Ismael Valle López
Expediente 517/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 517/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ismael Valle López
- Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el artículo 21 inciso c), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruible, toda vez que, se negó la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante auto de trece de junio de dos mil veintidós, se autorizó la consulta vía internet del expediente electrónico y se tuvo como lugar para oír y recibir notificaciones, incluso las de carácter personal al tercero interesado CFE Distribución Empresa Productora Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad. En virtud de lo anterior, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el usuario propuesto por el tercero interesado. Por último, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado, a efecto de notificar de manera personal, por el medio antes referido al tercero interesado referido, la sentencia de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictada en autos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO CFE DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTORA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: (RESOLUCIÓN DE FECHA 16-AGOSTO-2022) R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Ismael Valle López solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La sentencia interlocutoria de fecha 5 de abril del presente año, la cual resuelve el recurso de revocación interpuesto en contra del auto del 2 de marzo de este año, esto con la intención de que dentro de este proceso de amparo se analice la viabilidad y procedencia de las medidas cautelares solicitadas en cuestión de derechos fundamentales.". SEGUNDO. El veintisiete de abril de dos mil veintidós, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 517/2022, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la resolución de cinco de abril de dos mil veintidós, por la resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de dos de marzo de dos mil veintidós, y declara infundado el recurso de revocación hecho valer, todo ello dentro de los autos del juicio oral mercantil 5/2022, índice de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no haberse invocado causales de improcedencia, ni advertirse la actualización de alguna por verificar, procederá a avocarse al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, ni algún otro dispositivo impone al juzgador la obligación de transcribirlos o sintetizarlos para proceder a su examen, ni se advierte la necesidad de ello para responderlos. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los motivos de disenso que el quejoso Ismael Valle López, formuló en su escrito inicial de demanda, son inoperantes, dado que como enseguida se verá, ninguno de ellos combate de manera frontal, las consideraciones en que se sustentó la determinación combatida. En efecto, previo a abordar el estudio de los referidos conceptos de violación, conviene precisar que de acuerdo al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 1a./J. 81/2002, publicada en la página 61, del Tomo XVI, Diciembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." El hecho de que ese Máximo Órgano de Justicia, haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a éstos corresponde -salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja-, exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. De lo que se infiere que a efecto de que este Juzgado de Distrito, se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre los motivos de inconformidad que la parte quejosa planteó en su escrito inicial demanda, es indispensable que ésta controvierta de manera efectiva, esto es, mediante los razonamientos suficientes, las consideraciones en las que se sustenta la interlocutoria reclamada de cinco de abril de dos mil veintidós. Establecido lo anterior, cabe reiterar que mediante dicha determinación, el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por el solicitante del amparo, en contra del diverso proveído de dos de marzo de dos mil veintidós, por el que dicha responsable resolvió que no había lugar acordar de conformidad su solicitud respecto de las medidas cautelares, en razón de que el artículo 1168 del Código de Comercio no las contempla, y en caso de otorgarle esas medidas precautorias se estaría resolviendo en definitiva el juicio natural 5/2022, de su índice; bajo las consideraciones, que en la parte que aquí interesan, enseguida se transcriben: ".dígasele que no ha lugar de acordar de conformidad, toda vez que el artículo 1168 del Código de comercio no contempla esas medidas cautelares como se aprecia de lo transcrito: "Artículo 1168.- En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: I. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de éste Código; II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo. De lo anterior se advierte que solicita la medida cautelar para el efecto de que no se le aplique el pago, así también para que se le restituya el servicio de energía eléctrica, sin embargo, no es procedente, toda vez que de otorgarle dichas medidas precautorias se estaría resolviendo en definitiva el presente asunto.". Consideraciones contra las cuales dicho agraviado no formuló ningún concepto de violación, puesto que en el capítulo respectivo de su escrito inicial de demanda, efectuó una serie de manifestaciones relacionadas con el fondo del asunto, conduciéndose como si el juez del conocimiento hubiera entrado al estudio de las normas aplicadas respecto de un procedimiento diverso al natural o incluso de legislaciones en la materia que son de distinta naturaleza; lo que de suyo pone de manifiesto la inoperancia de los referidos motivos de disenso. En efecto, pues no obstante que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, al momento de declarar infundado el medio de impugnación planteado por el amparista Ismael Valle López, afirmó de manera expresa que son infundados sus alegaciones, en razón de que como lo disponen los artículos 1168, 1169, 1171, 1177, 1179, 1180, 1181 y 1182 del Código de Comercio, de esas disposiciones se pueden advertir las providencias precautorias que pueden dictarse en los juicios mercantiles, y que contrario a ello lo que busca no es asegurar un derecho, manteniendo las cosas en el estado en que se encuentran, sino impedir que se le realice el cobro que es la materia de fondo del juicio natural; por tanto, lo cierto es que dicho agraviado omitió atacar frontalmente dichas consideraciones, cuestionando de manera exclusiva, aspectos relacionados con la materia de su inconformidad en contra de la aplicación del cobro que constituye el fondo del natural, lo que a su consideración violenta derechos fundamentales como derecho a una vivienda digna derivado del suministro de energía eléctrica; tema que en momento alguno fue abordado en la determinación combatida. Y es que, se insiste, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, se desprende que el quejosa se limitó a reproducir alegaciones del fondo del asunto de origen que a su criterio, evidencian la ineficacia del acuerdo materia del recurso de revocación, lo que hizo de una manera insuficiente; aduciendo de manera dogmática que el juez responsable consideró literalmente la disposición que aplicó lo que violenta el artículo 4º Constitucional, que protege el derecho a una vivienda digna y decorosa, sin debatir frontalmente el argumento toral en el que éste apoyó su decisión, consistente esencialmente en que las disposiciones referidas en líneas precedentes establecen las hipótesis y cuando se pueden otorgar las medidas cautelares o precautorias que solicitó, porque además lo que pretende con las mismas es evitar el cobro derivado del ajuste tarifario lo que constituye la materia de fondo del juicio natural de donde emanan los actos reclamados, lo que incluso ya fue abordado en el auto recurrido en revocación, y que en ninguno de sus conceptos de violación cuestionan la legalidad o constitucionalidad de tal conclusión a la que llego el juez señalado como autoridad responsable. Evidentemente, ya que a criterio del suscrito, el quejoso Ismael Valle López soslayó exponer los razonamientos lógico-jurídicos, por los que evidenciara los motivos por los que la determinación de la autoridad judicial responsable, en el sentido de declarar infundados los motivos de agravio que formuló con motivo del recurso de revocación que aquí se analiza, no se encuentra ajustada a derecho. Por lo tanto, al no efectuar argumentación jurídica alguna que tienda a poner de manifiesto la ilegalidad o inconstitucionalidad de las consideraciones que sustentan el acto reclamado, dicho fundamento y motivación subsisten y bastan por sí solos para sustentar la determinación impugnada, pues de acuerdo con la técnica del juicio de amparo, en asuntos de estricto derecho, como el que nos ocupa, donde no opera la suplencia de la queja, es indispensable explicar, concretizar el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y además argumentar jurídicamente en contra de los razonamientos o consideraciones de la resolución que se impugna, señalando si las consideraciones de lo que se reclama son contrarias a la ley o su interpretación jurídica. En suma, si los conceptos de violación formulados por el quejoso Ismael Valle López, no atacan los fundamentos del fallo impugnado, este órgano judicial no está en condiciones de estudiar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, puesto que de hacerlo, equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, al no encajar en los casos que autoriza la fracción II del artículo 107 de la Constitución General de la República, ni en ninguno de los previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, de ahí que como ya se dijo, tales fundamentos deban subsistir y seguir rigiendo la sentencia reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número V. 2º. J/1, publicada en la página 70, del Tomo I, Abril de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Son aquellos en que no se atacan jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar la resolución reclamada, por lo que el tribunal de amparo no está en aptitud de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, pues de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja, cuando no está autorizada tal suplencia por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis 2ª. CC/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 739, del Tomo XVII, enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO INCURRE EN INCONGRUENCIA SI CON MOTIVO DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, NIEGA EL AMPARO. El hecho de que el Juez de Distrito haya estimado que parte de los conceptos de violación son inoperantes y, por ende, haya negado el amparo solicitado y no considerado la improcedencia del juicio, no transgrede el principio de congruencia que las sentencias de amparo deben revestir. Esto es así, porque la improcedencia del juicio alude a obstáculos o causas que impiden el estudio de los conceptos de violación y que, en consecuencia, no permiten que el juzgador se pronuncie sobre la inconstitucionalidad planteada, lo que conduce al sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 73 y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, mientras que la inoperancia de los conceptos de violación proviene de la ineptitud de los argumentos para conducir a la concesión del amparo, esto es, que aun cuando resultaran fundados, ello no daría lugar a conceder el amparo, por lo que, ante la inutilidad de su análisis, la consecuencia es la negativa del amparo y no la improcedencia del juicio, ya que no existe obstáculo alguno para su estudio". Consecuentemente, si no se demostró al través de los conceptos de violación la ilegalidad del acto reclamado, lo que procede es negar al quejoso Ismael Valle López, el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Ismael Valle López, contra el acto que reclamó de la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, consistente en la interlocutoria pronunciada el cinco de abril de dos mil veintidós, en autos del juicio oral mercantil 5/2022 de su estadística. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy dieciséis de agosto de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
...Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Ismael Valle López, contra el acto que reclamó de la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, consistente en la interlocutoria pronunciada el cinco de abril de dos mil veintidós, en autos del juicio oral mercantil 5/2022 de su estadística. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy dieciséis de agosto de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de junio de dos mil veintidós Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional del presente juicio. En ese sentido, fórmese cuadernillo correspondiente, agréguese el presente escrito y una vez que se cuente con el expediente principal, glósese a los autos. En ese orden de ideas, se tiene por recibido el escrito signado por Erika Vázquez Gándara, en su carácter de Jefe de Oficina de departamento de Asuntos Jurídicos de la Gerencia Divisional Centro Sur de CFE, tercero interesado en el presente juicio, mediante el cual, señala domicilio, solicita acceso al expediente electrónico vía internet y realiza diversas manifestaciones. Por tanto, se tienen únicamente formuladas las manifestaciones que vierte sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento, en virtud que por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional. Asimismo se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico y se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones, incluso las de carácter personal, siempre y cuando la cuenta se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Ahora bien, tomando en consideración que el promovente eligió como vía de notificación de los autos o resoluciones que se emitan en este expediente, el de "notificaciones electrónicas", lo que ya ha sido acordado favorablemente en el párrafo que antecede, no ha lugar a tener el domicilio que propone para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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