Israel Daniel Hernández García

Expediente 989/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
989/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
26/03/2018

Partes del expediente

  • Israel Daniel Hernández García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por las fracciones II y IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción, por haberse negado la suspensión provisional y definitiva. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada Yasmin Jiménez Vega, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la secretaria Yara Isabel Gómez Briseño, que autoriza y da fe. Doy fe.*lh

  2. Principal

    En cumplimiento al acuerdo de cinco de marzo de dos mil dieciocho, se notifica a la tercero interesada Brenda Lizzeth Cerópn Rodríguez, la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, que a la letra dice: "SENTENCIACiudad Juárez, Chihuahua- veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 989-2017-III, y- RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió la demanda que dio origen al juicio, misma que fue turnada a este Juzgado de Distrito ese mismo día. En el escrito inicial el quejoso ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, que hizo consistir en el auto de vinculación a proceso de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal *******, por su probable participación en hechos que encuadran en el delito de robo calificado. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 989-2017-III y se previno a la parte quejosa, luego, el doce de diciembre siguiente se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la responsable, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó emplazar a juicio a las víctimas y al fiscal que actuó en el expediente de origen y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, porque los actos reclamados son materia de amparo indirecto, y tienen ejecución en el lugar donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo- 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3-2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana- y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama- Del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, el auto de vinculación a proceso de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal *******, por su probable participación de hechos que encuadran en el delito de robo calificado en perjuicio de ******* y *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en los párrafos precedentes del que se procederá a su estudio. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado en este juicio porque así lo reconoció la autoridad responsable al rendir su informe justificado, lo que constituye una confesión con valor probatorio pleno para tener por demostrada su existencia, de conformidad con los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Para tal efecto, la responsable remitió los discos versátiles que contienen video grabadas las audiencias en las que se nombró defensor, la audiencia de formulación de imputación, declaración preparatoria (donde se reservó su derecho a declarar), control de medidas cautelares, de auto de vinculación a proceso y plazo para cierre de investigación (foja 66 Bis)- además, la documental consistente en copia certificada del auto de vinculación a proceso que se reclama (fojas 85 a 101), probanzas a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles. De manera que, se tiene por cierto el auto de vinculación a proceso de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece- INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así- IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. El suscrito no advierte, oficiosamente, una causal de improcedencia en el juicio de amparo, ni alguna de las partes invocan una de ese talante, por lo cual lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía de amparo. Para este juzgador el juicio procede contra los actos atacados de que se trata, pues, por su naturaleza jurídica, tienen una ejecución irreparable para efecto de la procedencia de esta vía, por afectar la libertad del quejoso, con lo cual se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. Sobre el particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los que siguen- AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a proceso. Lo anterior, con independencia de que el nuevo sistema de justicia penal prevea diversas medidas cautelares, de coerción o providencias precautorias, distintas a la prisión preventiva, pues éstas tienen entre otras finalidades, asegurar la presencia del imputado en el juicio y garantizar el desarrollo del proceso, siendo la sujeción a éste lo que restringe temporalmente su libertad. Consecuentemente, al encontrarse ésta afectada temporalmente con el dictado de un auto de vinculación a proceso, es incuestionable que se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo y, atento a que se afecta un derecho sustantivo y que dicha afectación es de imposible reparación, procede en su contra el juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la mencionada Ley, el cual, además, puede promoverse en cualquier tiempo, al ubicarse en el caso de excepción previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo. (Fuente- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro- XVIII, Marzo de 2013. Tomo- 1. Tesis- 1a.-J. 101-2012 (10a.) Página- 534.) Bien, ahora que quedó demostrada la procedencia de este juicio, lo que sigue es analizar la constitucionalidad de los actos que nos ocupan, a la luz de los conceptos de violación relativos, respecto de los cuales, por cierto, opera la suplencia de la queja deficiente en los términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. QUINTO. Conceptos de violación. Se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia lo deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 2a.-J. 58-2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 164618, del texto literal siguiente- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X -De las sentencias-, del título primero -Reglas generales-, del libro primero -Del amparo en general-, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados por una parte, y uno diverso es fundado pero inoperante. Por razón de método, su análisis se realizará en orden diverso al expresado en la demanda. Establecido lo anterior, se observa que en síntesis los conceptos de violación el peticionario del amparo aduce- 1. Se violan sus derechos contemplados en el artículo 20 constitucional, fracciones IX y X del capítulo A y fracción VIII del capítulo B, ya que la resolución de auto de vinculación a proceso se fundó en una diligencia de reconocimiento de persona por fotografía en la cual lo representó un defensor público que él no nombró y que además era el mismo defensor que también representó a su coimputado, quien tenía intereses en contrario. 2. La autoridad responsable transgredió su derecho fundamental al debido proceso, al consentir el linchamiento público desatado por el Fiscal Especializado en la persecución del Delito de la Zona Norte del Estado de Chihuahua, al difundir su fotografía en un medio de comunicación. 3. Se violaron sus derechos fundamentales al vincularlo a proceso y darle valor íntegro a la declaración de su coimputado *******. 4. El Juez responsable no le brindó un auxilio eficaz para lograr la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicitó para efecto de refutar las acusaciones en su contra antes de que se resolviera su situación jurídica. A continuación, se abordará al examen de los conceptos segundo, tercero y cuarto que como se dijo con antelación devienen infundados, como a continuación se pone de relieve. Como cuestión previa, debe precisarse que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez responsable no tuvo acceso directo a la carpeta de investigación, sino solamente el representante social y la defensa, de tal manera que a efecto de analizar tanto el hecho delictuoso como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se limitará al relato efectuado por el Ministerio Público respecto de los antecedentes de investigación, así como las declaraciones rendidas ante él en la audiencia de ley. Esto es así, porque el análisis sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso debe estudiarse solo sobre la base de las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión dentro de la audiencia aludida, ni tomar en consideración la carpeta de investigación, dado que el Juez de Control no puede revisar su contenido, a menos que en el desahogo de la audiencia exista controversia respecto al contenido de la carpeta, aspecto que no ocurrió en la especie, toda vez que de los discos ópticos que remitió el órgano jurisdiccional responsable, no se pone de manifiesto que haya existido tal controversia, habida cuenta que de los mismos solo se observa los cuestionamientos que efectuó la defensa sobre los medios de investigación a que hizo alusión la fiscalía, en la audiencia de vinculación a proceso que aquí se reclama. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 64-2011(9ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro I, de Octubre de 2011, Tomo 2, página 993, del siguiente tenor- ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta- sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente- y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Sentado lo anterior, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de- 1. El delito que se impute al acusado- 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél- 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes- I. Que se haya formulado imputación- II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En este sentido, el código nacional previene que se entenderá que obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo- lo que pone de manifiesto la disminución del estándar probatorio, dado que no se trata de certeza sobre si se ha cometido el hecho delictivo, sino de que hayan indicios que puedan suponer su ejecución. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente- A. Formulación de la imputación El once de noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente Ministerio Público formuló imputación en contra del accionante del amparo. B. Rendición de la declaración preparatoria del imputado o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia de formulación de imputación, el indiciado se acogió a su derecho de guardar silencio. C. De la investigación se desprendan los datos que establezcan- C.1. Que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y C.2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión- y finalmente. D. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En ese orden de ideas, atendiendo a que de investigación se desprendan los datos que establezcan- C.1. Hecho que la ley señale como delito. Con relación a este tópico, es oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de -un hecho que la ley señale como delito- y la -probabilidad en la comisión o participación del activo-, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, solo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Para tal efecto, este Tribunal de amparo debe constatar que el Juez de Control haya realizado un examen sobre el grado de racionabilidad, es decir, teniendo como factor principal, la duda razonable, para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad, esto es, si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas, la ponderación consistente en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa, la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario relativo a los datos aportados por ambas partes para el dictado de dicha vinculación. Apoya esta consideración por analogía, la jurisprudencia 1a.-J. 35-2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 45, Agosto de 2017, Tomo I, materia penal, página 360, con número de registro 2014800, del siguiente tenor- AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que- 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones -comprobar- por -establecer- y -cuerpo del delito- por -hecho que la ley señala como delito-, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de -pruebas- ni se exige -comprobar- que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado -cuerpo del delito-, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y-o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. El Juez de Control consideró que se encontraban actualizados hechos que la ley reputa como delito de Robo Calificado, a que se contraen los artículos 208, fracción III, 211, fracción VI y 212, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, a partir de los siguientes datos de prueba- Datos de pruebas de cargo (recabadas por el Agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación)- 1. Denuncia interpuesta por las víctimas de iniciales ******* y *******. 2. Declaración del coimputado *******. 3. Ampliación de declaración de las víctimas ******* y *******. a. En el que informa al Ministerio Público que reconoció a dos personas más que cometieron el delito de robo en su perjuicio, que dichas personas salen en un organigrama publicado en ******* y que son las siguientes- i. ******* (era el que vigilaba) ii. ******* (era el conductor del vehículo donde huyeron) 4. La videograbación del negocio denominado *******, de quince de septiembre de dos mil diecisiete. 5. Lista de movimientos del banco, así como el recibo de retiro correspondiente a la cantidad de $*******. 6. Tres recibos de ventas del día quince de septiembre de dos mil diecisiete, de la *******. 7. Nota de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, publicada en el noticiero digital *******, en donde aparece el organigrama de la banda delictiva que asaltaba los Bancos. 8. Reconocimiento por medio de fotografía en la cual la víctima de iniciales ******* reconoce al quejoso *******. 9. Constancia mediante la cual el agente del Ministerio Público y el Defensor Público de *******, hacen constar que éste se encuentra detenido pero que no hay personas que tengan características físicas similares para realizar el reconocimiento en fila con otras personas, por lo que, convinieron llevar a cabo el reconocimiento por medio de fotografías, en donde ponen a la vista de la víctima cuatro fotografías con las características físicas similares a las del quejoso. 10. Fotografías que son registradas en la Institución Bancaria ******* ubicado en *******, en esta ciudad, donde se advierte la presencia de una persona con las características físicas similares a las de *******. 11. El parte informativo elaborado por los agentes *******. A partir de esos datos de prueba, los que valoró conforme a las reglas establecidas en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juzgador consideró que se encontraba acreditado a nivel presuntivo que sobre la cantidad de $*******, un teléfono celular, y el producto de unos días de venta, se produjo un acto de apoderamiento, esto es, con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo, actualizándose de esta manera el delito que la ley prevé como robo calificado. Para tal efecto, confirió valor preponderante al dicho de la víctima de iniciales *******, a nivel de evidencia, porque no sospechó falsedad en la declaración que hizo frente al agente del Ministerio Público Investigador, a quien señaló como quien conducía el vehículo en el que huyeron las personas que lo despojaron de sus pertenencias, siendo éste de la marca *******, color *******, ******* puertas, ******* placas, el cual se encontraba estacionado aproximadamente a unos treinta metros de distancia de su negociación denominada *******, lugar donde ocurriendo los hechos, la cual se encuentra ubicada sobre *******, en esta ciudad, alrededor de las doce horas con veinte minutos del catorce de septiembre de dos mil diecisiete. Situación que no se contradijo por el acusado o su defensa, pues al darle la oportunidad de declarar, el indiciado optó por no hacerlo y en su defensa no se aportó dato de prueba que pudiera desvirtuar lo anterior. Lo considerado por el Juez es acertado, pues como bien refirió de la investigación se deducían datos que permitían establecer que el indiciado participó en la comisión de un hecho que la ley penal del Estado de Chihuahua tipifica como delito, debido a que la legislación sanciona a aquel que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente, sin que le asista alguna excluyente de responsabilidad- razón por la que, en este aspecto, no se lesionaron los derechos del quejoso, porque la conducta que se le atribuye se encuentra regulada en la ley como delito. Para evidenciar el anterior aserto, es conveniente referirse a la naturaleza jurídica y elementos que integran al delito atribuido al quejoso, el cual fue encuadrado en los artículos 208, fracción III, 211, fracción VI y 212, fracción II, del Código Penal de esta entidad federativa, que estatuyen- 208. A quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente, se le impondrá- [.] III.- Cuando exceda de mil veces el salario, la sanción será de cuatro a diez años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el salario 211. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicará prisión de uno a tres años, cuando el robo- [.] VI. Se cometa con la intervención de dos o más personas. 212. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicarán de dos a diez años de prisión, cuando el robo- [.] II. Se cometa por medio de la violencia a las personas, sea física o moral, utilizándose arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. En otras palabras, conforme a la legislación sustantiva penal, comete el delito de robo, aquel que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente- en ese orden, el delito con la agravante que se comenta se actualiza cuando concurren los siguientes hechos- a) Se cometa con la intervención de dos o más personas. b) Se cometa por medio de la violencia a las personas, sea física o moral, utilizándose arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. Con relación al primero de los elementos descriptivos, el Juez responsable correctamente estimó acreditada la existencia de una acción de apoderamiento de un bien, con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. En efecto, en la especie se relataron ante el Juez de Control datos de prueba que permiten establecer, a nivel de indicio, que *******, participó en la comisión del delito de robo calificado en perjuicio de las víctimas de iniciales ******* y *******, ya que el Juez refirió- el catorce de septiembre de dos mil diecisiete, aproximadamente a las doce horas con veinte minutos, la víctima ******* se apersonó en la Institución Bancaria ******* ubicada en *******, donde retira la cantidad económica la cual refiere por la suma de ******* (sic), y al salir de dicha Institución Bancaria, se retira por la calle *******, aproximadamente a cien metros, y arriba a su propia negociación denominada *******, ubicada sobre *******, lugar en el que refiere se encontraban diversas personas siendo éstas su esposa, su empleada de inicial *******, y un señor de nombre *******, éste último quien se encontraba ahí por el cobro de diversas actividades comerciales. Luego, arriban al interior de dicha negociación, dos individuos del sexo masculino quienes con armas de fuego, de las cuales hasta describe sus características y sus calibres, le exigen el dinero en efectivo directamente de la cantidad que retira previamente y lo despojan de la bolsa, tipo mariconera, donde las poseía, asimismo, se apoderan del dinero producto de ventas, del teléfono celular de su empleada y del dinero en efectivo que le acababa de dar al señor *******. Posteriormente, los sujetos se dan a la huida en un vehículo marca *******, color *******, ******* puertas, ******* placas, el cual logró apreciar que se encontraba estacionado al exterior de su negociación aproximadamente a treinta metros de distancia, e incluso deflagraron las armas de fuego para permitir su huida. De esto se dan cuenta los elementos policiacos y posteriormente en ampliación de declaración, la víctima de iniciales *******, acude ante el agente del Ministerio Público Investigador y señala que a través de los medios digitales del noticiero *******, se da cuenta de una banda de asaltantes dedicados a robar a personas que salen de los Bancos, por lo que pone especial pronunciamiento a las impresiones fotográficas y se percata que hay similitud entre una de las personas que se encontraban en la Institución Bancaria donde retiró el dinero, siendo ésta *******. Asimismo refiere que también logró apreciar la intervención de una persona más, la cual se encontraba a treinta metros de distancia de su negociación, a bordo de un vehículo en el que se dieron a la fuga los asaltantes. Por lo que en sede Ministerial se le muestra una serie fotográfica (integrada por cuatro fotografías) de la cual en la fotografía número UNO ubica al señor *******, como la persona que tripulaba el automotor donde abordaron quienes lo desapoderaron de las cantidades en moneda norteamericana y en moneda nacional. En este aspecto, no le asiste razón al quejoso en el sentido de que la autoridad responsable transgredió su derecho fundamental al debido proceso, al consentir el linchamiento público al difundir su fotografía en un medio de comunicación, lo que indujo a la víctima de iniciales ******* a ampliar su declaración y acusarlo del delito de robo calificado. Así como cuando indica que el solo hecho de que los medios de comunicación generen publicaciones donde las personas sean concebidas como delincuentes viola el principio de presunción de inocencia, y a él le afecta porque el auto de vinculación a proceso fue dictado sobre la base de datos ilícitos. En efecto, se afirma lo anterior, porque la exposición mediática y la información asociada a ella, tiene que ser bastantemente robusta para que pueda considerarse que ha generado una percepción gravosa y que ésta ha elevado, la probabilidad de que los testimonios y las pruebas recabadas contengan información parcial y, por ende, cuestionable. Es por eso que el Juez debe ponderar la gravedad de la información y el impacto que ésta pueda causar a la sociedad. En ese sentido, el solo hecho de que los medios de comunicación generen publicaciones donde las personas sean concebidas como -delincuentes-, ciertamente viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla procesal. Sin embargo, para evaluar el impacto que estas publicaciones pueden tener en un proceso penal, es necesario que el Juez realice una ponderación motivada para establecer si se está en condiciones de dudar sobre la fiabilidad del material probatorio. Es sustento de esta determinación, la tesis 1a. CCC-2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, página 375, Décima Época, con número de registro 2013214, del tenor siguiente- PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. ELEMENTOS A PONDERAR PARA DETERMINAR SI LA EXPOSICIÓN DE DETENIDOS ANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PERMITE CUESTIONAR LA FIABILIDAD DEL MATERIAL PROBATORIO. La sola exhibición de personas imputadas en los medios de comunicación representa una forma de maltrato que favorece el terreno de ilegalidad y que propicia otras violaciones a derechos humanos. Por tanto, estas acciones deben ser desalentadas con independencia de si ello influye en el dicho de quienes atestiguan contra el inculpado. Al respecto, pueden consultarse las tesis aisladas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- 1a. CLXXVI-2013 (10a.) y 1a. CLXXVIII-2013 (10a.), (1) de rubros- -PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. SU CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS.- y -PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN DE DETENIDOS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.-. Ahora bien, cuando se plantea una violación en este sentido, la exposición mediática (y la información asociada a ella) tienen que ser suficientemente robustas para que pueda considerarse que han generado una percepción estigmatizante y que ésta ha elevado, de modo indudablemente significativo, la probabilidad de que los testimonios y las pruebas recabadas contengan información parcial y, por ende, cuestionable. Algunos de los elementos que el juez puede ponderar al llevar a cabo esta operación son- 1. El grado de intervención y participación del Estado en la creación y-o en la divulgación de la información. Cuando el Estado es quien deliberadamente interviene para crear una imagen negativa y contribuye a su formación, los jueces deben ser especialmente escépticos para juzgar el material probatorio. 2. La intensidad del ánimo estigmatizante que subyace a la acusación y su potencial nocividad. 3. La diversidad de fuentes noticiosas y el grado de homogeneidad en el contenido que las mismas proponen. Con apoyo en este criterio, el juez valora si el prejuicio estigmatizante ha sido reiterado en diversas ocasiones y analiza su nivel de circulación. También analiza si existen posiciones contrarias a este estigma que, de facto, sean capaces de contrarrestar la fuerza de una acusación. Cabe aclarar que si bien la existencia de una sola nota o la cobertura en un solo medio puede generar suficiente impacto, eso ocurriría en situaciones excepcionales, donde el contenido y la gravedad de la acusación fueran suficientemente gravosas por sí mismas para generar un efecto estigmatizante. 4. La accesibilidad que los sujetos relevantes tienen a esa información. Al valorar este aspecto, el juez puede analizar el grado de cercanía que él mismo, los testigos o los sujetos que intervienen en el proceso tienen con respecto a la información cuestionada. Si la información es demasiado remota, existirán pocas probabilidades de que el juzgador o tales sujetos hayan tenido acceso a la misma- consecuentemente, la fiabilidad de las pruebas difícilmente podría ser cuestionada. Estos criterios no pretenden ser una solución maximalista, capaz de cubrir todos los supuestos. Se trata, tan sólo, de criterios orientadores que facilitan la tarea de los tribunales al juzgar este tipo de alegatos. Es decir, se trata de indicadores que, por sí mismos, requieren apreciación a la luz de cada caso concreto. De ningún modo deben interpretarse en el sentido de que sólo existirá impacto en el proceso cuando un supuesto reúna todos los elementos ahí enunciados. En conclusión, el solo hecho de que los medios de comunicación generen publicaciones donde las personas sean concebidas como -delincuentes-, ciertamente viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla procesal. Sin embargo, para evaluar el impacto que estas publicaciones pueden tener en un proceso penal, es necesario que los jueces realicen una ponderación motivada para establecer si se está en condiciones de dudar sobre la fiabilidad del material probatorio. En el caso, este resolutor considera que el Juez responsable apropiadamente determinó que la Fiscalía del Estado debe ajustar su forma de actuar en relación a la presentación de personas ante la sociedad a las cuales exhibe por los medios impresos o digitales, e incluso contestó el argumento de la defensa diciendo que la Fiscalía requiere hacer una reorientación en relación a la eventual presentación de los detenidos a los medios de comunicación que pudiera incidir en el análisis de valoración. Empero, la autoridad responsable también acertadamente ponderó dicha información y estipuló que aún y cuando se eliminara la nota periodística de ******* que exhibió la víctima ******* en sede Ministerial, se obtendría el mismo resultado, debido a que la publicación únicamente incitó a la víctima de marras a que se presentara ante las instalaciones de la Fiscalía, pero estando ahí, esbozó que al salir de su negocio, lugar donde ocurrieron los hechos, persiguió a los dos sujetos que lo despojaron de sus bienes y notó la presencia de una tercera persona, de quien describe sus características físicas, quien se encontraba en el interior de un vehículo, aproximadamente a unos treinta metros de distancia, esperando a los dos sujetos activos, para luego huir todos en dicho automotor. No pasa inadvertido para este Tribunal que el quejoso añade que era obligación del Juez de Control conducirse con escepticismo ante la sospechosa ampliación de declaración de la víctima de iniciales *******, quien describió muy detalladamente las características físicas del accionante del amparo y dijo que el vehículo en el que huyeron las personas que los asaltaron lo conducía el quejoso, quien se encontraba a treinta metros de distancia del negocio donde se cometió el ilícito, siendo esto inverosímil dijo el promovente puesto que a tal distancia era materialmente improbable que la víctima viera el rostro del conductor, máxime si éste se encontraba de espalda mientras huía, cuestión que además la víctima no narró en su primera declaración de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete, sino que lo hizo en una segunda declaración. No obstante, a diferencia de lo que estipula el quejoso, el Juez responsable, para resolver no tomó en cuenta los detalles tan minuciosos de las características físicas que narró la víctima de iniciales *******, en su ampliación de declaración, sino que le dio mayor valor probatorio a la acusación que le hizo su codetenido *******, quien ubica al señor *******, como la persona que tripulaba el vehículo en todas y cada una de las fases de la ejecución del delito. Asimismo, enfatizó que *******, relató en su declaración ministerial, que una vez que se materializaba la conducta por diversos imputados en los cuales describe a uno como -*******-, y a otro como -*******-, quienes realizaban las actividades violentas con las armas de fuego y el apoderamiento de los objetos, *******, era quien los encontraba al exterior para luego retirarse con el producto del botín de lo robado. Por lo que el Juez de Control determinó que la acusación que hacía *******, era un dato de prueba capaz de acreditar la probable responsabilidad del quejoso y hasta ese momento procesal, el amparista no acreditó lo contrario, no obstante, habría otras etapas procesales en las que tendría oportunidad de demostrar su dicho. Con lo que este Juez Federal concuerda, puesto que aunque la participación que se atribuye al quejoso es en carácter de coautor del delito, el codetenido que lo señala no se exime de responsabilidad o participación en el hecho, sino que únicamente describe la participación que tenía cada uno de los sujetos activos en la comisión del ilícito. Por otra parte, tampoco le asiste razón al quejoso en el sentido de que se violaron sus derechos fundamentales al vincularlo a proceso y darle valor íntegro a la declaración de su coimputado *******. El promovente dice que la declaración de su coimputado fue rendida ante el agente del Ministerio Público el siete de noviembre de dos mil diecisiete, esto es, el mismo día en que fue ilegalmente detenido, pues solo se tomó en consideración la orden de aprehensión dictada el diez del mismo mes y año, sin atender los argumentos vertidos por su defensor respecto a que su declaración no fue rendida de manera libre y espontánea. Lo anterior resulta infundado, ya que de autos no se advierte que la parte quejosa vertiera argumentos o datos de prueba tendientes a acreditar su dicho, esto es, que la detención de su coimputado fue ilegal, por lo cual debió demostrar tal circunstancia ante el Juez de Control, lo cual, como ya se vio, no lo hizo En efecto, fue correcto que el Juez de origen haya otorgado el valor al dato de prueba consistente en la declaración del coimputado de referencia, ya que en sus declaraciones reconoció su responsabilidad y también participación del quejoso en la comisión del delito de robo que se les atribuye. Lo anterior es así porque al momento de que la parte quejosa vertiera argumentos tendientes a acreditar que la detención de su coimputado fue ilegal, debió demostrar tal circunstancia, lo cual, como ya se vio, no lo hizo. Luego, el reconocimiento de su participación debe ser considerado como probable en esta etapa procesal, tal como lo señaló el Juez, aunado a que la declaración del codetenido se encuentra robustecida con el restante material de datos probatorios que obra dentro de la causa de origen. En otro aspecto, la parte quejosa en el concepto de violación que se sintetiza con el número cuatro de esta resolución, señala que la responsable no le brindó un auxilio eficaz para lograr la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicitó para efecto de refutar las acusaciones en contra de su defenso antes de que se resolviera su situación jurídica. Además refiere que omitió hacer uso de los medios de apremio, incluso el uso de la fuerza pública, para obligar a las personas a que acudieran al llamado judicial, lo que ocasionó que el quejoso no contara con medios de prueba idóneos para acreditar su ilegal detención, la de su codetenido ******* y la indebida celebración de las diligencias de reconocimiento por fotografía. Los argumentos anteriores son infundados. El artículo 19, párrafo primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales ordenan- 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará- el delito que se impute al acusado- el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.] El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. [.] 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. B. De los derechos de toda persona imputada- [.] IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley- 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. [.] En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. [.] La citación deberá contener- [.] VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. 104. Imposición de medios de apremio El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones- [.] II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio- [.] b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. En el caso que nos ocupa se aprecia que durante la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, la defensa del quejoso solicitó al Juez de Control que antes de que se resolviera la situación jurídica de su defenso se utilizaran todos los medios de fuerza necesarios para lograr la comparecencia de los testigos que solicitaron en días anteriores. A lo que el Juez de Control responsable respondió que no pasaba por inadvertida dicha petición, ya que al momento del ofrecimiento de las testimoniales se giraron los oficios necesarios para lograr la comparecencia de las personas solicitadas, sin embargo, ese día fenecía el término constitucional para resolver la situación jurídica y no podía suspender la audiencia debido a que estaban por transcurrir las ciento cuarenta y cuatro horas de la duplicidad solicitada, motivo por el cual se veía en la imperiosa necesidad de resolver en ese mismo momento, dejando a salvo sus derechos para solicitarlo con posterioridad. Asimismo, el Juez de Control en la misma audiencia ordenó girar los oficios respectivos a efecto de que se realizaran las multas correspondientes por la incomparecencia de los testigos. Lo narrado pone de relieve que la Responsable se constriñó a los lineamientos que imponen las normas constitucionales y secundaria citada, por lo que no vulneró el derecho fundamental del quejoso consagrado en el artículo 20, apartado B, fracción IV constitucional. Ello es así, porque el Juez se encontraba obligado a respetar los plazos que marca la Ley para resolver la situación jurídica del quejoso- por ello se encontraba impedido para citar nuevamente a los testigos que solicitó. Pues en ese caso, si hubiera excedido de las ciento cuarenta y cuatro horas que se señala el Código subjetivo en caso de duplicidad. Además, diverso a lo ostentado por el quejoso, el Juez de Control oportunamente explicó a la defensa que se encontraba obligado a respetar los términos constitucionales y no podía suspender la audiencia por la situación planeada, por lo cual hizo efectivo el medio de apremio consagrado en el artículo 104, fracción II, apartado b) del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esas condiciones, no existe razón jurídica para estimar, como inexactamente lo quiere hacer ver la parte inconforme, que la Responsable fue ineficaz al brindarle el apoyo para lograr la comparecencia de sus testigos, pues se ocupó de los planteamientos expuestos por la defensa en la causa, y les dio igualdad de oportunidades en la acusación y defensa legal. Por último, el quejoso dice que se violan sus derechos contemplados en el artículo 20 constitucional, fracciones IX y X del capítulo A y fracción VIII del capítulo B. Lo anterior es así, porque dice que la resolución de auto de vinculación a proceso se fundó en una diligencia de reconocimiento de persona por fotografía en la cual lo representó un defensor público que él no nombró y que además era el mismo defensor que también representó a su coimputado, quien tenía intereses en contrario, por lo cual su defensor era incompatible para llevar su defensa y en consecuencia, quedó en estado de indefensión, por lo que se debe desestimar dicho reconocimiento. De igual manera indica que el reconocimiento por fotografía no se hizo con los lineamientos estipulados en el artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el peticionario se encontraba presente para poder realizar un reconocimiento en fila con otras personas y su identidad era conocida, sin embargo, su defensor y el ministerio público no acataron dicha norma y celebraron un convenio en el que decidieron que el reconocimiento sería por fotografía. El concepto de violación invocado por la parte quejosa es fundado pero inoperante por las razones y fundamentos siguientes. El artículo 20 Constitucional, fracción IX y X del apartado A y VIII del apartado B, y 113, fracción IV y XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen- 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales- [.] IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada- [.] VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y [.] 113. Derechos del Imputado El imputado tendrá los siguientes derechos- [.] IV. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él- [.] XI. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad- De los preceptos reproducidos se desprende que éstos tutelan el derecho al debido proceso, el cual lleva inmerso el de adecuada defensa que implica el derecho de las partes a comparecer en la averiguación previa a ejercer su defensa, antes de que sea modificada su esfera jurídica, lo que implica que debe tratarse al individuo como un verdadero sujeto del proceso y no simplemente como un objeto de éste- en un juicio de ponderación entre el derecho humano de defensa adecuada, reconocido en el citado artículo 20 constitucional, De manera que durante la averiguación previa debe tutelarse efectivamente el derecho fundamental de defensa adecuada del inculpado. Por ello, la necesidad de tutela efectiva a su derecho humano de adecuada defensa, implica obtener aquellos medios probatorios que ofrece el inculpado para desvirtuar el hecho atribuido. Ahora bien, se sostiene que se violaron las leyes del procedimiento, afectándose las defensas del promovente del amparo, porque en la audiencia de vinculación se observa que se actualizó un conflicto de intereses con el coimputado y su defenso, motivo por el cual el quejoso quedó en estado de indefensión durante la diligencia de reconocimiento mencionada. En ese aspecto se advierte que el Juez de Control tomó en consideración el dato de prueba consistente en el reconocimiento de persona por fotografía, sin tomar en consideración que el propio defensor de la parte acusadora asistiera en dicha diligencia al quejoso. Corolario a lo expuesto este resolutor estima que la circunstancia de que un mismo defensor de oficio patrocinara, tanto al impetrante de garantías, como a su coimputado, afectó las defensas del primero de los nombrados, dado que las manifestaciones del coimputado revelaron la existencia de un conflicto de intereses, porque como se ha precisado, el coinculpado imputa al quejoso de haber participado en los hechos delictivos que se le atribuyen, pese a que él no se exime de responsabilidad, por lo que es claro que un solo defensor no estaba en condiciones de actuar al mismo tiempo a favor de cada uno de ellos, porque al actuar en beneficio del promovente del juicio constitucional, como era su obligación, contrariamente podía afectar los intereses del coacusado o viceversa. Por lo expuesto, se redujo en perjuicio del quejoso su derecho a una defensa adecuada y con ello se le infringió la precitada prerrogativa fundamental. Así lo ha sostenido el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la Jurisprudencia I.2o.P. J-29, consultable en la página 2167, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, con registro 168689, que a la letra dice- DEFENSA ADECUADA. SE TRANSGREDE CUANDO UN MISMO DEFENSOR PATROCINA A COINCULPADOS CON INTERESES CONTRARIOS. De lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los diversos ordinales 269, fracción III, inciso b) y 294 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se colige que para garantizar el derecho fundamental en cuestión, el asesor jurídico del inculpado debe defenderlo suficientemente, al ofrecer pruebas, interponer recursos y argumentar jurídicamente, entre otros actos procesales. Por ende, si en la especie, un mismo defensor asiste a coinculpados que presentan conflicto de intereses entre sí- es inconcuso que se viola en su perjuicio la garantía de defensa adecuada, pues en tales condiciones, al actuar aquél en beneficio de uno de sus patrocinados, afecta los intereses de los restantes- lo que constituye una violación a las leyes del procedimiento, análoga a la prevista en la fracción V del artículo 160 de la Ley de Amparo, que amerita la concesión de la protección constitucional, para efecto de que se reponga el procedimiento, a fin de que se designe a defensor diverso al coprocesado. Motivo por el cual, aunque en el caso, durante la etapa pre judicializada el imputado debió tener un defensor diverso al multicitado coimputado para que lo asistiera y representara- conceder el amparo para efectos de que se reponga el procedimiento sería para que le nombraran uno nuevo, situación que ya no beneficiaría al quejoso, pues como se advierte de autos, una vez que se judicializó la carpeta de investigación, el promovente nombró un defensor de carácter particular para que lo representara en las siguientes etapas. Aunado a que dicha situación ya se llevó a cabo de manera irreparable. Por otro lado, los ordinales 277 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales ordenan- 277. Procedimiento para reconocer personas. El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, en su caso, del Defensor. Artículo 279. Identificación por fotografía. Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente, podrá exhibirse su fotografía legalmente obtenida a quien deba efectuar el reconocimiento junto con la de otras personas con características semejantes, observando en lo conducente las reglas de reconocimiento de personas, con excepción de la presencia del Defensor. Se deberá guardar registro de las fotografías exhibidas. En ningún caso se deberán mostrar al testigo fotografías, retratos computarizados o hechos a mano, o imágenes de identificación facial electrónica si la identidad del imputado es conocida por la Policía y está disponible para participar en una identificación en video, fila de identificación o identificación fotográfica. Del último de los artículos en cita se desprende que para reconocer a una persona por fotografía se requiere que no esté presente el imputado- sin embargo, en el caso, el quejoso se encontraba detenido al momento de realizar dicho reconocimiento y su identidad era conocida por la policía. Por ello se pone de manifiesto que se incumplió con el primero de los requisitos para realizar el multicitado reconocimiento- en consecuencia, es fundado dicho concepto de violación. En efecto, la responsable no debió darle valor al dato de prueba consistente en el reconocimiento por fotografía que se realizó en su perjuicio, por los motivos y fundamentos anteriormente expresados. Ahora, si bien es cierto que el aludido dato de prueba fue tomado en consideración para dictarle auto de vinculación a proceso, también lo es, que la responsable adminiculó ese dato con otros más ofrecidos por la agente del Ministerio Público de la causa, entre ellos, la acusación que le hizo su coimputado *******, la ampliación de declaración de la victima de iniciales *******, el recibo de retiro correspondiente a la cantidad de $******* y el parte informativo elaborado por los agentes aprehensores. Por consiguiente, el concepto de violación sintetizado en supra líneas es fundado, no obstante deviene inoperante, pues aunque la autoridad responsable no debió tomar en consideración el dato de prueba consistente en el reconocimiento por fotografía que hizo al quejoso por parte de la víctima de iniciales *******, cabe precisar que su fallo también se baso en otros datos de prueba a los que consideró de mayor relevancia. Por consiguiente, aunque se concediera el amparo para efecto de que se dejara sin efectos el auto de vinculación a proceso reclamado y en su lugar se dictara otro en el que no tomara en consideración la diligencia de reconocimiento por fotografía que se hizo al promovente, no cambiaria el sentido del acto demandado, pues como ya se dijo, existen otros datos de prueba que hacen presumir la probable participación del quejoso en los hechos delictivos, pues lo anterior, no conlleva a la ilegalidad del acto reclamado, ya que los hechos que se hicieron del conocimiento de la Juez de Control responsable, se insiste, en este momento y en grado de probabilidad, efectivamente configuran el delito de robo calificado, previsto y sancionado en los artículos 208, fracción III, 211, fracción VI y 212, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J-32, que mantuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XX, Julio de 2004, Materia Común, que se consulta en la página 1396, que estatuye- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO. Conforme a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es- -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.-, cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, el concepto aducido, aun cuando sea fundado, debe declararse inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sobre esas bases, el tribunal de amparo debe pronunciarse respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de la instancia, porque de concederse la protección federal para que se subsanen no cambiaría el sentido del acto reclamado. Por tanto, es improcedente esa declaración de inoperancia cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común al ser necesario el ejercicio de su arbitrio jurisdiccional para dilucidar aspectos de fondo, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpretación y aplicación de normas o de contratos, porque en estos supuestos invariablemente corresponde a la autoridad ocuparse del análisis de las cuestiones omitidas, pues de lo contrario, la potestad de amparo podría dejar inaudita a una de las partes- de ahí que la determinación de que un concepto de violación es fundado pero inoperante, únicamente es adecuada ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional. De igual manera, queda evidenciado que ante el Juzgador responsable se relataron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que tuvo por acreditado a nivel presuntivo que sobre la cantidad de $*******, un teléfono celular, y el producto de unos días de venta, propiedad de las víctimas de iniciales ******* y ******* se produjo un acto de apoderamiento, esto es, con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo, lo anterior, haciendo uso de unas armas de fuego y donde participaron más de un agresor, en *******, en esta ciudad, alrededor de las doce horas con veinte minutos del catorce de septiembre de dos mil diecisiete. En esta virtud, este Juzgador estima correcta la consideración del responsable porque, la declaración de la víctima ******* es prueba de cargo válida, la cual fue concatenada con los demás datos de prueba, consistentes en la declaración ministerial del coimputado *******- la videograbación del negocio denominado *******, de quince de septiembre de dos mil diecisiete- la lista de movimientos del banco, así como el recibo de retiro correspondiente a la cantidad de $*******- tres recibos de ventas del día quince de septiembre de dos mil diecisiete, de la *******- nota de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, publicada en el noticiero digital *******, en donde aparece el organigrama de la banda delictiva que asaltaba los Bancos y el parte informativo elaborado por los agentes *******. Los cuales se tratan de pruebas que han sido emitidas por quienes han tenido un conocimiento de los hechos imputados, sin que suponga necesariamente la invalidez de su testimonio, aunque sea un dato a valorar para determinar su credibilidad, lo cual se hará en su momento procesal oportuno. Datos de prueba que formaron convicción en el juez responsable, ya que en primer lugar la narrativa de hechos deriva de agentes policiales que procedieron en funciones de su deber, lo cual debe ser valorado como prueba indiciaria, que es coincidente con lo narrado por la propia víctima- de ahí que en este aspecto el auto de vinculación a proceso no lesiona los derechos del quejoso. En otras palabras, existe la probabilidad de que el acusado estuvo en el lugar de los hechos, participando en la comisión del ilícito, por ello se le debe dar crédito a lo declarado por la víctima, de quien no se advirtió falsedad en su declaración vertida ante el agente investigador, de ahí que lo manifestado por la víctima tiene especial relevancia probatoria, máxime que, en esta etapa del proceso no se requiere prueba plena de la comisión de esos hechos, para la correcta emisión del auto de vinculación a proceso, sino que basta con que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, al margen de determinar si las razones que dejó plasmadas el juez de la causa resultan o no correctas es necesario precisar que acorde con el artículo 19 constitucional, el estándar probatorio que se exige al Juez de Control para el dictado del auto de vinculación a proceso no es igual que el que se exige para el dictado de una sentencia, sino que es más laxo, sin que ello llegue al extremo de diluir el control judicial de los datos de prueba recabados por el agente del Ministerio Público para ejercer acción penal. En la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J-25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro- -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)-, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso, el Juez de Control no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En esa medida, para la emisión del auto de vinculación a proceso, no deben ser objeto de valoración formal los elementos emanados de la investigación, sólo se requiere que el órgano acusador con datos idóneos, pertinentes, suficientes y legalmente obtenidos que obren en la carpeta correspondiente, establezca razonablemente la existencia del hecho imputado y la probabilidad de la participación del inculpado- es decir, que con un estándar bajo de prueba se pueda determinar que existe el hecho y que es probable que el imputado participó en él, además de la ponderación jurídica de que el hecho se tipifica como delito en la ley- sin que tales datos constituyan prueba fehaciente para ser tomados en cuenta al dictar la sentencia pues en ese caso únicamente se pueden tomar en consideración las que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio oral. De lo anterior, se concluye que para demostrar el estándar probatorio necesario en el juicio natural, sólo es necesario que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que el Juez estime idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En resumen, como ha quedado determinado por la autoridad responsable, en esta etapa del procedimiento no es factible analizar los elementos subjetivos del ilícito en cuestión, sino únicamente los que se refieren al aspecto material. En efecto, como quienes resintieron el delito, son las víctimas, con los datos de prueba que hasta esta etapa del juicio existen no es jurídicamente correcto determinar el elemento subjetivo del ilícito de que se trata, porque ello implicaría un anticipo en el análisis de la tipicidad en esta etapa, en lo atinente al examen de un elemento subjetivo del tipo que es propio de otra etapa del proceso penal- sin embargo, dado que el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso se limita al estudio conceptual de los hechos, es decir, al examen de los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal. En esta tesitura, para quien resuelve resulta legal la consideración del Juez de Control, porque en este momento procesal, es suficiente tener como indicio que el activo despojó de sus pertenencias al pasivo, con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo- lo anterior, como resultado de una acción violenta y con una ventaja superior. Pues así, se tiene por acreditado tal componente del ilícito calificado y en el caso en concreto no existen datos que indiquen que el menoscabo en el patrimonio de la víctima fue por otro motivo. Es sustento de esta determinación por analogía, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J-2 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que fue citada en líneas precedentes, del siguiente tenor- AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO -HECHO ILÍCITO- DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J-25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro- -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).-, estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos- pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no -contaminar- o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. En las relatadas condiciones, con los datos de prueba que fueron puestos al conocimiento del Juez de Control se encuentra justificada la existencia de hechos que configuran el delito de robo calificado, previsto en el ordinal 208, fracción III, del Código Penal de esta entidad federativa, en la hipótesis que se actualiza cuando quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente. Asimismo, este Juzgador Federal estima correcto que el Juez de la causa determinara que existían datos que le permitían concluir que los hechos se encontraban agravados en términos del artículo 211, fracción VI y 212, fracción II, de la legislación en cita, ya que se cometió con la intervención de más de dos personas y por medio de violencia física, utilizándose arma de fuego u objeto de apariencia similar que produjo en las víctimas coacción en su ánimo. En efecto, no existió duda ni controversia respecto a que la acción que se ejerció privó a las víctimas de sus pertenencias sin haber otorgado su consentimiento para ello- en tal tesitura, los hechos que le fueron imputados al quejoso, se cometieron empleando un arma de fuego- encima, superaban a la víctima en número de personas, y finalmente se tomó en consideración que según la narración de los agentes captores existen datos que permitían concluir que el activo participó en el apoderamiento de una suma de dinero y un teléfono celular, propiedades de las víctimas con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. Luego, como se estableció, para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de Control no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En esa medida, se estima correcto que el Juez de Control determinara la existencia de hechos constitutivos de delito, porque con los datos de prueba que reseñó en el auto de vinculación a proceso reclamado, acorde con la directriz constitucional, atendió correctamente el hecho ilícito, pues examinó el grado de racionabilidad, teniendo como factor principal, la duda razonable- hecho lo cual, concluyó que se justificaban los apuntados extremos, porque existían datos que permitían determinar la existencia de hechos configurativos del robo calificado, previsto en el artículo 208, fracción III, 211, fracción VI y 212, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, en la hipótesis que se actualiza cuando el activo se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, con la intervención de dos o más personas y por medio de la violencia a las personas, sea física o moral, utilizándose arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. De ahí que el Juez no lesionó los derechos del quejoso al considerar que de la investigación se desprendían datos que establecieron que se cometió un hecho que la ley señala como delito, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esta etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la conclusión a la que arribó el responsable porque obran datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. C2. Probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la Ley reputa como delitos Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la Ley reputa como delito, es necesario partir de que uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión- por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahogaron en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-- por ende, basta que existan indicios de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito. En este aspecto, el quejoso dijo que el Juez no debió valorar en primero lugar la declaración de la víctima de iniciales *******, pues estaba viciada por difusión de su fotografía en la nota periodística La Polaka- en segundo lugar no debía concederse valor a la diligencia de reconocimiento de persona por fotografía que se realizó en su persona, puesto que no cumplía con los lineamientos estipulados en el artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que en dicha diligencia se encontraba en estado de indefensión- y en tercer lugar no debía reconocerse valor indiciario a la declaración de su codetenido *******, debido a que éste fue detenido de manera ilegal. Cuestiones que ya fueron abordadas en el cuerpo de la presente resolución, donde se advierte que el Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación del imputado en la comisión de los hechos que se identificaron en líneas previas, al considerar el conocimiento directo que hizo la víctima de iniciales ******* ante los agentes aprehensores y que lo identificó plenamente como una de las personas que participó en el robo con violencia del que fue objeto en la denominada *******, ubicada sobre *******, en esta ciudad, alrededor de las doce horas con veinte minutos del catorce de septiembre de dos mil diecisiete. Este Juzgado Federal comulga con la determinación de la autoridad responsable, porque con los datos de prueba que le aportó el agente del Ministerio Público y que se tomó en cuenta para la emisión del acto reclamado, permite establecer que aquél pudo haber realizado la conducta descrita por el delito, por sí mismo o con ayuda de alguien más, pues se ubicó en las circunstancias de lugar y ocasión- en consecuencia, esa colocación material en el lugar y época del delito permiten evidenciar su participación al menos hasta la etapa procesal que nos ocupa. En ese sentido, es infundado lo que se aduce en torno a que en el acto reclamado no se encuentra debidamente acreditada la responsabilidad, ya que en esta etapa del procedimiento, solamente debe existir la probabilidad de que el imputado haya intervenido en los hechos que se reputan como delito, sin que exista prueba plena de ello, porque tal calificativa corresponde realizarla en una fase distinta del proceso penal. D. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Asimismo, este resolutor tampoco advierte que se actualice alguna causa que extinga la acción penal o excluyente del delito. A partir de las anteriores premisas, devienen infundados los argumentos que el quejoso vertió a manera de conceptos de violación, porque a diferencia de lo que sostiene el quejoso, el Juez fundó y motivó su resolución en la que concedió valor probatorio a las declaraciones de la víctima ******* y del codetenido *******, quienes refirieron que el quejoso participó en la comisión del ilícito que nos ocupa, además éste último cuando lo señaló no declinó responsabilidad y el quejoso no ofreció en la etapa procesal que nos atañe prueba que desvirtuara su dicho, asimismo, como se ha señalado en multicitadas ocasiones, la etapa de vinculación a procesos únicamente determina la probabilidad de su responsabilidad. Asimismo, es infundado lo que aduce el quejoso en torno a que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia- así se sostiene, cuenta habida que tal presunción ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena- por ende, el Juzgador responsable respetó dicho principio, pues si se encuentra vinculado a un proceso penal, es con el propósito de que el Fiscal pueda demostrar legalmente su culpabilidad y, en su caso, el aquí quejoso desvirtúe las imputaciones que se le han formulado, a lo largo del juicio, sin que en la etapa en que éste se encuentra se le haya sancionado con pena alguna- todo lo cual pone de relieve que el aludido principio de inocencia se ha respetado. En ese orden de ideas, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación estudiados y no advertirse queja deficiente que suplir, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE- ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en la causa penal *******. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a los terceros interesados y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito- así como, mediante oficio a la autoridad responsable y al representante social que interviene en el proceso penal de origen. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta el día de hoy, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe."

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de enero de dos mil dieciocho. Agréguense a sus autos para que consten como legalmente corresponda los oficios JG 01/2018 y JUR-3120/2017 firmados por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos por el Asesor Jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, respectivamente, por medio de los cuales en cumplimiento a los proveídos de veintiséis y veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, remiten las constancia de emplazamiento efectuados el veintisiete y veintiocho de diciembre pasado a los terceros interesados ************ y *************, lo anterior con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Asimismo, con las constancias del llamamiento a juicio de los terceros interesados, fórmese cuadernillo por separado. Igualmente, se tiene al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, remitiendo la copia certificada de la versión escrita del auto de vinculación a proceso dictado el dieciséis de noviembre del año próximo pasado, en la causa penal 2759/2017 instruida en contra del quejoso *************, que le fue solicitada mediante proveído de veintiséis de diciembre pasado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.*eam

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio *******, mediante el cual el Asesor Jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al acuerdo de veinte de diciembre del año en curso, remite copia del emplazamiento al tercero interesado *******. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable Asesor Jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, con residencia en esta ciudad, no actúa con jurisdicción propia, sino como autoridad auxiliar de este juzgado federal, en el presente juicio de amparo, debe decirse que la notificación al tercero interesado *******, debe realizarla en los términos que establece el capítulo IV "notificaciones" de la Ley de Amparo. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable antes mencionada, para que dentro del término de tres días computados legalmente, se sirva emplazar al citado tercero interesado, en los términos indicados y remita las constancias que así lo acredita o manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh

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