Israel Orea Berruecos

Expediente 1109/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1109/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Israel Orea Berruecos

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que en auto de ocho de agosto del presente año, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    ***A la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 651/2021, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el seis de agosto de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: La falta de emplazamiento al juicio reivindicatorio 342/2013 del índice del Juez responsable; y, como consecuencia la afectación material del bien inmueble identificado como lote número nueve, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala el cuatro de agosto de dos mil diez, bajo la partida número doscientos sesenta y nueve, foja sesenta y cuatro vuelta, sección primera, volumen ciento veinticinco, del Distrito Judicial de Hidalgo. SEGUNDO. Trámite del Juicio Constitucional. Por proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó radicar el asunto, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento; se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintiséis de enero de dos mil veintitrés. TERCERO. Sentencia y Recurso de revisión. El veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva en el presente asunto, en la que se sobreseyó el juicio de amparo al no exhibir la publicación de los edictos, inconforme con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual se radicó bajo el amparo en revisión civil 89/2023, mismo que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante sesión ordinaria celebrada el veinte de abril de dos mil veintitrés, en la que ordenó reponer el procedimiento a fin de reanudar el plazo otorgado para la entrega de la publicación de los edictos; se exhibieron los edictos respectivos, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza civil; y, porque la autoridad a quien se le reprocha tiene su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La falta de emplazamiento al juicio reivindicatorio 342/2013 del índice del Juez responsable; y, como consecuencia la afectación material del bien inmueble identificado como lote número nueve, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala el cuatro de agosto de dos mil diez, bajo la partida número doscientos sesenta y nueve, foja sesenta y cuatro vuelta, sección primera, volumen ciento veinticinco, del Distrito Judicial de Hidalgo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con el original del juicio 342/2013. Documental que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. En principio se precisa que del análisis integral de la demanda, y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa reclama ostentándose como tercera extraña al juicio reivindicatorio 342/2013 la falta de emplazamiento. Precisado lo anterior, esta Juzgadora Federal advierte actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción I y 6° todos de la Ley de Amparo, relacionados con el artículo 107, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que deba sobreseerse en el presente juicio de amparo indirecto, lo anterior, pues se estima que el acto reclamado no causa una afectación real y actual a la parte quejosa. El principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así, es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un ciudadano, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. En efecto conforme a los dispositivos en cita, para poder instaurar el juicio de amparo, se debe resentir una afectación personal y directa, más aun tratándose de resoluciones provenientes de tribunales judiciales, en donde se reclame un derecho subjetivo del que se estima es titular. En ese sentido, es pertinente destacar que la legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Luego, debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; en cambio, la segunda consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Así, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el objeto mismo, es decir, con la protección a los derechos y su consiguiente restitución; sin embargo, tal aspecto también se rige por otras normas y principios íntimamente relacionados con el tema, como son el principio de instancia de parte y el diverso principio de agravio personal y directo. Por lo que hace al principio de instancia de parte, debe señalarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, se promueve por vía de acción. Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo puede iniciarse, tramitarse y resolverse, en virtud de que la parte que se dice agraviada por un acto de autoridad, esto es, sólo los titulares de los derechos constitucionales, que consideran se ha violado en su perjuicio pueden hacer valer la acción de amparo. En cambio, de acuerdo con el principio de agravio personal y directo no sólo basta que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte, sino que ésta tiene que haber resentido un agravio personal y directo; dicho principio se encuentra contenido en el artículo 6º de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. En consecuencia, se sostiene que la legitimación para acudir al juicio de amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio (daño o perjuicio) actual o inminente de forma directa e inmediata, con motivo de un acto de autoridad, en sus derechos legítimamente tutelados por la Ley Fundamental o en su caso a quienes los representen legalmente. De ahí que, a criterio de esta juzgadora, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia referida, toda vez que el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio reivindicatorio 342/2013 y como consecuencia la afectación material del bien inmueble identificado como lote número nueve, por lo cual no resiente una afectación de manera directa. Se explica: De las constancias remitidas por el Juez responsable como justificante de sus actos se advierte esencialmente que: El tres de marzo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el juicio 342/2013 en la que se estableció que el actor Jaime Corenstein Gitlin en representación de José Gilberto Temoltzin Martínez, acreditó ser legítimo propietario de los bienes inmuebles denominados lote número cuatro y lote número nueve, del fraccionamiento de la Colonia Zahupan, de la ciudad de Tlaxcala, y se condenó a los demandados, negociaciones mercantiles denominadas RESPUESTA RÁPIDA DE CASA DE EMPEÑO, PESCADOS Y MARISCOS "AL MAR" PANADERÍA "LA ARTESA", CASA TIENDA DE REGALOS y Ramón Gómez Archundia, a la restitución y entrega material de los citados bienes (fojas 3604 a 3656 del tomo V de pruebas). Ahora bien, en el caso, la parte quejosa no demostró que los actos que reclama afecten su interés jurídico; ello, dado que en el caso en concreto de las pruebas aportadas no se advierte que tenga algún título con el que justifique la posesión o propiedad del bien inmueble del que aduce es dueño, se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a fin de que sea oponible ante terceros, lo cual le correspondía acreditar al quejoso, para demostrar su interés jurídico en el asunto de origen. Las consideraciones precedentes también encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 17/91, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, registro 187733, la cual es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS". Bajo ese orden de ideas, es indudable que el quejoso tiene el carácter de tercero extraño, pues no es parte material del juicio de origen, y con tal carácter sostiene que lo actuado en el juicio de origen vulneró su derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 de la Constitución Federal, en virtud de que no obstante que es el dueño del bien inmueble motivo del litigio, se le privó de tal derecho sin que previamente se haya seguido juicio en su contra. Para demostrar lo anterior, el quejoso exhibió las siguientes pruebas: Copia certificada del acuerdo dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 55/2011, de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, con el que se ordenó la adjudicación directa a su favor del bien inmueble. Cabe destacar que, si bien en tal auto se advierte únicamente el lote, así como los datos registrarles del mismo, lo cierto es que del juicio de amparo indirecto 374/2018 del índice de este juzgado, promovido por José Gilberto Temoltzin Martínez -aquí tercero interesado-, en contra de la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 55/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, se advierten los diversos datos del predio de mérito; esto es, lote número nueve, del fraccionamiento de la Colonia Zahupan, de la ciudad de Tlaxcala. Sin embargo, como se anticipó, la prueba que exhibió es insuficiente para demostrar que la parte quejosa detenta un derecho de propiedad sobre el inmueble y que éste es oponible a terceros. Lo anterior, porque a fin de que un derecho real sea oponible a uno de igual categoría, debe estar inscrito en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado. Ello es así, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 29, inciso e), del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, se advierte que la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado es la oficina pública a través de la cual el Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante los asientos que en ella se efectúan, cumple la función de dar publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos, así como a los actos y hechos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse, para surtir efectos contra terceros. De igual forma, que de acuerdo con el principio de inscripción, cuando conforme a la ley algún acto deba inscribirse en el Registro, su inscripción en la Oficina Registral correspondiente será bastante para que surta sus efectos ante terceros, y los títulos que conforme a la ley de la materia sean registrables y no se registren, no producirán efectos en perjuicio de tercero. De lo anterior se puede establecer que la inscripción en el Registro Público constituye el acto que otorga publicidad a los pactos y negocios jurídicos que conforme a la ley deben registrarse, de manera que, no es válido que quien ignore el estado que guarda un determinado bien, precisamente por la falta de inscripción de la situación que respecto de éste prevalece, sufra consecuencias negativas por una omisión que no le es atribuible. Con base en lo expuesto, era necesario que el quejoso para demostrar que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo indirecto, en defensa del bien precisado, acreditara que en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado, tal bien está registrado como parte de su propiedad; extremo que no quedó probó. Se afirma lo anterior, toda vez que la parte quejosa fue omisa en exhibir constancia alguna en el que demostrara que el bien inmueble identificado como lote número nueve, del fraccionamiento de la Colonia Zahupan, de la ciudad de Tlaxcala se encontrara inscrito en el registro correspondiente; ello, a fin de que pudiera surtir efectos contra terceros. No es óbice a lo anterior, que el juicio reivindicatorio al que alega el quejoso no fue emplazado se dictó sentencia definitiva el tres de marzo de dos mil veintiuno y el auto en el que se decretó la adjudicación directa del bien inmueble se emitió el cuatro de agosto de dos mil diecisiete; sin embargo, desde la fecha en que se dio inicio el juicio reivindicatorio (dos mil trece -342/2013-), a la data en que se emite la presente sentencia, el quejoso no demostró con documento alguno, como por ejemplo, el auto en que se decretó la adjudicación directa, ni el proveído en el que causó estado dicho acuerdo, se encontraran inscritos en el Registro Público de la Propiedad y por ende, que éstos surtieran efectos contra terceros. En ese sentido, es claro que el Juez responsable no tenía la obligación de llamar al juicio reivindicatorio 342/2013 al quejoso, pues no acreditó que el bien inmueble que aduce poseer y respecto del que dice tener derecho se encuentre inscrito en el registro correspondiente, por lo tanto, tales actuaciones no podrían surtir efectos contra terceros, pues de ser así, dichos terceros sufrirían consecuencias negativas por una omisión que no les es atribuible; de ahí que al no exhibir prueba idónea que acrediten lo anterior no es factible tener por demostrado su interés jurídico. Cobra aplicación al caso, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, de la Octava Época, visible a página 216, con registro 226921 de rubro siguiente: "DESPOSESION. TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO. LA SOLA EXHIBICIÓN DE UN INSTRUMENTO NOTARIAL NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA AFECTACION A SU INTERÉS JURÍDICO.". Bajo esa línea de pensamiento, si el citado artículo 6º de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual refleja que la legitimación procesal para ocurrir al amparo solo la tiene la persona o personas, directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatoria de derechos y, en el caso, esa circunstancia no se colma, entonces la parte que solicita el amparo carece de legitimidad para acudir a la presente vía. En esas condiciones, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I y 6°, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E LV E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, por propio derecho, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades correspondientes. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy tres de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Jordy Santos Ávila, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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