Itiel Palacios Garcia
Expediente 1161/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1161/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Itiel Palacios Garcia
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de noviembre de dos mil veintitrés.********************Vista la demanda de amparo presentada por Mauricio Hiroshi Esquivel Yoshikai quien se ostenta como defensor particular del quejoso ITIEL PALACIOS GARCÍA contra actos del 1. Director General del CEFERESO 5 Oriente de Villa Aldama, Veracruz y otra autoridad, provéase lo conducente.********************En consecuencia, se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el Libro de control electrónico de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 1161/2023. ********************INCOMPETENCIA********************En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda, se obtiene que el promovente reclama la omisión de permitir al quejoso recibir cinco visitas simultáneas en el CEFERESO 5 "Oriente" de Villa Aldama, Veracruz, lugar en donde se encuentra actualmente recluido.********************Ahora, la norma que regula la competencia de un Juzgado de Distrito, está contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece literalmente lo siguiente:********************"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. ********************Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. ********************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."****************************************La trascripción anterior establece las hipótesis para que se surta la competencia a favor de los Juzgados de Distrito en la tramitación de los juicios de amparo indirecto, de las cuales, la primera de ellas, otorga competencia al Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.********************Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama un acto omisivo, consistente en la omisión de permitir al quejoso recibir cinco visitas simultáneas en el CEFERESO 5 "Oriente" de Villa Aldama, Veracruz, lugar en donde se encuentra actualmente recluido.********************Asimismo, en el capítulo de hechos de la demanda señala que el Centro Federal al que esta recluido solo le permite tener un máximo de tres visitas de forma simultaneas, cuando anteriormente le permitían un total de cinco visitas simultaneas.********************De lo expuesto, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en: la negativa de permitirle dos visitas familiares adicionales a las tres que actualmente se le conceden, para tener cinco visitas familiares en forma simultánea.********************En efecto, la negativa de la autoridad responsable de autorizarle dos visitas familiares en forma simultánea, adicionales a los permitidos por el Manual de Visitas de los Centros Federales de Readaptación Social, en su capítulo tercero, de título "de la visita familiar"; se traduce que dicha negativa tiene efectos positivos, al negarle continuar con un total de cinco visitas familiares en forma simultánea, limitándolo sólo a tres visitas familiares en forma concurrente, vulnera su derecho humano de ser tratado con dignidad, al encontrarse privado de su libertad sujeto bajo el estricto control del Centro de Readaptación Social de Villa Aldama, Veracruz.********************Por tanto, la conducta negativa con efectos positivos atribuidos a una autoridad responsable a la cual se encuentra sujeta la libertad del directo quejoso, se realiza fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, por tanto, es de establecerse que se trata de actos negativos con efectos positivos, al no permitir el acceso de forma simultánea a dos visitas familiares adicionales de las tres visitas contenidas en dicho manual; lo que trae aparejado consecuencias positivas en el plano fáctico, en el lugar donde se está llevando a cabo la afectación de la cual hoy se duele.********************Por tal motivo, debe decirse que los aludidos actos reclamados tienen ejecución en Villa Aldama, Veracruz, ya que la parte promovente de amparo refiere bajo protesta de decir verdad que el directo quejoso se encuentra privado de su libertad en el CEFERESO 5 Oriente de Villa Aldama, Veracruz, el cual se localiza fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, reformado por Acuerdo General 6/2022 publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil veintidós.********************Luego, resulta evidente que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer y decidir de la demanda de amparo en los términos propuestos, en razón del territorio; por lo que se considera competente para conocer de dicho escrito constitucional promovido por Mauricio Hiroshi Esquivel Yoshikai quien se ostenta como defensor particular del quejoso ITIEL PALACIOS GARCÍA, el Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, pues dicho órgano ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde se están ejecutando los actos reclamados. ********************Se apoya lo anterior, con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente:****************************************"COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario."******************** ********************Sirve de apoyo la tesis 1.15o.A.41 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2288, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, Novena Época, cuyo rubro es:********************"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME."**************************************** Asimismo, apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 99, de Informes, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, cuyo rubro es el siguiente: ********************"COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO." **************************************** De igual forma sirve de apoyo la tesis 21, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 99, de Informes, Informe 1981, Parte II, Séptima Época, materia civil, cuyo rubro es: ********************"COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE SE HAYA CONSUMADO. CARECE DE APLICACION ANALOGICA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY DE AMPARO."****************************************Así, tratándose de actos que requieren ejecución material, como es el caso, la competencia del juez de Distrito para conocer del asunto, no queda a voluntad de los peticionarios de amparo, dejando en ellos la opción de elegir ante qué Juzgado desean promover su demanda, sino que, como ya se dijo; la competencia se surte en favor del Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar de ejecución del acto reclamado, ya sea porque deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado en ese lugar; por ende, es de concluirse que, en la especie, se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo.****************************************Por tales consideraciones, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, y los párrafos Primero y Segundo del Apartado VII, Séptimo Circuito, Punto Cuarto, y transitorios Primero y Segundo del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este juzgado se declara incompetente por razón de territorio, para conocer y resolver del presente juicio de amparo, y se considera que tal competencia se surte en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, debiéndose remitir la demanda de amparo de mérito por conducto de Oficina de Correspondencia Común, para el turno correspondiente, para los efectos del artículo 48 de la Ley de Amparo, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, asimismo, solicitándole el acuse de recibo de estilo.********************Solicitándole que haga del conocimiento de este Juzgado la resolución que al respecto pronuncie y lo remita vía interconexión.********************Conforme a ello, con una copia certificada del escrito de demanda relativo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico.********************SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PLANO********************Ahora, no ha lugar a conceder la suspensión de oficio y de plano, en virtud de que los actos que reclaman no pueden ser catalogados entre los actos proscritos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, ni se ubican en alguno de los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo.********************Lo anterior se sostiene, con base los numerales invocados que establecen:********************Ley de Amparo.********************"Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.********************En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.********************La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal."********************Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos********************"Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.********************(.)."********************De la transcripción anterior se desprenden los supuestos en los cuales el órgano jurisdiccional debe conceder la suspensión de oficio y de plano, a saber, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación; deportación o expulsión; proscripción o destierro; extradición; desaparición forzada de personas; alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.********************Como se puede apreciar, la diversidad de supuestos indicados guardan relación con actos de autoridad, cuyos efectos no sólo son de imposible o difícil reparación, sino que además se encuentran expresamente prohibidos por el orden jurídico nacional y, por tanto, su reclamo amerita la inmediata intervención del juzgador de amparo para que ordene su suspensión, a fin de evitar que se ejecuten o se sigan ejecutando -de ahí que en esos supuestos sea innecesaria la solicitud del interesado para que se otorgue la indicada medida cautelar, o bien, que se condicione su disfrute-.********************De donde se obtiene, por exclusión, que cuando los actos reclamados no revistan las características señaladas, no podrá concederse la suspensión de plano, sino que, de ser procedente, deberá otorgarse la medida provisional y, en su momento, la definitiva a través del incidente de suspensión correspondiente, de conformidad con los artículos 127, 128, 138 y 146 de la Ley de Amparo.********************En adición a lo expuesto, es pertinente destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el listado de actos contenido en el artículo 126 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales debe concederse la suspensión de oficio y de plano, comprende también aquellos actos u omisiones que comprometan gravemente la dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento, prohibido en el artículo 22 constitucional.********************A fin de ilustrar lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.) visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 69, agosto de dos mil diecinueve, tomo II, página 1270, de rubro y texto siguientes:********************"SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento."********************Así como las jurisprudencias 1a./J. 26/2018 (10a.) y 1a./J. 35/2018 (10a.), publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 57, agosto de dos mil dieciocho, tomo I, páginas 965 y 964, de rubros y textos siguientes:********************"SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, NO ES PROCEDENTE CONCEDERLA DE PLANO Y DE OFICIO TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE PROVEER A LOS INTERNOS ROPA Y ZAPATOS EN BUEN ESTADO. De los artículos 125, 126 y 128 de la Ley de Amparo, se advierte que la suspensión procede de oficio y de plano, o a petición de parte. Debe proveerse de oficio y de plano sobre la suspensión, entre otros casos, cuando se reclaman actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, como la pena de tormento de cualquier especie. Por tormento, debe entenderse no cualquier molestia, justificada o no, que derive de la reclusión en un centro penitenciario, sino actos y omisiones que afecten gravemente a la dignidad e integridad personales, como pueden ser, por mencionar algunos ejemplos, los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este sentido, la omisión de la autoridad penitenciaria de proveer al interno de ropa y calzado en buen estado, por regla general, no puede ser considerada un acto de tormento, por lo que cuando se reclama en amparo no procede su análisis con base en las reglas de la suspensión de plano y de oficio, sino, en su caso, deben aplicarse las relativas a la suspensión a petición de parte. Sin que este criterio desconozca la posibilidad de que, en casos excepcionales, dadas las circunstancias y el contexto, esa omisión pudiera constituir un acto de tormento, cuestión que deberá determinar el juez de distrito en cada caso particular. Además, esta conclusión no implica restringir el acceso a la justicia a los quejosos, porque ese acto puede ser analizado, para efectos de la medida cautelar, a la luz de las normas que regulan la suspensión a petición de parte. Y tampoco prejuzga acerca de la constitucionalidad o no de ese acto, lo que, de ser procedente, constituirá la materia del fondo del juicio de amparo."********************"SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE, ES PROCEDENTE CONCEDERLA DE PLANO Y DE OFICIO TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE PROVEER A LOS INTERNOS ROPA Y ZAPATOS EN BUEN ESTADO. Si bien este acto reclamado, por lo general, no constituye un acto de tormento de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, para efectos de proveer de oficio y de plano sobre la suspensión en términos de los artículos 125, 126 y 128 de la Ley de Amparo, pues aunque implica una molestia, no se equipara a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; lo cierto es que en casos excepcionales, la omisión de la autoridad penitenciaria de proporcionar zapatos y ropa adecuados a los internos puede constituir tormento y debe proveerse sobre la suspensión de oficio y de plano. Así sucede, por mencionar algunos ejemplos, cuando por las circunstancias y el contexto, es razonable suponer que esa omisión compromete la dignidad e integridad personales, ya sea por la exposición del interno a un clima extremadamente gélido o caluroso; por la presencia de fauna, flora u otros entes nocivos; cuando el acto se realiza con el propósito de vejar o humillar al interno, etcétera."****************************************Sin embargo, incluso en esas hipótesis, es claro que lo relevante para la concesión de la suspensión de oficio y de plano sigue siendo que los actos u omisiones reclamados afecten gravemente los derechos o bienes jurídicamente tutelados, prioritarios e imprescindibles para las personas, es decir, los derechos y bienes relacionados con la dignidad e integridad de éstas.********************En el caso, se reclama:****************************************".La omisión de permitir al quejoso recibir cinco visitas simultáneas en el lugar de su reclusión ."******************** ********************En ese sentido, no se actualizan las condiciones necesarias para el otorgamiento de la suspensión de plano que solicitan, en términos del arábigo 126 de la Ley de Amparo.********************AUTORIZADOS********************Con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizado en términos amplios a Mauricio Hiroshi Esquivel Yoshikai, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales en Derecho, ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como Licenciado en Derecho.********************La anterior consideración, encuentra apoyo por su sentido y alcance, en la tesis número V.2o.64 C, publicada en la página 833, del Tomo IX, enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, que es del texto siguiente: ********************"AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. VALIDEZ DEL RECONOCIMIENTO QUE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO HACE EL JUEZ DE DISTRITO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 664, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 446, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995)". ****************************************CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA********************De conformidad con Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet, con el usuario ********************, registrado en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente:********************http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/********************En esas condiciones, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar de alta a la parte aquí quejosa con el nombre de usuario proporcionado, y se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite, ello, para los efectos legales conducentes.********************Y de igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica.********************VISTA LEY DE TRANSPARENCIA********************De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales.********************AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS********************Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos.********************Finalmente, se ordena habilitar la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo indirecto; en esas condiciones, instrúyase al Oficial Judicial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que dé acceso al expediente electrónico al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, y esté en aptitud de consultar el expediente electrónico del presente asunto.********************Notifíquese en términos de ley.
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