Ismael Vazquez Jimenez
Expediente 1145/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1145/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ismael Vazquez Jimenez
- Agente del Ministerio Público
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de abril de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se Negó la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. De los anexos En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvase a Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, los siete anexos que remitió como complemento de su informe, para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que, el sello de recepción del oficio, con la anotación de que se recibieron dichos anexos, hará las veces de acuse de recibo, por lo que no se solicita el mismo. Notifíquese Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1145/2022, promovido por ISMAEL VÁZQUEZ JIMÉNEZ, a través de apoderado José Ignacio Vázquez Vázquez, contra actos de la Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintidós, ante la autoridad señalada como responsable promovió amparo directo, misma que tuvo por presentada la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el diez de agosto de dos mil veintidós, por el que se otorgó la suspensión del acto reclamado y ordenó el rendir informe con justificación de mérito, así como adjuntar las constancias relativas para la substanciación correspondiente en términos del artículo 178 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mi veintidós, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, con sede esta ciudad, radicó el asunto con el número amparo directo 557/2022, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda descrita en el punto que antecede, promovida por José Ignacio Vázquez Vázquez, apoderado legal de Ismael Vázquez Jiménez, contra la resolución de quince de junio de dos mil veintidós, dictada por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca 307/2021; por lo que atento a lo anterior, orden remitir los autos del expediente y sus anexos a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para canalizarla al Juez de Distrito en turno. TERCERO. El uno de septiembre de dos mil veintidós, se recibió el oficio del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, por el que remitió los autos del expediente de amparo directo civil 557/2022, de su índice, con motivo de la incompetencia planteada. CUARTO. El uno de septiembre de dos mil veintidós, fue presentado oficio y anexo el juicio de amparo directo 557/2022, índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, en esta ciudad, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ISMAEL VÁZQUEZ JIMÉNEZ, a través de apoderado José Ignacio Vázquez Vázquez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: ° Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. ° Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La Resolución (sentencia) de fecha 15 de junio del año 2022, dictada en el toca 307/2021-7, por la Sala del Tercer Circuito Judicial H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Estado de Morelos; por inexacta aplicación de la ley, a su interpretación jurídica y violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, cometido en la totalidad del cuerpo de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Alzada, que me deja en completo estado de indefensión, por una equivocada e ilegal valoración de los medios de convicción hechos valer por el suscrito en el juicio de primera instancia, hoy quejoso; rebasando su propia esfera jurídica al determinar contrario a la interpretación de la Ley, al debido procedimiento, principios generales del procedimiento, la falta de valoración de las pruebas, congruencia en la sentencia, lo que se ampliarán en conceptos de violación y que está probado de las constancias de autos, que obran en el expediente original, que solicito sea requerido en su totalidad para acreditar mi dicho.". QUINTO. El cinco de septiembre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1145/2022, se avocó al conocimiento del asunto, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la resolución del quince de junio de dos mil veintidós, dictada en los autos del toca 307/2021-7, índice de la Sala señalada como autoridad responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con la copia certificada del expediente civil 668/2016-3, del incidente de nulidad de actuaciones, del incidente de cambio de guara y custodia, del expediente 296/2015-3, del incidente de reducción de pensión alimenticia, del toca civil 307/2021 y de la carpeta de investigación CT/UEDS/2960/2017, remitidos, los cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no haberse invocado causales de improcedencia, ni advertirse la actualización de alguna por verificar, procederá a avocarse al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, ni algún otro dispositivo impone al juzgador la obligación de transcribirlos o sintetizarlos para proceder a su examen, ni se advierte la necesidad de ello para responderlos. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". Los motivos de disenso que el quejoso Ismael Vázquez Jiménez, formuló en su escrito inicial de demanda, son inoperantes, dado que como enseguida se verá, ninguno de ellos combate de manera frontal, las consideraciones en que se sustentó la determinación combatida. En efecto, previo a abordar el estudio de los referidos conceptos de violación, conviene precisar que de acuerdo al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 1a./J. 81/2002, publicada en la página 61, del Tomo XVI, Diciembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." El hecho de que ese Máximo Órgano de Justicia, haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que la parte quejosa o recurrente se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a dicha parte corresponde -salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja-, exponer razonadamente el porqué estima inconstitucional o ilegal el o los actos que reclama o recurre. De lo que se infiere que a efecto de que este Juzgado de Distrito, se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre los motivos de inconformidad que la parte quejosa planteó en su escrito inicial demanda, es indispensable que ésta controvierta de manera efectiva, esto es, mediante los razonamientos suficientes, las consideraciones en las que se sustenta la sentencia de segunda instancia reclamada. Establecido lo anterior, cabe reiterar que mediante dicha determinación del quince de junio de dos mil veintidós, en el toca civil 307/2021-7, por el que la alzada ordenó reponer el procedimiento de origen bajo el número 296/2015-3, acumulado 668/2016-3, índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos, para que se dejara sin efectos el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno, únicamente por lo que hace a la citación de las partes para oír sentencia, y en su lugar dictara otro con la finalidad de que conforme a sus atribuciones legales acordara lo necesario para allegar a los autos toda la información idónea y necesaria para conocer de manera objetiva y certera el monto de los ingresos del deudor alimentario, requiriendo a la fuente de empleo del deudor y ordenara el estudio de trabajo social correspondiente para también conocer con certeza las necesidades alimentarias de su acreedora y finalmente para girar el oficio al Dif Municipal de Ayala, Morelos, para el proceso terapéutico que debe cumplimentar la menor, y la autoridad de origen se encuentre en aptitud de poder decretar las medidas respecto del régimen de convivencia más benéfico para la niña; bajo las consideraciones, que en la parte que aquí interesan, enseguida se transcriben: "(.) Del estudio de la controversia que nos ocupa, se debe precisar que es innecesario el estudio de los agravios planteados en la apelación, toda vez que sin prejuzgar el presente asunto, la Sala advierte violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento cometidas en el juicio, y en consecuencia, es procedente reponer el procedimiento, por las razones que se informan a continuación. (.) Por ello, al advertir la Juzgadora el parentesco existente entre la acreedora alimentaria y su progenitor; le necesidad de la niña de recibir alimentos y la posibilidad de ISMAEL VÁZQUEZ JIMÉNEZ para desempeñar una actividad laboral determinó procedente la acción de alimentos definitivos promovida por NATALI REYES TETELTITLA. Lo que evidencia que la Juez natural al establecer el porcentaje por concepto de pensión alimenticia no sustentó su determinación en las pruebas allegadas en el proceso, puesto que estás, no revelan las necesidades de la acreedora alimentaria, ni la capacidad económica del deudor; además, del análisis de las constancias de autos, esta Sala advierte que tampoco se allegaron los medios de prueba necesarios e idóneos para poder determinar fundada y razonadamente el quantum por dicho concepto. Puesto que se debe soslayar que, el órgano jurisdiccional al momento de fijar la pensión alimenticia debe tomar en cuenta los medios de prueba aportados a fin de determinar el grado de necesidad del acreedor y las posibilidades del deudor. Y con base en ello fijar la pensión en atención al principio de proporcionalidad. (.) Asimismo, el Juzgador debe allegarse de los medios de prueba que sean necesarios para determinar el nivel de vida que han tenido los acreedores alimentarios durante ese periodo de tiempo, y al estar en aptitud de realizar un estimado de los ingresos del deudor, fijará sobre este el importe de los alimentos, de esta manera, el A quo se encuentra constreñido a requerir dichos elementos y quien los tenga en su poder, tiene obligación de proporcionarlos. (.) Por lo que, esta Sala arriba a la convicción de que resulta necesario a fin de conocer en certeza las necesidades alimentarias de la hija de los contendientes que la juzgadora ordene el desahogo de la Pericial en materia de Trabajo Social, en el domicilio donde habita la acreedora alimentaria. Para ese efecto, la Juzgadora deberá requerir a NATALI REYES TETELTITLA, a la brevedad exhiba las documentales (notas de compra, tickets, facturas, notas de remisión, comprobantes de pago, etc.), referentes a los gastos mencionados con antelación. Asimismo, la Juzgadora primaria deberá girar oficio a la fuente de trabajo del deudor alimentario a efecto de conocer en certeza y de forma actual las percepciones económicas del obligado. En ese sentido, la Juzgadora deberá proveer lo conducente y necesario a fin de que las probanzas sean desahogadas a la brevedad posible y evitar retrasos innecesarios en la resolución de este asunto, toda vez que la actuación del órgano jurisdiccional debe realizarse sin demora, a fin de lograr mayor economía en la marcha pronta del proceso, así como cumplir con los plazos que señala la ley como lo estable el numeral 186 de la legislación adjetiva familiar del Estado. .pruebas que se ordena desahogar en estricto apego a los citados numerales 168, 170, 192, 301 y 302 de la Legislación Procesal Familiar del Estado. (.) Consecuentemente, como se dijo, se ordena reponer el procedimiento, debiendo dejar sin efecto el auto dictado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, solo por cuanto a la citación para dictar sentencia definitiva, para que de esa manera se esté en aptitud legal de recabar los medios de prueba a se hace referencia en el cuerpo del presente fallo y en su lugar se dicte otro en el que la juez natural en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, provea lo conducente para allegar a los autos toda la información necesaria respecto de los ingresos del demandado, así como las necesidades de su hija menor de edad.". Consideraciones contra las cuales dicho agraviado no formuló ningún concepto de violación, puesto que en el capítulo respectivo de su escrito inicial de demanda, efectuó una serie de manifestaciones relacionadas con el fondo del asunto, conduciéndose como si la Sala señalada como responsable hubiera entrado al estudio distinto al de las pruebas insuficientes para determinar la pensión alimenticia que argumentó lo es con la finalidad de cumplir con el principio de proporcionalidad, es decir, los efectos de la reposición del procedimiento natural plasmado en la resolución que ahora reclama, lo fue únicamente para recabar y valorar pruebas relacionadas con la capacidad del deudor para otorgar los alimentos y la necesidad de la acreedora, para así cumplir con el referido principio; lo que de suyo pone de manifiesto la inoperancia de los referidos motivos de disenso. Bajo esa óptica, se colige que en el presente caso, al analizar las constancias que remitió la autoridad responsable, las cuales tiene valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se aprecia que la resolución reclamada de quince de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 307/2021-7, por el que la alzada ordenó reponer el procedimiento de origen bajo el número 296/2015-3, acumulado 668/2016-3, índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos, para que se dejara sin efectos el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno, únicamente por lo que hace a la citación de las partes para oír sentencia, y en su lugar dictara otro con la finalidad de que conforme a sus atribuciones legales acordara lo necesario para allegar a los autos toda la información idónea y necesaria para conocer de manera objetiva y certera el monto de los ingresos del deudor alimentario, requiriendo a la fuente de empleo del deudor y ordenara el estudio de trabajo social correspondiente para también conocer con certeza las necesidades alimentarias de su acreedora y finalmente para girar el oficio al Dif Municipal de Ayala, Morelos, para el proceso terapéutico que debe cumplimentar la menor, y la autoridad de origen se encuentre en aptitud de poder decretar las medidas respecto del régimen de convivencia más benéfico para la niña; empero, no se abordaron temas de fondo relativos a la situación jurídica del quejoso, sino que el motivo de la reposición del procedimiento fue por violaciones al procedimiento y de acuerdo a lo argumentado por la alzada, dicha reposición va encaminada a cumplir con el principio de proporcionalidad, ya que dicha Sala advirtió violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento cometidas en el juicio natural. Por tanto, lo cierto es que dicho agraviado omitió atacar frontalmente dichas consideraciones, cuestionando de manera exclusiva, aspectos relacionados con la materia de su inconformidad en contra de la falta de valoración por parte del juzgador natural respecto de cuestiones inherentes al supuesto abuso sexual que había sufrido su menor hija, así como la determinación de la patria potestad otorgada a la madre de la menor y demás puntos relacionados con la sentencia de fondo principal del juicio de origen. Y es que, se insiste, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, se desprende que el quejoso se limitó a reproducir alegaciones del fondo del asunto de origen que a su criterio, evidencian la ineficacia de la sentencia de origen, no obstante que lo aquí se reclama es una sentencia de segunda instancia que repone procedimiento para desahogar una seria de pruebas con la finalidad de determinar la pensión alimenticia de manera definitiva, lo que hizo de una manera insuficiente; aduciendo que es indispensable que se conozca del total de las percepciones que obtiene la progenitora por concepto de su fuente laboral y no solo del quejoso, donde abunda que la alzada omitió en su resolución ordenar el certificado de percepciones actualizado a la dependencia donde está adscrita. Siguió aduciendo de manera dogmática el quejoso que la Sala señalada como responsable dejó en estado de indefensión al quejoso ya que se le dio mayor importancia a la acreditación y fijación del monto de la pensión alimenticia, que a la integridad física, psicológica, sexual y social de la menor, sin debatir frontalmente el argumento toral en el que ésta apoyó su decisión, consistente esencialmente en que se desahogaran diversas probanzas y se valoraran en su oportunidad para la fijación de la pensión alimenticia definitiva, y que en ninguno de sus conceptos de violación cuestionan la legalidad o constitucionalidad de tal conclusión a la que llego la Sala señalada como autoridad responsable. Evidentemente, ya que a criterio del suscrito, el quejoso Ismael Vázquez Jiménez, soslayó exponer los razonamientos lógico-jurídicos, por los que evidenciara los motivos por los que la determinación de la autoridad judicial responsable, son inconstitucionales o afectan sus derechos humanos y por tanto no se encuentra ajustada a derecho; pues se insiste, pese a que dicha Sala señaló de manera reiterada que las cuestiones atinentes a la eficacia del materia probatorio que se dejó de recaba y que ordenó hacerlo, son indispensables para una correcta determinación en cuanto a la pensión definitiva que se fijara en favor de la menor, el solicitante del amparo en momento alguno cuestionó tal consideración, en tanto que como ya se precisó, la simple manifestación de una incorrecta aplicación tanto de disposiciones como de razonamientos en el expediente natural como en un diverso procedimiento de carácter judicial, no constituye la elaboración de un verdadero concepto de violación. Por lo tanto, al no efectuar argumentación jurídica alguna que tienda a poner de manifiesto la ilegalidad o inconstitucionalidad de las consideraciones que sustentan el acto reclamado, dicho fundamento y motivación subsisten y bastan por sí solos para sustentar la determinación impugnada, pues de acuerdo con la técnica del juicio de amparo, en asuntos de estricto derecho, como el que nos ocupa, donde no opera la suplencia de la queja, es indispensable explicar, concretizar el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y además argumentar jurídicamente en contra de los razonamientos o consideraciones de la resolución que se impugna, señalando si las consideraciones de lo que se reclama son contrarias a la ley o su interpretación jurídica. En suma, si los conceptos de violación formulados por el quejoso Ismael Vázquez Jiménez, no atacan los fundamentos del fallo impugnado de la alzada, este órgano judicial no está en condiciones de estudiar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, puesto que de hacerlo, equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, al no encajar en los casos que autoriza la fracción II del artículo 107 de la Constitución General de la República, ni en ninguno de los previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, de ahí que como ya se dijo, tales fundamentos deban subsistir y seguir rigiendo la sentencia reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número V. 2º. J/1, publicada en la página 70, del Tomo I, Abril de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Son aquellos en que no se atacan jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar la resolución reclamada, por lo que el tribunal de amparo no está en aptitud de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, pues de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja, cuando no está autorizada tal suplencia por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis 2ª. CC/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 739, del Tomo XVII, enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO INCURRE EN INCONGRUENCIA SI CON MOTIVO DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, NIEGA EL AMPARO. El hecho de que el Juez de Distrito haya estimado que parte de los conceptos de violación son inoperantes y, por ende, haya negado el amparo solicitado y no considerado la improcedencia del juicio, no transgrede el principio de congruencia que las sentencias de amparo deben revestir. Esto es así, porque la improcedencia del juicio alude a obstáculos o causas que impiden el estudio de los conceptos de violación y que, en consecuencia, no permiten que el juzgador se pronuncie sobre la inconstitucionalidad planteada, lo que conduce al sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 73 y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, mientras que la inoperancia de los conceptos de violación proviene de la ineptitud de los argumentos para conducir a la concesión del amparo, esto es, que aun cuando resultaran fundados, ello no daría lugar a conceder el amparo, por lo que, ante la inutilidad de su análisis, la consecuencia es la negativa del amparo y no la improcedencia del juicio, ya que no existe obstáculo alguno para su estudio". No se pierde de vista el argumento que hace valer la parte quejosa en el sentido de que, en el informe del resultado del desahogo de la prueba pericial realizada por la psicóloga Alejandra Nieves Ramírez, adscrita al Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, en el cual se asentó que existía un apego no seguro por parte de la menor N.N.V.R., con su tío materno; y que con motivo de esa apreciación, refiera en su demanda de amparo que su menor hija se encuentra en un ambiente inseguro, al grado de que pueda ser víctima de abuso sexual. Pero esa afirmación resulta infundada, pues aun cuando la perito refirió que la menor N.N.V.R. tenía un apego no seguro con su tío materno, ello fue debido a que parece fungir como una figura paterna. Ahora bien, la Sala responsable tomó en consideración la existencia de la carpeta de investigación CT-UEDS/2960/2017, formada con motivo del "delito de violación y lo que resulte", cometido en agravio de la menor N.N.V.R. Por tanto, para un mejor proveer, específicamente para decidir cuál es el ambiente más seguro para la menor N.N.V.R., la Sala responsable ordenó enviar oficio al Dif municipal de Ayala, Morelos, a efecto de que se lleve un procedimiento terapéutico y que, con base en los informes mensuales que rinda esa autoridad, el juzgado de primera instancia se encuentre en aptitud de determinar lo más benéfico para la menor, incluso respecto de su guarda y custodia. De ahí que, a criterio del suscrito, la determinación que se combate en este juicio es constitucional. Es importante mencionar que el concepto del interés superior de la niñez es un concepto complejo debido a su indeterminación. Pero debido a su importancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/2014, sostuvo que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, implica que el desarrollo de estos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, garanticen y aseguren que todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior de las personas menores de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. El razonamiento anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 7/2016, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento". Aunado a lo anterior, debe recordarse que los órganos jurisdiccionales están facultados para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos, a fin de proteger los intereses de las personas menores de edad que se encuentren involucradas en una contienda judicial. Esto quedó asentado en la jurisprudencia 1a./J. 30/2013 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVIII, marzo de 2013, tomo 1, página 401, con número de registro digital 2003069, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos". Consecuentemente, si no se demostró al través de los conceptos de violación la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que procede es negar al quejoso Ismael Vázquez Jiménez, el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Ismael Vázquez Jiménez, contra el acto que reclamó de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos, consistente en la resolución del quince de junio de dos mil veintidós, dentro del toca 307/2021-7, de su estadística. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy dieciséis de enero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Humberto Díaz Vargas, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que el catorce de octubre de dos mil veintidós, tendrá verificativo la diligencia de requerimiento a favor del quejoso ordenado en los autos del expediente 01/407/2016. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Humberto Díaz Vargas, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora respecto del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, ello con la finalidad de evitar el diferimiento de la diligencia de requerimiento a favor del quejoso ordenado en los autos del expediente 01/407/2016. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos sin dictar mayor acuerdo al respecto, el escrto de la tercero interesada ********************, en virtud de que por auto de veinte de septiembre del presente año se recibió el mismo y se acordó lo conducente; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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