Isrrael Cortes Paz
Expediente 1245/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1245/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Isrrael Cortes Paz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ISRRAEL CORTES PAZ, contra actos del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Así, en auto de trece de julio de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Por oficio presentado el dos de agosto de dos mil veintidós, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "El Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en caso de que a la fecha de que se le notifique a la responsable la declaración de ejecutoria de esta sentencia, aun no se verifique la audiencia de conciliación en el procedimiento laboral de origen, deje insubsistente el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, únicamente en el apartado donde fue señalado el día dieciocho de mayo del dos mil veintidós, para llevar acabo la celebración de la audiencia de conciliación, dentro del juicio ordinario laboral 512/2020; y, Emita una nueva determinación al respecto señalando nueva fecha para la celebración de la audiencia en cita, dentro de los plazos que establece la ley aplicable al caso." - Con fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de conciliación dentro del juicio laboral número 512/2020. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, de la cual se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en la que otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. PRECISIÓN DE PUNTOS A CUMPLIR DE EJECUTORIA. En ese tenor, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase a la autoridad responsable, para que en términos del ordinal 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informen sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la obligación que les fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: "El Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en caso de que a la fecha de que se le notifique a la responsable la declaración de ejecutoria de esta sentencia, aun no se verifique la audiencia de conciliación en el procedimiento laboral de origen, deje insubsistente el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, únicamente en el apartado donde fue señalado el día dieciocho de mayo del dos mil veintidós, para llevar acabo la celebración de la audiencia de conciliación, dentro del juicio ordinario laboral ********************; y, Emita una nueva determinación al respecto señalando nueva fecha para la celebración de la audiencia en cita, dentro de los plazos que establece la ley aplicable al caso." NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintidós. SE ORDENA DEL RENVIÓ DE OFICIO Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no obra la notificación del oficio 3310 dirigido a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual se le notifica la sentencia emitida en autos. En mérito de lo anterior, y a fin de que la responsable quede debidamente notificada de dicha resolución, se ordena reenviar el oficio 3310, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 1245/2021, promovido por Isrrael Cortes Paz, contra actos de Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En escrito presentado el dieciséis de diciembre del año pasado, en el buzón judicial, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno al siguiente día hábil, Isrrael Cortes Paz, promovió demanda de amparo indirecto contra Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte promovente del amparo estimó violado en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 8, 14, 16, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de veinte de diciembre del dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose la misma como expediente II-1245/2021; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.." SEGUNDO. PRESICIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: A). El señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia de conciliación dentro del juicio ordinario laboral 512/2020. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Lo anterior se corrobora con las documentales que anexó a su informe justificado las cuales tiene pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa que torne improcedente el juicio constitucional, bien porque se advierta de oficio o la haga valer parte legítima. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia que establece lo siguiente: Época: Octava Época Registro: 222780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Común Tesis: II.1o. J/5 Página: 95 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, debido a que este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa que se actualice alguna causa de improcedencia en el presente juicio de amparo, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada, dando respuesta a los conceptos de violación. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación aducidos respecto de los actos reclamados, consisten en el señalamiento de una fecha lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, relativa al juicio ordinario laboral 512/2020, -señalada para el dieciocho de mayo del dos mil veintidós-, es esencialmente fundado aunque para tales efectos deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la ley de Amparo, así como atendiendo a la causa de pedir expresada en él. Lo antes dicho con sustento en lo señalado en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por reiteración, de rubro y contenido siguiente: Tesis: 2a./J. 192/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 171257 Segunda Sala Tomo XXVI, Octubre de 2007 Página 209 Jurisprudencia (Constitucional) "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.." Ahora, previo al pronunciamiento que este órgano de control realice, es preciso señalar que el estudio del acto reclamado en la demanda de amparo debe realizarse de manera exhaustiva en todos los apartados que contenga la demanda de amparo, esto a fin de que el órgano de control constitucional esté en aptitud de impartir una justicia completa e integral atendiendo a las solicitudes del gobernado, debiendo analizar el que la actuación de la autoridad responsable siempre sea en apego al respeto de los derechos humanos de la persona, y en caso de que se advierta alguna inconformidad que pueda vulnerarlos realizar el pronunciamiento respectivo. Lo antes dicho atendiendo a la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por reiteración, cuyo texto es el siguiente: Tesis: 2a./J. 55/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 195745 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Página 227 Jurisprudencia (Común) "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Amparo en revisión 114/80. Alberto Hervert Salguero. 10 de noviembre de 1980. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Raúl Molina Torres. Amparo en revisión 10112/84. Bracco de México, S.A. de C.V. 10 de septiembre de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Héctor Alberto Arias Murueta. Amparo en revisión 386/88. Semaan Wadih Charvel Obeid. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Ponente: Noé Castañón León. Secretario: Daniel Núñez Juárez. Amparo en revisión 2901/96. Express Refrigerados Lova, S.A. de C.V. 25 de abril de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 873/98. Iván González José (menor). 3 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez." Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama medularmente la violación en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que efectivamente ha acontecido. En efecto, quien esto resuelve estima que la autoridad señalada como responsable Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en su actuar se ha apartado, en perjuicio de la parte quejosa, de la garantía tutelada por el artículo 17 Constitucional, ante la existencia de un retraso en la impartición de justicia prevista en dicho precepto. El artículo constitucional en comento, dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, una de las característica esenciales del juicio ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata, terminología empleada por la ley para referirse a la contigüidad o cercanía de tales actos en el tiempo, lo que aunado al hecho de que la unidad temporal más grande que utiliza la norma para graduar el procedimiento es el día, no deja lugar a dudas de la expedites en la tramitación y resolución de los juicios laborales. En conclusión, hay trasgresión a las garantías constitucionales cuando existe dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral, así como cuando, durante la sustanciación de dicho juicio, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento en los tiempos fijados por la ley. En efecto, nuestro Máximo Tribunal de Amparo sostuvo que el juicio laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada para obtener el dictado de un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo, por lo que el retraso u omisión de actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio, lo que trae como consecuencia la vulneración a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, debido a que la administración de justicia por la Junta laboral no se realizará en los plazos y términos que fija la ley. Los puntos antes reseñados descansan en la ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia por contradicción de tesis 219/2006-SS, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Tesis: 2a./J. 44/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 172833 Segunda Sala Tomo XXV, Abril de 2007 Página 373 Jurisprudencia (Laboral) "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones. Contradicción de tesis 219/2006-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 7 de marzo de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Fernando Franco González Salas; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado." Acotado lo anterior, en la especie se tiene, que la parte quejosa reclama en esencia de la autoridad responsable la violación en su perjuicio de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. En las relatadas consideraciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo en vigor, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el siguiente efecto: El Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en caso de que a la fecha de que se le notifique a la responsable la declaración de ejecutoria de esta sentencia, aun no se verifique la audiencia de conciliación en el procedimiento laboral de origen, deje insubsistente el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, únicamente en el apartado donde fue señalado el día dieciocho de mayo del dos mil veintidós, para llevar acabo la celebración de la audiencia de conciliación, dentro del juicio ordinario laboral 512/2020; y, Emita una nueva determinación al respecto señalando nueva fecha para la celebración de la audiencia en cita, dentro de los plazos que establece la ley aplicable al caso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Página: 732 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCION CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACION DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITUA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª/J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". No pasa inadvertido para el suscrito juzgador el contenido de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011580, de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", sin embargo el suscrito juzgador estima que no se actualiza la causal de improcedencia en comento, toda vez que en el particular se actualiza el caso de excepción previsto en dicho criterio jurisprudencial, ya que se evidencia una abierta dilación, respecto al señalamiento de la fecha lejana para que tenga verificativo la audiencia prevista de mérito. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Isrrael Cortes Paz, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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