Israel Aleman Cardenas
Expediente 996/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 32 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 16/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Israel Aleman Cardenas
- PLENO DEL H. CONGRESO DEL ESTI'\DO LIBRE y SOBERANO DE MORELOS
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Del incidente de suspensión. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Concede Suspensión Provisional. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional se determinó concederla. Por último, devuélvase a la autoridad responsable, las constancias que remitió en copia certificada como complemento a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de octubre de dos mil veintiuno Vista la razón actuarial que antecede, en la cual el Fedatario adscrito a éste Órgano Jurisdiccional, hace constar su imposibilidad de entregar el oficio 24530/2021, dirigido al "Policía Designado para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública emitida por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos", por las razones que ahí expone; al respecto, para lograr que la impartición de justicia sea pronta y expedita y de acuerdo a la información que proporciona el fedatario en su razón de cuenta, reenvíense el oficio citado con antelación con la denominación correcta, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sétimo de distrito en el Estado de Morelos, Israel Alemán Cárdenas solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes. Autoridades responsables. Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Comisionado Estatal de Seguridad Pública, todos de Morelos y Policía designado para supervisar y ejecutar las instrucciones operativas en materia de Seguridad Pública emitidas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".De Congreso del Estado., Gobernador., Secretario de Gobierno., Director del Periódico Oficial., la expedición, promulgación refrendo y publicación, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 11, primer párrafo, mismo que a la letra dispone que, "Para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden, el Tribunal y las Salas podrán hacer uso, a su elección, según el caso de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias. Quinta Sala., lo constituye la orden de arresto y detención, así como su ejecución de esta o cualquier otro acto tendente de afectar mi libertad personal respecto de los expedientes. TJA/5ªS/162/2017 TJA/5ªS/60/2017 Comisionado Estatal y Policía designado para supervisar., lo constituye la orden de arresto y detención, así como su ejecución de esta o cualquier otro acto tendente a afectar mi libertad personal en base al artículo 11, primer párrafo." SEGUNDO. Previo auto aclaratorio el treinta de octubre de dos mil veinte, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, ordenó la separación de autos y remitió copia certificada de la demanda de amparo relativa al quejoso Israel Alemán Cárdenas, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos. TERCERO. El diez de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional recibió el oficio OCC/C18/JDM/471/2020, signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, por medio del cual remitió la demanda de amparo interpuesta por el quejoso, Israel Alemán Cárdenas, respecto a los expedientes TJA/5ªS/162/2017, TJA/5ªS/60/2017. CUARTO. El trece de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 996/2020, requirió a las responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: De las autoridades responsables la expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 11 párrafo primero, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. La orden de arresto decretada en los juicios de nulidad TJA/5ªS/162/2017 y TJA/5ªS/060/2017 y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Morelos, cada cual en el ámbito de su respectiva competencia, Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa y Comisionado Estatal de Seguridad Pública, ambos del Estado de Morelos, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado Quinta Sala, consistente en copia certificada de constancias del juicio de nulidad TJA/5ªS/162/2017 y TJA/5ªS/060/2017, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Incluso, debe tenerse en cuenta que no está sujeta a prueba la existencia de las normas generales, como las reclamadas en este juicio, justamente, no sólo por su naturaleza y obligatoriedad, sino también porque, por virtud de su publicación, constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° por lo cual este juzgador no está en condiciones de desconocerlas. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia trescientos setenta, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página cuatro mil sesenta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que dicen así: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por último la autoridad ejecutora Policía designado para supervisar y ejecutar las instrucciones operativas en materia de Seguridad Pública emitidas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, fue omiso en rendir el informe justificado, sin embargo, en su calidad de responsable ejecutora, y en consideración que las autoridades ordenadoras aceptaron el acto reclamado se le tiene por cierto el mismo. CUARTO. Causales de Improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales se denominan causas de improcedencia. La improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Ahora bien, en cuanto al juicio de nulidad TJA/5ªS/060/2017, respecto al acto reclamado consistente en la constitucionalidad del artículo 11, primer párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, este juzgador advierte se actualiza la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en congruencia con el precepto legal 107, fracción I, de tal ordenamiento jurídico, aplicado en sentido contrario, porque la parte quejosa no acudió a este juicio con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio. En aras de demostrar tal conclusión, cabe recordar que en términos del artículo 107, fracción I, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede contra normas jurídicas de observancia general que, por su sola entrada en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación, causen alguna afectación o perjuicio al gobernado. En tal virtud, tratándose de un juicio de amparo promovido contra normas generales la vía constitucional no procede de modo irrestricto, sino que se requiere que la norma cause perjuicio al solicitante del amparo, desde luego, con motivo de su sola vigencia o por virtud del primer acto de aplicación, de ahí que sólo podrá analizarse el fondo del asunto, o sea, determinar si la ley atacada es o no inconstitucional, si se satisfacen los requisitos relativos a la existencia del primer acto de aplicación y a la demostración del perjuicio o afectación en la esfera jurídica de la inconforme. Por tanto, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con la norma reclamada un agravio real y directo en su esfera jurídica, ya sea por la sola entrada en vigor de la disposición relativa o con motivo del primer acto de aplicación, éste es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de ese ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario. Sobre ese particular, cabe invocar las tesis de jurisprudencia sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección. Tesis: 121. Página: 3719 y Tesis: 133. Página: 156, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011. Tomo: 1. Común 1a. Parte-SCJN Segunda Sección, de rubro y texto: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En este asunto, la parte impetrante impugnó el artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, aplicado en el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veinte, donde impone al quejoso y otros una medida de apremio consistente en ocho horas de arresto, por su contumacia en cumplir con la sentencia definitiva emitida en el juicio de nulidad TJA/5ªS/060/2017, acuerdo que fue notificado mediante oficio AC5SERA0951/2020, (foja 1368 del anexo), hasta el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, retardo que justificó por motivos de pandemia, con motivo de lo que consideró como el primer acto de aplicación en su perjuicio, o sea, la aplicación del numeral 11 párrafo primero de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Sin embargo, la parte quejosa perdió de vista que ese acto de aplicación no es el primero en su perjuicio, sino uno ulterior tal como quedó demostrado en el juicio que nos ocupa. Cierto. En las constancias existentes en este juicio se tiene que la sentencia de veinte de marzo de dos mil dieciocho, que condena al Ayuntamiento Constitucional del Puente de Ixtla, Morelos, causo ejecutoria mediante acuerdo de veintiocho de mayo de ese año, y requirió a las autoridades municipales, para que dentro del término de diez días dieran cumplimiento al fallo firme, con el apercibimiento de iniciar el procedimiento de ejecución previsto en los numerales 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Como no cumplieron, y en virtud al cambio de administración con motivo del proceso electoral acontecido el primero de julio de dos mil dieciocho, por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, la Quinta Sala responsable requirió de cumplimiento a las nuevas autoridades municipales entre ellas al ahora quejoso, en su calidad de integrante del Cabildo Municipal como Regidor de Educación, para que en un término de diez días diera cumplimiento a la sentencia definitiva, de ser omiso con aplicar alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, apercibimiento que inclusive reitero en los diversos acuerdos de cinco de marzo, cinco de septiembre de dos mil diecinueve y dieciocho de marzo de dos mil veinte. Desde luego, este hecho es apto y suficiente para acreditar que el primer acto de aplicación, en perjuicio de la parte quejosa, de la norma relativa a la imposición de medidas de apremio para vencer la contumacia de la autoridad demandada para acatar la sentencia de veinte de marzo de dos mil dieciocho, pues, aparte de que ahí le fue aplicada la disposición legal respectiva, éstas irrumpieron en su individualidad al grado de afectar su esfera de derechos, precisamente, por haber sido apercibida con aplicarle las medidas de apremio en caso de ser contumaz. Con esto no hay duda de que el acto que la parte quejosa designó como primer acto de aplicación de las normas atacadas en esta vía, no es tal sino más bien uno ulterior, por lo cual esta vía es improcedente, precisamente, porque el juicio de amparo no resulta procedente por virtud de cualquier acto de aplicación de alguna norma jurídica, sino únicamente con motivo del primero, desde luego, en perjuicio de la parte impetrante, lo cual no ocurrió en el caso que nos ocupa. Lo anterior es lógica y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que para efectos de la procedencia del amparo contra leyes, cuando se impugna una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, es necesario que se acredite fehacientemente que, en realidad, ese es el primer acto de aplicación en perjuicio de la parte inconforme y no el segundo o alguno ulterior, lo cual no puede derivar de las afirmaciones contenidas en la demanda, en cuento a que le fue aplicada una medida de apremio consistente en un arresto de ocho horas, en el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veinte, de conformidad con el numeral 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, sino en todo caso del contenido del supuesto acto de aplicación. Así, las razones anteriores conducen a considerar que, en el caso, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, del propio ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, precisamente, porque el primer acto de aplicación que permite la impugnación de normas a través del juicio de amparo, es aquel en el que por primera vez se actualizaron las hipótesis jurídicas relativas, mas no el segundo o ulterior, tal como ocurrió en la especie. Sobre ese particular, cabe invocar la jurisprudencia 1a./J. 4/99, Registro digital: 194605, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Febrero de 1999, página 103, que dice: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 79, Julio de 1994, página 15, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En congruencia con lo anterior lo procedente en el caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia, decretar el sobreseimiento en el juicio que nos ocupa. En otro aspecto, y respecto del acto reclamado consistente en la constitucionalidad del artículo 11, párrafo primero de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en cuanto al juicio de nulidad TJA/5ªS/162/2017, este juzgador, advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de actos consentidos tácitamente, por no haberse promovido el juicio de amparo en los términos que señala la ley de la materia. Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Tratándose de normas generales autoaplicativas, es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tratándose de normas generales heteroaplicativas, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al gobernado los mandatos legales para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma, a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con el que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo en su contra, será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley de la materia. Luego, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Es oportuno citar la tesis de jurisprudencia P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, julio de 1997, página 5, que indica: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.". En efecto, los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, de la Ley de Amparo, son del literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, [.]" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura del artículo 17 de la Ley de Amparo se observa claramente que el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones ahí mismo previstas; de igual forma, se advierte que el legislador en el diverso numeral 18, de la ley en mención, previó tres criterios para determinar a partir de cuándo se debe empezar a computar dicho lapso, a saber: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado; 3. O bien, de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los preceptos transcritos, se advierte que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos que prevé la ley y que el término general para la promoción del juicio es de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley la notificación del acto o resolución reclamados, que se haya tenido conocimiento de éstos o que el quejoso se ostente sabedor de los mismos, término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en dicho numeral. Esas tres hipótesis fueron determinadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 30/2007, visible en la página 286, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de dos mil siete, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto.". Ahora, debe precisarse que la parte quejosa comparece a esta instancia a reclamar, la expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en particular el artículo 11, párrafo primero. "Artículo 11. Para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden, el Tribunal y las Salas podrán hacer uso, a su elección, según el caso, de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: I. Amonestación; II. Multa hasta de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que se reiterará cuantas veces sea necesario; III. Arresto hasta por treinta y seis horas; IV. El auxilio de la fuerza pública; V. La destitución del servidor público que haya sido nombrado por designación, y para el caso de los servidores vía elección popular, se procederá por acuerdo de pleno conforme a la normativa aplicable, y VI. Inhabilitación en los términos de esta ley. Para hacer efectivo el cobro de las multas impuestas en términos de este artículo, el Tribunal y las Salas podrán solicitar el descuento vía nomina a la fuente de trabajo de la parte que incumpla una orden o determinación.". De las constancias que obran en autos, del juicio de nulidad TJA/5ªS/162/2017, se desprende lo siguiente. Se desprende que la Quinta Sala responsable, cuando menos en acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veinte, emitido en cumplimiento a la suspensión en el juicio de amparo 543/2020, que ordena al titular de la Quinta Sala a dictar las medidas de apremio más eficaces que prevé el numeral 11 de la ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, para vencer la contumacia en que incurre la demandada entre ellos el quejoso, como es amonestación, multa y arresto hasta por treinta y seis horas, a fin de alcanzar el cumplimiento de la sentencia firme de ocho de mayo de dos mil diecinueve, declaró procedente hacer efectivo la medida de apremio decretada en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veinte, e impuso un arresto por seis horas, asimismo, apercibió al ahora quejoso y otros, con imponer en caso de incumplir con el fallo, una medida de apremio prevista en el artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Acuerdo que fue debidamente notificado mediante oficio AC5SERA0976/2020, recibido por la parte quejosa el veintisiete de agosto de dos mil veinte. De lo antes narrado, es de considerarse que la aquí parte quejosa cuando menos tuvo conocimiento del acto reclamado desde esa data -veinticinco de agosto de dos mil veinte- (fojas 1 a 38 anexo del juicio relativo). En ese tenor, la quejosa debió promover su demanda de amparo, dentro de los quince días hábiles siguientes a esa fecha. Por lo tanto, el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió al día siguiente hábil al en que surtió efectos la notificación del oficio AC5SERA0976/2020, -veintisiete de agosto de dos mil veinte-, es decir, corrió del uno al veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, descontando los días, cinco, seis, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecinueve y veinte de septiembre de dos mil veinte, por corresponder a días inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y 74 de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, si la presentación de la demanda de amparo ocurrió hasta el veintiuno de octubre de dos mil veinte, según el sello de recepción asentado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, resulta evidente que su presentación aconteció fuera del término legal de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, resulta que la parte quejosa, al no haber acudido ante esta instancia constitucional dentro del plazo concedido para tal efecto, consintió el acto que aquí reclama. Ilustra lo expresado, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, registro 165582, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Así, como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, página 235, de rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita.". De igual forma es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad.". En tales condiciones, es que se estima actualizada la causa de improcedencia invocada; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, en cuanto a la orden de arresto por seis horas ordenada en el juicio de nulidad TJA/5ªS/162/2017, en el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veinte, se acredita la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Al efecto, cabe señalar que el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVI. Contra actos consumados de modo irreparable...". Así, los actos consumados se entienden como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos que la finalidad que persiguen, ha sido obtenida con todas sus consecuencias jurídicas; por tanto, atendiendo a su naturaleza y para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pueden clasificarse en: a. Actos consumados de modo reparable, y b. Actos consumados de modo irreparable En efecto, los primeros son aquellos que no obstante de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí que se justifique la procedencia del juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas por lo que, en este sentido, el juicio de amparo será improcedente. En este orden de ideas, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debe atenderse a los efectos y consecuencias de su ejecución. Asimismo, conviene señalar que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado, no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, sería un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. En cambio, los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados, para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Así, a fin de acreditar la causa de improcedencia aludida, conviene destacar los antecedentes más relevantes derivados del expediente TJA/5ªS/162/2017, a saber: En acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veinte, la quinta Sala responsable decretó imponer al ahora quejoso y otros un arresto de seis horas en términos del artículo 11 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por oficio AC5SERA0976/2020, recibido por el quejoso el veintisiete de agosto de ese año, fue notificado del acuerdo sancionador. Mediante oficio CES/DGJ/12843/2020-AC, de cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, comunicó al ahora quejoso la ejecución de la orden de arresto que fue ejecutada el día cuatro de septiembre de dos mil veinte (foja 2746 a 2748 del anexo expediente TJA/5ªS/162/2017). Ahora bien, se reitera, la parte quejosa reclama en este juicio la orden de arresto por seis horas ordenada en el juicio de nulidad TJA/5ªS/162/2017, por desacato al cumplimiento de la sentencia definitiva que lo condena. Sin embargo, de la relación de constancias realizada se advierte que el acto impugnado -orden de arresto por seis horas., se ejecutó mediante oficio CES/DGJ/12843/2020-AC, de cuatro de septiembre de ese año, donde el Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, comunica la orden de arresto al ahora quejoso, y, asienta que la misma fue ejecutada el cuatro de septiembre de dos mil veinte (foja 2746 del anexo relativo); de ahí que se considere que el acto reclamado se ha consumado de modo irreparable. Entonces, resulta material y físicamente imposible restituir a la parte quejosa en sus derechos fundamentales violados, pues no se puede retrotraer en el tiempo la reparabilidad física y material del acto reclamado, a fin de que el amparo que pudiera obtener surta sus efectos prácticos y jurídicos, debido a que la orden de arresto por seis horas, decretada en acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veinte, ha producido todos sus efectos, en razón a que fue ejecutada por la autoridad de Seguridad Pública en las instalaciones de la Comisión de Seguridad Pública. Por tanto, es evidente que el acto reclamado consistente en la orden de arresto administrativo por seis horas, es un acto consumado de manera irreparable, por haberse ejecutado el cuatro de septiembre de dos mil veinte, ordenado en el juicio de nulidad TJA/5ªS/162/2017. Por tanto resultaría jurídica y materialmente imposible restituir al quejoso en los derechos subjetivos reclamados al haberse ejecutado la orden de arresto reclamada. Cobra puntual, la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 171537, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 423, con el rubro y texto siguiente: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." En virtud de lo anterior, al quedar acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Por último, en cuanto a la orden de arresto por ocho horas decretada en acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veinte, en el juicio de nulidad TJA/5ªS/060/2017, emitida contra el quejoso y otros, se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X, de la Ley de Amparo. El artículo invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". De la interpretación armónica del artículo y fracciones transcritos con anterioridad, se advierte que el juicio de amparo es improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto que se reclame haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; b) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La figura jurídica que se analiza encuentra justificación en la seguridad jurídica de las decisiones o resoluciones que establecen situaciones de derecho concretas, mediante la individualización de normas jurídicas a través del procedimiento jurisdiccional respectivo, que concluye con la sentencia definitiva; en materia de amparo, su finalidad es evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios con idéntico objeto. En efecto, la cosa juzgada, como verdad legal, significa que si en un diverso juicio se ha emitido un fallo en el que se resolvió el fondo sustancial controvertido, es improcedente someter el mismo punto en un proceso distinto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 131, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 Tomo VI Página 107, de rubro y texto: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer" En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en la orden de arresto administrativo mediante acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veinte, por ocho horas, decretado en el juicio de nulidad TJA/5ªS/060/2017, emitida por la quinta Sala responsable. Cabe precisar que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, tramitó el juicio de amparo 656/2020, promovido por Israel Alemán Cárdenas en su carácter de Regidor de Educación Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género y otros, contra la orden de arresto por ocho horas, dictada en el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veinte, en el juicio de nulidad TJA/5ªS/060/2017, y el día quince de enero de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo indirecto 656/2020, el Juez Segundo de distrito en el Estado de Morelos, dictó sentencia definitiva, en la que determinó negar el amparo solicitado por la parte quejosa, que mediante oficio 5463/2021, de veintiséis de marzo de la presente anualidad, dicho homologo informó que el juicio de amparo 656/2020, está totalmente concluido. Lo anterior se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, puesto que se trata de las síntesis de acuerdos publicados en la página electrónica oficial del Consejo de la Judicatura Federal, de manera que puede ser tomado en consideración por este juzgado de Distrito, pues el referido medio de difusión electrónica "internet" es idóneo para corroborar su existencia. Lo explicado en párrafos precedentes encuentra sostén en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 2470 del Tomo XXIX, Enero de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". Así, por identidad jurídica la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, Registro 172215, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Junio de 2007 Materia(s) Página 285, versa: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." De la página electrónica del Sistema de Seguimiento de Expediente del Poder Judicial de la Federación, se advierte que la parte quejosa Israel Alemán Cárdenas en su carácter de Regidor de Educación Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género, y otros, reclama la orden de arresto por ocho horas decretado en acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veinte, que de manera sustancial ya fue analizado en el juicio de amparo 656/2020, que negó la protección constitucional al quejoso y otros, y en esté amparo, dicho quejoso reclama precisamente la orden de arresto por ocho horas emitida en el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veinte. Por tanto, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia invocada respecto del acto reclamado por el quejoso consistente en la orden de arresto por ocho horas, emitido por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veinte, en el juicio de nulidad TJA/5ªS/060/2017, notificado el veinticuatro de agosto de ese año, que se insiste fue materia de análisis en otro juicio de amparo resuelto en definitiva -656/2020-. De ahí que, no pueden ser analizados de nueva cuenta en este juicio de amparo, pues ante la firmeza que adquirió la determinación pronunciada en aquél, se obtiene la improcedencia del actual juicio, en virtud de la decisión irrebatible, indiscutible e inmodificable. En consecuencia, se actualiza el supuesto de improcedencia en estudio. Al caso, es aplicable la tesis VI.2o. J/348, Octava Época Registro: 209207, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 86, Febrero de 1995, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS EN DIVERSO AMPARO. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." Así como la sentencia I.6o.T. J/86, registro 170735, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Página: 1532, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." Por tanto, respeto de dicho acto procede sobreseer en el presente juicio de amparo en este aspecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que resulte necesario entrar al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables, pues, en nada mejoraría el sentido del fallo. Ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción, X, XI, XIV, XVI, del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en este juicio de derechos fundamentales. Por lo expuesto, fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy treinta de septiembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de agosto de dos mil veintiuno Se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidad Administrativa del Tribunal de Justicia administrativa del Estado de Morelos, en razón de que mediante auto de veintitrés de junio de la presente anualidad se celebró la audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido del Licenciado Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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