ISNARY FROMETA LEYVA y Otros.
Expediente 895/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 895/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Isnary Frometa Leyva
- ISNARY FROMETA LEYVA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que por una parte sobreseyó en el juicio y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto por una parte se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, aunado a que en auto inicial se concedió la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el sobre cerrado que devuelve el Jefe del Centro de Administración Postal Mexicano, que contiene el oficio 15583, por el que se solicitó su informe justificado al Director de la Estación Migratoria de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, ya que el seis de septiembre del año en curso, se resolvió el presente juicio de amparo. CÚMPLASE.
- Principal
MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 895/2022 promovido por José Alberto Vera Pantoja, en representación de los quejosos Isnary Frometa Leyva y otros, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y otra autoridad; y, R(...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un procedimiento de naturaleza migratorio, seguido ante autoridades de esa índole con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". La parte quejosa reclama: Autoridades responsables Actos reclamados Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración. Sub representante local del Instituto Nacional de Migración. Detención y privación de la libertad. Deportación. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado consistente en la deportación. De la relación de constancias en la audiencia constitucional, se advierte que las autoridades responsables no rindieron su informe justificado, no obstante que fueron notificadas de su solicitud el nueve de agosto pasado. No obstante lo anterior, las responsables rindieron sus informes relativos a la suspensión de plano, en el que negaron la existencia de los actos reclamados, entre los que se encuentran la deportación reclamada por los quejosos, ya que precisaron que los procedimientos administrativos migratorios de los quejosos, se encuentran integrándose y pendientes de resolución, de ahí que se advierte que es inexistente la orden de deportación reclamada. Sin que la parte quejosa aportara ningún medio de convicción para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN ESTE JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DE LA DEPORTACIÓN RECLAMADA. CUARTO. Existencia del acto reclamado consistente en la orden de detención y privación de la libertad. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables consistentes en la orden de detención y privación de la libertad. Es así, porque no obstante que las responsables negaron la existencia de dichos actos, del contenido de sus informes se advierte que los aquí quejosos fueron puestos a su disposición por la autoridad ministerial al estar sujetos a una carpeta de investigación, por lo que el uno de agosto del año en curso, fueron alojados en la Sub representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, con carácter de presentados. Y por oficio de la autoridad ministerial de ocho de agosto de dos mil veintidós, los quejosos quedaron en completa disposición de la autoridad migratoria, encontrándose pendiente la resolución de su situación migratoria. Lo que desvirtúa la negativa de las autoridades responsables respecto de tales actos y que se corrobora con las constancias remitidas en apoyo a sus informes, mismas a las que se les otorga valor probatorio probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: Mediante oficio número OAX-EIL-E1C5-814/2022 de uno de agosto del año en curso, derivado de la carpeta de investigación FED/OAX/MR/0001246/2022 suscrito por el licenciado Luis Eduardo Vásquez Sánchez, Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la célula I-5, Oaxaca, dejó a disposición de la autoridad migratoria a los aquí quejosos de nacionalidad cubana, al encontrarse una carpeta de investigación en su contra. Derivado de lo anterior, en la misma fecha de guarda y custodia -uno de agosto del año en curso-, el encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, inició los procedimientos Administrativos Migratorios correspondientes, quedando los quejosos alojados en la Sub representación, con Estancia Provisional Migratoria, con el carácter de presentados. El ocho de agosto del año en curso, se recibió en la Sub representación Local del Instituto Nacional de Migración, el oficio OAX-EIL-E1C5-840/2022 de la misma fecha, derivado de la citada carpeta de investigación, mediante el cual la representación social dejó en completa disposición de la autoridad migratoria a los quejosos, a efecto de que procediera conforme a sus facultades. En cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo en auto inicial, por acuerdo de ocho de agosto del actual, la autoridad migratoria notificó a los quejosos la concesión de la medida cautelar, y les informó de los requisitos que debían cumplir, para ordenar sus egresos del recinto migratorio, sin que a la fecha en que rindieran su informe (diez de agosto del actual) dieran cumplimiento a dichos requisitos. Detención y privación de la libertad que constituyen los actos reclamados en este expediente. SEXTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Por lo que hace a la orden de deportación reclamada, la parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Las autoridades responsables vulneran en perjuicio de los quejosos el artículo 16 Constitucional ya que los actos reclamados fueron emitidos transgrediendo el principio de legalidad, pues debieron haber sido emitidos por autoridad competente y estar debidamente fundados y motivados. Además que el arresto no puede durar más de treinta y seis horas, según dispone el artículo 21 Constitucional. Se vulnera el artículo 14 Constitucional que consagra el principio de seguridad y certeza jurídica, ya que la detención de los quejosos se realizó sin mediar juicio ante Tribunal competente con las formalidades esenciales del procedimiento. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación respecto de la orden de detención y privación de la libertad. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN expuestos por los quejosos RESULTAN INFUNDADOS, sin que exista queja deficiente por suplir. Es cierto que el artículo 21 de la Constitución Federal dispone que: "Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas". Sin embargo, en el caso, los quejosos fueron privados de la libertad personal efectivamente, no por la comisión de un delito o falta administrativa a los Reglamentos gubernativos o de Policía, sino debido a la revisión migratoria que se les realizó, pues en su calidad de extranjeros no acreditaron que su estancia en el territorio nacional mexicano estuviera regularizada. Por ese motivo, el plazo de treinta y seis horas que los quejosos afirman en su primer concepto de violación, es el máximo por el que una persona puede ser detenida cuando se le atribuye la comisión de una falta administrativa, no les es aplicable. Por el contrario, el procedimiento administrativo migratorio permite que la detención ocurra en un plazo mayor al señalado, sin que signifique una contravención a los artículos 14 y 16 Constitucionales, como lo manifiestan los quejosos, porque el orden constitucional ha establecido un plazo máximo para las detenciones tratándose de faltas administrativas o para los delitos, mientras que, los plazos para la restricción de la libertad en los casos de migración, se contemplan en las disposiciones de la legislación ordinaria, por remisión expresa del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Art. 11.- Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones". Por tanto, la libertad de circulación o de tránsito es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona, la cual cuenta con al menos cuatro dimensiones: La libertad de circulación en el territorio nacional; La libertad de escoger residencia; La libertad de salir de cualquier país, incluso el propio; y, El derecho a entrar en su propio país. El precepto constitucional anterior reconoce entonces el derecho de circular de manera libre por todo el territorio nacional, pero ese derecho se encuentra restringido para los casos de migración. En el mismo sentido, el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, citado por la parte quejosa en sus conceptos de violación, también reconoce el derecho a la libertad de circulación: "ARTÍCULO 22. Derecho de Circulación y de Residencia 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público. 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo. 6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. 7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. 9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros". La norma convencional anterior es clara en reconocer el derecho a la libre circulación en un territorio nacional, sin embargo, ésta se realizará con "sujeción a las disposiciones legales", de manera que el ejercicio de ese derecho puede ser restringido en términos de la ley de la materia. Como se dijo, la privación de la libertad de los quejosos obedeció al hecho de que la autoridad ministerial dejó a los quejosos a disposición de la autoridad migratoria, por contravenir la Ley de Migración y su Reglamento e ingresar al País por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; y al no acreditar su regular estancia en el territorio nacional, fueron trasladados a la Sub Representación local en Oaxaca, a fin de resolver su situación migratoria, misma que según informaron las autoridades migratorias se encuentra pendiente de resolución. Así, el uno de agosto de dos mil veintidós, a los accionantes del amparo les fue dictado el acuerdo de presentación ante el Instituto Nacional de Migración, por virtud del cual se decretó el alojamiento temporal de los quejosos, mientras se resuelve su procedimiento migratorio, en términos del artículo 100 de la Ley de Migración, que dispone: "Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición". El segundo párrafo del artículo 99 de la misma Ley explica las consecuencias de la presentación de los extranjeros ante la autoridad migratoria: "Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero adulto que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno". De ahí que cuando se decreta la presentación de los migrantes, se acordará el alojamiento temporal para los extranjeros adultos que no acreditan su situación migratoria. A partir de esa presentación, el Instituto Nacional de Migración cuenta con el plazo de quince días hábiles para resolver la situación migratoria de los justiciables, de conformidad con el primer párrafo del artículo 111 de la Ley de Migración de la literalidad siguiente: "Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero". De manera que el alojamiento temporal se puede extender hasta sesenta días, en los supuestos previstos en las primeras cuatro fracciones del artículo transcrito y, para el caso de que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial o se hubiere interpuesto el juicio de amparo, la ley no señala un plazo máximo de duración. De lo expuesto, es posible concluir que no existe violación a los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la situación migratoria de los quejosos se encuentra restringida y determinada en la Ley de Migración, y la privación de su libertad se ajustó a lo dispuesto a dicha ley. Es orientadora al respecto la tesis aislada 2a. CXXVIII/2015 (10a.), con registro digital: 2010428, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título y contenido siguientes: "RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. ADICIONALMENTE A QUE SE TRATEN DE UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA DEL CONSTITUYENTE MEXICANO QUE IMPIDE SU ULTERIOR PONDERACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, TAMBIÉN SE ENCUENTRAN JUSTIFICADAS EN EL TEXTO DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011 (*), las restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior; razonamiento que generó, a su vez, que esta Segunda Sala emitiera el criterio jurisprudencial número 2a./J. 119/2014 (10a.) (**), relativo a que son inoperantes aquellos agravios en los cuales se pretenda desconocer el texto de la Ley Fundamental cuando se esté en presencia de una disposición que contenga una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional. Ahora bien, adicional a ello, de lo previsto en los numerales 30 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que los Estados Parte han dispuesto que las restricciones convencionalmente permitidas, son aquellas que por razones de interés general se dictaren en las leyes domésticas, con el propósito para el cual han sido establecidas, además de resultar ineludibles por razones de seguridad y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. En este sentido, las restricciones constitucionales encuentran sustento también en el propio texto del instrumento internacional en cita, pues se tratan de una manifestación soberana del Constituyente Originario o del Poder Revisor de la Norma Fundamental, en el que se incorporan expresamente este tipo de finalidades en la Constitución General". En consecuencia, al resultar INFUNDADOS los conceptos de violación, sin que se advierta la necesidad de suplir la deficiencia de la queja que derive en algún beneficio para los quejosos, procede NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA RESPECTO DE LA ORDEN DE DETENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ..., contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y del Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración, por las razones apuntadas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se NIEGA el amparo y protección de la justicia federal a las quejosas ..., contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y del Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración, por las razones apuntadas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, solicita se autorice la vinculación del expediente electrónico relativo a este asunto. Por tanto, se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este juzgado, para que efectúe la vinculación de este juicio con el diverso 928/2022 del índice del homólogo federal, por un plazo de cinco días contado a partir de que se notifique esta determinación al referido Juzgado de Distrito. NOTIFÍQUESE.
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