Israel Gante Martinez
Expediente 708/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Israel Gante Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el sobre devuelto por el Jefe del Centro de Administración Postal, Centro, Oaxaca, el cual contiene el oficio 16000 -con la inserción de la resolución de once de agosto del actual, que sobreseyó en el juicio por inexistencia de los actos reclamados-, dirigido al Director de Seguridad y Operaciones dependiente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, con la anotación ""rehusado por la oficial de partes". Por tanto, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; .". Se tiene por hecha la notificación a la citada autoridad de la resolución dictada en este juicio de amparo con fecha once de agosto de dos mil veintidós. Máxime que mediante auto de ocho de septiembre del año en curso se declaró la ejecutoria de la citada resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... En la misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente sería destruible, después de tres años. Sin embargo, en términos de lo dispuesto en el capítulo del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, específicamente en el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano" atendiendo a que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, este expediente ES DEPURABLE, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a sus autos los oficios de cuenta de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula III-8 Oaxaca, en el Estado de Oaxaca, respectivamente. En atención al primero de los citados oficios, se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, haciendo del conocimiento que remitió oficio al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, al que anexó el acuerdo de nueve de agosto actual, por el que se hizo del conocimiento que el quejoso Israel Gante Martínez, manifestó en su demanda ser objeto de incomunicación, malos tratos, ataques a su integridad física y peligro de la vida, desnutrición y discriminación. De lo anterior se toma nota para los efectos legales correspondientes. Respecto del segundo de los oficios de cuenta, como lo solicita la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula III-8 Oaxaca, en el Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo pide, mediante oficio remítasele copia certificada del juicio de amparo 708/2022, a fin de que integre la carpeta de investigación FED/OAX/OAX0000978/2022, respecto de los actos señalados por el quejoso en la demanda de amparo origen de este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA "...VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo 708/2022 promovido por Israel Gante Martínez, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece CPS-Oaxaca; y, Director General del Centro Federal de Readaptación Social Federal número trece CPS-OAXACA (CEFERESO 13), con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos atribuidos a autoridades penitenciarias, y debido a que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número trece CPS-Oaxaca, por lo que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". El quejoso reclama: Autoridad responsable Acto reclamado Director General del Centro Federal de Readaptación Social Federal número trece CPS-OAXACA (CEFERESO 13), con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. La incomunicación, malos tratos, ataques a su integridad física y peligro de la vida, desnutrición y discriminación. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable negó la existencia de los actos reclamados. Cabe precisar que las autoridades señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda, Director de Seguridad y Operaciones, dependiente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México y el Director General de Prevención y Reinserción Social, residente en Toluca, Estado de México, también rindieron su informe justificado negando la existencia de los actos reclamados; sin embargo, se reitera que los actos consistentes en: La incomunicación, malos tratos, ataques a su integridad física y peligro de la vida, desnutrición y discriminación. Únicamente se atribuyeron al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece CPS-Oaxaca -respecto de quien se admitió a trámite la presente demanda-. Ya que respecto del citado Director y de las autoridades restantes: Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México. Director de Seguridad y Operaciones Dependiente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de del Estado de México. Directora del Centro de Prevención y Readaptación Social de Jilotepec del Estado de México. A quienes únicamente se les reclamó el traslado del quejoso a diverso centro penitenciario -y no los actos que contravienen el artículo 22 Constitucional-, SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, por lo que no se hará ningún pronunciamiento sobre dichas autoridades en esta resolución. Ahora, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece CPS-Oaxaca, al rendir su informe justificado manifestó que no obstante que al quejoso se le han respetado sus derechos fundamentales, mediante oficio CFRS13/DG/DS/01886/2022 de veintitrés de junio del actual, se solicitó a los encargados de la Dirección Técnica, Dirección de Seguridad, Subdirección de Apoyo Técnico y al Coordinador Médico del Centro Federal que se abstuvieran de realizar en contra del quejoso, actos de tortura física, incomunicación, malos tratos, peligro de la vida, ataques a su integridad física, discriminación, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Por lo que el encargado de la Dirección de Seguridad, mediante memorando CFRS13/DG/DS/04103/2022 de veintitrés de junio de esta anualidad instruyó a los comandantes y encargados de compañías de seguridad y custodia a efecto de que éstos y el personal a su mando, se abstengan de efectuar en contra del quejoso tales actos. De igual forma, precisó que no es cierta la incomunicación reclamada por el quejoso, ya que ésta se caracteriza por la prohibición absoluta de comunicarse con tercera persona, situación que no acontece, toda vez que el quejoso tiene intocado su derecho a realizar llamadas telefónicas al exterior, y ha registrado comunicación, -como se advierte del historial de llamadas que anexó a su informe-, además de que se le garantiza su derecho de enviar y recibir correspondencia, así como a recibir visita familiar y de defensor y autorizados en los días que tiene programados. Y señaló que el quejoso ha recibido atención médica y medicamentos siempre que lo ha necesitado, y en fecha seis de julio de dos mil veintidós -posterior a la presentación de la demanda (veinte de junio del actual)- se le diagnosticó con hernia umbilical no complicada e insomnio crónico, para lo cual el médico le indicó tratamiento farmacológico a base de quetieapina tabletas, diclofenaco tabletas y vitaminas y minerales, mismos que se suministran al quejoso. Asimismo, la autoridad penitenciaria añadió que al momento de la valoración, el médico tratante no advirtió que el paciente presente desnutrición, por lo que únicamente le recetó medidas higiénico dietéticas y recomendó reducir el consumo de alimentos con excesos de calorías, azúcares, sodio y grasas. Como lo acreditó con las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. De lo anterior, se advierte que no son ciertos los actos reclamados por el quejoso ya que la autoridad responsable negó tales actos y refirió que la Constitución le ordena respetar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y el numeral 9° del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, prohíbe cualquier tipo de procedimientos que provoquen el menoscabo de la dignidad de las personas. Luego, de las constancias que la autoridad responsable remitió como apoyo a su informe, se advierte que el quejoso no se encuentra incomunicado ya que ha realizado diversas llamadas con su pareja María Estefanía Jesús Andrade con fecha anterior y posterior a la presentación de la demanda de amparo (veinte de junio de dos mil veintidós). Además, de la valoración médica realizada al quejoso el seis de julio del actual, se advierte que no sufre de desnutrición; se le dio tratamiento para aliviar sus padecimientos de hernia umbilical no complicada e insomnio crónico y se le proporcionaron los medicamentos respectivos -como consta en el formato de suministro de medicamentos que anexa a su informe justificado, donde obran las firmas del quejoso-. Por otra parte, del formato de suministro de medicamentos que anexa la responsable, se advierte que al quejoso se le han brindado vitaminas y minerales en tableta y del examen físico que le fue practicado, se infiere que cuenta con un peso de setenta y seis kilogramos y su talla es de un metro sesenta y siete centímetros. Asimismo, de esa inspección que le fue practicada al quejoso (de treinta y nueve años de edad), se advierte que se encuentra anatómicamente íntegro. Ahora, al ingresar los datos del quejoso en la tabla de valores para calcular el Índice de Masa Corporal del Instituto Mexicano del Seguro Social, se obtuvo que éste, presenta un índice de masa corporal de 272.00, Obesidad III. De modo que resulta razonable que el médico del Centro Penitenciario, recetara al aquí quejoso reducir el consumo de alimentos con excesos de calorías, azúcares, sodio y grasas y se le suministraran vitaminas y minerales. Lo que corrobora la inexistencia de los actos reclamados por el quejoso. Sin que el promovente aportara ningún medio de convicción para desvirtuar lo anterior, no obstante que cuenta con autorizados particulares para recibir notificaciones y defensor público federal. Por tanto, si bien es cierto que esta autoridad está obligada a indagar respecto a los actos alegados, pues aunque no son actos de tortura son de aquellos prohibidos por el 22 Constitucional -incomunicación, malos tratos, ataques a su integridad física y peligro de la vida, desnutrición y discriminación-. Sin embargo, ello procede siempre y cuando existan elementos que denoten, aunque sea vagamente, que pudieren haber acontecido, es decir, que se vislumbre algún dato que haga presumir su práctica. En el caso, de las constancias remitidas por las autoridades responsables para corroborar su negativa y que al quejoso se le respetan sus derechos fundamentales, no se advierte evidencia razonable para tener por acreditados los actos que reclama el quejoso, y que imponga ordenar la investigación correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (...) Así como la tesis, (...) Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN ESTE JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Finalmente, en atención a que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número trece CPS-Oaxaca, se comisiona al actuario judicial en turno, a fin de que realice la notificación de esta determinación personalmente al quejoso, en su centro de reclusión, conforme al calendario de fechas programadas. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por (...), contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-Oaxaca, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por las razones apuntadas en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL ADSCRITA, AL QUEJOSO EN SU CENTRO DE RECLUSIÓN Y A SU DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL. Así lo resolvió y firma electrónicamente, Virginia Francisca Maldonado Peralta, Secretaria encargada del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de mayo de 1995, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de julio de dos mil veintidós y comunicado mediante oficio CCJ/ST/2987/2022, de esa data, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión citada, ante Dámaris Angélica Arango Vera, Secretaria que autoriza y da fe, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma. Doy fe.
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