Israel Díaz Arcos y Otros.

Expediente 602/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
602/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Israel Díaz Arcos y Otros.
  • Israel Díaz Arcos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Ejecutoria Luego, vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal e incidental son susceptibles de destrucción, conforme lo establece el numeral 20, fracciones I y III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído este juicio de amparo y negado la suspensión definitiva. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente principal e incidental, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Finalmente, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 602/2023-II, promovido por ********; de quienes el representante común, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, es Israel Díaz Arcos; contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez -acompañado de un oficio signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, pues dicho ocurso fue presentado de forma incorrecta en esa oficina-, turnado a este juzgado el mismo día, Israel Díaz Arcos y otros, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades.. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte peticionaria del amparo consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1º, 3º fracción V, 14, 16, 72 apartados D y E y 73, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Aclaración y posterior admisión de la demanda. Mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 602/2023-II y se mandó aclarar en los términos ahí indicados. Posteriormente, al haber sido aclarada la demanda de amparo, en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la totalidad de constancias que componen el juicio: De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México: La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación. De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México: La revisión, discusión y aprobación del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México: La sanción, publicación y expedición del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación. El citado ordenamiento, en calidad de autoaplicativo. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, aceptaron los actos que les fueron atribuidos, arriba fijados; de modo que se tienen por ciertos. Por su parte, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de que le fue oportunamente instado como se desprende de la pieza postal respectiva, tal como se desprende de la audiencia constitucional que antecede a este fallo; de manera de, acorde al artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos que le fueron atribuidos por la parte accionante del amparo. Además, la existencia del ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la publicación oficial del mismo, por tratarse de una norma general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento de este juzgado, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Cuarto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador constitucional determine si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que no se dirima la controversia constitucional planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura; hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, se advierte que en este asunto, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 5º, fracción I, del propio ordenamiento legal y con el diverso 107, fracción I, Constitucional, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) De los preceptos legales transcritos se desprende que no posee legitimación para acudir al juicio de amparo, quien no acredite resentir algún perjuicio por cierto acto u omisión de la autoridad, en su derecho subjetivo o en su interés legítimo. En torno a los actos aquí reclamados, los quejosos no demostraron contar con interés jurídico ni legítimo para acudir ante esta instancia constitucional. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya invocado, el juicio biinstancial es improcedente cuando el acto reclamado no afecta el interés jurídico o legítimo del quejoso. Respecto del interés jurídico, los numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; fijándose así uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el interés jurídico, mismo que se entiende como la afectación real que una persona sufre en sus bienes jurídicos reales u objetivos; y sólo en el caso de que se produzca dicha afectación, en forma personal, puede estimarse que ha nacido ese interés en quien concurre ante la potestad federal, reclamando el respeto a sus derechos públicos subjetivos. Esto es, el interés jurídico a que alude el precepto en cita, consiste en el derecho que asiste a un particular (persona física o moral) para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando así, un perjuicio a su titular. En tal tenor, se trata de una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular, por lo que no todo gobernado está facultado para acudir ante la potestad constitucional en demanda de protección, pues ello -sólo- puede hacerlo quien verdaderamente resienta una afectación real, actual y directa en su esfera jurídica de derechos. Afectación que, por supuesto, concierne demostrar la parte quejosa a través de medios de convicción fehacientes, pues en los términos antes expuestos, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a aquélla y no de forma alguna al Juez Constitucional. Apoya, en lo conducente, la tesis 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15, que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Además, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el interés jurídico debe probarse fehacientemente y no con base en presunciones, lo que así se extrae de la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo bajo el principio de agravio personal y directo en relación con la noción de interés jurídico, se requiere que la parte promovente acredite contar con un derecho subjetivo público derivado de una norma particular cuyos efectos se concreten en forma individual, otorgándole a su titular la facultad de exigencia oponible a la autoridad cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; así, el interés jurídico para efectos de procedencia del juicio de amparo y a fin de hacer exigible una pretensión, surge a partir de la titularidad tanto de un derecho subjetivo de carácter individual, como de uno de carácter objetivo o universal, con tal que se cause un daño cualificado e individualizado con la posibilidad de ser restituido. Bajo el anterior orden de ideas, se desprende que son dos los supuestos que integran el interés jurídico; el primero de ellos a) la existencia y titularidad de un derecho tutelado, y el segundo b) el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa, personal o directo en ese derecho, proveniente de un acto de autoridad; lo que significa que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional la comprobación del interés jurídico, mismo que no puede tenerse por acreditado por el sólo hecho de haber promovido el juicio constitucional, sino que debe demostrarse que el acto reclamado lesiona a la parte quejosa en los derechos que legítimamente le sean tutelados por la ley. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que es del tenor siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Por su parte, respecto al interés legítimo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que para su actualización no se exige la acreditación de una afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Indicó que se requiere de una transgresión a la esfera jurídica (entendida ésta en sentido amplio), ya sea porque dicha intromisión sea directa o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene respecto del orden jurídico. Además, precisó que para su configuración se debe contar con una titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, es decir, que la anulación del acto que se reclama le produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, no hipotético. En mérito de lo anterior, concluyó que para que exista un interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica (no exclusivamente en una cuestión patrimonial), apreciada bajo un parámetro de razonabilidad (debe ser razonable la existencia del perjuicio a la esfera jurídica de la parte quejosa), en la que el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. Por otra parte, cabe destacar que el Alto Tribunal del país indicó que la sola manifestación del interesado en el sentido de que goza con interés legítimo, no basta para tenerlo por acreditado. Tomando en consideración los anteriores elementos, el Alto Tribunal precisó que es posible establecer que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional; que son las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así pues, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica; es decir, no es un concepto cerrado o acabado, sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales del quejoso. Sobre el particular es dable concluir que los elementos constitutivos destacados son concurrentes; por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo sea improcedente. Sobre las nociones de interés jurídico, legítimo y simple, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 366/2012, en sesión de cinco de septiembre de dos mil doce, estableció lo siguiente: El interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. El primero de ellos ha sido desarrollado de manera abundante por la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como muestra representativa, se cita a continuación un pasaje del Amparo en Revisión 315/2010, resuelto por el Tribunal Pleno el veintiocho de marzo de dos mil once, en donde se recupera el concepto de interés jurídico a partir de su evolución desde la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación (se añade énfasis): "Finalmente, en la Novena época tenemos un criterio que -siguiendo un precedente de la Octava- destaca, por ejemplo, que la tutela de un derecho que puede obtenerse en el amparo sólo cubre la protección de bienes jurídicos reales y objetivos: las afectaciones del interés jurídico deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; el interés jurídico, ha dicho la Primera Sala, debe acreditarse de forma fehaciente, no puede inferirse con base en presunciones: "la naturaleza intrínseca del acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". La Segunda Sala ha destacado, por su parte, que para acreditar el interés jurídico, el promovente debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica. Haciéndose eco de los precedentes históricos ha subrayado que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo, el cual supone una facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia -la tesis lo ejemplifica con una apelación al caso concreto: "los alumnos del curso para ingresar a la institución del Ministerio Público de la Federación cuentan con interés jurídico para impugnar en amparo la declaratoria de baja o separación del citado curso, en cuanto ello trae como consecuencia la pérdida de su calidad de alumnos, pues el derecho a la permanencia en aquél deriva del cumplimiento de los requisitos exigidos para su aceptación y los relativos a su desarrollo"-. Del recorrido anterior se desprende que el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual podemos hablar de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que las tesis denominan "un beneficio", una ventaja "fáctica" o "material" (como hemos visto hay referencias reiteradas a los beneficios económicos). Ése es el primer gran criterio definicional, estimamos, que recorre la noción clásica de "interés jurídico". El segundo consideramos que puede sintetizarse en la apelación a la necesidad de que exista un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la adaptación de una medida individualizada por parte de las autoridades responsables (.)". Luego de la reforma del artículo 107 constitucional, del 6 de junio de 2011, el concepto de interés jurídico fue sustituido por el de interés legítimo, para quedar de la siguiente manera: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Naturalmente, este cambio cualitativo abre el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante lo anterior, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. El interés legítimo puede definirse, pues, como aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. En tercer lugar, como se señaló líneas arriba, para que proceda el juicio de amparo es necesario que se pruebe la existencia de un interés legítimo, esto es, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se traduzca en un beneficio jurídico en favor del quejoso. [.] En cuarto lugar, en el caso concreto no se detecta en el sistema jurídico un derecho objetivo que tutele el interés del quejoso a contar con una nueva Ley de Amparo. La existencia de ese derecho es indispensable para la procedencia del amparo aunque no diera lugar a un derecho subjetivo. Y, finalmente, relacionado con lo anterior, los principios y reglas de carácter adjetivo que ordenan al juicio de amparo, -como el artículo 107, fracción I, de la Constitución- tienen como finalidad esencial respetar el carácter institucional del Derecho, mismo que en uno de sus sentidos, alude al carácter regimentado de los procedimientos jurídicos de resolución de disputas. Esto es, para que la maquinaria del Derecho funcione, es necesario que se cumplan las reglas adjetivas que lo hacen posible, como es el caso del principio de parte agraviada. De lo contrario, el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado. De la ejecutoria mencionada, el Alto Tribunal estableció que: Con la reforma constitucional en materia judicial se dotó al justiciable de mayores posibilidades para acudir al juicio de amparo, al quedar proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico. Empero, la reforma constitucional no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona, por cualquier motivo que estime, acuda al juicio de amparo. El órgano reformador introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple; es decir, reiteró la prohibición de que tan sólo con este tipo de interés pudiera acudirse al juicio de amparo. Asimismo, definió las nociones de interés jurídico, legítimo y simple, de la forma siguiente: a) Interés jurídico. Para la procedencia del juicio de amparo bajo el principio de agravio personal y directo en relación con la noción de interés jurídico, se requiere que la parte promovente acredite contar con un derecho subjetivo público derivado de una norma particular cuyos efectos se concreten en forma individual, otorgándole a su titular la facultad de exigencia oponible a la autoridad cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; así, el interés jurídico para efectos de procedencia del juicio de amparo y a fin de hacer exigible una pretensión, surge a partir de la titularidad tanto de un derecho subjetivo de carácter individual, como de uno de carácter objetivo o universal, con tal que se cause un daño cualificado e individualizado con la posibilidad de ser restituido. b) Interés legítimo. Es aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse -si llegara a concederse el amparo- en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sin embargo, para el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa. La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo no basta con tener algún interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar objetivamente alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica de la parte quejosa, sea directa o indirecta con motivo de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico; ya que si la afectación no es cierta, real y actual, entonces el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad, ajeno al objeto y fin del juicio de amparo. De ahí que, contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, aunque sea indirecta, en función de su especial situación frente al orden jurídico. c) Interés simple o jurídicamente irrelevante. Es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal o diferenciado para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. La ejecutoria en comento implicó la creación de la jurisprudencia por reiteración 1a./J. 38/2016 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, que establece: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Precisado lo anterior, desde la perspectiva de este órgano jurisdiccional, la aquí quejosa no cuenta con interés jurídico o legítimo para demandar la inconstitucionalidad de los actos reclamados en su demanda de amparo. Primero, se abordará el por qué este órgano constitucional estima que no goza de interés jurídico; y enseguida, se expondrá por qué tampoco cuenta con interés legítimo. Para acreditar su interés, la parte quejosa ofreció como prueba, las siguientes documentales: Copia simple de la credencial de elector de **********, aquí quejosos. Copia simple de la constancia emitida por la Directora de Recursos Humanos del Colegio de la Frontera Norte, en favor de Israel Díaz Arcos. Copia simple de la constancia emitida por la Directora de Recursos Humanos del Colegio de la Frontera Norte, en favor de Cecilia Sarabia Ríos. Copia simple de la constancia emitida por la Directora de Recursos Humanos del Colegio de la Frontera Norte, en favor de Gilberto Martín Lizárraga Bustamante. Impresión simple del comprobante de nómina de Carlos Ramón Arias Arreola, de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Tales documentales, aún adminiculadas entre sí, son insuficientes para acreditar de forma fehaciente, la calidad de académicos del Colegio de la Frontera Norte, sede Ciudad Juárez, que adujeron tener los peticionarios del amparo. En efecto, al haberse presentado esas constancias en copia simple y una en impresión simple, respectivamente, esta Juzgadora Federal no puede cerciorarse de la veracidad de su contenido; y al no encontrase adminiculadas con diverso medio de prueba que haya sido ofertado por los quejosos -pues únicamente ofrecieron con esa calidad, las documentales ya indicadas- éstas son insuficientes para demostrar el interés que adujeron tener. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 21/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, página 213, del contenido siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. Además, la imposibilidad de este Juzgado Federal para comprobar la veracidad del contenido de dichas documentales, se sustenta en la circunstancia de que, dado que las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos se colocan en el aparato respectivo, hay la probabilidad, dada la esencia de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado o alterado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Lo que igualmente ocurre con el documento impreso de forma simple, que, en su caso, podría alterase digitalmente previo a su impresión. Sustenta lo previo la tesis emitida por el Pleno del Más Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 193-198, Primera Parte, página 66, del texto: COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por tanto, este Tribunal en Pleno, en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Por ende, se desprende que, como se anunció, los quejosos no lograron demostrar la calidad de docentes de la institución educativa ya indicada, que adujeron tener; y de ese modo, sustentar el interés jurídico que adujeron tener. Afectación que, concierne demostrar la parte quejosa a través de medios de convicción fehacientes, pues en los términos antes expuestos, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a aquélla y no de forma alguna al Juez Constitucional. En suma, dichas documentales a pesar de valorarse en su conjunto, respecto de cada quejoso en particular, no se acredita el interés jurídico, en virtud de que, con éstas no justifican contar con la calidad de académicos, de ahí que no acrediten su interés jurídico a fin de que sea procedente el juicio de amparo. Sin que se desprenda que, durante todo el curso de la tramitación del presente asunto, la parte quejosa haya acreditado fehacientemente tal calidad. Por otro lado, desde la perspectiva de este órgano jurisdiccional, la aquí quejosa tampoco cuenta con interés legítimo, como adujo, para demandar la inconstitucionalidad de los actos reclamados en su demanda de amparo. En efecto, conviene recordar que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, por virtud del cual reclamó a las autoridades responsables ya referidas, su intervención, dentro del ámbito de sus competencias, en el Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación, que reclamó en su calidad de autoaplicativo. Dicha impugnación obedece básicamente a que, desde la perspectiva de los quejosos -que adujeron pertenecer al ramo científico, al ser integrantes del Registro Nacional de Investigadores, sin así demostrarlo- con la emisión del citado decreto se efectúan diversas modificaciones tendentes a incidir en la rectoría pública en materia de ciencia y tecnología, así como actos dirigidos a discriminar a los integrantes de la comunidad científica en la toma de decisiones en esa materia. Lo anterior, presupone que en el presente juicio debió probarse razonablemente que los quejosos resentían una afectación en cierta esfera jurídica -apreciada bajo un parámetro de razonabilidad- al encontrarse en una situación jurídica identificable surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que adujeron; es decir, que con motivo directo e inmediato de la emisión del citado decreto, dada la relación, que dijeron tener, como académicos investigadores, que sólo adujeron y no demostraron de forma alguna. En efecto, no acreditó de forma alguna (1) la forma en que considera que guarda una relación específica respecto al objeto de la pretensión que adujo en este juicio de amparo, a través de algún vínculo con relación a la norma reclamadas que le otorgara la potestad de ostentar un agravio diferenciado respecto del resto de la población, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; y, (2) la presunción fundada, objetiva y razonable, de que, a través de este juicio de amparo biinstancial, podría obtener un beneficio particular -ya sea actual o futuro pero cierto-. Es así, con las documentales -constantes en copias simples y en una impresión simple, respectivamente, arriba reseñados- , aun valorándolos en su conjunto, no son suficientes para evidenciar la afectación real, actual y directa que aduce tener la parte quejosa, quien alega tener interés legítimo; pues los mismos, no acreditan la afectación al interés legítimo a que se ha hecho referencia, por la accionante del amparo. Ello es así, pues no se advierten mayores datos que demuestren de forma contundente, razonable y objetiva, alguna afectación real y actual que con la emisión de los actos aquí reclamados, se le provoque. Así es, como ya se dijo, quien suscribe, no puede cerciorarse de la veracidad del contenido de las documentales aportadas, al haberse exhibido en copia fotostática simple y en impresión simple; a pesar de haber contado los accionantes del amparo, con suficiente oportunidad, durante la tramitación del presente juicio de amparo, para que acreditaran de forma contundente y objetiva, la afectación que adujeron tener con la mera emisión de la norma aquí reclamada. En consecuencia, aun y cuando las documentales simples reseñadas con antelación merecen valor de indicio, se considera que no demuestran la afectación real y actual a sus derechos fundamentales o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo que obviaron adminicular con el ofrecimiento de diversas probanzas, como ya se expuso; y que resulta imprescindible para acreditar la existencia del interés legítimo personal y actual requerido para accionar la instancia constitucional. De manera que, no bastan las meras afirmaciones que realiza la parte quejosa, ni las pruebas que ofreció, para tener por demostrada fehacientemente la afectación a su interés legítimo individual, y poder considerar que sí existe una vulneración a su esfera jurídica; pues de estimar lo contrario, bastaría con que cualquier persona, alegara que vive, trabaja o transita por esta localidad o en general, y que goza de la calidad de docente investigador, para tener por colmado su interés legítimo -respecto a los actos aquí reclamados- a que refiere el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, se insiste, la carga procesal consistente en que la parte promovente del juicio de amparo debe demostrar su interés, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto combatido; en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra, el perjuicio al interés legítimo alegado, que éste pueda deparar a la persona en concreto. En esa línea, se repite, con las pruebas antes señaladas, la quejosa no demuestra la afectación que dice, le causan los actos aquí reclamados, ni el interés legítimo relativo que adujo poseer. Lo anterior, pues como ya se dijo, el juzgado constitucional no puede sustituir a la parte quejosa y allegarse, por sí, de los medios de prueba necesarios para probar razonablemente que goza de interés jurídico o legítimo, pues, como ya se expuso, ello le concierne exclusivamente a la parte quejosa, quien cuenta con todo el transcurso del trámite del juicio de amparo biinstancial, para efectuarlo; sin que así se haya realizado en el caso. Por tanto, respecto de los actos que reclama la parte quejosa en esta instancia, queda evidenciada la ausencia de interés legítimo, ya que sólo existe un interés simple sobre el cual descansan las pretensiones descritas en su demanda; pues como se vio, los medios de prueba que exhibió a lo largo del juicio, son insuficientes para justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto, y más, porque durante la instrucción del procedimiento prescindió de acreditar ese interés relevante con el que se hiciera patente la lesión que aduce, resiente. Así, al no existir materialmente una afectación a cierto derecho colectivo o difuso, para con ello determinar el interés que le asiste, implica que el interés legítimo que pretende sostener se diluya en el concepto de interés simple, pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce el acto de la autoridad en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción subjetiva de la quejosa. Es decir, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad, ya que de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al absurdo de permitir que por cada uno se admitiera el amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos y, sobre todo, que el examen de constitucionalidad versara sobre un análisis abstracto de constitucionalidad, ajeno al objeto y fin del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, página 60, Registro 2007921, de rubro y texto siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Así, en el caso concreto, se estima que la quejosa no tiene el interés legítimo, ni jurídico, a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y por ende, procede sobreseer en el juicio de amparo. Por identidad de razón y en lo conducente, se cita como refuerzo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Materia Común, Página 1078, Décima Época, Registro 2014433, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, resulta innecesario el estudio de las diversas que hacen valer las autoridades responsables que sí emitieron sus informes justificados, pues en nada variaría el sentido del fallo que se emite. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo XI, Marzo de mil novecientos noventa y tres, visible a página doscientos treinta y tres, cuyo rubro y texto son los siguientes: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Finalmente, dado el sobreseimiento decretado, esta juzgadora se encuentra imposibilitada para abordar el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en atención al contenido de la tesis 58, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, página cincuenta y siete, volumen 70, de octubre de 1993, cuyo rubro y testo se leen: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ************, en contra las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones esgrimidas en el diverso cuarto. Notifíquese 1) mediante oficio a las responsables y al agente del Ministerio Público adscrito, 2) a la parte quejosa al usuario dado de alta para tal finalidad, así como 3) por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos se advierte que en la fecha en que se actúa se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, toda vez que aún no se cuenta en autos con el informe justificado de la autoridad responsable, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, así como tampoco obra el acuse de recibo relativo al oficio mediante el cual le fue requerido. Diferimiento En esas condiciones, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, para dar margen a lo anterior. Notificación a las partes Notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 602/2023-II; Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, y turnado el mismo día, a éste órgano jurisdiccional, *******, *******, ******* y *******, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados. Segundo. Tramitación del incidente. Previa aclaración de la demanda, mediante auto de veintisiete de junio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de mérito, se ordenó aperturar el presente incidente de suspensión; les fue solicitado sus informes previos a las autoridades responsables; y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se verificó el cuatro de agosto del año en curso y se difirió respecto de la restante autoridad responsable, fijando al efecto el día de hoy, misma que se verificó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Existencia de los actos reclamados. La Directora de Amparos y Controversias Constitucionales, en representación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, al rendir su informe previo, aceptó los actos que le fueron atribuidos, consistentes en la discusión, votación y aprobación del decreto reclamado. Por ende, se tienen como ciertos tales actos. Tercero. Consideración previa. En el caso, la parte quejosa, reclama lo siguiente: El Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación, en su carácter autoaplicativo. Indicado lo previo, se tiene que para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, el artículo 128 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I y II, establece como requisitos que el quejoso la solicite (lo que implica ostentar un interés indiciario para ello) y que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Además, conforme al artículo 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, promovida la suspensión del acto reclamado, a fin de resolver sobre dicha medida cautelar, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Cuarto. Se niega la suspensión definitiva. En la especie se tiene que a los actos legislativos relativos a la norma arriba acotada, reclamados a la autoridad responsable en cita, les reviste el carácter de consumados, contra los cuales no es posible otorgar la suspensión definitiva, pues ello implicaría otorgarle efectos restitutorios a dicha medida cautelar, los cuales son exclusivos de la sentencia de fondo que, en su caso, se pronuncie en el juicio principal. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia II.3o. J/37, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 51 del Tomo 60, Diciembre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dice: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Además, contra los actos legislativos no procede conceder la suspensión definitiva, pues la materia de la suspensión, tratándose de amparo contra leyes, en su caso, la constituye la ejecución del ordenamiento legal que se impugne, pues éste es materia de estudio del juicio principal. Aunado a lo anterior, es aplicable la tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 775 del Tomo X, Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Por ende, se niega la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 146, de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por *******, *******, ******* y *******, contra los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución incidental. Notifíquese por lista electrónica; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público adscrito. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano