Itiel Palacios García

Expediente 815/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 26 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
815/2023
Año
2023
Actuaciones
26
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Itiel Palacios García
  • Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal oral del XVIII Distrito Judicial, con residencia en Cosamaloapan, Ver.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado de autos se advierte que el presente asunto se encuentra debidamente integrado en relación con el recurso de revisión interpuesto por José Eduardo Téllez Espinoza en su carácter de defensor particular del directo quejoso ITIEL PALACIOS GARCÍA, en contra de la resolución interlocutoria emitida en los presentes autos, pues obran en autos las notificaciones a las partes de la resolución impugnada y las notificaciones del acuerdo en que se dio trámite al recurso de mérito. Por tanto, al encontrarse debidamente integrado el presente incidente, en cumplimiento a lo ordenado en auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, se ordena remitir el escrito de agravios original, así como el original del incidente en que se actúa, para resolver el recurso interpuesto al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito en turno, con residencia en esta localidad, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos. Por otra parte, visto el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, que contiene el oficio 24575 dirigido al Fiscal Quinto de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia de Isla, Veracruz, Comisionado a la Fiscalía Segunda de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia de Playa Vicente, del XVIII Distrito Judicial, con sede en Cosamaloapan, Veracruz, del que se advierte la imposibilidad de su entrega por los motivos ahí expuestos. Al respecto, tomando en consideración que en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente asunto, dicha parte fue emplazada en el domicilio ubicado en calle Juan de la Luz Enríquez, sin número, colonia Las Palmas, código postal 95600, municipio de Playa Vicente, Veracruz; en esas condiciones, por economía procesal y en obvio en mayores dilaciones procesales, reexpídase el oficio 24575 al aludido Fiscal en su carácter de tercero interesado, en su domicilio actual y correcto, a efecto de que se imponga de su contenido. Por último, agréguese a los autos el escrito de José Eduardo Téllez Espinoza defensor particular del directo quejoso ITIEL PALACIOS GARCÍA, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, dígase que se esté a lo acordado en los primeros párrafos del presente proveído, en donde se ordena remitir el presente asunto al Tribunal correspondiente para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta recibido en línea signado de manera electrónica por José Eduardo Téllez Espinoza, defensor particular del directo quejoso, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En esas condiciones, visto el escrito de cuenta por medio del cual la parte quejosa por medio de su autorizado realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos; al respecto, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que por sentencia emitida en autos el quince de noviembre de este año, se resolvió en definitiva el presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el quince de noviembre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, turnado el veintiuno de agosto siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Veracruz, el licenciado José Eduardo Tellez Espinoza, en su calidad de abogado defensor de ******************** promovió juicio de amparo en contra del Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, por un acto que posteriormente será precisado (fojas 7 a 57). SEGUNDO. Por auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó emplazar a Dolores Hernández Hernández y Oswaldo Pérez Ramírez, y al Fiscal Quinto de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia de Isla, Veracruz, comisionado a la Fiscalía Segunda de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia de Playa Vicente, del XVIII Distrito Judicial con sede en Cosamaloapan, en su calidad de terceros interesados en términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y d) (en el caso del último de los mencionados) de la Ley de Amparo y se señaló fecha y hora para que tuviera lugar la audiencia constitucional (fojas 572 a 578). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (foja 595) la notificación de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado (foja 585) el acuse de recibo de la notificación de la Fiscal Quinto de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia de Isla, Veracruz, comisionado a la Fiscalía Segunda de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia de Playa Vicente, del XVIII Distrito Judicial con sede en Cosamaloapan, Veracruz (foja 680) así como la notificación de los terceros interesados (foja 586 y 587) tuvo verificativo la audiencia constitucional (foja 685) quedando el expediente en estado de resolución, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuestión de la vía, ya que se trata de actos dictados dentro de un proceso penal, susceptibles de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados tales como la libertad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) pues se actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución de los actos reclamados tienen lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, en el presente juicio son: La determinación de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Juez responsable, en el Proceso Penal 291/2023, en la que impuso al directo quejoso la medida cautelar de prisión Preventiva Justificada por el tiempo de un año. Establecida la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentre o no probada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El acto reclamado consistente en la resolución de ocho de agosto de dos mil veintitrés, es cierto, porque así lo manifestó el Juez responsable al rendir su informe justificado (foja 595). Pero además, porque así se desprende de las constancias remitidas, derivadas del Proceso Penal ********************del Juzgado responsable, dentro de las cuales se aprecia la resolución de ocho de agosto de dos mil veintitrés (foja 644 a 648) así como la grabación del pronunciamiento de la citada determinación contenida en el disco óptico remitido por la responsable (foja 662). Medios de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuentan con pleno valor probatorio, por tratarse, de audiovisuales en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia, en tanto que la documental es pública, por haber sido emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), que se lee: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Lo anterior también resulta aplicable a la versión escrito del citado auto de vinculación, visible el tomo de prueba fojas 42 a 48, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documento expedido por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio. En el caso no se advierte alguna causa de improcedencia que deba ser invocada de oficio, ni las partes las señalaron. Debido a lo anterior se pasa, sin más, al estudio de la cuestión de fondo planteada en la demanda de amparo, conforme a los agravios propuestos, de los cuales se omite su transcripción al no existir dispositivo legal que lo exija. QUINTO. Estudio de la Constitucionalidad del Acto Reclamado. Los conceptos de violación relativos a la violación de derechos de legalidad y seguridad jurídica, resultan infundados, sin que exista queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO. En principio, no debe soslayarse que el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Federal establece un régimen en el cual se puede restringir la libertad ambulatoria de las personas sujetas a un proceso penal antes de una sentencia condenatoria, mismo precepto que señala: "Artículo 19. (.) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud." De dicho numeral se desprende que la prisión preventiva oficiosa se impone directamente por el juez del proceso, con el simple requerimiento que de su imposición solicite la representación social, la asesoría jurídica de la víctima o ésta misma, es decir, se impone es forma "automática" por el simple hecho de encontrarse así tasada para el caso de los delitos enunciados en ese numeral, o de diversos delitos cometidos en las circunstancias señaladas en dicho dispositivo, por ejemplo, aquellos cometidos con medios violentos como armas explosivos. La citada prisión preventiva constituye una medida cautelar en términos de los artículos 153 y 155, fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales deberán imponerse mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima, del ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento. Asimismo, el numeral 157 del código procesal nacional en comento señala que el juez de control podrá imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en dicha legislación (entre las que se encuentra la prisión preventiva) resolviendo lo procedente en audiencia pública en presencia de las partes; del mismo modo se especifica que sólo el Ministerio Público es el único que podrá solicitar la imposición de prisión preventiva, la cual sólo podrá combinarse con las medidas cautelares de embargo precautorio o inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. De esta forma, la prisión preventiva oficiosa corresponde a una forma de las medidas cautelares que se precisan en el ordenamiento procesal nacional penal, y que debe ser impuesta obligatoria y oficiosamente, si el delito que se imputa al gobernado se encuentra entre los contemplados en el citado numeral 155 del citado código nacional. Ahora bien, importa destacar que el Estado Mexicano ratificó la Convención Americana Sobre Derechos Humanos -Pacto de San José- el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno, y aceptó el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual las sentencias que ésta emite son vinculantes para el Estado Mexicano. De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido en diversas sentencias que la prisión preventiva, en sí misma, no es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y constituye una medida que los Estados pueden adoptar siempre y cuando ésta se ajuste a los requisitos convencionales, lo cual ha fijado en cada caso contencioso resuelto sobre este tema. En ese contexto, cabe destacar que, en sentencia de siete de noviembre de dos mil veintidós, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, consideró: "[.] 93. La Corte recuerda que el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad en cuanto a la violación de los artículos 7, 8.2 y 25 de la Convención Americana en relación con la obligación de respetar los derechos contenidos en el mismo instrumento, en perjuicio de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López (supra párrs. 14 y 15). En ese sentido, este Tribunal entendió en el capítulo IV que ha cesado la controversia con respecto a esas alegadas violaciones. Sin mengua de lo señalado, tomando en cuenta la naturaleza del caso, la Corte estima necesario referirse a algunos puntos relacionados con el derecho a la libertad personal, además de abordar el análisis de las violaciones a la Convención que no fueron reconocidas por el Estado relacionadas con las figuras del arraigo y de la prisión preventiva previstas en el ordenamiento jurídico mexicano. De acuerdo con lo anterior, en el presente acápite abordará esos puntos en el siguiente orden: 1) consideraciones generales sobre la libertad personal y el derecho a la presunción de inocencia en el marco de la investigación y del proceso penal; 2) sobre la compatibilidad de las figuras del arraigo y de la prisión preventiva con la Convención Americana, 3) sobre la aplicación del arraigo y de la prisión preventiva en el caso concreto, y 4) conclusión. [.] 95. De forma preliminar, corresponde recordar que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, y que, en esa medida, deben emplear los medios necesarios para enfrentar la delincuencia y criminalidad organizada incluyendo medidas que impliquen restricciones o incluso privaciones a la libertad personal. Sin perjuicio de lo anterior, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines, independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus presuntos autores. En particular, las autoridades no pueden vulnerar los derechos reconocidos en la Convención Americana tales como los derechos a la presunción de inocencia, a la libertad personal, al debido proceso y no pueden llevar a cabo detenciones ilegales o arbitrarias, entre otros. 96. Sobre la arbitrariedad referida en el artículo 7.3 de la Convención Americana, la Corte ha determinado que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de "arbitrariedad" con el de "contrario a ley", sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad. Por otra parte, el artículo 8.2 se refiere al derecho a la presunción de inocencia. 97. La Corte ha considerado que, para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y c) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. 98. Con respecto a lo anterior, cabe recordar que estas consideraciones, en torno a los elementos que deben tomar en cuenta las autoridades a la hora de restringir la libertad personal de una persona investigada por un delito, deben estar contempladas en los ordenamientos jurídicos de los Estados, y deben también ser aplicadas de manera efectiva y de buena fe por parte de los operadores de la justicia. [.] 116. Para llevar a cabo tal análisis, la Corte recuerda que el artículo 2 de la Convención obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención. Dicho deber implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, ya sea porque desconozcan esos derechos o libertades o porque su ejercicio se ve obstaculizado. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. 117. Como este Tribunal ha señalado en otras oportunidades, las disposiciones de derecho interno que se adopten para tales fines han de ser efectivas (principio del effet utile), lo que significa que el Estado tiene la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido y puesto en práctica. En ese sentido, este Tribunal ha indicado que los Estados no solo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también deben evitar promulgar leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos y, a la vez, evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen. 118. Por último, corresponde recordar que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone en su artículo 27 que un Estado parte no puede invocar disposiciones de su derecho interno, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales y efectuar un adecuado control de Convencionalidad. [.] B.3. Sobre la aplicación del arraigo y de la prisión preventiva en el caso concreto 166. En lo que concierne a la aplicación de las figuras del arraigo y de la prisión preventiva en el presente caso, en contra de Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López en el marco de las decisiones de 18 de enero de 2006 y de 22 de abril de 2006 (supra párrs. 57 y 63), la Corte advierte en primer término, que el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación a esos derechos en el marco de esas resoluciones. 167. Por otra parte, en el acápite anterior, el Tribunal determinó que tanto la figura del arraigo contenida en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia de 1996 y en el artículo 133 bis al Código Federal Procesal Penal de 1999, como la figura de la prisión preventiva contemplada en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, resultaban contrarias a la Convención Americana vulnerando la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2, en relación con los derechos a la libertad personal y presunción de inocencia establecidas [.]". Asimismo, la citada Corte Interamericana, al resolver el caso García Rodríguez y otro vs México, notificada al Estado Mexicano el doce de abril de este año, estableció: "[.] 156. La Corte ha considerado que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y c) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. 157. En lo que se refiere al "test de proporcionalidad", la Corte ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de la libertad. La Corte ha considerado la prisión preventiva como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, la cual debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado por un delito, quien goza del derecho a la presunción de inocencia . A su vez, este Tribunal ha indicado en otros casos que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena. En consecuencia, ha indicado que la prisión preventiva, por tratarse de la medida más severa, debe aplicarse excepcionalmente y la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. 158. Dado lo anterior, corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y d) que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. 159. En lo que refiere al primer punto, el Tribunal ha indicado que la medida sólo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse su verificación en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. La exigencia de dichos fines encuentra fundamento en los artículos 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención. En ese sentido, corresponde recordar que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas indicó que la reclusión previa al juicio no puede ser preceptiva ante todo tipo de delito, sino que debe analizarse según las circunstancias de cada caso y que habrá de determinarse caso a caso cuándo la medida es razonable y necesaria. 160. Respecto de la necesidad, la Corte encuentra que, al ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal. 161. Asimismo, esta Corte ha sostenido que las medidas alternativas deben estar disponibles y que solo se puede imponer una medida restrictiva de la libertad cuando no sea posible el uso de otras medidas para mitigar sus fundamentos, y que las autoridades deben considerar medidas alternativas para garantizar la comparecencia en el juicio. Por su parte, en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad se refieren a la prisión preventiva como último recurso y aclara que en el procedimiento penal "sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima". Además, agregan que las medidas sustitutivas de la prisión preventiva "se aplicarán lo antes posible". En un reciente caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la prisión preventiva consiste en una grave injerencia en los derechos fundamentales y solo se justifica cuando los tribunales han considerado y juzgado insuficientes otras medidas menos lesivas. 162. En el mismo sentido, la Corte ha dicho -en los casos que se impongan medidas privativas de la libertad-, que el artículo 7.5 establece límites temporales a su duración, por ende, cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, procede limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren la comparecencia al juicio. Los criterios que podrán ser tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo deberán tener estrecha relación con las circunstancias particulares del caso concreto. Teniendo en cuenta lo anterior, a la luz de lo dispuesto en el artículo 7.3, 7.5 y 8.2 (presunción de inocencia), la Corte considera que las autoridades internas deben propender a la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, a fin de evitar que se desvirtúe el carácter excepcional de la misma. Sobre ese punto, corresponde recordar que los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (III) establecen que: a) la privación de libertad previo a una sentencia condenatoria debe ser por el tiempo mínimo necesario; b) la regla es la libertad del imputado y la excepción es la prisión preventiva; c) en ciertos casos, cuando se prolonga en demasía, los requisitos que se reputan normales o suficientes para justificarla devienen insuficientes y se requiere un mayor esfuerzo argumentativo, y d) se debe fundamentar y justificar en el caso concreto. 163. Asimismo, la Corte ha considerado que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente (artículo 8.1) que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, viola el artículo 7.3 de la Convención. De este modo, para que se respete la presunción de inocencia (artículo 8.2) al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención. [.] 164. La Corte considera que en el presente caso fue aplicada la figura de la prisión preventiva de conformidad con lo establecido en la Constitución mexicana y lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000. En ese sentido, el auto formal de prisión de 16 de abril de 2002 del Juez Quinto Penal que dispuso la prisión preventiva de Daniel García Rodríguez, así como la decisión de 30 de noviembre de 2002 del mismo juzgado mediante la cual se dispuso la prisión preventiva de Reyes Alpízar Ortiz se basaron en el artículo 19 de la Constitución vigente en el año 2002 y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 que preveía la posibilidad de otorgar la libertad provisional de la persona procesada bajo caución, salvo cuando se trata de "delitos graves" (artículo 319); mientras que otras decisiones posteriores que revisaron esas medidas cautelares privativas de la libertad se basaron también en la versión revisada del artículo 19 de la Constitución mexicana que dispone la llamada prisión preventiva oficiosa (como por ejemplo la decisión de 24 de noviembre de 2011 del Juzgado Quinto Penal de Primera Instancia, supra párr. 81). De conformidad con lo anterior, corresponde que esta Corte analice la compatibilidad de la figura de la prisión preventiva contenida en el artículo 19 de la Constitución mexicana, tanto en la redacción que tenía cuando las presuntas víctimas fueron objeto de la medida cautelar, como en la redacción reformada en el año 2008, con la Convención Americana. Además, corresponde analizar la figura de la prisión preventiva en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000. 165. Se mencionó que la Constitución Política de México vigente al momento en que tuvieron lugar los hechos del caso establecía en su artículo 19 que "ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado". 166. Del mismo modo, la redacción de ese artículo 19 de la Constitución luego de la reforma del año 2008 agregó un segundo párrafo a continuación del mencionado supra en el que se establece que el "Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud". 167. Por su parte, el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, vigente a la época de los hechos, establecía que: "Desde el momento en que quede a disposición del órgano jurisdiccional, todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad provisional bajo caución inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos [.] IV. Que no se trate de alguno de los delitos señalados como graves en la ley penal". A su vez, el artículo 9 del código Penal del Estado de México de 20 marzo de 2000 establecía que "Se califican como delitos graves para todos los efectos legales: (.) el de delincuencia organizada, previsto en el artículo 178; (.) el de homicidio, contenido en el artículo 241; el de secuestro, señalado por el artículo 259; (.) y los previstos en las leyes especiales cuando la pena máxima exceda de diez años de prisión". 168. En lo que se refiere a la privación a la libertad sin condena en el marco de un proceso penal, tal como lo establecía el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, el Tribunal constata que la norma aludida se refiere únicamente a la concurrencia de los presupuestos materiales, es decir al hecho punible y a la participación del imputado, así como a la gravedad del delito que se le está atribuyendo. La norma no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Por lo tanto, tal como está concebida, la prisión preventiva no tiene finalidad cautelar alguna y se transforma en una pena anticipada. 169. En el mismo sentido, esta Corte constata que el artículo 19 reformado de la Constitución mexicana, el cual establece que la autoridad judicial "ordenará la prisión preventiva, oficiosamente" para ciertos delitos, adolece de las mismas problemáticas que fueron señaladas para el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000. 170. En ambas disposiciones legales, la preceptividad del instituto, además, limita el rol del juez afectando su independencia (porque carece de margen de decisión) y supone un acto que deviene exento de todo control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. [.] 172. Por otra parte, se podría también analizar si la prisión preventiva oficiosa dispuesta en el artículo 19 constitucional vulnera el principio de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 24 de la Convención Americana puesto que el mismo introduce un trato diferente entre las personas imputadas por determinados delitos con respecto a las demás. A este respecto, el Tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de iure o de facto. Asimismo, en caso de que el trato discriminatorio se refiera a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana en relación con las categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención. La Corte recuerda que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. 173. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, el trato diferenciado puede verificarse en el hecho de que quienes están imputados de cometer ciertos delitos no tendrán posibilidad de controlar ni de defenderse adecuadamente de la medida toda vez que hay un mandato constitucional que impone preceptivamente la medida cautelar privativa de la libertad. Sobre ese punto, es preciso recordar que el artículo 8.2 de la Convención estipula que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a distintas garantías mínimas del debido proceso. Para este Tribunal, es claro que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa sin considerar el caso concreto y las finalidades legítimas para restringir la libertad de una persona, así como su situación diferencial respecto de otros que, también al ser imputados por delitos, no están comprendidos en el elenco del artículo 19 de la Constitución mexicana, supone necesariamente una lesión al derecho a la igualdad ante la ley vulnerando el artículo 24 de la Convención Americana, y a gozar, en plena igualdad, ciertas garantías del debido proceso vulnerando el artículo 8.2 de dicho instrumento. 174. Por estos motivos, este Tribunal encuentra que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 y 19 de la Constitución de acuerdo a su texto reformado en el año 2008, los cuales fueron aplicados en el presente caso (supra párr. 164), contenían cláusulas, y siguen conteniendo en el caso del artículo 19 de la Constitución, que, per se, resultaban contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana. Esos serían los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). En esa medida, la Corte concluye que el Estado vulneró esos derechos, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de dicho tratado, en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. [.] 295. En lo que se refiere a la prisión preventiva oficiosa, artículo 19 de la Constitución mexicana que había incorporado en el año 2008 la figura de la prisión preventiva oficiosa, fue modificada en el año 2019 para incorporar más delitos a la lista de los delitos para los cuales se deberá aplicar esa figura. Su redacción actual es la siguiente: [.] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. 296. En ese sentido, el Tribunal nota que algunos de los aspectos contrarios a la Convención Americana que habían sido señalados en el Capítulo de Fondo (supra párrs. 164 a 174), aún persisten y fueron incluso ampliados en las normatividades ulteriores. Esos aspectos serían: a) no se hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver; b) tampoco deja la posibilidad de ponderar la aplicación de la medida cautelar a través de un análisis la necesidad de la misma frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad, y c) se establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. [.] 301. Por otra parte, en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos279, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana. Para tales efectos, el Estado deberá tomar en consideración lo indicado en los párrafos 154 a 163, y 184 de la presente Sentencia, en donde se establecen los requisitos que deben cumplir las medidas de esa naturaleza para que sean compatibles con el referido tratado. 302. Por otra parte, no solo la supresión o adecuación de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma puesto que la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. En ese sentido, es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. 303. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [.]". En ese sentido, la Corte Interamericana advirtió que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría evitar, ni tampoco la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad; aunado a que se limita el papel del juez y supone un acto que deviene exento de todo control real impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. Además, estimó que el citado artículo 19 de la Constitución, contiene disposiciones contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana; tales como el relativo a no ser privado de la libertad arbitrariamente (artículo 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (artículo 7.5), a la presunción de inocencia (artículo 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). En ese tenor, la Corte Interamericana declaró la inconvencionalidad de la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa regulada en el artículo 19 Constitucional, en su texto reformado en los años de dos mil ocho y dos mil diecinueve -incluyendo la reforma de dos mil once (actualmente vigente). En toda su línea argumentativa la Corte Interamericana sostuvo, de manera puntual, que la prisión preventiva oficiosa regulada en el precepto constitucional aludido es inconvencional porque desatiende la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, respecto a los derechos de libertad personal y presunción de inocencia reconocidos en los artículos 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención en el sentido que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a. Se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b. Esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y c. La decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. En lo que se refiere al "test de proporcionalidad", la Corte Interamericana ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de la libertad. La Corte Interamericana también ha considerado la prisión preventiva como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, la cual debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado por un delito, quien goza del derecho a la presunción de inocencia. En consecuencia, ha indicado que la prisión preventiva, por tratarse de la medida más severa, debe aplicarse excepcionalmente y la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. De ahí, que corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente, bajo los siguientes parámetros Cuando acredite que: a. La finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b. Que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c. Que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y d. Que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. De ahí que en el caso del artículo 19 Constitucional, la Corte Interamericana sostuvo que dicho precepto se aparta de la jurisprudencia del Tribunal Interamericano al establecer la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso, lo que constituye una prisión preventiva "automática" o de oficio cuando se imputan ciertos delitos sin que las autoridades tengan la posibilidad de determinar la finalidad, la necesidad o la proporcionalidad de la medida cautelar en cada caso. De esta forma el precepto constitucional limita el rol del juez afectando su independencia (porque carece de margen de decisión) y supone un acto que deviene exento de todo control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. En ese mismo sentido, la Corte Interamericana señaló que la prisión preventiva oficiosa dispuesta en el artículo 19 Constitucional también vulnera el principio de igualdad ante la ley y no discriminación -artículo 24 de la Convención- puesto que el precepto introduce un trato diferente entre las personas imputadas por determinados delitos con respecto a las demás, cuando el Tribunal Interamericano ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan encaminadas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación; máxime que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Por tanto, concluyó que el Estado Mexicano vulneró los derechos señalados, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en el artículo 2 de dicho tratado -Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Resoluciones que, como ya se expresó, resultan obligatorias para el Estado Mexicano y las instituciones que lo conforman, incluidos los tribunales federales, lo que motivó que mediante interlocutoria de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 561/2023, se ordenara que el juez de control responsable que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas: a. citara a las partes a una audiencia, en la que primeramente dejara sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso; b. acto seguido diera intervención al Ministerio Público para que realizara la solicitud que considerara pertinente respecto a la medida cautelar a imponer, dando oportunidad a la defensa de alegar en respuestas; c. desahogado lo anterior, con libertad de jurisdicción determinara lo que legalmente procediera. En el entendido que la autoridad estaba en aptitud de imponer cualquiera de las medidas previstas en el artículo155, fracciones I a XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, con excepción de la prisión preventiva oficiosa, por resultar inconvencional. Así, como en el caso a estudio, se impuso al impetrante de garantías la medida de prisión preventiva justificada, conviene reiterar que la prisión preventiva como medida cautelar dentro del sistema acusatorio y oral, tiene el carácter de excepcional y subsidiaria, en tanto que su imposición no sólo está delimitada al cumplimiento de ciertos fines vinculados con la existencia de un riesgo procesal, sino a que otras medidas sean insuficientes para lograr esos objetivos, particularmente, para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación o del procedimiento, o bien, la protección de la víctima, testigos o de la comunidad en general. En cualquier caso, el citado código adjetivo dispone que la imposición o modificación de alguna medida cautelar deberá ser debatida durante la formulación de la imputación, en el dictado del auto de vinculación a proceso o, en términos del artículo 161 del Código Procesal Penal Nacional, en audiencia de revisión de la medida (como en el casa estudio) solicitada por una de las partes. Previsiones que garantizan que el imputado ejerza su derecho de contradicción en el momento mismo en que se determina la procedencia de la medida. De la legislación nacional en comento, se desprende del mismo modo, que las determinaciones del juez de control respecto a la imposición de una o varias de las medidas en comento, en modo alguno son inobjetables o inmutables, puesto que dicho ordenamiento prevé, por un lado, que podrán ser impugnadas por cualquiera de las partes que estuviesen inconformes con su sentido, a través del recurso de apelación y, por otro lado, también dispone que en caso de que las condiciones que inicialmente justificaron la medida hayan cambiado de manera objetiva, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional su revocación, sustitución o modificación. Para ello, el juez citará a las partes a una audiencia en la que nuevamente se debatirá la idoneidad de la medida previamente adoptada y, en última instancia, se resolverá si debe o no mantenerse, contexto en el que las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar. En ese contexto, los numerales 168 a 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen los lineamientos que permiten evaluar el tipo de riesgo que el imputado puede representar para el proceso, a saber: a) Peligro de sustracción del imputado, b) Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación; y, c) Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad. En tanto que el artículo 171 del código procesal nacional en comento, dispone que las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva, de acuerdo con las reglas relativas a la admisión y desahogo de medios de prueba. Así, la legislación adjetiva establece aquellos aspectos que el juez debe tomar en consideración para determinar qué medida o medidas cautelares resultan necesarias para garantizar los fines del proceso ya señalados; y al emitir la resolución que las establezca deberá expresar lo siguiente: 1) La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó su establecimiento; 2) Los lineamientos para la aplicación de la medida; y 3) La vigencia de la medida plasmada. Lo anterior dado que en el sistema de justicia penal acusatorio, los gobernados tienen la prerrogativa de enfrentar en libertad el proceso penal instaurado en su contra, por lo que únicamente, de manera excepcional, podrá decretarse dicha medida cautelar, siempre y cuando la imputación verse sobre un hecho ilícito sancionado con pena privativa de la libertad y existan datos que revelen que las otras medidas cautelares menos gravosas no serían efectivas para garantizar la comparecencia del imputado en el enjuiciamiento, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, pues sólo así se respeta el derecho de presunción de inocencia como regla de trato procesal, cuya esencia radica en que la persona sea tratada como inocente en tanto no haya sido declarada su culpabilidad mediante sentencia judicial y se le haya seguido un proceso respetuoso de sus derechos fundamentales, ya que se debe evitar la aplicación de medidas judiciales que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable y, por tanto, cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena, viola el mencionado principio de presunción de inocencia. Hasta aquí las consideraciones de la normatividad aplicable. ANTECEDENTES Con el propósito de dar orden a la presente sentencia de amparo, conviene informar los antecedentes del asunto, obtenidos de las constancias que remitió la autoridad responsable como justificación de sus actos: 1. En fecha seis de junio de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia inicial, en el proceso penal 291/2023, iniciado a ********************, en la cual se le formuló imputación por su probable participación en los hechos que la ley tipifica como delito de homicidio doloso calificado, en agravio de quienes en vida respondieron a los nombres de Leonardo Hernández Hernández y Eneas Pérez Ramírez, en la cual, además una vez realizado el debate de las partes, se decretó prisión preventiva oficiosa por el término de dos años. 2. En la continuación de la audiencia inicial en fecha doce de junio de dos mil veintitrés, se dictó en contra de ********************, auto de vinculación a proceso por la probable comisión de hechos que la ley califica como delito de homicidio doloso calificado, previsto y sancionado en los numerales 128, 144, fracción I y 145, todos del Código Penal para el Estado de Veracruz, en agravios de las personas que en vida llevaron los nombres de Leonardo Hernández Hernández y Eneas Pérez Ramírez. 3. En contra de la resolución en que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ******************** promovió demanda de amparo, de la que correspondió conocer a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, el que radicó el juicio de garantías 561/2023. Juicio constitucional en el cual, en el incidente de suspensión correspondiente, se dictó la interlocutoria de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, relativa a la suspensión definitiva en la que se ordenó al Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz que: a. citara a las partes a una audiencia, en la que primeramente dejara sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso; b. acto seguido diera intervención al Ministerio Público para que realizara la solicitud que considerara pertinente respecto a la medida cautelar a imponer, dando oportunidad a la defensa de alegar en respuestas; c. desahogado lo anterior, con libertad de jurisdicción determinara lo que legalmente procediera. 4. En cumplimiento a dicha resolución mediante auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, el juez de control señaló las dieciséis horas con treinta minutos del siete de agosto de dos mil veintitrés, para que tuviera lugar la audiencia de revisión de medida cautelar (foja 601). 5. El siete de agosto de dos mil veintitrés, a las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos (16:56) se declaró abierta la audiencia y se solicitó a las partes que se individualizaran asimismo, el Juzgador hizo constar que no se encontraban presentes las víctimas indirectas, compareciendo sólo su asesor jurídico (foja 672). Asimismo, dado que se presentaron diversos defensores, se requirió al inculpado para que manifestara si los designaba con ese carácter respondiendo que sí, por lo que en ese momento se les tomó protesta del cargo. 6. (17:38) La fiscalía solicitó se aplique a ********************, la medida cautelar de prisión preventiva justificada prevista en el artículo 155, fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo corrió traslado a la defensa con datos de prueba; por lo que se decretó receso (foja 673). 7. (18:42) Se reanudó la audiencia, la defensa señala datos de prueba que desea incorporar, incluidas entrevistas realizadas a las víctimas indirectas, por lo que la fiscalía solicita receso para examinar dichos datos, lo que previa consulta de las partes, le es concedido por el plazo de una hora (foja 673). 8. (20:39) Se reanuda la audiencia la fiscalía promueve incidente para que se declare la nulidad del dato de prueba consistente en la entrevista de la ciudadana Karina Álvarez Zamudio por no cumplir lineamientos del numeral 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales y previo debate de las partes el operador judicial declaró inoperante la incidencia planteada (20:45)(foja 673 vuelta). 9. (20:48) La Fiscalía solicitó se le impusiera a ******************** la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la temporalidad de dos años (foja 674). 10. (21:39) Se llevó a cabo el debate entre las partes, en el que la defensa desestimó los datos de prueba ofrecidos por la fiscalía y ésta hizo lo propio con los datos de la defensa, se cierra el debate y se ordena receso (23:49)(foja 674 vuelta). 11. A las cero horas con diecisiete minutos del ocho de agosto de dos mil veintitrés (00:17) se dictó resolución en la que se impuso a ******************** la medida cautelar de prisión de carácter justificada o necesaria por la temporalidad de un año, a partir del siete de agosto del presente año. Determinación que constituye el acto reclamado destacado en el presente juicio de amparo. Hasta aquí los antecedentes del asunto. SUBSUNCIÓN. Del escrito de demanda de amparo se advierte que el quejoso sostiene violaciones procesales que dividió en cinco conceptos de violación principales. Así, el primer concepto de violación, señala que el juez responsable impuso la medida cautelar sin que la Fiscalía la haya justificado con datos de prueba suficientes e idóneos en clara contravención al principio de mínima intervención, además que sustituye al fiscal determinando la necesidad de la medida a pesar que no se justificó la misma. Por lo que la medida cautelar debe supeditarse a que esté completamente justificada, resulte idónea y proporcional para los fines del caso y que se demuestre que las diversas medidas cautelares contenidas en el numeral 155 del código procesal penal nacional resultan insuficientes para ello. Por lo que al no cumplirse con dichos requisitos y a pesar de ello imponer la medida cautelar de mayor lesividad, la autoridad transgrede sus garantías. Dicho concepto de violación resulta infundado. Lo anterior es así, dado que contrario a lo afirmado por el quejoso, el Juzgador de origen sí expresó los motivos por los cuales consideró procedente la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y señaló por qué las diversas medidas señaladas por la defensa se estimaron insuficientes para garantizar la presentación continua del imputado a su procedimiento. Así, el operador jurisdiccional tomó en cuenta las entrevistas formuladas a los testigos con identidad protegida con claves de identificación 2/2023 y 3/2023, quienes refirieron haber recibido amenazas con motivo del proceso de origen. Circunstancia que el juez de control relacionó acertadamente con lo dispuesto en los numerales 169, fracción II y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dada la posibilidad que al recuperar su libertad el imputado influya en el comportamiento procesal de dichos testigos, así como la posibilidad efectiva de que constituya un riesgo para la integridad personal de aquellos. Circunstancia que adminiculó a los dictámenes periciales en materia de psicología practicados a los citados testigos de los que se desprende que se encuentran en estado de zozobra en virtud de las amenazas recibidas. Datos de prueba valorados en términos de los numerales 261 y 265 del Código Nacional Procesal de la materia, los cuales señaló el propio juzgador que fueron en su momento discutidos y valorados durante el plazo constitucional y para el dictado del correspondiente auto de vinculación a proceso. Asimismo, el operador judicial señaló que tampoco se encontraba debidamente garantizada la comparecencia del imputado al proceso en caso de que éste recobrara su libertad, ello debido a que existe en el proceso copia de la credencial de elector para votar a nombre de Itiel Palacios García con domicilio en la colonia Country Club Real Jardín del Estado, municipio de León Guanajuato, mientras que la Representación Social presentó instrumento público 24,232, de la Notaría Pública número Tres de Tehuacán, Puebla, en el que se advierte reportado diverso domicilio, esto es, fraccionamiento Herradura, de León, Guanajuato; los cuales si bien es cierto son de la misma localidad, ello no desvirtúa la diferencia de ubicación de los mismos, ello con independencia que en ambos caso se trata de lugares distintos al de la localidad en que se substancia el proceso. Datos que se valoraron en términos del artículo 168, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la fracción II de dicho numeral, la cual se refiere a la posible pena a imponer que en el caso sería un máximo de setenta años, la cual aun cuando no puede ser determinante por sí misma para la imposición de la medida cautelar, sí puede ser valorada junto con otras para resolver lo procedente respecto a la providencia a tomar a ese respecto. Circunstancias a partir de las cuales el resolutor judicial evaluó si la medida precautoria solicitada por la representación Social se ajustaba a los parámetros marcados por la ley, o en su caso, existía alguna otra menos invasiva que pudiera ser invocada. De esta manera, señaló que existían los presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito, tanto es así que de manera reciente se vinculó a proceso al imputado por la probable comisión del delito de homicidio doloso agravado. De igual manera y con relación al test de proporcionalidad a que debe someterse la medida, en primer lugar se consideró que la medida atendía a un fin legítimo por encontrarse debidamente soportada por convenios internacionales y nuestra propia norma fundamental en las que se reconoce la facultad de imponer la prisión preventiva previo análisis específico del caso y justificación de la necesidad de la misma. Respecto a la idoneidad de la medida, se surte puesto que la continua reclusión del imputado atiende a la necesidad de proteger la integridad de los testigos de cargo y de no dificultar la investigación complementaria, ello además que ante la pluralidad de domicilios del ahora quejoso se previene su probable sustracción de la acción de la justicia. Sin que las demás medidas existentes en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales resulten apropiadas al caso, puesto que el resguardo domicilio depende precisamente del señalamiento de un domicilio apropiado para tal fin, sin que en el caso se haya propuesto uno. Por otro lado, por lo que hace a la manifestación del quejoso relativa a que la determinación de la falsedad del domicilio proporcionado con base en la existencia de diverso domicilio resulta desproporcionada, debe concluirse que si bien puede considerarse que no está plenamente probada una falsedad de datos, en todo caso sí se actualiza, como lo dijo el juez, la legítima duda de la existencia y ubicación del mismo. Sin que por otra parte la presentación periódica fuera considerada una medida cautelar idónea puesto que, como se indicó es necesario que se tenga conocimiento pleno de donde puede notificarse al quejoso, aunado a que, como lo expone el juez al pretender el solicitante que se tenga como lugar de residencia León, Guanajuato, ello implica una carga adicional para el cumplimiento de la medida ante el constancia traslado necesario para acudir ante el proceso. Asimismo, respecto a la solicitud de aplicación de un localizador electrónico, se indicó que se cuenta con datos relativos a que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (a quien correspondería la vigilancia respectiva) no cuenta con medios para implementarla, circunstancia que escapa a las facultades del juzgador de origen. Finalmente, la medida resulta proporcional, al considerar el imperativo de asegurar la continuación de procedimiento, lo que no se garantiza ante la falta de un domicilio concreto donde localizar al imputado lo que en todo caso podría favorecer su sustracción. Ello aunado a que se contrastó el derecho a libertad del procesado con el derecho a la vida e integridad física de los ya referidos testigos protegidos con claves 2/2023 y 3/2023, por lo que debe estimarse que la medida decretada es la más adecuada para cumplir con las finalidades ya expresadas y resulta en todo caso proporcional dadas las circunstancias en que se desarrolla el proceso. De ahí que, como se indicó no resulta acertada la afirmación del quejoso relativa a que no fundó y motivó la decisión reclamada, dado que el proceder del Juez del conocimiento de ninguna forma vulnera el criterio de mínima intervención; por el contrario, precisamente en términos de los numerales 155 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al mediar solicitud del ministerio público, se impuso la medida cautelar, tomando en consideración los argumentos de las partes y la justificación que el ministerio público realizó, pues si bien dicho principio postula la necesidad de restringir al máximo la intervención de la ley penal, y que el poder sancionador no actué cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios que sean efectivos para la protección de los principios y normas que rigen la convivencia social, en el caso, no se evidenció que alguna o algunas otras medidas pudieran ser de igual o mayor efectividad que la impuesta al referido quejoso. Máxime que la responsable, aunque forma resumida, sí llevó a cabo el test de proporcionalidad requerido; tan es así que precisó que debía también garantizar los derechos de los testigos de cargo y que al haber riesgo para estos era necesario imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada; de ahí que resulte infundado el concepto de violación relativo a que no se aplicó el principio de proporcionalidad, ni el criterio de la mínima intervención. Guarda relación la tesis XVII.2o.P.A.36 P (10a.) del Segundo Tribunal colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. PARA IMPONERLA, BASTA ACREDITAR QUE OTRAS MEDIDAS CAUTELARES SON INSUFICIENTES PARA GARANTIZAR ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 167, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, O QUE EL IMPUTADO ESTÁ SIENDO PROCESADO O FUE SENTENCIADO PREVIAMENTE POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DOLOSO, SIN NECESIDAD DE VERIFICAR Y ANALIZAR TODAS Y CADA UNA DE DICHAS HIPÓTESIS. Conforme a los preceptos citados, el Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, basta que el Ministerio Público justifique que otras medidas cautelares son insuficientes para garantizar alguna de dichas hipótesis, o bien, que el imputado está procesado o sentenciado en los términos expuestos, para que proceda la imposición de la prisión preventiva justificada como medida cautelar, sin que sea necesario que se justifiquen y analicen todos y cada uno de los referidos supuestos jurídicos." Circunstancias por las que de igual forma resulta infundado el concepto de violación identificado como quinto, en el que se alegó que los datos aportados por la fiscalía para justificación de su solicitud no son idóneos para demostrar riesgo de sustracción de la acción de la justicia por parte del quejoso. Asimismo, que el juez no se pronunció sobre la solicitud de la defensa de la aplicación de medidas consistentes en presentación periódica y prohibición de tránsito en lugar de la prisión preventiva justificada. Esto es así, puesto que, como ya se expresó el Juez de Control sí se pronunció sobre las citadas medidas cautelares determinando que las mismas no resultaban más adecuadas que la decretada. Y en ese sentido tampoco resulta acertada la afirmación del amparista relativa a que el Juzgador se sustituyó a la Representación Social y sin petición expresa de ésta , declaró que la existencia de más de un domicilio a nombre del hoy quejoso en la localidad de León, Guanajuato, constituye una falsedad de domicilio, ello porque si bien es cierto se utilizó dicho término sin encontrarse debidamente probado, también es verdad que el tratamiento que el juzgador dio a ese dato fue más bien el de la falta de certeza de un domicilio comprobado del quejoso, así como falta a de arraigo. De ahí que el juzgado de hecho no consideró la falsedad de domicilio del aquí quejoso puesto que en todo caso con esa afirmación hubiera bastado para dictar la prisión preventiva sin necesidad de mayor justificación y en lugar de ello, el operador judicial realizó el estudio ya expresado de las demás circunstancias en las que se apoyó para la aplicación de dicha medida, por lo que, como ya se indicó el correspondiente concepto de violación resulta infundado. Por otra parte respecto al señalado como segundo concepto de violación que sostuvo que el operador judicial responsable transgrede el derecho humano de seguridad jurídica en las vertientes de legalidad y debido proceso, toda vez que la medida cautelar de la prisión preventiva justificada fue impuesta con base en medios de prueba que no son atinentes para demostrar la peligrosidad del imputado, puesto que no generan certidumbre jurídica debido a las inconsistencias formales y legales de los mismos. Esto porque, sostiene que del expediente de origen, si bien es cierto la fiscalía señaló diversos datos de prueba con los que pretendió demostrar la peligrosidad del ahora quejoso, también es verdad que los mismos resultan inocuos para los fines perseguidos por la representación social. De esta forma, el amparista sostiene que los datos de prueba tales como dictamen 555//2018 de criminalística de campo, oficio XAL-D-103/2022 en materia de balística, acta de destrucción de material de guerra 01/22018, oficios en materia de necrocirugía de las víctimas, oficio de levantamiento de cadáveres, y oficio 177/2018 consistente en la primera noticia criminal, no resultan idóneos para acreditar la supuesta peligrosidad del imputado. Ello en primer término, porque los hechos contenidos en dichos elementos de convicción no guardan relación directa con las condiciones personales del procesado al momento del proceso, y en segundo lugar, dichos datos se refieren precisamente a los hechos objeto del proceso por lo que el contenido y valor de los mismos todavía está sujeto al resultado del juicio, por lo que determinar la peligrosidad del sujeto con base en los mismos es transgresivo del principio de presunción de inocencia. Del mismo modo, los medios de prueba derivados de la consulta de fuentes abiertas de internet, no puede darse certeza alguna del contenido de las mismas al no tener un origen fidedigno u oficial, de ahí que sólo constituyen evidencia de la existencia de dicha información, más no la veracidad de la misma. Dicho concepto de violación resulta inoperante. Lo anterior es así, dado que los medios de convicción señalados por el quejoso, esto es, los relativos a los dictámenes de necrocirugía, noticia criminal, criminalística de campo, así como consulta de diversas páginas de internet y diversas carpetas existentes presumiblemente atribuidas al aquí quejoso, no forman parte de las circunstancias en que descansó la determinación de la autoridad responsable para justificar la medida cautelar de prisión preventiva que impuso al quejoso. De ahí que la exposición que de las mismas realizó la fiscalía no supuso perjuicio alguno al citado quejoso al no formar parte de los datos considerados para sustentar la medida impugnada. Por otra parte, el tercer concepto de violación señala que las pruebas ofrecidas por la Fiscalía para justificar la medida cautelar presentan discrepancias que impiden obtener certeza de las mismas. Así, la petición de la prisión preventiva justificada descansa en la existencia de dos testigos de identidad reservada los cuales sufrirían riesgo a su persona en caso de aplicarse medida cautelar distinta al imputado. Sin embargo, alega la parte quejosa, la representación Social al momento de formular imputación al ahora quejoso enumeró la existencia de los testigos de identidad reservada con claves 1/2023 2/2023, pero al solicitar la prisión preventiva justificada, se mencionan amenazas a los testigos protegidos 2/2023 y 3/2023, sin que se presente la identidad de alguno de ellos, por lo que existe duda no sólo de su veracidad sino hasta de su existencia. Lo anterior, con independencia que, como lo señaló la quejosa durante el debate del plazo constitucional, las entrevistas de los citados testigos carecen de firma autógrafa, lo que es contrario al artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Razonamientos que se relacionan con el cuarto concepto de violación, señala que los datos de prueba ofrecidos por la fiscalía para justificar la medida cautelar por amenazas hacia testigos de identidad reservada no son idóneos, pertinentes, ni se tiene certeza jurídica de los mismos. Ello dado que los oficios de entrevista de los testigos tienen como fecha de realización el dieciséis de julio de dos mil veintiséis, en Playa Vicente, Veracruz; sin embargo, los oficios correspondientes a los dictámenes de la afectación psicológica que sufren los agraviados indirectos, tienen la misma fecha, pero como lugar de elaboración la localidad de Acayucan, Veracruz. Sin que la fiscalía acompañara diverso medios de convicción a efecto de sustentar el dicho de los testigos respecto a las amenazas que sufrieron. Al respecto debe señalarse los mismos resultan infundados. Ello es así, dado que si bien puede existir discrepancia entre la designación de los testigos, al ser referidos durante el plazo constitucional con claves 1/2023 y 2/2023 y durante la audiencia de revisión de la medida como 2/2023 y 3/2023, también es verdad que ello se refiere a los testigos de cargo que depusieron en contra del imputado cuyos testimonios fueron introducidos de manera reciente al proceso (de ahí la denominación de "2023") aunado a la existencia de un diverso testigo de cargo de identidad protegida que había depuesto con anterioridad ante la autoridad ministerial resulta explicable el error en que incurre la representación social al considerar la existencia de tres testigos con identidad resguardada. Sin que deba perderse de vista que dada la etapa en que se encuentra el proceso ********************la identidad de los testigos protegidos no ha sido revelada a las partes, pero no por ello puede negarse valor a dichos datos de prueba. Motivo por el cual también resulta insuficiente para negarles valor probatorio la manifestación del impetrante de amparo relativo a que no obran firmas en las deposiciones de los testigos, puesto que, como lo manifestó el resolutor natural no ha tenido oportunidad de examinar si existe o no justificación para dicha falta alegada, esto es, que se haya asentado en las correspondientes entrevistas motivos por los cuales no hayan querido o no hayan podido firmar los testigos. Esto aunado a que, aun aceptando la hipótesis de la defensa relativa a que el testigo 3/2023 no corresponde a ninguno mencionado con anterioridad por la fiscalía, ni se le corrió traslado con lo depuesto por el mismo, debe puntualizarse que de todas formas en ese supuesto el testigo con clave 2/2023 correspondería al ya mencionado previamente durante la etapa de preinstrucción, bastando ese dato para que exista la necesidad de considerar el riesgo a su integridad física y la obligación de tomar medidas para prevenir cualquier daño que pudiera ocasionarse al mismo. Asimismo la aparente discrepancia relativa a que las entrevistas de los testigos y los dictámenes psicológicos practicados a los mismos se asentó la misma fecha (dieciséis de julio de dos mil veintitrés) pero distinto lugar de elaboración (San Andrés Tuxtla las entrevistas y Acayucan, los dictámenes) resultan insuficientes por si mismos para negar valor probatorio a los mismos, sin conocer todos los particulares de la elaboración de dichos datos de prueba, máxime, se reitera, la etapa procesal, sin que por otro lado, dada la distancia existente entre ambas localidades (92.6 kilómetros) resultara improbable el traslado de los testigos de un lugar al otro. Finalmente, debe señalarse que el dato expresado por el quejoso relativo a que de las entrevistas realizadas a los familiares de las víctimas directas, estos no refieren en momento alguno haber sido objeto de amenaza o acto de intimidación alguna, resulta irrelevante, puesto que en todo caso, dichas personas no observaron los hechos investigados y su testimonio no afectaría el proceso en contraste con los testigos que son quienes ubican hasta este momento al imputado en el lugar de los hechos y en la comisión de los mismos. Aunado a todo lo expresado con anterioridad, en el particular, es dable señalar que en la emisión de la resolución reclamada se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues de la revisión que se efectuó a la audiencia que constituye el acto reclamado, en lo relativo a la imposición de medidas cautelares, se pudo constatar que el hoy quejoso presenció e intervino (aun de manera remota vía videoconferencia) en dicha actuación, fue asistido en todo momento por sus defensores y se le dio la oportunidad de hacer las manifestaciones que estimó pertinentes. De ahí que no se considere vulnerado el debido proceso, pues del registro audiovisual en que consta el acto reclamado, no se advierte alguna deficiencia (notoria y relevante) en la capacidad técnica de los defensores particulares nombrados por el propio imputado, argumentó lo conducente a fin de que al imputado se le impusiera diversa medida cautelar. CONCLUSIÓN. En las relatadas circunstancias, al haberse desestimado y contestado los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia, lo procedente es negar a ********************, el Amparo y la Protección de la Justicia Federal solicitado contra el acto que reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, segundo párrafo y, demás aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones y motivos, expuestos en el propio considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por ********************Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, mediante el cual solicita se le autorice la consulta vía electrónica del presente asunto, por lo que el suscrito provee: CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como lo solicita, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, con el nombre de usuario ********************, en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ En esas condiciones, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar de alta a la aludida representación social con el nombre de usuario proporcionado, y se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite, ello, para los efectos legales conducentes. Ahora, tomando en consideración que el presente asunto, con fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional, por lo que se encuentra pendiente de dictar la sentencia respectiva; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes y, una vez que se dicte la resolución correspondiente, sin previo acuerdo, agréguese el presente cuaderno para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.

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