Israel Flores Hernández

Expediente 510/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
510/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
05/11/2020

Partes del expediente

  • Israel Flores Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cinco de noviembre de dos mil veinte. Se autoriza devolución de documentos. Agréguese a sus autos el escrito signado por ********************, atento a su contenido, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase las documentales que indica para los efectos legales procedentes, previa identificación y toma de razón por su recibo. Atento a lo anterior, se informa al ocursante que deberá programar su cita a través del sistema "Agenda OJ", del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", lo que le permitirá acudir ante este órgano jurisdiccional, en términos de lo establecido en los artículos 2 y 6 del invocado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener la devolución de las documentales que anexó a su escrito de demanda. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Roberto César Morales Corona, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Causa estado demanda desechada. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de seis de octubre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Se ordena el archivo En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Existencia de Documentos. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, existen documentos catalogados como no originales que exhibió la parte quejosa en su escrito de demanda, respecto de los cuales se autoriza su devolución en caso de que así lo solicite. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Roberto César Morales Corona, que autoriza. Doy fe.Afo

  3. Principal

    Número de expediente: 520/2019 Acuerdo: Número de expediente: 520/2019 Acuerdo: Apizaco, Tlaxcala, dos de octubre de dos mil veinte. Preparación de la prueba testimonial. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante acuerdo de dos de julio de dos mil diecinueve, se admitió la prueba testimonial a cargo de ************, que ofrecieron los terceros interesados ***************. En ese orden de ideas, se requiere a los oferentes de la prueba para que presenten a sus testigos en la fecha y hora que se señale para el desahogo de la audiencia constitucional; quienes deberán comparecer con identificación oficial con fotografía; con apercibimiento que, de no presentarlos, se tendrá por desierta dicha probanza, ante la falta de interés, lo anterior con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, atendiendo a las condiciones que actualmente imperan con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el virus Covid-19 y con la finalidad de preparar el desahogo de la testimonial de mérito, se precisa que solo podrán comparecer a la audiencia: a) La parte quejosa, b) Los dos testigos, c) Los tres terceros interesados, d) Un delegado por parte de cada una de las autoridades señaladas con el carácter de responsables; y, e) El fiscal federal adscrito. Por tanto, este órgano jurisdiccional generará únicamente y proporcionara los códigos QR personalizados, tanto a los oferentes de la prueba, como a los dos atestes; los que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se harán llegar a los oferentes de la prueba junto con la notificación personal de este proveído. Al respecto, se les hace saber que queda bajo su estricta responsabilidad guardar los códigos QR impresos que se les envían o bien, descargarlos con posterioridad a un dispositivo móvil (como teléfono celular o tableta), para su presentación al momento de la diligencia, pues su ingreso al inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional se encuentra condicionado a su presentación. Igualmente, se les informa que, si bien los testigos deberán presentarse en el día y hora señalados, serán examinados en forma escalonada a fin de garantizar las medidas establecidas respecto al distanciamiento social. En virtud de lo anterior, se hace saber a las demás partes, con excepción de los terceros interesados ***********, que se les otorga un plazo de tres días, contado a partir del siguiente a aquél que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten si es su deseo comparecer físicamente al desahogo de la audiencia constitucional, o bien, a través de videoconferencia, conforme lo establecido en el artículo 6, fracción I, inciso f), del ya citado Acuerdo General 21/2020. En virtud del derecho que les asiste para formular repreguntas a los testigos, tal como lo establece el último párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo. Se apercibe a las partes que, de no hacerlo dentro del plazo conferido, se verificará la audiencia sin su presencia. En el entendido que, de optar por el comparecer a través de videoconferencia, quedará bajo su absoluta responsabilidad contar con los medios tecnológicos necesarios para estar en aptitud de comparecer virtualmente. Esto es, contar con un dispositivo electrónico con cámara de video y micrófono en condiciones aptas de funcionamiento, así como con la plataforma Cisco Webex, por ser la autorizada para tal efecto por el Consejo de la Judicatura Federal; así como contar con adecuada conectividad a internet. Asimismo, deberán proporcionar correo electrónico o número telefónico -fijo o celular-, para que, a través de ese medio puedan hacerse de su conocimiento las claves de sesión y de acceso correspondientes; en la inteligencia de que únicamente podrán estar presentes las personas que se identifiquen plenamente mediante identificación oficial vigente, a satisfacción de este órgano jurisdiccional, y que estén legitimadas para tal efecto. De la misma manera, se requiere a los testigos y a quienes acudan a la diligencia, para que se presenten cumpliendo con las medidas de seguridad e higiene a fin de salvaguardar la salud propia y de los funcionarios públicos que laboran en el órgano. Se deja sin efectos fecha de audiencia y se señala nueva fecha. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de octubre del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no será posible llevarla a cabo, ya que como se advierte de líneas que anteceden, se requirió a las partes para que manifiesten si desean acudir de forma presencial o a través de videoconferencia al desahogo de la prueba testimonial que tendrá verificativo al momento de celebrarse la referida audiencia. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se deja sin efectos la fecha originalmente señalada y se precisa que la audiencia constitucional deberá tener verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. ****

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, seis de octubre de dos mil veinte. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ********** o **********, por propio derecho, contra actos del Notario Público número Uno de la Demarcación Notarial de Juárez y otra autoridad. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 510/2020-V-B. Estudio de la demanda. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. En el particular, debe destacarse que la parte quejosa acude a este órgano de control constitucional a reclamar la falta de emplazamiento al procedimiento sucesorio intestamentario extrajudicial a bienes de **********, radicado ante la Notaría Pública número Uno de la demarcación notarial de Juárez, bajo el número de acta notarial ochenta mil doscientos veinte, volúmen novecientos siete del protocolo abierto. Luego, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que la responsable no tiene el carácter de autoridad para el juicio de amparo. Para efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, las notas distintivas de la autoridad responsable son: a) La existencia de un ente que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ilustra sobre lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro: 161133 Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Página: 1089 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En relación con el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo y, en particular, respecto de la actuación de los Notarios Públicos al tramitar una sucesión extrajudicial, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 364/2016, sostuvo las siguientes consideraciones: Al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS, concluyó que los notarios públicos no eran autoridad para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 11 de la abrogada Ley de Amparo; al estimar que, únicamente, actuaban como simples fedatarios de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que entre éstos y el particular no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan. Dicho criterio quedó plasmado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN)." No obstante, en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma en materia constitucional de 2011, se destacó la importancia de precisar que el juicio de amparo protege a las personas no sólo contra actos de autoridad, sino también contra actos de particulares; por lo que el concepto de autoridad debía modificarse, entre otras razones, porque en materia de derechos humanos, la vulneración más importante de tales derechos no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias. Por tal motivo, el legislador ordinario determinó que los particulares tendrían el carácter de autoridad cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II del artículo 5o. y cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta, de modo tal que su reconocimiento como tal dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar, por el tribunal, el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. Por tanto, el criterio actual para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues también se toma en cuenta que con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Para que pueda otorgársele a alguien el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. El notario público es un delegatario del poder público del Estado, dotado de autoridad para dar fe pública de los actos que se celebran ante él y de aquellos en los que intervenga de acuerdo con lo que le está permitido por la ley a fin de darles autenticidad. Es un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. La función que desempeña el notario deviene por mandato expreso del legislador, a través del cual, delegan a los fedatarios públicos facultades que originalmente estaban concedidas a la autoridad judicial para conocer de varios tipos de procedimientos, y es por ello que los particulares pueden válidamente realizar tramitaciones, como las sucesorias ante los notarios públicos, sin tener que acudir necesariamente ante la presencia de un órgano jurisdiccional cuando se cumplen ciertos requisitos. Sin embargo, los asuntos que se tramiten ante ellos deben revestir determinadas características. En ese sentido, por ejemplo, pueden exisitir los siguientes requisitos: que subsista acuerdo entre los solicitantes; que todos los herederos sean mayores de edad; que haya sólo un heredero o que la mayoría de ellos sean mayores de edad; o, que no exista conflicto entre los herederos. En efecto, en diversas legislaciones se dispone que en caso de surgir conflicto entre los herederos o por terceras personas, el notario debe abstenerse de tramitar el asunto y deberá remitirlo al Juez familiar competente. Bajo ese contexto, debe decirse que, en general, las actuaciones dentro de los procedimientos sucesorios no son constitutivos de derechos y obligaciones, sino que son meramente declarativos: se limitan a esclarecer una situación preexistente, particularmente los derechos y obligaciones adquiridos por la muerte de cuius y desde el momento de la misma. En la eventualidad de que se deba resolver un conflicto, sea entre herederos o con un tercero, el notario debe abstenerse de conocer el asunto porque no tiene facultades para dirimir controversias. La función del notario consiste únicamente en dar fe pública de actos jurídicos o hechos, no así para modificar situaciones jurídicas. Así, se concluye que cuando un notario público tramita una sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria: a) No establece una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente da fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y el albacea, ya sea entre ellos o con terceras personas. b) No emite unilateralmente resoluciones que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones. c) No establece nuevas situaciones jurídicas. Debe prevalecer el criterio de que los notarios públicos no pueden ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando lleven a cabo trámites sucesorios extrajudiciales, puesto que en dichos procesos no se afecta ningún derecho, sino que únicamente se da fe de ciertas situaciones jurídicas. Además, se recuerda que si alguno de los intervinientes o un tercero siente que hay una vulneración a su esfera jurídica, deberá promover el procedimiento ante la autoridad judicial competente. De las consideraciones anteriores derivó la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2020413 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 69, Agosto 2019, Tomo II Materia(s): Común, l Tesis: 1a./J. 41/2019 (10a.) Página: 1144 "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." En tales condiciones, los actos realizados por el Notario Público número Uno de la demarcación notarial de Juárez, Zaragoza, Huamantla, Tlaxcala, al tramitar la sucesión intestamentaria a bienes de **********, no constituyen actos de autoridad respecto de los cuales proceda el juicio de amparo, en tanto que en dicho procedimiento no se afecta ningún derecho, sino que únicamente se da fe de ciertas situaciones jurídicas. Sobre todo que, como lo establece el artículo 1166 ter del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, si alguno de los intervinientes o un tercero expresa que hay una vulneración a su esfera jurídica, deberá promover el procedimiento ante la autoridad judicial competente. El referido numeral es del orden siguiente: "Artículo 1166 TER. Tratándose de sucesiones intestamentarias, estas se podrán tramitar en procedimiento especial ante Notario Público, conforme lo dispone el presente artículo y demás disposiciones aplicables a este caso: I. Derogada. II. Derogada III. Derogada IV. Si durante la sustanciación del procedimiento especial surgiere controversia entre los interesados, el Notario se excusará de seguir conociendo de dicho procedimiento, remitiendo todo lo actuado al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que éste lo turne al Juzgado competente para conocer del asunto, o, en su caso, al juez competente que lo requiera." Entonces, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción, XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, es procedente, con fundamento en los diversos 112 y 113 de dicho cuerpo de leyes, desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********** o **********, por propio derecho, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. No es óbice que en la especie también se señale como autoridad responsable al Director Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala (antes Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado) y que dicho ente, por sus atribuciones, sí pueda ser considerado autoridad para efectos del juicio de amparo. Toda vez que el reclamo del quejoso está dirigido a evidenciar la afectación que resiente por no haber sido llamado al procedimiento sucesorio extrajudicial, sin que se atribuyan vicios propios a los actos del referido Director de Notarías; de ahí que la improcedencia advertida deba comprender también a los actos de ejecución que se le reclaman. Esta conclusión encuentra soporte, por analogía, en la jurisprudencia del otrora Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que dice: "Época: Séptima Época Registro: 253622 Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Página: 286 AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Anotación en libro de gobierno y sise. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Domicilio para oír y recibir notificaciones. El quejoso señala domicilio para oír y recibir notificaciones, atento a ello, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase al impetrante que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las resoluciones que al efecto se emitan en este juicio de amparo se le harán mediante lista, la cual podrá ser consultada vía internet. Asimismo, se tiene al quejoso proporcionando el correo electrónico javiarenas7@hotmail.com; lo anterior, como una forma especial y expedita de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autorizados en términos amplios. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo al Licenciado Javier Arenas Rojas por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, por no contar con dicho registro. Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto del presente año, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ( Transparencia y Datos Personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Roberto César Morales Corona, con quien actúa. Doy fe.rmmc.

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