Israel Alejandro Flores Urquizo

Expediente 733/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
733/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Israel Alejandro Flores Urquizo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de octubre de dos mil veintitrés. Recurso de Revisión Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda, el escrito de cuenta presentado por el Delegado en esta ciudad, del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua; en atención a su contenido, se tiene al oficiante interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de septiembre del año en curso, en el presente juicio. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia recurrida, como del recurso de revisión interpuesto en su contra, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios original del recurrente para la substanciación del recurso hecho valer. Asimismo, distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia********************Ciudad Juárez, Chihuahua; once de septiembre de dos mil veintitrés.********************Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo********************/2021-VI, promovido por ********************, contra actos del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre.********************Resultando********************Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, turnado en la misma data a este Juzgado de Distrito, ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, de quienes reclamó los actos que se precisan en el considerando segundo.********************Segundo. Derechos que el quejoso estimó transgredidos. El quejoso consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Tercero. Admisión de la demanda, trámite y competencia declinada. Dicha demanda, por cuestión de turno, se remitió al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el diez de septiembre de dos mil veintiuno, donde se radicó el trece de septiembre del mismo año y se registró con el número de juicio de amparo ********************/2021.********************Tramitado dicho asunto, en sentencia dictada en audiencia de trece de julio de dos mil veintitrés, la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, determinó que ese órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de este asunto y la declinó al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en esta ciudad, que resultó ser este Juzgado Séptimo. ********************Cuarto. Aceptación de competencia. En auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado admitió la competencia planteada, registró este asunto con el número de juicio de amparo********************/2023-IV, se señalaron fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional, se giró exhorto para notificar tal determinación al quejoso y se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.********************Quinto. Audiencia constitucional. Hecho lo anterior, se celebró audiencia constitucional conforme al acta que antecede, quedando los autos en estado de dictar sentencia, que es lo que ahora se hace.********************Considerando********************Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción.********************Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados; por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se determina que la quejosa reclama lo siguiente:********************a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición del siguiente ordenamiento legal:********************Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, así como la TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS, específicamente el apartado IV de ésta y sus numerales 11, 12, 13 y 14, que prevé el Derecho "POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO".******************** b) Del Gobernador del Estado de Chihuahua, la promulgación del ordenamiento legal descrito en el inciso que antecede.********************Tercero. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación, respectivamente, del Decreto impugnado.********************Además, la existencia de dicho ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del mismo, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto.********************Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: ********************PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo.****************************************Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: ********************LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba.****************************************Cuarto. Procedencia. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio debe analizarse si se actualiza alguna causal de improcedencia, por lo tanto, se procede a realizar dicho estudio antes de abordar la cuestión de fondo.******************** En el caso, en relación con el Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, así como la TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS, específicamente el apartado IV de ésta y sus numerales 12, 13 y 14, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.********************Dicho numeral establece lo siguiente:********************61. El juicio de amparo es improcedente: ********************(.)********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. ********************(.)****************************************La causa de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el solo hecho de encontrarse en vigor, sino que, para que se origine tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio que es lo que, se insiste, legitima para acudir a la presente instancia constitucional.********************En ese sentido, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. ********************Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes:********************INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.****************************************Establecido lo anterior, es menester precisar, que en tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice.********************En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o hetoroaplicativa. ********************En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y hetoroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad.********************En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia.********************En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas.********************Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio que contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, de texto siguiente:********************LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.****************************************Ahora, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, el Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, así como la TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS, específicamente el apartado IV de ésta y sus numerales 11, 12, 13 y 14, que prevé el Derecho "POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO", que establecen lo siguiente:****************************************IV POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO SE COBRARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS:********************(.)********************11 Por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre estos: $15,000.00********************11.1 Por la inscripción de convenios modificatorios, así como, los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripción de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación, o reconocimiento de adeudos, cuya garantía ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.********************11.2 En caso de reversión de fideicomiso: $15,000.00********************a). Cuando la reversión implique la generación de una nueva inscripción.********************b). Cuando la reversión implique que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de su constitución, se asentarán notas marginales, aplicando el numeral 19, del apartado IV, de la presente tarifa por cada una de ellas.********************11.3 En el caso del usufructo, la nuda propiedad o revocación de donación: $15,000.00********************a). En la constitución o consolidación del usufructo, o bien, en la revocación de donación que implique la generación de una nueva inscripción.********************b). Cuando su consolidación o revocación de donación sólo implique asentar anotación marginal, por cada una de ellas, se aplicará el numeral 19, del apartado IV de la presente tarifa.********************12 Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cédulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otros apartados de esta tarifa. $15,000.00********************13 Para efectos de incentivar los programas de vivienda, promovidos por las entidades del Sector Público, por las inscripciones que se generen en virtud de la regularización o adquisiciones de lotes, lotes destinados para casa habitación o viviendas, construcción, ampliación y/o remodelación de vivienda con crédito o sin él y pagos a pasivos, a través de programas promovidos o financiados por dichos entes, con excepción de la cancelación de los gravámenes existentes previos a la adquisición, se causarán $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.)), cuota que abarcará las ratificaciones, como reconocimiento de firmas y notas marginales que fueren necesarias; pero se aplicará un estímulo fiscal del 95% sobre la referida cuota, siempre y cuando el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, correspondiente a la vivienda, lote, o monto del crédito en caso de registrarse sólo éste, no exceda de $600.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), de ser así, por el excedente se aplicará el numeral 11, del apartado IV de la presente tarifa.********************14 En caso de la inscripción de condominio: $15,000.00********************a). Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio.********************b). Por el resto de las inscripciones necesarias para el registro de las unidades privadas de condominio se aplicará por cada una de ellas, el numeral 19, del apartado IV de la presente tarifa.****************************************Se afirma lo anterior, pues en el caso, el quejoso exhibió copia certificada de las consultas de detalles de pago, siguientes:********************Número de operación****************************************************************************************************************************************************************Fecha de pago********************17 de agosto de 2021********************17 de agosto de 2021********************17 de agosto de 2021****************************************Pago ********************$15,000.00********************$15,000.00********************$15,000.00****************************************Concepto ********************INSCRIPCIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE O GARANTÍAS CONSTITUIDAS S/ESTOS********************INSCRIPCIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE O GARANTÍAS CONSTITUIDAS S/ESTOS********************INSCRIPCIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE O GARANTÍAS CONSTITUIDAS S/ESTOS************************************************************Tales documentos, cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificados respecto de sus originales, por el Notario Público número ********************, que cuenta con fe pública y quien estampó su firma en la leyenda correspondiente.********************De los mismos, se advierte que el numeral que efectivamente le fue aplicado a la quejosa, fue el 11 de la Tarifa de Derechos reclamada, no así, los apartados 12, 13 y 14, los cuales tampoco le fueron aplicados en la diversa operación ********************, que se refiere a "C/CANCELACIÓN DE CRÉDITOS Y CUOTA MARGINAL EN LIBROS", esto es, a un concepto diverso de los previstos por dichos numerales.********************Por lo tanto, en relación con la TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS, específicamente el apartado IV de ésta y sus numerales 12, 13 y 14, se sobresee en este juicio de amparo, pues no se demostró que se hayan aplicado en la esfera jurídica del quejoso.****************************************Quinto. Se desvirtúan causales de improcedencia. La Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, en su informe justificado, adujo que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, de la Ley de Amparo, en relación con la promulgación del decreto por vicios propios.********************La citada causa de improcedencia es infundada, debido a que, en relación con la promulgación de un ordenamiento legal, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, dispone que en la demanda de amparo tiene que expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. ********************Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma, si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley. ********************En estas condiciones, es indispensable la participación del órgano promulgador, ya que puede hacer valer los medios de defensa contra la admisión de la demanda, o bien, exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente. ********************Por tanto, debe llamarse a juicio al titular del Poder Ejecutivo correspondiente, como autoridad encargada de la promulgación de la norma reclamada, pues de lo contrario se haría nugatorio el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se le permitiría interponer el recurso de revisión, por el simple hecho de no haber sido parte en el sumario de derechos fundamentales y, en consecuencia, desconocer la sentencia dictada. ********************En tales consideraciones es infundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. ********************Apoya lo anterior, la tesis (I Región) 8o.7 K (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, visible a página 2278, del Libro 58, de septiembre de 2018, Tomo III, Décima Época, registro 2017974, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes:********************AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. EN LA DEMANDA RELATIVA DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO QUE PROMULGÓ LA LEY RECLAMADA, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo tiene que expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma, si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley. En estas condiciones, es indispensable la participación del órgano promulgador, ya que puede hacer valer los medios de defensa contra la admisión de la demanda, o bien, exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente. Por tanto, debe llamarse a juicio al titular del Poder Ejecutivo correspondiente, como autoridad encargada de la promulgación de la norma reclamada, pues de lo contrario se haría nugatorio el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se le permitiría interponer el recurso de revisión, por el simple hecho de no haber sido parte en el sumario de derechos fundamentales y, en consecuencia, desconocer la sentencia dictada; de ahí que si el Juez de Distrito admite una demanda de amparo en la que se impugnó una ley y sólo se designó como responsable al Congreso que la emitió, ese proceder viola las reglas fundamentales del juicio de amparo, lo que obliga al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de su revisión a revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para que el juzgador realice la prevención correspondiente y se subsane la omisión de señalar a la autoridad indicada.****************************************Por último, dicha causal de improcedencia tampoco se actualiza respecto a la publicación del Decreto reclamado, sencillamente porque dicho acto no fue reclamado por la quejosa, de ahí que no es dable realizar su estudio, al no ser materia de la litis planteada.********************En otro orden, el Congreso del Estado de Chihuahua, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:********************Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:****************************************(.)****************************************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;****************************************(.)****************************************XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.****************************************(.) ****************************************Este numeral, relacionado con los artículos 17, primer párrafo y 18 del mismo ordenamiento legal.********************Sin embargo, lo anterior es infundado, pues el quejoso exhibió las siguientes consultas de detalle de pago, en copia certificada:********************Número de operación****************************************************************************************************************************************************************Fecha de pago********************17 de agosto de 2021********************17 de agosto de 2021********************17 de agosto de 2021****************************************Pago ********************$15,000.00********************$15,000.00********************$15,000.00****************************************Concepto ********************INSCRIPCIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE O GARANTÍAS CONSTITUIDAS S/ESTOS********************INSCRIPCIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE O GARANTÍAS CONSTITUIDAS S/ESTOS********************INSCRIPCIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE O GARANTÍAS CONSTITUIDAS S/ESTOS****************************************Documentos ya valorados que demuestran que la demanda de amparo está interpuesta en tiempo, pues si el derecho tildado de inconstitucional se pagó el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, el término genérico de quince días para promover el juicio, comenzó a transcurrir el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno y concluyó el siete de septiembre del mismo año, sin contar los días veintiuno, veintidós, ******************** y veintinueve de agosto, ni cuatro y cinco de septiembre, por ser inhábiles; de manera que, si la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el siete de septiembre de dos mil veintiuno, este juicio de amparo se promovió en tiempo.********************Asimismo, el Congreso del Estado de Chihuahua, aduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el quejoso fue omiso en acreditar su interés jurídico, ya que del comprobante de pago con número de operación ********************, que exhibió el quejoso, no es suficiente para demostrar que fue precisamente él, quien realizó dicho pago.********************Dicha causal de improcedencia es infundada pues contrario a lo expuesto por la autoridad, de las copias certificadas de los detalles de pago relativos a los números de operaciones ********************, ******************** y ********************, ya descritas y valoradas, sí se desprende que fue precisamente el quejoso quien efectuó dichos pagos, sin que la autoridad responsable haya desvirtuado ese hecho.******************** Esto es, de dicha documental, se desprende que al quejoso se le realizó el cobro de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de "INSCRIPCIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE O GARANTÍAS CONSTITUIDAS S/ESTOS", lo que evidencia, que sí le fue aplicado el numeral 11, del apartado IV, de la tarifa de derechos anexa a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, y por lo tanto, tiene interés jurídico para reclamarlos a través del juicio de amparo.******************** En el mismo tenor, el Congreso del Estado de Chihuahua, aduce que la firma estampada en la demanda de amparo no puede ser "cotejada" por dicha autoridad, pues no existe documento para el cotejo y entonces, no es posible determinar que la demanda de amparo haya sido efectivamente promovida por el quejoso; al respecto, se indica a la autoridad responsable que estuvo en aptitud de objetar la demanda de amparo y ofrecer la prueba pericial correspondiente, puesto que esta Juzgadora, ni dicha autoridad responsable, son peritos especializados para pronunciarse en cuanto a la autenticidad de la firma que se estampó en la demanda de amparo.******************** Asimismo, dicha autoridad aduce que el quejoso no acreditó "la razón de su dicho", sin que lo anterior constituya, propiamente una causal de improcedencia; no obstante se le indica que el quejoso sí exhibió documentos, ya descritos y valorados, para demostrar, como lo hizo, su interés jurídico.******************** Por último el Congreso del Estado de Chihuahua, refiere que en el caso debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de amparo, toda vez que al haberse auto aplicado al quejoso la norma que en esta vía reclama, no existe una conminación para su pago y por tanto no hay acto de ejecución, además, en todo caso consintió esa norma pues se benefició de la misma, ya que se le aplicó un estímulo que se tradujo en un descuento.********************De igual forma este argumento es infundado, dado que el quejoso no impugnó la ejecución del acto reclamado, en el caso el cobro de la contribución, sino solo la aprobación, expedición y promulgación del decreto que se tilda de inconstitucional, más no el acto de aplicación en concreto.********************Para lo anterior, esto es, para ubicarse en el supuesto de la norma impugnada, precisamente, el quejoso se autoliquidó el derecho que prevé, a fin de legitimarse para promover este juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo.********************Además, no se advierte que el descuento que se le aplicó derive de algún convenio realizado con la autoridad recaudadora, de manera que, se entendiera que, a sabiendas del derecho que debía de pagar, hubiere realizado el pago para obtener tal descuento, lo haya efectuado; tampoco se advierte precepto alguno, dentro de los ordenamientos legales combatidos, en el sentido de que, aceptar algún descuento implique el consentimiento tácito o expreso del mecanismo de tributación y de su primer acto de aplicación.******************** Por el contrario, lo único que está fehacientemente demostrado, es la existencia del referido pago, el cual, para efectos del juicio de amparo constituye el primer acto de aplicación de la norma reclamada, pago que constituye una obligación para el quejoso sujeto del derecho que nos ocupa, por lo que su pago no puede entrañar el consentimiento del ordenamiento legal reclamado y sí el parámetro para combatirlo a partir de su concreción en la esfera jurídica de la promovente; además, este juicio de amparo fue promovido en tiempo, precisamente a partir del referido pago.******************** Al respecto, se cita la jurisprudencia 68/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Septiembre de 1997, página 92, materia Administrativa, Novena Época, con registro digital 197667, que dice:********************LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE. Si el quejoso presenta la demanda de amparo en contra de una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, ello no constituye la manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la ley que la establece ya que, dada la naturaleza de las normas fiscales, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente, refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada.****************************************Sexto. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación.******************** Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: ********************CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.******************** Séptimo. Estudio de fondo. Es fundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa.********************A continuación, se exponen las razones de ello.********************En primer término, como se precisó, está demostrado el acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, ya que, al efecto, la quejosa exhibió copia certificada de las consultas de detalle de pago, siguientes:********************Número de operación****************************************************************************************************************************************************************Fecha de pago********************17 de agosto de 2021********************17 de agosto de 2021********************17 de agosto de 2021****************************************Pago ********************$15,000.00********************$15,000.00********************$15,000.00****************************************Concepto ********************INSCRIPCIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE O GARANTÍAS CONSTITUIDAS S/ESTOS********************INSCRIPCIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE O GARANTÍAS CONSTITUIDAS S/ESTOS********************INSCRIPCIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE O GARANTÍAS CONSTITUIDAS S/ESTOS************************************************************Documentos ya valorados, de los que se advierte que el rubro que se aplicó es el correspondiente a las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble y garantías constituidas sobre éstos, contenido en el numeral 11, del capítulo IV, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que resulta válido concluir que le fue aplicada la tarifa contenida en la fracción IV, numeral 11 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno, publicada mediante Decreto LXVI/APLIE/0952/2020, que en lo conducente dice:********************TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. [.]********************IV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO SE COBRARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS: [.]********************11. Por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos. 15,000.00 [.]**************************************** Por ello, si de las documentales de antecedentes se advierte que le fue aplicada la tarifa de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) y se hace referencia a las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre éstos, se concluye la existencia de los actos de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en específico la fracción IV, numeral 11, del Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 en los términos indicados.********************En este sentido, la quejosa argumenta esencialmente, en su único concepto de violación, lo siguiente:********************Que la Ley de Ingresos, en su anexo de tarifas, apartado IV, numeral 11, que establece el cobro de derechos por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) es exorbitante, en relación con el verdadero costo del servicio prestado.********************Sostiene, que el cobro antedicho no guarda un sano y razonable equilibrio entre la cuota de referencia y los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad, en relación con el costo real de esa contraprestación, lo cual trasgrede el principio de proporcionalidad tributaria; ya que debe otorgarse el mismo trato a quienes reciben igual servicio.********************Aduce que para demostrar lo anterior, la Unidad de Transparencia del Sistema Electrónico INFOMEX- CHIHUAHUA, generó los números de folios ********************,********************,********************y ******************** de cuyas respuestas se acredita el egreso total devengado por el Registro Público de la Propiedad en el ejercicio fiscal de dos mil veinte.********************Asimismo, refiere que de un análisis de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, se establece un ingreso por la cantidad de $402,903,949.00 (cuatrocientos dos millones, novecientos tres mil novecientos cuarenta y nueve pesos 00/100), mientras que en el presupuesto de egresos del gobierno del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de este año, se tiene destinada la cantidad de $42,334,378.00 (cuarenta y dos millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y ocho pesos), para el pago de los rubros de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales etcétera, por lo que existe una diferencia de $360,569,571.00 (trescientos sesenta millones quinientos sesenta y nueve mil quinientos setenta y un pesos 00/100 moneda nacional), por lo que resulta exorbitante el ingreso estimado en comparación con el egreso autorizado para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.********************Continúa diciendo, que de la ejecutoria que se dictó en el juicio de amparo ********************/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua de este Circuito, se desprende que el costo real por cada inscripción es de $294.01 (doscientos noventa y cuatro pesos 01/100 moneda nacional).********************Sigue señalando, que el numeral 11 (sic) del apartado IV, de la Ley de Ingresos, prevé un estímulo fiscal de hasta un 95% (noventa y cinco por ciento) de la tarifa ordinaria de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), lo cual revela que el Registro Público de la Propiedad y del Notariado es capaz de llevar a cabo una inscripción con solamente el cinco por ciento de la cuota, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios, ya que ningún estímulo fiscal se impone cuando atenta seriamente contra las finanzas del Estado. Ello implica que el Estado estableció como cantidad mínima para poder llevar a cabo el servicio registral, el 5% (cinco por ciento) de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), que son $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100).********************En apoyo a lo anterior, reproduce los criterios de rubros siguientes:********************DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA CUOTA A PAGAR POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006). Registro 160577********************DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Registro 164477********************DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. Registro 196933******************** Como se destacó con antelación, la inconformidad de la quejosa se centra en que el costo del derecho es desmedido y ni siquiera se aproxima al costo de producción del mismo, ya que se está lucrando con ese derecho y, por tanto, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, al no existir una equivalencia razonable entre la cuota fijada y el servicio prestado, sino que se utiliza como un instrumento generador de ganancias.********************A fin de dar contestación a los argumentos vertidos por la quejosa, cabe precisar, qué debe entenderse como derecho, en términos de lo previsto en el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua:********************38. Para efectos de las disposiciones fiscales, son contribuciones los impuestos, las contribuciones especiales, y los derechos, las que se definen como: [.]********************III. Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. [.]**************************************** Ahora, la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en su fracción IV, numeral 11, de la tarifa anexa, establece por cobro de derechos por servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, relativos a las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos, moneda nacional).********************En relación al tema de derechos por servicios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tratándose de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV, del artículo 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, al grado de resultar interdependientes, puesto que esa contribución tiene como hecho generador, precisamente, la prestación del servicio.********************En ese sentido, para que se tengan satisfechos los requisitos de proporcionalidad y equidad, es necesaria la existencia de un "razonable equilibrio" entre la cuota y la prestación y, además, otorgarse un mismo trato fiscal a quienes reciben igual servicio, para lo cual debe tenerse en cuenta, ordinariamente, el costo que para el Estado tenga la ejecución de ese servicio; pero, acotó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es indispensable que la correspondencia entre ambos términos deba entenderse como en derecho privado, esto es, que el precio corresponda exactamente al valor de aquel, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.********************El criterio antes expuesto quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 3/98, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 196933, Novena Época, Materias Administrativa, Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, de enero de 1998, página 54, del contenido: ********************DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.****************************************Acotado lo anterior, resulta necesario precisar que toda ley, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, goza de la presunción de constitucionalidad, por lo que es preciso que quienes la impugnan desvirtúen tal presunción, tomando en consideración, además, que en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde a la quejosa, siempre que no sea violatorio en sí mismo de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º de la legislación en cita.********************Sin embargo, en el tema específico del principio de proporcionalidad en materia de derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó criterio en el sentido de que, cuando se reclame la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, alegando para ello violación al principio de proporcionalidad tributaria, específicamente porque considere que el monto por el servicio recibido es muy superior al costo que tiene en el mercado, como en el caso lo afirma la parte quejosa, en primer término, no basta su sólo alegato para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado para determinar el costo promedio del servicio, al no ser esto último acorde con la función jurisdiccional; por tanto, inicialmente corresponderá al quejoso aportar los elementos, datos o pruebas, que sustenten sus argumentos, los que servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo.********************Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también expuso que la carga atribuida a la parte quejosa no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, por lo que, a partir de las pruebas aportadas por aquélla, es decir, por la parte quejosa, le corresponderá la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y de los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en el precepto tildado de inconstitucional cumple con los principios que le rigen.********************El referido criterio 2a. CX/2013, fue sustentando por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005254, Décima Época, Materias Constitucional, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, de enero de 2014, Tomo II, página 1589, del epígrafe y texto:********************PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen.****************************************En el caso, la solicitante del amparo para acreditar la inconstitucionalidad del derecho impugnado por transgresión al principio de proporcionalidad y equidad tributaria, ofreció las solicitudes de información a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia del sistema Electrónico INFOMEX- CHIHUAHUA, con los siguientes números de folio. ********************,********************,********************y ******************** así como la pericial contable desahogada en el expediente ********************/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua.********************Medio de prueba este último que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, al haberse desahogado en el citado juicio de amparo y por encontrarse capturado en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE), el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete bajo el rubro "Derechos registrales, ampara, cobro desproporcional al servicio prestado -Decreto 1223-2015-", con el número de expediente único nacional ********************.********************Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 16/2018, del Pleno del Alto Tribunal del país, con registro digital 2017123, de la Décima Época, Materias Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, de junio de 2018, Tomo I, página 10, que a la letra dice:********************HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.****************************************Así de las pruebas ofrecidas se obtiene lo siguiente:******************** 1. Respuesta de información pública registrada con el número ********************, emitida por la Unidad de Transparencia de la Secretaria General de Gobierno, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia del sistema electrónico INFOMEX CHIHUAHUA, en la que en respuesta a la pregunta consistente en cuál es el egreso total devengado por concepto de nóminas en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua, durante cada uno de los meses de enero a diciembre del ejercicio fiscal de dos mil veinte, el cual se encuentra descrito en la referida documental.********************2. Respuesta de información pública registrada con el número********************, emitida por la Unidad de Transparencia de la Secretaria General de Gobierno, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia del sistema electrónico INFOMEX, CHIHUAHUA, en la que en respuesta a la pregunta consistente en cuál es el ingreso obtenido en el periodo de enero a diciembre de dos mil veinte, de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua, por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre estos, contempladas en la Ley de Ingresos para tal ejercicio fiscal.********************3. Respuesta de información pública registrada con el número ********************, emitida por la Unidad de Transparencia de la Secretaria General de Gobierno, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia del sistema electrónico INFOMEX, CHIHUAHUA, en la que en respuesta a la pregunta consistente en cuál es el ingreso total que percibió la oficina de recaudación de rentas de conformidad con el decreto LXVI/APLIE/0637/2019, I.P.O para el ejercicio fiscal del año 2020, que establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado en el periodo de enero a diciembre de dos mil veinte, información que se encuentra descrita en la documental que exhibió.********************4. Respuesta de información pública registrada con el número ********************, emitida por la Unidad de Transparencia de la Secretaria General de Gobierno, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia del sistema electrónico INFOMEX, CHIHUAHUA, en la que en respuesta a la pregunta consistente en cuál es el egreso total devengado del Registro Público de la Propiedad y del Notariado durante cada uno de los meses de enero a diciembre del ejercicio fiscal de dos mil veinte, la cual se encuentra descrita en la documental que obra en autos.********************5. Prueba pericial contable desahogada en el juicio de amparo ********************/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua.********************Así, en la versión electrónica se advierte que se presentó dictamen pericial emitido por ********************, en el cual, en lo que aquí interesa, determinó:********************[.] ********************Cuál es el promedio, el costo real o el gasto que se causa por cada inscripción realizada por la Dirección de Registro Público de la Propiedad en todo el estado. Respuesta. $294.01 (doscientos noventa y cuatro pesos 01/100 moneda nacional).********************A cuánto asciende la diferencia entre el gasto generado por la prestación del servicio de registro en todo el estado, y el derecho cobrado por inscripción en todo el estado. Respuesta. Mensualmente a $23,585,308.67 (veintitrés millones quinientos ochenta y cinco mil trescientos ocho pesos 67/100 moneda nacional) y anualmente a $265,582,736.04 (doscientos sesenta y cinco millones quinientos ochenta y dos mil setecientos treinta y seis pesos 04/100 moneda nacional).********************A cuánto asciende la diferencia a que se refiere el punto anterior. Respuesta. Mensualmente asciende a 528.49% y anualmente a 495.92%********************Sí el cobro del derecho descrito en anteriores puntos, una vez cubierto el gasto efectuado por la prestación del servicio de registro, existe un excedente y a cuánto equivale. Respuesta. $23,585,308.67 (veintitrés millones quinientos ochenta y cinco mil trescientos ocho pesos 67/100 moneda nacional).********************[.]**************************************** Las probanzas reseñadas con antelación merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues la quejosa los exhibió en su carácter de documentos públicos de los señalados en el artículo 3º, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo; pues al momento de su exhibición, el autorizado de la parte quejosa manifestó que es copia íntegra e inalterada del documento impreso, por lo que se consideran suficientes para tener por satisfecha la carga atribuida al peticionario de amparo respecto a la demostración inicial de los hechos, conforme a los cuales sostiene que el costo del servicio es desproporcional e injustificadamente elevado y que sientan las bases para el estudio de inconstitucionalidad de la norma impugnada.********************Cabe señalar, además, que la información contenida en los informes obtenidos a través del organismo público autónomo Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considera verosímil, ya que constituye un acuse con número de folio y cada respuesta está relacionada a ese folio, además, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, párrafo segundo, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se parte de la base que la información que proporcionan los sujetos obligados sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos, corresponden a sus archivos administrativos, los cuales deben estar debidamente actualizados y publicarse a través de los medios electrónicos disponibles.******************** Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, agosto de 2002, con número de registro 186243, del rubro y texto siguiente:********************INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo.**************************************** Así como la diversa jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 168124, del rubro y texto siguiente:********************HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular.**************************************** Por lo que esta clase de datos son, de conformidad con el derecho humano de acceso a la información consagrado en el texto constitucional, instrumentos de la mayor relevancia para posibilitar a los gobernados el conocimiento del actuar cotidiano de la autoridad y a través de ello sentar las bases para el ejercicio de otros derechos, en este caso, el de impugnación judicial de las decisiones legislativas, para efectos específicos de determinar la razonabilidad constitucional del costo del servicio prestado.********************De ahí que, ante el principio de prueba ofertado por la quejosa y, atendiendo al criterio expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el cual, luego que el particular cumplió con su carga, corresponde al Estado justificar la racionalidad de la cuota, era inconcuso que correspondía a la autoridad responsable la obligación de desvirtuar las probanzas ofrecidas por aquélla, y más aún, acreditar la razonabilidad del costo que se propone cobrar, a fin de acreditar la constitucionalidad de la norma impugnada.******************** No obstante, esa carga probatoria no se cumplió por parte de las autoridades responsables.******************** En efecto, el Congreso del Estado, se limitó a refutar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa y a establecer que no existía prueba concreta de que el cobro realizado por el Registro Público de la Propiedad no era desmedido.********************No obstante, ninguna manifestación realizó en el sentido de cuáles son las actividades que el Estado debe desarrollar y los gastos que debe efectuar para proporcionar el servicio de que se trata, ni mucho menos ofrecieron pruebas para controvertir lo expuesto y acreditado por la quejosa, cuando, acorde con la regla probatoria previamente reseñada, le correspondía hacerlo, debido a la actividad que al respecto el quejoso había desplegado.********************En este punto es pertinente acotar, que el Estado, para poder prestar el servicio, innegablemente debe desarrollar una serie de actividades, para lo que requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva a incurrir en diversos costos tanto de tipo directo como indirecto, además de que, una característica de este tipo de contribuciones, consiste en que el costo de la prestación del servicio es susceptible de ser dividido en unidades de consumo o uso, ya que estos servicios parten de una actividad de la administración, particularizada, concreta y determinada, de manera que pueden ser individualizados a los usuarios, atendiendo a su uso o consumo, a través de ciertos parámetros de asignación.********************Luego, tal como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que no existe la obligación impuesta por la ley de llevar un registro que proporcione información respecto del costo exacto expresado en cantidades numéricas, que le genera al Estado la prestación de un servicio público en concreto, la única forma en que es posible medir el costo del servicio para efecto de poder individualizarlo, es mediante parámetros de razonabilidad, relacionados con el tipo del servicio y las actividades que se desarrollan para prestarlo.******************** En ese sentido, ante los argumentos y las probanzas ofrecidas por la parte quejosa, con las que hace ver la desproporcionalidad entre la cuota establecida en el numeral impugnado y el servicio que presta el Estado, era necesario, se reitera, que la autoridad responsable en forma motivada expusiera los parámetros de razonabilidad que permitieran analizar la eventual justificación constitucional del costo de prestar el servicio y, desde luego, que ofrecieran las probanzas que consideraran pertinentes para desvirtuar lo alegado por la solicitante del amparo.******************** Por tanto, si de las probanzas aportadas por la parte quejosa se advierten parámetros según los cuales el cobro del derecho establecido en la ley de ingresos sería injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro y, ante la inactividad de la autoridad responsable para desvirtuarla, entonces resulta dable concluir que, en este caso concreto, no se demostró que en el apartado lV numeral 11, de la Tarifa Anexa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio de dos mil veintiuno, existe un razonable equilibrio entre la cuota de $15,000.00 (quince mil pesos, moneda nacional) que establece la ley para el cobro de la inscripción registral y el costo que para el estado representa la prestación de ese servicio, conforme a las probanzas ofrecidas por la quejosa.********************En tales condiciones, resultan esencialmente fundados los conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal instados, por tanto, se declara la inconstitucionalidad de la norma reclamada.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2o.P.A.19, con registro digital 2012271, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de la Décima Época, Materias Constitucional, Común, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, de agosto de 2016, Tomo IV, página 2539, que a la letra dice: ********************DERECHOS POR SERVICIOS. LA CARGA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEMOSTRAR EN EL AMPARO LA RAZONABILIDAD DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, DEPENDE DE QUE EL QUEJOSO OFREZCA PRUEBAS QUE APUNTEN, AL MENOS INDICIARIAMENTE, A QUE LAS TASAS SON EXCESIVAS. En materia de derechos por servicios el principio de proporcionalidad tributaria exige que exista un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Estado su prestación, aunque esa relación no implique que el precio corresponda exactamente al valor de aquéllos, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. En ese sentido, como toda ley goza de presunción de constitucionalidad, es preciso que quien sostenga en el amparo que la cuota es notoriamente desproporcionada, asuma la carga de demostrar esa afirmación, pero si el quejoso rinde pruebas que apunten, al menos indiciariamente, a que las tasas son excesivas, la autoridad responsable está obligada a justificar, ya sea en su informe o durante la tramitación del juicio, la razonabilidad del cobro, por no serle exigible al gobernado conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, además de que en un sistema democrático compete al Estado acreditar la legitimidad de sus decisiones de finanzas públicas, independientemente de que no esté obligado a hacerlo en el texto legislativo.****************************************Octavo. Efectos de la sentencia. Para fijar los efectos de la concesión del amparo, debe atenderse a que la declaratoria de inconstitucionalidad no afecta integralmente a la contribución, por lo cual, la parte quejosa, no puede ver totalmente desincorporada de su esfera de obligaciones, la de pagar por el servicio recibido, sino sólo en la parte que resulta desproporcionada o excesiva.********************Empero, como ya se explicó, el órgano de amparo no está obligado a emprender un estudio de mercado para determinar cuál debe ser el costo exacto de la contraprestación, ni puede tampoco atender, exclusivamente, al resultado de la actividad probatoria aportada por el quejoso, pues, aunque esta ciertamente constituye un principio de prueba conforme al cual satisfizo la carga que le correspondía, no tiene el alcance de fijar, en estricto sentido, si lo ahí señalado se ajusta a la realidad.********************Por ende, procede fijar una tarifa en ejercicio del prudente arbitrio, para lo cual se toma en cuenta el propio texto de la ley impugnada, que en su numeral 13 prevé un estímulo fiscal de hasta el 95% (noventa y cinco por ciento) de la tarifa ordinaria, a saber:********************13. Para efectos de incentivar los programas de vivienda, promovidos por las entidades del Sector Público, por las inscripciones que se generen en virtud de la regularización o adquisiciones de lotes, lotes destinados para casa habitación o viviendas, construcción, ampliación y/o remodelación de vivienda con crédito o sin él y pagos a pasivos, a través de programas promovidos o financiados por dichos entes, con excepción de la cancelación de los gravámenes existentes previos a la adquisición, se causarán $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), cuota que abarcará las ratificaciones, reconocimiento de firmas y notas marginales que fueren necesarias; pero se aplicará un estímulo fiscal del 95% sobre la referida cuota, siempre y cuando el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, correspondiente a la vivienda, lote, o monto del crédito en caso de registrarse sólo éste, no exceda de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), de ser así, por el excedente se aplicará el numeral 11, del apartado IV de la presente tarifa.****************************************Lo anterior revela que el Registro Público de la Propiedad y del Notariado es capaz de llevar a cabo una inscripción con solamente el 5% de la cuota, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios, ya que ningún estímulo fiscal se impone cuando atenta seriamente contra las finanzas del Estado.********************En razón de lo anterior, el amparo se concede para el efecto siguiente:********************Se cobre a ********************, únicamente el cinco por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por los servicios que recibió, acorde a las operaciones ********************, ******************** y ********************, de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, a nombre del quejoso, reintegrándose la parte que cubrió en exceso.********************Por lo que al tomar en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, con las constancias correspondientes, deberá requerirse a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que devuelva la cantidad descrita.********************Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 112/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 192846, de la Novena Época, Materias Constitucional, Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, de noviembre de 1999, página 19, que reza: ********************AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro.****************************************En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la aprobación, expedición y promulgación de las leyes censuradas, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector.********************Lo anterior, de conformidad con la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno del Alto Tribunal del País, Novena Época, registro 200006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, de noviembre de 1996 Materia Constitucional, página 135, que literalmente dice:********************LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general."****************************************Finalmente, se hace la precisión que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, ya que contienen los mismos principios de la ley vigente y son aplicables al caso; lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo.********************Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE:********************Primero. Se sobresee en el juicio de amparo********************/2023-VI, promovido ********************, contra las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando quinto de la presente.********************SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE ********************, contra los actos reclamados y autoridades responsables, en términos de los considerandos séptimo y octavo.********************Notifíquese por lista electrónica, por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las autoridades responsables.********************Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***, hoy once de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Se agrega oficio Agréguese al presente juicio, para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite el Director de Análisis Jurídicos, dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación de la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre mediante el cual solicita se le remita copia de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, a fin de estar en aptitud de rendir su informe justificado. En relación a lo solicitado, dígase al oficiante que este juicio de amparo se encuentra debidamente integrado por lo cual no se le requirió nuevamente que rindiera su informe justificado, mismo que fue recibido en auto de siete de octubre de dos mil veintiuno por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, sino que, mediante auto de veintisiete de julio del año en curso, únicamente se le informó que este Juzgado aceptó la competencia legal planteada por dicho órgano jurisdiccional foráneo, para conocer de este juicio de amparo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de agosto de dos mil veintitrés. Exhorto no diligenciado Visto lo de cuenta, se tiene a la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, devolviendo sin diligenciar el exhorto 346/2023, derivado de este juicio de amparo. Se advierte que dicha comunicación oficial no fue diligenciada toda vez al constituirse la actuaria judicial adscrita al mencionado juzgado en el domicilio indicado para tal efecto, le manifestaron que el despacho de abogados que operaba en ese lugar ya no se encuentra en esa dirección. Sin que sea necesario acusar su recibo, por así haberlo mencionado la autoridad exhortada, así como por haberse generado este de manera automática vía interconexión. Asimismo, se ordena dar de baja la comunicación, y hacer las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notificación por lista Atento a lo anterior, con fundamento el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por lista electrónica, los autos de trece y veintisiete de julio de dos mil veintitrés, el presente acuerdo, así como las determinaciones posteriores cuya notificación sea de índole personal, ello hasta en tanto, proporcione domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.MARC/LRV

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