Isodoro Hernández Hernández
Expediente 674/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Isodoro Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de tres de julio de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14, fracción III del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, dado que se desechó la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Realícense las anotaciones correspondientes en los libros de control correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que transcribe el proveído de veintinueve de junio del año en curso, dictado por el Titular de ese juzgado, y remite la demanda de amparo promovida por ISIDORO HRNANDEZ HERNANDEZ y ALBINA LÓPEZ HERNANDEZ, contra actos del Juez de Control con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros y otra autoridad; lo anterior, por considerar que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, acorde a lo estipulado en los artículos 46 fracción II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, vigente a partir del veintidós de junio de dos mil quince, es el competente para seguir conociendo y resolver el presente asunto, con motivo de que previamente conoció por razón de turno del diverso juicio 240/2023. Ahora, toda vez que efectivamente en este juzgado se tramitó el referido juicio, infórmese al Titular del Juzgado declinante que este Órgano Jurisdiccional acepta la competencia planteada. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 674/2023. DE LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA ISIDORO HERNANDEZ HERNANDEZ y ALBINA LÓPEZ HERNANDEZ. AUTORIDAD RESPONSABLE. Juez de Control con sede en San Francisco Tanivet Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Fiscalías Foráneas de la Dirección de Averiguaciones Previas y procesos, encargado de la carpeta de Investigación número C.I22176/FVCE/TLACOLULA/2022. ACTO RECLAMADO 1. El derecho al acceso a la justicia contemplado en el artículo 17 Constitucional. 2. La discriminación por pertenecer a un grupo indígena zapoteca de San Migue del Valle, Villa de Díaz Ordaz, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y que hablan el idioma zapoteco de dicha población. 3. La discriminación por ser una persona adulta mayor de la tercera edad, al no darle el acceso a la justicia y la protección a sus derechos humanos. 4. La discriminación por ser una mujer perteneciente a un grupo indígena y recibir omisiones se actuaciones por parte del ministerio público, porque no ha judicializado la carpeta de investigación. 5. La negativa de cumplimiento de las obligaciones como servidor público, (el Juez de Control); al no ordenar al Agente del Ministerio Público responsable, el cumplimiento del acuerdo de seis de junio del presente año. 6. La negativa del Agente del Ministerio Público responsable, de judicializar la carpeta de investigación, tomando en consideración el hecho de que fue denunciado el veinticinco de junio de dos mil veintidós y los datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación, a pesar de haber impugnado el no ejercicio de la acción penal el seis de junio del presente año. GARANTIÁS INDIVIDUALES Y DERECHOS HUMANOS VIOLADOS. Artículo 14, 16, 17, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO Se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, ya que se actualiza LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, FRACCIÓN XX de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos que resulten de la Constitución o de la Ley aplicable al caso en concreto, y en este supuesto, se advierte que el acto reclamado es susceptible DE CONTROL JUDICIAL, por vía ordinaria, ya que la quejosa se encuentra en aptitud de hacer valer el INCIDENTE INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LO QUE ACTUALIZA LA REFERIDA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Lo anterior es así, ya que del estudio que se realice al escrito inicial de la demanda, se podrá determinar si colman los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos de los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, preceptos legales que prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción. "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia." Máxime que, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, ya que no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Lo anterior, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que, desde su promoción, se aprecia infructuoso, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, por lo cual el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional; es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En el caso, de manera indudable y manifiesta se advierte que se actualiza LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, FRACCIÓN XX de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos que resulten de la Constitución o de la Ley aplicable al caso en concreto, y en este supuesto, se advierte que el acto reclamado es susceptible DE CONTROL JUDICIAL, por vía ordinaria, ya que la quejosa se encuentra en aptitud de hacer valer el INCIDENTE INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LO QUE ACTUALIZA LA REFERIDA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA; que disponen lo siguiente: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos e dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". En el caso, como ya se expuso, en esencia la quejosa reclama omisiones de las autoridades responsables en la carpeta de investigación 22176/FVC/TLACOLULA/2022, como son el no judicializarla, la negativa de una tutela judicial efectiva, la discriminación al no darle el acceso a la justicia y la protección a sus derechos humanos; recibir omisiones se actuaciones; incumplimiento de las obligaciones de las responsables. Y con dichas omisiones, hace valer la negativa de una defensa adecuada. Sin embargo, como ya se precisó, respecto de las omisiones reclamadas, debe agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Lo anterior es así, pues el párrafo décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de los indiciados, víctimas u ofendidos, prevé los actos que requieren de control judicial inmediato. Por tanto, si el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación y que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, no obstante que no alude expresamente a los actos reclamados en este juicio de amparo, lo cierto es que éstos ocurren dentro de la carpeta de investigación. De modo que acorde con la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, quedó dilucidado que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación; con lo que se concluye que las omisiones reclamadas, previo a su reclamo en amparo, deben ser impugnadas ante el Juez de Control, con la finalidad de que éste resuelva lo conducente. Lo anterior, pues es a través de ese medio de impugnación (previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales) que se permitirá establecer si el acto objeto de reclamo es atentatorio de derechos de los quejosos, lo que será dilucidado en forma expedita y en breve término (en una sola audiencia y con citación de las partes), pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Se invocan en apoyo las referidas tesis de Jurisprudencia 27/2018 y 28/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 943 y 945 del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, respectivamente de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, as omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.". Por lo anterior, se reitera al actualizarse LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, FRACCIÓN XX de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. DIAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y en atención a la certificación realizada por el secretario de este juzgado, autorizando para recibirlas con las demás facultades que confiere el artículo 12 de la ley de Amparo, a los licenciados María del Carmen Cruz Cruz y Jesús Ángel Franco San Pedro; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la restante persona que menciona, toda vez que no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. SE SOLICITA COMPENSACIÓN Ahora, dado que el expediente de que se trata se remitió directamente a este Juzgado, y no a través de la Oficina de Correspondencia Común; en tales circunstancias gírese oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para que ésta a su vez realice la compensación respectiva y lo turne a este Juzgado. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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