adscripción cuando quien lo ordenó carece de facultades, pues de acuerdo con las normas citadas, esa determinación sólo puede ser emitida por quien está facultado y lo contrario afecta el interés jurídico del promovente." (No. Registro: 170700. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, tesis 2a./J. 246/2007, página 205). Lo hasta aquí razonado es acorde con lo que ha sostenido esta Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia 38/2005, donde se sostuvo medularmente que el cambio de adscripción del agente perteneciente a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, cuando se realiza en igualdad de funciones y condiciones, no afecta su interés jurídico, toda vez que, según ya se explicó, si bien en principio le asiste interés jurídico al agente de policía para acudir a la instancia constitucional a impugnar su cambio de adscripción; sin embargo, cuando de autos se demuestra que ese cambio de adscripción se realiza en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores, entonces, sí se actualizaría la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, tal cual lo indica la tesis de jurisprudencia mencionada, que señala a la letra:..." Lo transcrito permite concluir que el juicio de amparo es improcedente si el cambio de adscripción reclamado, no refleja el ejercicio de un cargo de menor jerarquía al que ocupaba, así como tampoco se advierte una disminución de las prestaciones que percibe. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y anexos no se desprende que contemplen un cambio de jerarquía, o bien, una disminución en los emolumentos que se le deben cubrir al impetrante. En ese sentido, tampoco se desprende que se haya determinado modificación alguna a las actividades que venía realizando el peticionario, ni que tal cambio de área de trabajo implique un menoscabo en las prerrogativas, percepciones y derechos que le corresponden respecto de dicho cargo, además de que el quejoso no exhibe prueba alguna que demuestre esa afectación. En ese contexto, tomando en consideración los referidos criterios adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicados por analogía al presente caso, este órgano jurisdiccional estima que el cambio de adscripción reclamado, no afecta el interés jurídico del quejoso, dado que no se advierte alguna modificación en cuanto a su jerarquía, nivel y derechos laborales, así como percepciones económicas, prestaciones y/o prerrogativas. Habida cuenta de que el cambio de adscripción que se reclama, no se evidencia se asigne un cargo diverso al que venía desarrollando el peticionario, o bien, una reducción en el salario que percibía, de modo tal que siendo el quejoso elemento de la Guardia Nacional, en todo momento y por necesidades del servicio o bien para que la prestación del Servicio de Seguridad Pública se realice respetando las garantías individuales de los gobernados y manteniendo el orden público en beneficio de la ciudadanía, puede ser asignado a un lugar diverso para cumplir sus funciones, sin que ello implique pérdida de antigüedad, jerarquía y emolumentos. Máxime si se tiene en consideración que en los antecedentes del acto reclamado el quejoso indica que el día sábado veintiocho de mayo de dos mil veintidós, a través de correo electrónico y vía "whatsapp", le informaron que por órdenes de las Oficinas de México, debían elegir entre las opciones a que se ha hecho referencia en el presente auto; cuestión que no implica que tales actuaciones constituyan un perjuicio en la esfera de los derechos del quejoso, pues no crean, modifican o extinguen alguna situación jurídica que vulnere sus prerrogativas. Ello es así, pues la instrucción de recabar información con la finalidad de que el personal jerárquico realice una selección de opciones en diferentes direcciones de la Guardia Nacional, no constituye una determinación que actualice el presupuesto de perjuicio actual y directo real que requiere la promoción del amparo, ya que a la fecha no se advierte la existencia de una decisión o pronunciamiento expreso de la autoridad que, derivado de la información que se haya requerido o proporcionado por el quejoso modifique su situación actual. Por tanto, de momento, no se afecta el interés jurídico del promovente ni tampoco se advierte que con motivo de aquél se causara un perjuicio (se alteraran sus funciones y condiciones en la institución), que hiciera procedente el presente juicio de amparo. En tales circunstancias, al haberse actualizado la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, analizada, debe desecharse de plano la presente demanda en estudio. Sin que obste para ello el hecho de que el quejoso señale como acto reclamado la ausencia total de fundamentación y motivación en las disposiciones verbales del C. Comisario General Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, retransmitidas por el Coordinador de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Michoacán de la Guardia Nacional, pues su estudio no puede ser desvinculado del acto que reclama como órdenes contenidas en el oficio de 11 de junio del año en curso, en cuanto a elegir una de las opciones que precisa, por lo que al considerarse improcedente el juicio de amparo en contra del formato para la selección en diferentes direcciones de la Guardia Nacional, relativo al cambio de su adscripción, no es posible analizar la constitucionalidad del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: Registro digital: 191311 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 71/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 235 Tipo: Jurisprudencia LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a José María García González, Eduardo Valenzuela Plaza y Erasmo Vargas Fávila, con las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, virtud a que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, tienen su cedula profesional debidamente inscritas en el Registro único para Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que indica, quienes no cuentan con el registro en dicho sistema. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, en atención a su solicitud, se autoriza el usuario "JMGGABOGADO" a fin de que consulte el expediente vía electrónica, en términos de lo previsto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de ocho de julio de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, así como para recibir las notificaciones por ese medio. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA Se reitera a los fedatarios de la adscripción que, de conformidad con el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberán notificar las determinaciones de carácter personal en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Además, cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se indica a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia actual. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza. Doy fe.-
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