Itiel Palacios García
Expediente 51/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 34 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Itiel Palacios García
- Fiscal encargado de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVIII en Playa Vicente, Veracruz.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, doce de septiembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 51/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, doce de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste lo anterior, que a la fecha no obre el acuse de recibo del oficio girado a la autoridad responsable Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, toda vez que al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo, su sentido no les causa ningún agravio, y además, no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de once de febrero de dos mil veintidós (fojas 90 a 94 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Boca del Río, Veracruz, doce de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste lo anterior, que a la fecha no obre el acuse de recibo del oficio girado a la autoridad responsable Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, toda vez que al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo, su sentido no les causa ningún agravio, y además, no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de once de febrero de dos mil veintidós (fojas 90 a 94 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, doce de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste lo anterior, que a la fecha no obre el acuse de recibo del oficio girado a la autoridad responsable Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, toda vez que al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo, su sentido no les causa ningún agravio, y además, no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de once de febrero de dos mil veintidós (fojas 90 a 94 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 51/2022 y. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Cuarto de Distrito dirigido al Juicio de Garantías 1312/2021, el licenciado Enrique Rentería Zavaleta, en su carácter de defensor de Itiel Palacios García, pretendió ampliar su demanda de amparo, sin embargo, mediante auto de veinte de enero de dos mil veintidós, se indicó que los actos que se reclamaban no guardaban estrecha relación con los que se señalaron en dicho juicio, por lo que mediante oficio 2166 de esa fecha se remitió la demanda a la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, para que fuera turnado como una demanda nueva (foja 8 a 34). Así el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnó a este órgano jurisdiccional la demanda presentada por Enrique Rentería Zavaleta en su carácter de defensor de Itiel Palacios García, en la cual promovió juicio de amparo contra actos de la 1. Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, el cual más adelante se precisará (fojas 10 a 34). SEGUNDO. Por auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se ordenó admitir la demanda; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; emplazar a Oswaldo Pérez Ramírez y Dolores Hernández Hernández, en su carácter de terceros interesados en términos del numeral 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo y fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 58 a 63). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 130) así como constancia de notificación de la Fiscal Adscrita a este Juzgado (foja 91) y de los terceros interesados (fojas 989 y 101) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto que afecta el derecho a acceso a la justicia, así como debido proceso en perjuicio del gobernado, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado no tiene ejecución material por lo que corresponde su resolución al juzgado que previno en su conocimiento. SEGUNDO. Fijación de acto. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: La omisión de dar trámite al recurso de queja interpuesto dentro del proceso penal 91/2020 del índice del Juzgado responsable, interpuesto contra la omisión de celebrar la audiencia innominada prevista por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con relación a la petición de control judicial solicitado a su vez por el aquí quejoso. Sin que sea obstáculo para considerar lo anterior que el promovente también señalara a diversas autoridades, entre las que se encuentran varios fiscales. así como el Director del Centro Penitenciario Federal 18 CPS Coahuila, de quienes señaló la negativa de realizar diversos actos de investigación y obstaculizar su acceso a la carpeta de investigación. Sin embargo se estimó que dichos actos no podían ser reclamados y en su caso valorados de forma independiente del acto reclamado principal, puesto que la audiencia de control judicial, cuyo retraso se buscó combatir mediante el recurso de queja, precisamente tenía como objetivo que se pronunciara la Juez sobre la negativa de las autoridades de tramitar las pruebas solicitadas, por lo que se determinó que el acto reclamado en el presente juicio lo constituye lo relacionado al citado recurso. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no la existencia de dicho acto. TERCERO. Certeza de acto. El acto reclamado a la 1. Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, debe considerarse como cierto, lo anterior con independencia que al rendir su informe justificado (foja 130) haya negado la existencia del mismo. Lo anterior porque con independencia que la Juez responsable señala que no ha incurrido en omisión alguna, de sus manifestaciones se desprende que la audiencia de control judicial solicitada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, para el momento en que se promovió la demanda de amparo el diecinueve de enero de dos mil veintidós, todavía no se había celebrado, asimismo, la juzgadora en cita, tampoco indicó el trámite realizado con el escrito de queja que fuera presentado por el defensor del directo quejoso ante dicho órgano jurisdiccional el seis de enero del presente año, de ahí que, como ya se indicó, el acto reclamado debe tenerse como cierto. Guarda relación por las razones que la informan, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Improcedencia del juicio. Las causas de improcedencia son de estudio preferente al análisis del fondo, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, se procede al estudio de las que de oficio se pudieran advertir. Ahora, en el caso, el suscrito resolutor considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO Para sostener lo anterior, es preciso establecer que en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." ANTECEDENTES El promovente de amparo señaló que al directo quejoso Itiel Palacios García, el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, la 1. Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, le dictó auto de vinculación a proceso por su probable participación en la comisión del hecho que la ley califica como delito de homicidio calificado agravado, previsto y sancionado por los numerales 128 y 130, en relación con los diversos 144, fracción I y 145 del Código Penal para el Estado de Veracruz, y se abrió un periodo de investigación complementaria que fenecía el veintisiete de febrero de dos mil veintidós. Debido a lo anterior la defensa del aquí quejoso solicitó ante el Fiscal Segundo de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XVII de Playa Vicente, Veracruz, el acceso a la carpeta de investigación UIP/PV/F2/71/2018 de la que deriva el citado proceso penal, así como la práctica de diversos actos de investigación tendentes a demostrar la existencia de la probable responsabilidad del imputado, así como el traslado de los actos que se hubieren practicado, sin embargo la fiscalía se negó a cumplir con lo solicitado. Dada la citada negativa, mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se solicitó ante la Jueza de Control responsable, se fijara fecha y hora para la celebración de la audiencia innominada contenida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales a efecto de que se corrigieran las omisiones de la Fiscalía en el desahogo de los actos de investigación solicitados, a lo que la operadora judicial señaló las diecisiete horas del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, para que tuviera lugar dicha actuación. A pesar de lo anterior, debido a diversos problemas de coordinación entre el Juzgado responsable y las autoridades del Centro Penitenciario Federal 18 CPS Coahuila, la audiencia se ha diferido en varias ocasiones y a la fecha de presentación de la demanda de garantías se encontraba señaladas para el uno de abril de dos mil veintidós, esto es, ya fenecido el plazo de investigación complementaria. Derivado de lo anterior, mediante escrito presentado el seis de enero de dos mil veintidós, se presentó ante el Juzgado responsable recurso de queja, siendo que a la fecha de presentación de la demanda, la Jueza de Control no había dado trámite al citado recurso. Hasta aquí la relación de antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora, de acuerdo a lo expuesto y de lo manifestado por la 1. Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, en su informe justiciado, así como de las constancias y disco óptico remitidos por la misma, se colige que la violación que aduce la parte quejosa ha cesado, en razón de las consideraciones que a continuación se expondrán. Esto es así, puesto que la Juzgadora responsable remitió constancias de las cuales se aprecia que la audiencia innominada prevista por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya fue celebrada el diez de febrero de dos mil veintidós (foja 165) lo que también se corrobora con el video y audio contenidos en el disco óptico que de igual forma se acompañó a su informe justificado (foja167). Actuaciones de las que se desprende que la 1. Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, examinó la petición del directo quejoso y ordenó la práctica de diversos actos de investigación solicitados por su defensa, indicó a la Fiscalía que debía darle acceso a la carpeta de investigación respectiva e incluso (también a petición de la defensa) concedió una ampliación de dos meses a partir del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, del periodo de investigación complementaria. Tales constancias merecen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Nacional de Procedimientos Penales, por tratarse de documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Valor que del mismo modo, corresponde a los audiovisuales en formato DVD remitidos, considerado como descubrimiento de la ciencia, respecto de la cual autoridad en ejercicio de sus funciones certificó su contenido. Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), que se lee: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por tanto, si el acto reclamado es la omisión de dar trámite al recurso de queja presentado para impugnar la falta de desahogo de la citada audiencia prevista en el numeral 258 de código nacional procesal penal, así como que se hubiera señalado como fecha para que tuviera lugar la misma, una posterior a la conclusión del periodo de investigación complementaria, resulta incuestionable que para el momento en que se dicta la presente sentencia cesaron totalmente los efectos del acto reclamado. Lo anterior, dado que debe considerarse que se restituyó al quejoso en el pleno goce del derecho constitucional violado, cesando en sus efectos el acto combatido al haberse pronunciado la juzgadora sobre las omisiones atribuidas a la fiscalía perteneciente a la Subunidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito Judicial en Cosamaloapan, Veracruz, e instruyó a aquella para que desahogara diversos actos de investigación solicitados por la defensa de la quejosa e instruyó a aquella para que permitiera el acceso a la correspondiente carpeta de investigación. Del mismo modo y a efecto dar espacio al desahogo de los referidos actos de investigación, a petición de la defensa de Itiel Palacios García, decretó la ampliación del periodo de investigación complementaria, de ahí que el perjuicio que el impetrante de garantías manifestó le ocasionaba la conducta omisiva de la Juzgadora ha quedado destruido . Apoya a lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea obstáculo para considerar lo anterior que de autos no se aprecie que la Juez haya emitido resolución alguna referente al recurso de queja interpuesto por la defensa del directo quejoso, puesto que a nada práctico llevaría la concesión de la protección constitucional para tal efecto, puesto que la audiencia cuya práctica se pretendía mediante la interposición de dicho medio de impugnación ya fue realizada, por lo que el mismo ha quedado sin materia. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado en el presente juicio, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de los numerales 61, fracción XXI, de la ley de la materia, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por el impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado en los artículos 1º, 16, 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por el licenciado Enrique Rentería Zavaleta, en su carácter de defensor particular de Itiel Palacios García, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que devuelve los autos del incidente en suspensión 51/2022 en que se actúa, y remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 144/2022 de su estadística, del cual se advierte que confirmó la interlocutoria recurrida de once de febrero de dos mil veintidós. Acúsese recibo. En consecuencia, háganse las correspondientes anotaciones, y agréguese a estos autos únicamente las actuaciones originales que obra en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión. Notifíquese en términos de ley.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
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