Israel Hernández Pérez
Expediente 106/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Israel Hernández Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Se ordena archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Inexistencia de documentos. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, no existen documentos exhibidos en autos. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
- Principal
Número de expediente: 438/2018 Acuerdo: Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a sus autos del escrito de ********************, en mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la Institución de Crédito denominada ********************; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Luego, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y demás relativos de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de agravios, con excepción de las autoridades responsables a quien se les remitirá por oficio, como lo establece el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, y, en acatamiento al numeral 89 del referido ordenamiento legal, dentro del término de tres días siguientes al de la última notificación a las partes del presente proveído, sin previo acuerdo remítanse los autos originales del juicio en que se actúa, así como el escrito de expresión de agravios y una copia para la representación social, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer; ordenándose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente.( Cuaderno de antecedentes. Por otra parte, con copia del escrito de expresión de agravios fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto. Notifíquese por lista a la parte quejosa, personalmente a la parte tercera interesada; mediante vía electrónica al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables. *****
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Cumplimiento a la prevención. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso ******** mediante el cual en cumplimiento a la prevención realizada en auto de veintitrés de los actuales, señala como actos reclamados: "[.] señalo como acto reclamado todo lo actuado en la carpeta de investigación número C.I. AIAPIZ-4/68/2021, y la judicialización de la misma, asimismo, reclamo el acuerdo y notificación al suscrito de los dictámenes periciales en hechos de tránsito terrestre y valuación emitidos en la carpeta de investigación, lo anterior, al ser parte de las constancias que integran la carpeta de investigación. [.]" De igual forma, aclara que el Agente del Ministerio Público de Atención Integral Región Norte, me notificó los dictámenes periciales de hechos de tránsito terrestre y valuación con el carácter de imputado en los hechos que se investigan en la Carpeta de Investigación número C.I. AIAPIZ-4/68/2021. Consideraciones previas De la lectura íntegra de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se aprecia que los actos reclamados se hacen consistir en la integración de la carpeta de investigación C.I. AIAPIZ-4/68/2021, en tanto que el justiciable se duele, desde su perspectiva de imputado, de todo la actuado en dicha indagatoria y, en particular, del acuerdo que ordenó darle vista con los dictámenes periciales en hechos de transito terrestre y valuación. Estudio de la demanda. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo se advierte que, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, acontece un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, por lo que debe desecharse. En efecto, en el particular se estima actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia que se deduce de lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en tanto que la integración de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Para demostrar este aserto es menester recordar que el numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las etapas del procedimiento penal, y por lo que aquí interesa, se integra de la investigación, la cual comprende dos fases, una inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, y la complementaria, que va desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Como se puede ver, el Ministerio Público se erige como parte de la misma, y entre sus obligaciones se encuentra la de recibir las querellas o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y de dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. De esta manera, la noticia criminal (denuncia o querella) justifica el inicio a una carpeta de investigación, y como consecuencia de ello, nace la obligación del agente investigador de realizar actos de investigación a fin de esclarecer los hechos probablemente constitutivos de un delito, mismos que se irán adjuntando a la citada carpeta a fin de determinar si la noticia del delito justifica continuar con el desarrollo de esta etapa. Dicho sea de paso, la representación social en la fase de investigación, a diferencia del sistema inquisitivo, ya no desahoga ni valora medios de prueba como autoridad, sin perjuicio, de que durante dicha fase realice actos de investigación; esto es, se constituye como una autoridad parcial por naturaleza y, precisamente por ello, en algunos casos como se verá más adelante, se hace necesaria la intervención de un juez de control durante la etapa de investigación. Así, en la etapa de investigación el agente investigador puede llevar a cabo diversas diligencias a fin de esclarecer los hechos, empero, la legislación nacional penal adjetiva precisa de actos que pueden ser realizados sin supervisión judicial y otros en los que es necesaria su intervención a fin de salvaguardar los derechos humanos de las partes. En efecto, el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé de manera enunciativa actuaciones que el órgano investigador puede llevar a cabo sin la intervención judicial, como lo son: I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo; II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; III. La inspección de personas; IV. La revisión corporal; V. La inspección de vehículos; VI. El levantamiento e identificación de cadáver; VII. La aportación de comunicaciones entre particulares; VIII. El reconocimiento de personas; IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador; X. La entrevista de testigos; XI. Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el Procurador, entre otras. Por su parte, el numeral 252 de la legislación en estudio contempla técnicas de investigación en las que se requiere un escrutinio judicial como lo pueden ser: I. La exhumación de cadáveres; II. Las órdenes de cateo; III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma; V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada, entre otras. En relación con lo anterior, es necesario recordar que el artículo 107, en sus fracciones II, IV, V y VII, de la Ley de Amparo establece lo que sigue: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; [.]" Con lo anterior, es dable establecer que las citadas fracciones permiten establecer en qué casos resulta procedente el juicio amparo en contra de algún acto emitido en la etapa de investigación en el sistema acusatorio. En efecto, se actualizaría la hipótesis prevista en la fracción II, que establece que el amparo procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en tratándose de actuaciones que la representación social puede llevar a cabo sin la intervención judicial como lo son: la inspección de personas; la revisión corporal; la inspección de vehículos; la aportación de comunicaciones entre particulares; el reconocimiento de personas; entre otras. Respecto a la fracción IV, podría materializarse en la etapa de investigación inicial, también conocida como desformalizada, en tratándose de actos de investigación que requieren intervención judicial como: las órdenes de cateo; la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma; el reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada, entre otras; actuaciones éstas que se encuentran fuera de juicio en las que se encuentra involucrado el juez de control y cuya autorización podría violentar algún derecho humano del indiciado. En cuanto a la fracción V, sería procedente el amparo contra actos realizados hasta la investigación complementaria, es decir, una vez que se judicializa la carpeta de invesigación y quien asume la conducción del procedimiento penal es el Juez de Control; es así, pues hay que recordar que de una interpretación armónica de los artículos 107, fracción V, y 170 de la Ley de Amparo, es factible establecer que el proceso comienza con la audiencia inicial ante el juez de control. En ese sentido, si la investigación complementaria forma parte de la audiencia inicial y el proceso comienza con la citada audiencia, sería aplicable la hipótesis de referencia pues se trata de actos en juicio cuyos efectos pueden ser de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Y con relación a la fracción VII, esta fracción hace palpable de su simple lectura la procedencia del juicio de amparo contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En ese orden, dependiendo del caso en concreto, un acto de los mencionados podría ser sujeto de un control de constitucionalidad (cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, entre otros) pero ello dependerá si se encuentra comprometido un derecho humano de la persona que promueva el amparo. Ahora bien, en el caso en estudio y conforme lo aclaró el promovente del amparo al desahogar la prevención que se le formuló, de forma destacada se controvierte la actuación del agente investigador al emitir el acuerdo en el que se le da vista con los dictámenes periciales en hechos de transito terrestre y valuación; pues atento a su posición de imputado, estima que dicha actuación vulnera su oportunidad de defensa. Empero, la referida actuación, conforme a lo establecido en párrafo anteriores, se trata de una actuación emitida en la etapa de investigación inicial en la que el representante social puede realizar actos de investigación sin intervención judicial y con supervisión de ésta; no obstante, la vista con los dictámenes periciales no se equipara algunos de los actos de investigación que pueden producir una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, en tanto que no se trata de la inspección de personas, revisión corporal, la inspección de vehículos, la aportación de comunicaciones entre particulares o el reconocimiento de personas. Por tanto, la actuación que el justiciable considera que vulnera sus derechos, en realidad no constituye un acto que trastoque algún derecho sustantivo durante la etapa de investigación inicial; sobre todo, que durante esta etapa el agente investigador no está recolectando o constituyendo medios de prueba que sirvan para determinar la comisión de un delito o la plena responsabilidad del imputado, como ocurría en el sistema tradicional o mixto, sino más bien, el citado representante social se está allegando de datos de prueba que permitan judicializar la carpeta de investigación y en su caso, el Juez de Control, resuelva si es dable continuar con la investigación complementaria. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, que a la letra dice: "Registro digital: 2015500 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: XXVII.3o.48 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, página 1947 Tipo: Aislada "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." Así, a pesar de que el justiciable considere que la actuación del agente del Ministerio Público vulnera su oportunidad y capacidad de defensa, lo cierto es que al iniciarse la etapa de investigación complementaria contara con una oportunidad efectiva de defensa ante el Juez de Control; en el entendido de que los datos de prueba recabados antes de la etapa complemantaria, no sirven para sustentar la acusación en juicio, sino sólo para estimar procedente el inicio de la investigación complementaria. De ahí que la actuación del agente del Ministerio Público no constituya una afectación real y directa a los derechos sustantivos del justiciable, en tanto que el actual sistema penal acustario y oral, no permite que el agente del Ministerio Público constituya medios de prueba sin la intervención del imputado, precisamente, por que los medios de prueba solo se pueden generar una vez iniciado el procedimiento penal con posterioridad al auto de vinculación a proceso; lo que implica que, los datos de prueba recabados con anterioridad, como lo sería el dictamen pericial de que se duele el quejoso, no tenga ningún efecto en un hipotético procedimiento penal incoado en su contra. Máxime que, de ser el caso que se judicialice la carpeta de investigación, el peticionario del amparo puede hacer valer ante el juez de control las irregularidades que haya cometido en agente del Ministerio Público durante la etapa de investigación inicial y que hayan significado, como lo sostiene en la demanda de amparo, una afectación a su derecho de defensa. En esa tesitura, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Exhortación a las partes para la realización del juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Por otra parte, se hace la precisión que el presente acuerdo deberá notificarse personalmente, sin embargo, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.***
- Principal
Número de expediente: 106/2021 Acuerdo: Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de Atención Integral Región Norte adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 106/2021-VI. Prevención. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento, con fundamento en el artículos 114, fracción II, y 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio, realice lo siguiente: 1. Aclare el acto que reclama de la autoridad señalada como responsable. Toda vez que en el capítulo respectivo de la demanda de amparo manifiesta que reclama todo lo actuado en la carpeta de investigación número********************; sin embargo, en sus conceptos de violación señala que lo que causa perjuicio es que no se le dio un plazo razonable y justificado para impugnar los peritajes rendidos en dicha indagatoria y para que, el perito designado aceptara el cargo y emitiera su peritaje, pues refiere que el plazo de tres días que le fue otorgado, no es razonable ni justificado para ejercer su defensa. De igual forma, señala que los dictámenes periciales en hechos de tránsito y terrestre y valuación de daños emitidos en la carpeta de investigación, no señalan con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o circunstancias justificadas para llegar a la conclusión que establecieron, así que carecen de adecuada motivación. Por tanto, surge la incertidumbre sobre si en realidad el acto que reclama es el acuerdo en el que se da vista con los dictámenes periciales en hechos de tránsito y terrestre y valuación de daños emitidos en la carpeta de investigación********************. 2. Aclare con qué carácter acude a la carpeta de investigación. Ello en virtud de que de los antecedentes de los actos reclamados, narrados bajo protesta de decir verdad, únicamente refiere que el tres de los actuales, acudió a imponerse de la carpeta de investigación y advirtió la irregularidad que ahora reclama; empero, no expresa con qué carácter lo hizo, esto es, si figura como víctima u ofendido, o bien, como imputado de los hechos que se investigan. En ese sentido, de conformidad con la fracción I, del artículo 261 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte quejosa que la persona que en un juicio de amparo con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita los que les consten, con relación al acto reclamado, a excepción de los contemplados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será acreedora a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces la Unidad de Medida y Actualización, en razón al valor diario, que se calculará de conformidad a lo establecido en el párrafo séptimo, Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con el requerimiento formulado en el inciso 1, se proveerá lo que en derecho proceda de acuerdo con lo señalado en la demanda de amparo y, en caso de no solventar el requerimiento establecido en el inciso 2, se tendrá por no presentada dicha demanda. Del domicilio para oír y recibir notificaciones.Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos aún las de carácter personal, hasta en tanto no señale domicilio en las ciudades de Apizaco o Tlaxcala.No obstante, dada la relevancia del presente acuerdo, por única ocasión notifíquesele en el domicilio particular que refirió en su demanda de amparo. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles.En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente.*****
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